Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 12 de Ago. de 2021
Gobierno-hacienda. Ley 2120 del 30 de julio de 2021. Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones.
La presente ley adopta medidas efectivas que promueven entornos alimentarios saludables, garantizando el derecho fundamental a la salud, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir la aparición de Enfermedades No Transmisibles, mediante el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre componentes de los alimentos a efectos de fomentar hábitos alimentarios saludables.
Esta ley establece en la parte inicial del articulado las definiciones respectivas, asocaidas a enfermedades no transmisibles, un entorno saludable, modos y concidiones de vida saludable, alimentación saludable, alimento, inocuidad de los alimentos, comestibles o bebibles clasificasdos de acuerdo al nivel de procesamiento, hábitos y estilos de vida saludables.
El artículo 5 establece el etiquetado frontal de advertencia:
Todos los productos comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de procesamiento con cantidad excesiva de nutrientes críticos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, deberán implementar un etiquetado frontal donde se incorpore un sello de advertencia, que deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos.
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará los parámetros técnicos de este etiquetado definiendo, la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses.
Para tal fin, podrá tener en cuenta la evidencia científica suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sello de advertencia deberá ir en la parte frontal del producto cuando los nutrientes críticos se encuentren por encima de los valores máximos establecidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, de acuerdo con la mayor evidencia científica disponible libre de conflicto de interés. Para tal fin, se podrá tener en cuenta la evidencia científica suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). .
El Invima realizará las acciones de Inspección Vigilancia y Control mientras el Minsalud reglamentará los criterios sobre declaraciones nutricionales o declaraciones de salud en la etiqueta.
Se crea la comisión intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN, que dará cuenta en un informe anual al congreso sobre los acciones, programas y estrategias implementadas. Esta comisión diseñará herramientas educativas digitales, multiplataforma con información y proceso educativos sobre los hábitos y estilos de vida saludables. En el marco de la formulación y coordinación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional promoverá entornos saludables en los espacios educativos públicos y privados. Se implementarán entornos laborales saludables en las empresas, con la concurrencia del Minsalud, las Cajas de Compensación Familiar y las ARL entre otros. La promoción de la actividad física en colegios públicos y privados es otra de las disposiciones de esta ley. Se establecen finalmente sanciones por el no cumplimiento de esta ley por parte del INVIMA.
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202120%20DEL%2030%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
Mié. 11 de Ago. de 2021
Gobierno-Infraestructura. Corte Constitucional. Sentencia T-154-21. Derecho a la consulta previa no solo aplica para proyectos que ameriten licenciamiento ambiental.
La Corte Constitucional advirtió que la consulta previa es un escenario de participación que debe ser promovido cuando se registre una intervención directa en una comunidad, sea que la misma tenga o no carácter ambiental.
El pronunciamiento fue hecho al estudiar una tutela que presentó la comunidad indígena “Telar Luz del Amanecer”, ubicada en el Putumayo, luego de que la gobernación de dicho departamento emprendiera el mejoramiento de una vía terciaria de los municipios de Orito y Valle del Guamuez. El proyecto involucraba la pavimentación de un camino contiguo al resguardo mencionado.
Mientras que para la comunidad era necesaria la consulta previa, debido a que consideraba que el proyecto causa afectaciones sociales, culturales, ambientales y espirituales a su organización indígena, las entidades involucradas consideraron que este derecho no era exigible en este caso concreto, por cuanto las mejoras viales, como la pavimentación de los caminos ya trazados, no precisan de licenciamiento ambiental.
La Sala Sexta de Revisión, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, aseguró que, si bien el Decreto Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible califica la pavimentación de vías como una actividad de desarrollo de la infraestructura que no requiere de licencia ambiental para su ejecución, esto no exime a las autoridades y a los particulares de realizar una consulta previa ante la inminencia de la afectación directa que pueda causar el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sobre una comunidad étnica determinada.
“Para la Sala, la consulta previa no se reduce a un requisito ligado con el licenciamiento ambiental, al que las autoridades simplemente le hacen un chequeo de verificación formal para comprobar su viabilidad, sino que se trata de un derecho fundamental que trasciende el campo puramente ambiental, y se consolida como un mecanismo que asegura la interacción cultural, la expresión del pluralismo y de la diversidad étnica”, indicó la Corte.
El Alto Tribunal sostuvo que se violó el derecho a la consulta previa de la comunidad al no permitir su participación en el proyecto. Lo anterior, porque no se le brindó información para que pudiera identificar las afectaciones de la obra, pese a que las mismas autoridades locales reconocieron una relación directa entre la vía y la comunidad. Sumado a esto, la Sala constató una afectación sobre el resguardo, sus esquemas espirituales y de acción, sus fuentes hídricas y sus sitios sagrados, a causa de la proximidad de la obra.
El fallo le dio 15 días al Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Orito y al consorcio encargado de la obra para gestionar el proceso de consulta previa y convocar a la comunidad indígena al desarrollo de la misma. Asimismo, Corpoamazonía no solo deberá participar, sino que tendrá que dar respuesta a la afectación directa que la obra ha generado sobre el resguardo. Particularmente, debe ajustar los instrumentos de planeación y protección ambiental asociados al proyecto vial.
Por su parte, la Alcaldía de Orito (Putumayo) deberá realizar un acto simbólico para excusarse con la comunidad por afirmar que la consulta previa no tiene relevancia práctica y que se trata de un mero requisito formal sin incidencia en los asuntos públicos. También tendrá que socializar las directrices constitucionales en esta materia para que, en el futuro, se abstenga de reproducir dicha concepción.
Finalmente, la Sala ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que, si existe mérito, se investiguen las omisiones de la Gobernación del Putumayo frente a las solicitudes que ha hecho la comunidad y las actuaciones de Corpoamazonía como autoridad ambiental a cargo del proyecto vial, de acuerdo con su responsabilidad de resguardar el medio ambiente.
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-154-21.htm
Mar. 10 de Ago. de 2021
Tercera subasta de energías renovables, reunión convocada por el subastador XM, para presentación pliegos definitivos.
En los resultados de la etapa de comentarios participaron 31 empresas, 270 comentarios, con respuestas publicadas previo a la presentación del pliego. En esta reunión se presentaron los pasos siguientes a la publicación delos pliegos definitivos:
En el aparte de información general de la subasta se establece que esta será confidencial hasta su adjudicación, publicando el cumplimiento de cada interesado de cada una de las etapas de adjudicación y sus exigencias.
También se incorpora la firma digital para diversos procesos de la subasta señalando que si el documento solicitado es una copia este no debe llevar firma digital sino una carta anexa firmada digitalmente por el representante legal o si no los documentos deben ser enviados físicamente a la sede del subastador.
Se ha fijado un período de adendas hasta el 28 de septiembre que serán publicadas en la opción Subastas CLPE No.2021 de la página principal.
Se está contratando un auditor y se estableció un mecanismo alterno fijando un plazo de 15 días antes de la subasta para comunicar cual será el mecanismo alterno del subastador en caso de que la plataforma tecnológica no funcione para dar desarrollo a la subasta, lo que se anunciará más o menos a principios de octubre.
Con respecto a la firma digital, de las empresas que están en el listado de la UNAC, que son las que cumplen los requisitos de seguridad. Todas comunicaciones que llegan firmadas deberán llegar por este método.
La siguiente etapa una vez publicados los pliegos definitivos, es la de inscripción que podrá ser solamente el representante legal o su apoderado.
Para el registro se describen en la siguiente diapositiva los documentos que se deben y no de deben firmar.
Se cierra la etapa de registro e inicia la de precalificación, con los requisitos legales y financieros en el caso de los compradores y para los vendedores los requisitos técnicos, legales y financieros.
Requisitos de precalificación técnicos y legales para los vendedores
Después de la etapa de precalificación sigue la etapa de garantía de seriedad.
El 3 de septiembre se habilita la plataforma para el ingreso de los documentos y requisitos, etapa que se cierra el 6 de septiembre y hasta el 8 de septiembre para la documentación física. El plazo máximo de comunicación de subsanaciones que deben hacer los participantes es hasta el 17 de Septiembre, día en que también se publican los participantes que cumplen documentación.
Hasta el 24 de septiembre (el conferencista corrigió la diapositiva que dice 22) será el plazo máximo para que el administrador pueda validar los agentes y el cumplimiento de todos los requisitos y subsanaciones.
Hasta el primero de octubre será el plazo para la entrega de la garantía de seriedad, que será revisada hasta el 6 de octubre dando plazo para subsanar hasta el 14 de octubre, la aprobación de la garantía hasta el 19 de octubre y quedarían listos los compradores para realizar ofertas hasta el 26 de octubre.
En la etapa de adjudicación se utilizarán los criterios de competencia, los topes máximos entre las 8 y las 9 de la mañana donde la CREG informará al subastador cuales son estos topes y está la demanda objetivo, que será ingresada en el mismo período y antes del ingreso de las ofertas hasta las 9 am y a partir de las 9 am y hasta las 2 pm los participantes podrán ingresar las ofertas de compra y de venta que se requieran.
A partir de las 2:15 de la tarde se realizará adjudicación por parte del subastador en presencia del auditor de la subasta.
Las características de la oferta de los vendedores serán:
La energía media diaria es una nueva variable consignada en los pliegos y frente a los compradores, cada oferta ingresará la energía. El precio de oferta será el precio promedio.
Definiciones energía para efectos de la subasta
Procedimiento de la subasta en el sistema:
Texto Pliegos definitivos
https://www.xm.com.co/Paginas/Subasta-CLPE-2021.aspx
Video presentación pliegos definitivos
https://www.youtube.com/watch?v=69wv_8mzY5c
Presentación
https://www.xm.com.co/SubastaCLPE2021/Presentaci%C3%B3n%20Pliegos%20Definitivos_def.pdf
https://www.xm.com.co/Paginas/Capacitaciones.aspx
Sector de la semana
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Jue. 12 de Ago. de 2021
Gobierno-empresas. Decreto 890 del 10 de agosto de 2021, por el cual se reglamenta parcialmente el decreto legislativo 560 de 2021, en lo relacionado con bonos de riesgo.
En sus consideraciones, el decreto establece que la la normativa establece el régimen de insolvencia empresarial y su objetivo consiste en proteger el crédito, recuperar y conservar las empresas como unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor, cuando no es posible su recuperación, siempre bajo el criterio de agregación de valor.
En el marco de la emergencia económica se adoptaron medidas especiales en materia de insolvencia para mitigar los efectos de la coyuntura económica generada por el covid 19. Esta normativa estableció la capitalización de pasivos a través de bonos de riesgo como uno de los mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial en los acuerdos de reorganización, lo cual debe entenderse como una conversión de créditos en bonos de riesgo, sean ordinarios o convertibles.
Régimen Propio de los Bonos de Riesgo
En su parte resolutiva, adiciona la sección 6 del capítulo 9 del título 2 de la parte 2 del decreto 1074 de 2015, adicionando la sección 6, que establece un régimen propio de los Bonos de Riesgo:
Este capítulo establece que cualquier empresa que suscriba un acuerdo de reorganización podrá convertir sus créditos en bonos de riesgo, sean estos ordinarios o convertibles, siempre y cuando dicha emisión quede contenida en el respectivo acuerdo de reorganización o en una reforma al mismo cuando no se hubiese contemplado inicialmente. La conversión de créditos en bonos de riesgo podrá contener prórrogas, quitas, condonaciones, garantías nuevas o cualquier otra modificación a las características del crédito original.
Estos bonos tienen características comunes a los bonos ordinarios y convertibles:
Pueden incorporar reconocimiento de un rendimiento financiero, tasa de interés u otra forma de rendimiento que se convenga en el acuerdo de reorganización el cual podrá ser mínimo y preferencial o variable
Pueden otorgar a los tenedores el derecho privilegiado a que de las utilidades de la empresa que se les destine, en primer término, una cuota determinada acumulable o no según se pacte en el acuerdo de reorganización, la que no podrá extenderse más allá de cinco años y se podrá pactar a qué título se otorgan las utilidades.
Pueden otorgar derechos de voto especiales determinadas materias de la empresa y cualquier otra prerrogativa o privilegio de carácter económico que en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad privada, se establezca en el acuerdo de reorganización y conforme con la normatividad vigente.
Pueden circular en el mercado de valores, de manera desmaterializada mediante la anotación en cuenta, en los términos del artículo 12 de la Ley 964 de 2005.
En todo caso, los bonos de riesgo deberán cumplir lo siguiente:
1. Los tenedores de bonos de riesgo tendrán los derechos de voto externos, según las reglas de la Ley 1116 de 2016, a menos que sean capitalizados o convertidos en forma de derechos de participación, participaciones, cuotas, partes de interés social o acciones.
2. Se reconocerán en el pasivo o en el patrimonio dependiendo de su naturaleza y conforme a los marcos de información financiera vigentes en Colombia contenidos en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.
Cualquier garantía real que se otorgue a los bonos de riesgo que no corresponda a una garantía del crédito original que se haya extendido a dichos títulos, conforme al artículo 2.2.2.9.6.5. del presente Decreto, estará sometida a las reglas establecidas en el artículo 41 de la Ley 1116 de 2006.
Se establecen unas características especiales a estos bonos:
Cuando la naturaleza jurídica de la empresa emisora lo permita, pueden ser convertidos, de manera total o parcial en participaciones en la forma de derechos de participación, participaciones, cuotas, partes de interés social o acciones, que confieran cualquier privilegio conforme a la ley y a los estatutos sociales o reglamento de constitución. Estas condiciones deberán expresarse en el acuerdo de reorganización, si es voluntaria, obligatoria, anticipada o al vencimiento entre otras.
En caso de liquidación judicial o simplificada de la empresa, los bonos de riesgo convertibles que se suscriban en cumplimiento del acuerdo de reorganización, se pagarán con posterioridad a los demás pasivos externos, incluyendo los créditos legalmente postergados y, antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos, salvo que se trate de bonos de riesgo que correspondan a (i) acreencias laborales, las cuales en este caso recuperan la prelación de primer grado, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 1116 de 2006, o (ii) de acreencias garantizadas cuando las garantías se extiendan a los bonos de riesgo convertibles, caso en el cual conservan la preferencia, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013.
Cualquier modificación de los bonos constituirá una reforma al acuerdo de reorganización y deberá ser aprobada por cualquier número plural de tenedores que represente no menos del cincuenta por ciento (50%) más uno del valor total de los bonos de riesgo emitidos, salvo que se pacte una mayoría superior en el acuerdo de reorganización.
Extensión de garantías.Las garantías de los créditos que se conviertan en bonos de riesgo, quedarán automáticamente incorporadas en el respectivo título, según corresponda, salvo que el acreedor acuerde liberarlas dentro del acuerdo de reorganización.
Negociabilidad. Los bonos de riesgo podrán negociarse libremente (i) de acuerdo con su ley de circulación, o (ii) a través de una bolsa de valores o de sistemas de negociación de valores vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, previa inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores- RNVE, cumpliendo con los requisitos establecidos para esos mercados.
Oferta de los Bonos de Riesgo. Los bonos de riesgo podrán ser colocados mediante oferta pública u oferta privada.
Protección a los Tenedores de Bonos de Riesgo. Los tenedores de bonos de riesgo que se negocien en el mercado de valores gozarán de las garantías y protecciones previstas en las normas que rigen dichos mercados y de aquellas que se pacten en el respectivo acuerdo de reorganización.
Tratándose de bonos de riesgo que no se negocien en el mercado de valores, en el respectivo acuerdo de reorganización deberán estipularse las reglas sobre protección de los tenedores que se consideren pertinentes, en adición a las previstas en las normas vigentes.
La suscripción de estos bonos de riesgo de dará solamente por aquellos acreedores que así lo decidan voluntariamente y tengan capacidad legal para el efecto. Así mismo establece que que no se requiere autorización para su emisión por parte de la Supersociedades.
Finalmente, el decreto establece los requisitos y particularidades que deberá contener el documento de emisión privada de Bonos de Riesgo y la remisión de normas.
Mié. 11 de Ago. de 2021
Gobierno-Telecomunicaciones. Proyecto de decreto publicado el pasado 3 de agosto estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea.
El objetivo de este decreto res reglamentar la ley antitrámites en lo referente a los conceptos, lineamientos, plazos, condiciones técnicas transversales para la digitalización y automatización de los trámites y su realización en línea con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las persona su el cumplimiento de sus obligaciones por medio de digitales.
Establece en primer lugar una serie definiciones asociadas a los trámites y la digitalización, entre las que se cuentan la automatización, la cadena de trámites, la digitalización, la desmaterialización, la estampilla electrónica, la estandarización de trámites, al formulario único, la interoperabildiad, el término OPA (Otro procedimiento administrativo), entre otros.
En los artículos siguientes estableceq ue las autoridade deberán adoptar y aplicar la gúia de digitalización y automatiación de trámites del anexo 1 de este decreto con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas por medios digitales, el cumplimientode sus obligaciones, combatir la corrupción y comentar la competitividad.
La integración de los lineamientos de digitalización y automatización de trámites con las políticas de gobierno digital y de racionalización de trámites.
Establece las condiciones generales para digitalizar y automatizar los trámites existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 2052 de 2020, estableciendo que los plazos empezarán a contar desde el 1 de enero de 2022 con un mes de planeación de las actividades que termina a final de enero de 2022. La digitalización se llevará a cabo de manera gradual:
4.1. Bloque 1: 30% de los trámites de la autoridad (de mayor prioridad).
4.2. Bloque 2: 30% de los trámites de la autoridad (de prioridad intermedia)
4.3. Bloque 3: 40% de los trámites de la autoridad (de menor prioridad)
El criterio de priorización es el nivel de demanda del trámite en términos del número de solicitudes por año.
Aquellos trámites que por su naturaleza no puedan digitalizarse o automatizarse totalmente, se entenderá que cumplen con la obligación del artículo 5 de la Ley 2052 de 2020, cuando se encuentren digitalizados y automatizados todos los pasos que sean susceptibles de ello
Cuando las autoridades pretendan crear nuevos trámites, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del proceso de aprobación de trámites creados o autorizados por la ley, solicitará a la autoridad responsable del trámite garantizar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 2052 de 2020 para el momento de la implementación de este.
Gestión documental, seguridad y privacidad en el proceso de digitalización y automatización de trámites. Las autoridades deberán disponer de sistemas de gestión documental electrónica y/o digital y de archivo digital, asegurando que con el proceso de digitalización y automatización se genere la conformación de expedientes electrónicos con características de integridad, disponibilidad y autenticidad de la información.
La emisión, recepción y gestión de comunicaciones oficiales, que se dé en el proceso de digitalización y automatización del trámite, deberá asegurar un adecuado tratamiento archivístico y estar debidamente alineado con la gestión documental electrónica y de archivo digital de la entidad.
Las autoridades deberán generar estrategias que permitan el tratamiento adecuado de los documentos electrónicos y garantizar la disponibilidad y acceso a largo plazo conforme a los principios y procesos archivísticos que han sido definidos por el Archivo General de la Nación en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En todo el proceso de digitalización y automatización se deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad digital emitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar las normas de protección de datos personales de la ley 1581 de 2012.
Las autoridades atenderán con sus propios recursos la infraestructura, integración y operación que demande el proceso de digitalización y automatización de los trámites.
Mar. 10 de Ago. de 2021
Gobierno-financiero. Decreto 854 del 3 de agosto de 2021. "Por el cual se señalan razones financieras o criterios para establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y se dictan otras disposiciones".
En sus consideraciones el decreto establece que la ley 2069 de 2020 estableció como causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio al marcha al cierre del ejercicio, caso en el cual los administradores deberán abstenerse de realizar nuevas operaciones distintas a las de giro ordinario de los negocios , por lo que deben tomar las decisiones pertinentes respecto a la continuidad, disolución y liquidación de la sociedad so pena de responder solidariamente por los perjuicios que se causen a los asociados o terceros por incumplimientos.
Que la hipótesis de negocio en marcha se deriva del análisis de los estados financieros y proyecciones patrimoniales y se presenta cuando estos presentan deterioros y riesgos de insolvencia, indicadores que puntualmente pueden ser definidos por el gobierno nacional.
La definición de estos indicadores con el propósito de generar información financiera útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la entidad.
Los administradores de las empresas, de acuerdo con estos indicadores y otra información asociada a la empresa deberán tomar la decisión de si continúan cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, llegando, principalmente a las siguientes conclusiones basadas en el análisis de sus indicadores y la normativa que se señala en la parte introductoria del decreto en cuanto a la evaluación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha:
a. No existen incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas acerca de la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha.
b. No existen incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas acerca de la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, pero la administración ha tomado la decisión de liquidar la entidad y el valor de sus activos o pasivos se ha afectado significativamente. Es en este escenario, cuando deberá aplicarse lo establecido en esta norma.
c. Existen incertidumbres importantes relacionadas con eventos y condiciones que pueden generar dudas significativas acerca de la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, pero la hipótesis de negocio en marcha continúa siendo apropiada.
d. La hipótesis de negocio en marcha no es apropiada debido a que la entidad no tiene alternativas reales diferentes a las de terminar sus operaciones o liquidarse. Es en este escenario, cuando deberá aplicarse lo establecido en esta norma.
La verificación del acaecimiento de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, se hace en el momento de la preparación de los estados financieros de propósito general al final de cada ejercicio social.
La parte resolutiva establece:
Hipótesis de negocio en marcha, deterioros patrimoniales y riesgo de insolvencia La causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha se verificará por parte de los administradores sociales, al momento de elaborar los estados financieros de propósito general al cierre del ejercicio.
De esta forma, si éstos se preparan considerando que la hipótesis de negocio en marcha no se cumple, los mismos deberán ser presentados, con la información completa y documentada que soporta la evaluación de la administración, al máximo órgano social en la reunión ordinaria para que se tomen las decisiones correspondientes por parte de dicho órgano.
Alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. Los administradores sociales deben hacer monitoreos de los estados financieros, la información financiera y las proyecciones de la empresa, para establecer la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y, si estos existieren, de manera inmediata informarán los resultados y entregarán los soportes de tales análisis al máximo órgano social para que éste pueda adoptar las decisiones correspondientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los administradores establecerán la existencia de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, conforme con las razones financieras o indicadores pertinentes, según el modelo de negocio y los sectores en los cuales la sociedad desarrolla su objeto social.
No obstante, los administradores utilizarán al menos los siguientes indicadores como referencia:
Noticias de la semana
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Jue. 12 de Ago. de 2021
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11 de agosto de 2021
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| Concepto de Superfinanciera sobre la operación de billeteras virtuales/electrónicas en Colombia |
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CRC presenta al Congreso de la República informe sobre su gestión 2020 - 2021
Mié. 11 de Ago. de 2021
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10 de agosto de 2021
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9 de agosto de 2021
| A estudio del Senado proyecto que establece criterios técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo |
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9 de agosto de 2021
| CGR amplía plazo para reporte de información por parte de particulares que administran fondos o bienes públicos | Ámbito Jurídico |
Hidrocarburos
9 de agosto de 2021
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9 de agosto de 2021
Servicios Financieros
9 de agosto de 2021
| Publicado para comentarios, Proyecto de Regulación del Banco de la República, sobre las “modificaciones al régimen cambiario de inversiones internacionales” |
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
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Jue. 12 de Ago. de 2021
Gobierno – Empresas. Balance y listado de empresas en procesos de insolvencia presentado por la Supersociedades en el primer semestre de 2021.
Entre las empresas más grandes que ingresaron a este listado en 2021 están Acción SAS, Mercaderías SAS (justo y bueno), Almacenes la 14, Acción del Cauca, Acciones y servicios, BBI Colombia SAS (Tostao), Guardianes Compañía Lider de Seguridad Limitada, Easifly, Tour Vacation Hoteles Azul SAS, entre otras.
El balance presentado por la Supersociedades sobre los procesos de insolvencia en Colombia en el primer semestre de 2021 da cuenta de 615 empresas que ingresaron en este semestre, de las cuales 303 se concentran en Bogotá, 87 en Medellín, 71 en Bucaramanga, 71 en Cali y 41 en Barranquilla. De estas 615 solicitudes 258 han sido admitidas, 99 inadmitidas, 58 en estudio, 190 rechazadas y 10 desistidas.
Si se realiza el balance solamente de las empresas admitidas, se registra un total de 376 empresas. En Bogotá fueron admitidas 135 empresas a reorganización y 36 fueron a liquidación, cifras menores a las del primer semestre de 2020 (192 y 55 respectivamente).
Si se toman las empresas que mantienen vigente un proceso de insolvencia en todos los últimos años, se encuentra que a junio de 2021, 2.942 empresas se encuentran en reorganización, de las cuales 1.685 se encuentran en ejecución y 1257 en trámite.
Este grupo de empresas representan 180 mil empleos, de los cuales 59 mil corresponden a los procesos de 2021 y 40 mil corresponden a todo el año 2020. En cuanto a los activos involucrados en el proceso, en 2020 entraron en estos procesos 22,9 billones mientras a junio de 2021 esta cifra asciende a los 11,9 billones. En cuanto a pasivos, son 19 billones los comprometidos, mientras son 10,8 los pasivos comprometidos en 2021.
El el siguiente cuadro la Supersociedades presenta el balance de cifras por región de los procesos que se encuentran vigentes en los últimos años, incluidos los anteriores a 2021.
Por sectores, se observa que el mayor volumen de procesos está asociado al sector servicios, seguidos de lejos por industria y comercio. Como publica la Supersociedades en el siguiente cuadro, el mayor volumen de empleos en proceso de reorganización guarda también este orden aunque en activos se observa un volumen importante en el sector de la construcción. En el informe se desagrega el balance de cada región, por tipo de proceso.
Se anexa a continuación el informe entregado por la Supersociedades y el archivo excell con el listado y cifras de las empresas que se encuentran en este proceso.