Boletín Normativo Sectorial
Dar click sobre el color de la sección a consultar.
Contexto Normativo
Contexto Normativo
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Jue. 24 de Feb. de 2022
Gobierno-Telecomunicaciones. “Por la cual se modifican algunas disposiciones referidas al acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones contenidas en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”
En las consideraciones de esta resolución se establece que la normativa señala que todo proveedor de redes públicas de telecomunicaciones está obligado a interconectarse con todo proveedor que lo solicite, de modo que los proveedores involucrados en la interconexión garanticen el interfuncionamiento de su redes y la interoperabilidad de los servicios.
El servicio prestado mediante redes interconectadas debe ser independiente de las interconexiones efectuadas y que las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas deben operar como un sistema completamente integrado.
Señala que la interconexión se debe desarrollar bajo el concepto de desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones, y además establece cuáles son las instalaciones esenciales para efectos de la interconexión, indicando que la Autoridad de Telecomunicaciones de cada país está facultada para establecer una lista mayor de instalaciones consideradas esenciales.
Los acuerdos de interconexión deben tomar en cuenta: (i) Las características técnicas de todas las señales a transmitir por el sistema, (ii) las condiciones técnicas de las interfaces, (iii) los requisitos de capacidad de los sistemas involucrados y (iv) los índices apropiados de calidad de servicio, entre otros.
Es responsabilidad de cada uno de los proveedores de redes públicas de telecomunicaciones que se interconectan, realizar en sus instalaciones, las modificaciones y ampliaciones que sean necesarias para preservar la calidad del servicio, ante los aumentos de tráfico que puedan producirse por efectos de la interconexión, tanto al inicio como en su desarrollo posterior.
Establece que en virtud del principio de libre competencia el Estado debe propiciar escenarios de competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad.
Es función de la CRC regular “con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes (…); y en materia de solución de controversias”. Que a continuación, el mismo artículo dispone que es función de la CRC por una parte, regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados1 , y por la otra, definir las instalaciones esenciales2 .
Que a su vez, de acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es función de la Comisión “[imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones.”.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) deberán permitir la interconexión de sus redes, y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la CRC.
Lo anterior, para garantizar los siguientes objetivos: trato no discriminatorio, con cargo igual acceso igual; transparencia; precios basados en costos más una utilidad razonable; promoción de la libre y leal competencia; evitar el abuso de la posición dominante; y garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos en las redes.
Esta normativa se basa en la propuesta de Política Regulatoria de Acceso e Interconexión donde se planteó la necesidad de definir unos principios orientadores, una hoja de ruta para realizar cambios normativos y construirt la regulación relacionada con el acceso y la interconexión:
i) la revisión de la Resolución CRC 3101 de 2011 (compilada en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016); ii) el estudio del mercado de Acceso a Internet fijo mayorista;
iii) el del mercado Portador; iv) el estudio del mercado de Acceso Móvil Mayorista;
v) identificación de la necesidad de revisar la regulación sobre el acceso a la infraestructura móvil pasiva
vi) el estudio de los mercados mayoristas de terminación fija y móvil.
Que el primer paso dentro de la hoja de ruta del desarrollo de la Política Regulatoria de Acceso e Interconexión, correspondía a la revisión de los siguientes capítulos:
1) Régimen de Acceso, Uso e Interconexión;
2) Condiciones de Acceso por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones;
3) Reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles;
4) Condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional
5) Operación Móvil Virtual.
La problemática principal planteada para construir la nueva regulación pretende responde a la siguiente afirmación:
El Régimen de Acceso Uso e Interconexión no responde a las necesidades actuales de interacción entre los Agentes.
Se identificaron como causas posibles:
i) el surgimiento de nuevos actores en la cadena de valor y nuevos modelos de negocio;
ii) la evolución tecnológica;
iii) la evolución de los tipos de relación de acceso e interconexión; y
iv) las divergencias entre las partes en la aplicación del Régimen.
Por su parte, las consecuencias que se desligan del problema identificado se delimitaron como:
i) altos costos de transacción;
ii) desincentivos a la innovación;
iii) barreras a la entrada de nuevos agentes, modelos de negocio y necesidades; y
iv) limitantes a la inversión
Por esta razón la comisión definió como alternativas identificar e implementar mejoras regulatorias, utilizando criterios de simplificación normativa, entre otros, para actualizar el régimen existente de Acceso, Uso e Interconexión de todas las redes de servicios de telecomunicaciones.
Se presnta entonces en esta resolución una propuesta regulatoria que contemplaba las siguientes temáticas:
i. Ampliación del tiempo de cobertura de la garantía para afianzar el pago por el uso de instalaciones esenciales.
ii. Configuración de enlaces.
iii. Actualización de los Protocolos de señalización en la interconexión y del uso del protocolo SIP.
iv. Interconexión VoLTE extremo a extremo.
v. Obligaciones para los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA) e (Integradores Tecnológicos (IT).
vi. Servicio premium SMS. vii. Negociación de Transacciones Por Segundo (TPS) en picos de tráfico.
Que para atender el problema identificado con sus causas asociadas, de las 13 temáticas revisadas bajo la metodología de simplificación normativa, se determinó la pertinencia y viabilidad de adoptar medidas de ajuste o mejora de la regulación preexistente sobre 8 de estas, las cuales se enuncian a continuación:
i. Instrumentos de garantía o del mecanismo para asegurar el pago de obligaciones dentro de la OBI.
ii. Criterios para la actualización del monto de las garantías o del mecanismo para asegurar el pago de obligaciones.
iii. Atención a los requerimientos de ajuste al dimensionamiento de tráfico.
iv. Multiplicidad de interfaces en la interconexión. v. Aspectos técnicos asociados a nodos de interconexión.
vi. Instalación esencial para los Centros de Servicios SMS.
vii. Facilitador como restricción de los OMV.
viii. Obligaciones de Información relativas a la desconexión provisional, entrega de información de tráfico en RAN y el Formato T.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/normatividad/00006522.pdf
Mié. 23 de Feb. de 2022
Gobierno-Congreso-Entidades Territoriales. Ley 2200 del 8 de Febrero de 2022, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los departamentos (1).
Esta ley tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y descentralizadas que hacen parte de la República unitaria. Respecto a normativas anteriores, los cambios son:
En las distintas reseñas de la ley se menciona que se fortalece la facultad de los gobernadores de poder actuar como nivel intermedio de Gobierno entre la Nación y los municipios, en el ejercicio de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Esta iniciativa contempla la especificación de las competencias básicas del departamento, la clarificación de las relaciones con los demás niveles de gobierno y con el nivel nacional1.
De acuerdo al documento, se podrá decretar la formación de nuevos departamentos y la delimitación de las entidades territoriales existentes. De igual manera, se solucionarán los conflictos limítrofes teniendo en cuenta los estudios normativos, los estudios técnicos y las características culturales de la comunidad.
La ley le concedió al Ministerio del Interior un plazo de 12 meses para que, con la participación de los departamentos, presente al Congreso de la República un proyecto de ley que establezca los requisitos para la creación de nuevos departamentos2.
En el texto de la ley, después de presentar un bloque de definiciones, se establece que corresponde a los departamentos ejercer 15 competencias dentro de las que se destacan las siguientes:
1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:
- En materia de infraestructura vial corresponde la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental, vías secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos, además el departamento deberá propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, con el objetivo de fortalecer los vínculos urbano-rurales, la consolidación de una red estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.
- Propender por la generación de valor agregado para apoyar el desarrollo agropecuario dentro de su territorio y el fortalecimiento de la economía sostenible en actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, así como su tecnificación con proyección exportadora.
- Promover, como renglón económico, el turismo ecológico y sostenible dentro de su territorio.
- Efectuar el manejo eficiente bajo conceptos de distribución priorizada e incluyente, de los ingresos endógenos del departamento.
- Concertar esquemas de asociatividad territorial, como las regiones administrativas y de planificación - RAP-, las regiones de planeación y gestión, RAPE, las asociaciones de departamentos o acudir a figuras como los esquemas asociativos territoriales o pactos territoriales, en los términos que determine la Constitución y la Ley.
2. Bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad en:
Gestionar, en coordinación descentralizada o ayuda internacional con entidades públicas territoriales de otros Estados y/o con agencias internacionales de cooperación internacional.
Promover e impulsar el desarrollo rural, con políticas incluyentes, acceso a oportunidades y garantías, al goce de derechos, con perspectiva de desarrollo sostenible, equitativo e igualitario que permita la superación de esquemas de pobreza y exclusión.
En materia de ordenamiento territorial, deben adoptar las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad del territorio o de porciones del mismo, conforme con estructuras ambientales sostenibles y de las potencialidades y limitantes geofísicas, económicos y culturales, a fin de generar un orden adecuado.
En concertación con los municipios, determinaran en ejercicio del derecho al desarrollo sostenible, la ubicación de infraestructuras de alto impacto, sea bajo esquemas regionales o propios de planificación.
Promover la sostenibilidad ambiental y responsabilidad intergeneracional en el departamento, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Concurrir con la Nación y los municipios al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, con especial énfasis en generar vivienda digna para hogares vulnerables en áreas urbanas y rurales.
Generarán políticas de subsidios en dinero o en especie que podrán ser concurrentes para adquisición, mejoramiento y construcción de vivienda; procesos de formalización de la propiedad y asignación de terrenos para vivienda de interés social. Toda política de vivienda que se establezca debe ser integral, generando condiciones de acceso a los servicios públicos y calidades de hábitat adecuadas, conforme los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
En materia de tránsito y movilidad, los departamentos, a través de su entidad responsable, hacen parte del Sistema Nacional de Transporte con énfasis en la sostenibilidad de la movilidad y el control del impacto ambiental por medio del fomento de medios de transporte sostenible. Así como también, velar por su aplicación, ejecución en su jurisdicción y cumplimiento de las regulaciones del orden nacional sobre la materia.
Concurrir, de forma coordinada con la nación y los municipios, en la implementación de la política nacional de la formalización minera.
3. Bajo esquemas de concurrencia y/o subsidiaridad:
En servicios públicos, los departamentos deben asegurar su cobertura y prestación eficiente en cumplimiento de los fines del Estado, garantizando su calidad y universalidad. En servicios públicos domiciliarios. Administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación, para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan.
Agua potable y saneamiento básico. Promover, estructurar, cofinanciar e implementar esquemas regionales, para concurrir a la eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Administrar los recursos destinados, para la atención de este servicio esencial y apoyar a las autoridades competentes en el ejercicio de medidas correctivas y preventivas que propendan por la continua y adecuada prestación del servicio.
En educación deben ejecutar las competencias para la prestación del servicio educativo en los municipios de su jurisdicción que no estén certificados en educación, según los criterios que establezca la ley orgánica de recursos y competencias.
En salud, deberán formular los planes, programas y proyectos tendientes a la prestación oportuna, eficiente y con calidad del servicio de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, y en consonancia con aquellos establecidos para el orden nacional.
Articular la acción institucional; planificar el tema de salud para el territorio, desplegando las capacidades institucionales necesarias para liderar políticas, planes, programas y proyectos; articular la acción de los actores del sistema de salud territorial, entre la Nación y los municipios, crear un sistema que permita superar los problemas, fortalecer los sistemas de información que le permita a los departamentos y municipios conocer la población dentro de su jurisdicción, para generar políticas públicas de prevención, asistencia, georreferenciación, para la localización de especialistas y organización del sistema, crear plataformas que permitan recepcionar información para una mejor inspección, vigilancia y control entre otros
Regulación de los departamentos en materias especiales.
Los departamentos están regulados en determinadas materias, conforme al régimen normativo específico, destacando lo atinente a sus planes de desarrollo la administración d ellos recursos del sistema general de participaciones, el endeudamiento interno y externo, programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de los entes territoriales departamentales, la creación de tributos, contratación estatales, regímenes salariales, entre otros.
Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los Departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos para su ejecución, y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente Ley.
Sector de la semana
Sector de la semana
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Jue. 24 de Feb. de 2022
Gobierno- Financiero. Documento técnico URF publicado el 22 de febrero. Límite a grandes exposiciones de los establecimientos de crédito y cupos individuales de crédito de las demás entidades sometidas a control y vigilancia de la Superfinanciera. (1) Grandes exposiciones de los establecimientos de crédito.
Colombia implementó en 1993 un esquema que define cupos máximos para las operaciones activas de crédito – aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera – y límites a la concentración de riesgos para los establecimientos de crédito.
Durante el año 2020 se publicó un estudio con el diagnóstico de la regulación actual, la presentación del estándar internacional y un análisis de regulación comparada. Dicho estudio incluyó una etapa de socialización con la industria.
La propuesta se divide en dos partes, la primera parte actualiza y recoge lo correspondiente al Título 2 y 3 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, que actualmente se denomina cupos individuales de crédito y límites de concentración de riesgos de los establecimientos de crédito.
La segunda parte actualiza y reubica en el Título 8 del Libro 35 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010 las normas sobre cupos individuales de crédito para las demás entidades sometidas a control y vigilancia de la SFC.
Para el caso de los establecimientos de crédito, la distinción entre las normas definidas en ambos Títulos deja de ser válida cuando el objetivo del marco de grandes exposiciones es limitar las pérdidas del establecimiento cuando los grupos de contrapartes entran en default, por cuanto la exposición debería ser la suma de los valores de exposición individual, independientemente del tipo de operación
Por su parte, el objetivo de las normas sobre cupos para las demás entidades sometidas a control y vigilancia de la SFC responden a un objetivo de democratización del crédito, por lo tanto, su aplicación se limita a operaciones de este tipo
En cuanto a las grandes exposiciones de los establecimientos de crédito, se definen nueve criterios
Base del patrimonio. Señala que el estándar internacional implementado en la región emplea el capital nivel 1 (Tier 1) como base para el cálculo del valor de exposición y la definición de límite máximo e grandes exposiciones con un grupo conectado de contrapartes, porque los criterios de pertenencia a este nivel reflejan la capacidad de estos instrumentos para la absorber pérdidas. En este punto, resulta importante señalar que por medio del decreto 1477 de 2018 se actualizaron y depuraron algunos elementos de este nivel de patrimonio, adoptando los más altos estándares en la materia.
Operaciones computables,
La propuesta busca en este punto eliminar las fricciones derivadas de la coexistencia de múltiples métricas de riesgo y de operaciones computables que surgen de la aplicación simultánea de las disposiciones relacionadas con el marco sobre requerimientos de capital y el de cupos de crédito y límites de exposición . Para lograrlo se plantea estandarizar ambas disposiciones en cuanto al alcance de las operaciones computables y los valores de exposición empleados, de tal manera que estos valores sean consistentes y reflejan de mejor manera los valores de exposición de los establecimientos.
Para lograr lo anterior, la propuesta incluye los siguientes elementos:
1. Las operaciones computables y el cálculo del valor de exposición serán todas aquellas que se definen en el marco de requerimientos de capital para riesgo de crédito incorporadas en el decreto 2555 de 2010 a través del decreto 177 de 2018, disposiciones que entraron en rigor el primero de enero de 2020.
Algunas operaciones están exceptuadas dentro del cómputo de las exposiciones con grupos conectados de contrapartes:
- Operaciones realizadas con la nación
- Las realizadas con el Fogafin o el Fogacoop
- Las operaciones que celebren las instituciones vigiladas en desarrollo delos programas de adecuación aprobados y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Las exposiciones que se deducen del patrimonio básico ordinario
- Las exposiciones de Finagro, Findeter y Bancoldex con los establecimientos de crédito por concepto de operaciones de redescuento.
- Las exposiciones que sean aceptadas por una cámara de riesgo central de contraparte, cuando esta se interpone como contraparte.
- Créditos interbancarios intradía.
- Las inversiones obligatorias o forzosas.
- El valor de las inversiones de capital, de las inversiones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente convertibles en acciones o, en general, en instrumentos de deuda subordinada, efectuadas en forma directa o indirecta en entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades financieras del exterior, cuando se trate de entidades respecto a las cuales haya lugar a consolidación.
- Cuando se trate de las corporaciones financieras, el valor de las inversiones de capital, de las inversiones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente convertibles en acciones o, en general, en instrumentos de deuda subordinada, efectuadas en forma directa o indirecta en empresas diferentes a las entidades sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o entidades financieras del exterior, respecto de las cuales se declare control.
Grupo conectado de contrapartes
La propuesta busca que los establecimientos de crédito identifiquen los grupos conectados de contrapartes (GCC) siguiendo alguno de los criterios definidos en la propuesta
En general, se busca agrupar las exposiciones a dos o más contrapartes cuando estas tienen relaciones patrimoniales o económicas por las cuales una de ellas puede presentar problemas financieros, e incluso la quiebra, como consecuencia de los problemas financieros, la quiebra o insolvencia de otra contraparte, y no encuentren socios comerciales o fuentes de financiación alternativos para cumplir sus compromisos.
En tercer lugar, se recogen algunos criterios del Decreto 2360 de 1993, en particular aquellos relacionados con la conformación de grupos por personas naturales. Adicionalmente, cuando se trata de patrimonios autónomos, universalidades o vehículos de inversión, se considera que el nivel de interconexión opera en dos sentidos.
Por un lado, se deben agrupar las exposiciones con los patrimonios autónomos, universalidades o vehículos de inversión y las exposiciones con la contraparte que actúa como fideicomitente o inversionista de estos siempre que su participación en estos, de forma individual o conjunta con otras contrapartes, supere el 5 % de la base de la suma del PBO y PBA del establecimiento de crédito, pues dicha participación resulta materialmente importante para el establecimiento.
Por otro lado, se deben agrupar las exposiciones con patrimonios autónomos, o cualquier vehículo de inversión y las exposiciones con la contraparte que actúa como fideicomitentes cuando su participación estos sea superior al 50%, individualmente o de forma conjunta con contrapartes que cumplan alguno de los criterios de control o pertenencia a un conglomerado financiero
Como desarrollo del concepto de interdependencia económica se proponen cinco criterios para su aplicación. En un sentido general, se establece que existe interdependencia económica entre dos o más contrapartes cuando, a raíz de la existencia de vínculos o relaciones de carácter económico, la aparición de problemas financieros que impliquen la dificultad para efectuar el pago de las obligaciones o compromisos de una contraparte hacen probable que la otra u otras también experimenten este tipo de dificultades.
Al evaluar la agrupación entre sus contrapartes a raíz de la existencia de una interdependencia económica, las entidades deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Los criterios definidos en la propuesta son los siguientes:
El cincuenta por ciento (50%) o más de los ingresos o gastos brutos anuales de una contraparte son derivados de operaciones con otra contraparte.
b. El cincuenta por ciento ( 50%) o más de la producción de una contraparte se vende a otra contraparte que no puede ser sustituida fácilmente.
c. Una contraparte tiene parcial o totalmente garantizada la exposición de otra contraparte y el monto de la garantía es igual o superior al treinta por ciento (30%) del patrimonio del garante, de forma tal que, ante una reclamación de la garantía, el garante es propenso a incumplir su obligación directa con el establecimiento de crédito.
d. La insolvencia o el incumplimiento de una contraparte podría generar la insolvencia o el incumplimiento de otra. e. Dos o más contrapartes comparten una misma fuente mayoritaria de financiación por recursos para el pago de las obligaciones, y dicha fuente no puede ser sustituida fácilmente, de tal manera que la insolvencia de la fuente de financiación común puede conllevar el incumplimiento simultáneo de las contrapartes.
f.Aquellos factores que el establecimiento de crédito considere que, en adición a los anteriores enunciados, constituyen una situación de interdependencia económica.
Sobre el punto e, los establecimientos deberán considerar aquellas situaciones en las que sea probable que los problemas de financiación de una contraparte se extiendan a otra al existir una dependencia unidireccional o bidireccional de la misma fuente de financiación.
El anexo 1 presenta algunos gráficos a modo de ejemplo del análisis que se debería realizar sobre la interdependencia económica. Dichos gráficos se toman de las Directrices sobre clientes vinculados de la Autoridad Bancaria Europea, publicado en 2018.
Para la identificación de los grupos, las entidades primero deben revisar las situaciones de control, conformación de un grupo empresarial o conglomerado financiero. Una vez realizada esta identificación, los establecimientos deberán evaluar las contrapartes que harían parte de los grupos anteriormente identificados por el criterio de interdependencia económica.
Es imprescindible que los establecimientos tengan un conocimiento de sus clientes y realicen la debida diligencia en el otorgamiento de la financiación o en la decisión de inversión, para identificar las relaciones con otras contrapartes previo a efectuar la operación, con el fin de no exceder el límite. Además, debe ser un proceso sistemático, en la medida en la que exista disponibilidad de información, para evitar el sobrepaso del límite, por ejemplo, ante nuevos desembolsos.
Si bien, los establecimientos de crédito deben realizar una investigación exhaustiva en la identificación de los grupos, en determinadas circunstancias y de forma posterior a la identificación, se pueden exceptuar del límite las exposiciones con alguna contraparte y no incluir dicha contraparte en un grupo conectado de contrapartes, bajo los criterios de interdependencia económica descritos anteriormente, siempre y cuando el establecimiento evidencie, como resultado de un análisis técnico, que dicha contraparte podría superar los problemas financieros, o incluso la insolvencia, como consecuencia de problemas financieros similares de otra contraparte o contrapartes del grupo, si encontrara socios comerciales o fuentes de financiación alternativos dentro del periodo de un año.
Los soportes del análisis técnico deben quedar a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia. El estándar internacional del BCBS propone esta disposición con el objetivo de que las entidades puedan excluir contrapartes de los grupos y liberen cupo, en los casos descritos, debido a que no siempre es cierto que ante la interdependencia económica los problemas financieros de una contraparte se transfieran a otra, y esta última puede superar sus problemas financieros en un tiempo adecuado.
Aunque la definición de criterios amplios permite no perder vigencia en el corto plazo, el desarrollo del sistema financiero podría llevar a escenarios que no se hayan contemplado. En esa medida, resulta relevante que la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de instrucciones, pueda definir otra circunstancia que amerite la constitución de grupos conectados de contrapartes. La definición debe acompañarse de un análisis técnico previo que justifique la existencia de riesgo común.
Financiación especializada de proyectos
El Decreto 1477 de 2018 estableció criterios para identificar a la “Financiación especializada de proyectos” y, criterios adicionales para los denominados “financiación especializada de proyectos de alta calidad”, para los cuales se definen ponderadores particulares en el marco de requerimientos de capital basado en riesgos.
Estas disposiciones, contenidas en el artículo 2.1.1.3.3 del Decreto 2555 de 2010, apuntan a identificar proyectos que requieren financiamiento y que han sido estructurados de una manera tal que existen ciertas prerrogativas a los establecimientos de crédito que actúen como acreedores, así como unas condiciones mínimas que garanticen un manejo separado, técnico e independiente de estos proyectos respecto de quienes aportan recursos para su etapa de construcción. Se considera “financiación especializada de proyectos” aquella que se otorga a proyectos que cumplen las siguientes condiciones:
1. Que sea otorgada a un vehículo de propósito especial o a una entidad creada específicamente para financiar u operar activos tangibles, no financieros, distintos de inmuebles.
2. Que el prestatario tenga poca o ninguna otra actividad o fuente de ingresos y, por tanto, no tenga capacidad independiente de pago de las obligaciones. Los recursos para el pago de la financiación provienen principalmente de los ingresos generados por los activos financiados.
3. Que los términos contractuales otorguen a los acreedores los derechos económicos sobre los activos y sobre los ingresos generados.
4. Adicionalmente, se considera “financiación especializada de proyectos de alta calidad” a la que, además de cumplir los numerales anteriores, cumpla lo siguiente:
a. Que limite la capacidad del prestatario de incrementar su endeudamiento sin consentimiento de sus actuales acreedores.
b. Que contemple la existencia de reservas suficientes o alternativas de financiación para cubrir contingencias o requisitos de liquidez de corto plazo.
c. Que los ingresos generados por los activos financiados no estén sujetos a oscilaciones en la demanda o que existan mecanismos para la mitigación del efecto de dichas oscilaciones sobre los ingresos.
d. Que las condiciones contractuales salvaguarden los derechos de los acreedores ante incumplimientos o ante la cancelación del proyecto.
e. Que la mayoría de los ingresos provengan de gobiernos, bancos centrales, otras entidades del sector público o grandes empresas, con porcentaje de ponderación igual o menor a 80% según el artículo 2.1.1.3.2 del presente decreto.
f. Que los términos contractuales contemplen la toma de posesión de los activos y contratos necesarios para operar el proyecto por parte de los acreedores, con sujeción al régimen legal aplicable
En Colombia, los grandes proyectos de infraestructura han sido desarrollados a partir de un conjunto reducido de “patrocinadores” (conocidos como sponsors), dado el tamaño considerable de las inversiones requeridas para adelantar la etapa de construcción de estos. Lo anterior implica que un mismo “patrocinador” puede participar, con su capital, en más de uno de estos proyectos, lo que a su vez puede derivar, de acuerdo con los criterios para conformar grupos conectados de contrapartes, en situaciones en las que varios proyectos de este tipo conformen un mismo grupo conectado de contrapartes cuando tengan un “patrocinador” mayoritario común.
Al respecto, las condiciones que definen una “financiación especializada de proyectos de alta calidad” señalan claramente que cada proyecto, por separado: i) se constituye como un vehículo o entidad independiente; ii) cuenta con los recursos, reservas o alternativas de financiación para soportar la etapa de construcción de los activos objeto de cada proyecto; iii) cuenta con una fuente de ingresos propia para honrar el pago de las obligaciones, que provienen de los activos objeto de financiación
De esta manera, el incumplimiento o problemas financieros en uno de los proyectos no está, en principio, asociado a un incumplimiento o problema financiero en otro proyecto, aun cuando cuenten con un “patrocinador” mayoritario común. La agregación de las exposiciones crediticias de más de un proyecto de este tipo, cuando tengan un “patrocinador” mayoritario común, puede a su vez limitar la capacidad de los establecimientos de crédito para participar en la financiación de estos, dejando por fuera a un actor importante en la búsqueda de recursos para desarrollar estos proyectos.
Por lo anterior, la propuesta contempla una excepción para la conformación de grupos conectados de contrapartes, cuando se trate de financiación especializada de proyectos de alta calidad, siempre que cumplan las condiciones contempladas en la propuesta, para así evitar que las exposiciones derivadas de la financiación de estos se agreguen cuando estos cuenten con patrocinadores comunes, sean estos últimos accionistas, consorciados, miembros de uniones temporales o miembros de otro vehículo de asociación.
Definición de gran exposición
Se define un umbral a partir del cual se identifiquen aquellas situaciones sobre las cuales los establecimientos de crédito deben tener políticas, sistemas y controles que permiten medir, monitorear, reportar y asegurar una buena gestión las grandes exposiciones, así como un límite máximo de exposición. Se propone usar el 10 % de la base del patrimonio (que en la propuesta es la suma del PBO y el PBA).
Para este cálculo se tienen en cuenta la suma de las exposiciones que el establecimiento asuma con una contraparte o con un grupo de contrapartes conectadas. Además, se actualiza la base del patrimonio usado para definir el límite a las grandes exposiciones, siendo ocho veces la suma de la base del patrimonio.
Límite máximo de exposición con un grupo conectado de contrapartes Se plantea la definición de un único límite para la exposición máxima con un grupo conectado de contrapartes del 25% de la base del patrimonio definida en el numeral 4.1.1. Se considera que los análisis técnicos del BCBS son robustos para anclarnos al mismo límite.
Además, los análisis cuantitativos previos hechos al interior de la Unidad no parecen señalar que sea un límite que restrinja el otorgamiento de financiamiento, por dos razones:
i) deja espacio a las entidades para aumentar de forma prudente la exposición a los grupos conectados de contrapartes; y
ii) se reconocen las garantías para disminuir el valor de exposición. En línea con las recomendaciones del FSAP sobre la gestión del riesgo con partes relacionadas, la URF considera que el límite a la exposición del establecimiento de crédito a todos los accionistas o asociados, o quienes tengan inversión directa o indirecta, en los términos del artículo 2.1.1.1.14 del presente decreto en su capital, igual o superior al 20%, deberá mantenerse en el 20% de la suma del patrimonio básico ordinario neto de deducciones y el patrimonio básico adicional.
Cumplimiento de los límites
Siguiendo las recomendaciones del FSAP, se considera adecuado que el cumplimiento de los límites debe ser permanente a nivel individual y consolidado, de la misma forma en que está dispuesto el alcance para los márgenes de solvencia de los establecimientos de crédito.
https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-186954%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased