Jue. 07 de Jul. de 2022

Gobierno - Agricultura. Informe sectorial del balance de cierre de gestión (2) Temas y avances normativos

De los avances registrados en el Sector Agricultura al respecto se destaca la expedición del Decreto 211 del 14 de febrero de 2020 por medio del cual se reglamenta lo correspondiente al establecimiento de seguros paramétricos, el amparo del lucro cesante y se habilita a las personas jurídicas de derecho público para que sean tomadoras, asegurados y/o beneficiarios del seguro agropecuario paramétrico.

Adicionalmente, otro logro alcanzado es la expedición del Decreto 2228 del 5 de diciembre de 2019 a través del cual, se reglamenta el Fondo de estabilización de precios del café.

Es importante resaltar que este novedoso instrumento de protección de precios arrancó con un presupuesto de $218 mil millones, al cual contribuyó el Gobierno tanto con recursos del presupuesto nacional como de los caficultores por medio del Fondo Nacional del Café (FNC), cuenta parafiscal que se nutre de la contribución cafetera.

Con este decreto se dan los lineamientos para la estructuración del Fondo estabilización del Café, el cual permitirá a los caficultores contribuir a estabilizar el ingreso de los productores cafeteros, que impactará de manera positiva a más de 540 mil familias cafeteras, al lograr establecer mecanismos de estabilización del ingreso cafetero en momentos de crisis causados por caídas del precio interno de la carga de café.

Por otro lado, se logró la reglamentación del artículo 229 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con las compras públicas de alimentos, mediante el establecimiento de un esquema de puntajes adicionales cuando se presenten contratos de proveeduría suscritos con productores agropecuarios locales para atender, y de la demanda de los programas institucionales de servicios de alimentación, así como de la integración y funciones de la Mesa Técnica Nacional de Ley 2046 de 2020 sobre Compras Públicas Locales de Alimentos.

De igual manera, con el fin de promover la inclusión social y económica de los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, se expidió el Decreto 248 “Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015.

Por otra parte, se expidió el Decreto 087 de 27 enero de 2021 que reglamenta el sistema y método para la determinación de las tarifas de los servicios que presta el ICA, según cada uno de los hechos generadores previstos en el artículo 158 de la Ley 1955 de 2019, con el objeto de recuperar los costos de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario, también se determinaron los elementos esenciales de este tipo de renta no tributaria, tales como sujeto activo, sujeto pasivo y hechos generadores.

Asimismo y tomando en consideración que desde tiempo atrás se había identificado la necesidad de conferir al ICA, una mayor capacidad sancionatoria frente a la ilegalidad y a los incumplimientos de la normatividad sanitaria y fitosanitaria, se incluyó el artículo156 de la Ley 1955 de 2019, el cual establece que “El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)...”; constituyéndose lo anterior, como un logro para la misionalidad de dicha entidad, pues por primera vez se otorga una prerrogativa legal que permite sancionar todos los eventos donde se infrinjan las normas del ICA, conforme los principios de legalidad y tipicidad y adicionalmente se le faculta con la posibilidad de obtener recursos propios por esta vía.

De otra parte, se encuentra la expedición del Decreto 1678 del 17 diciembre de 2020 que reglamenta el artículo 260 de la Ley 1955 de 2019, el cual dispone que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la entidad responsable de adelantar labores de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de adecuación de tierras. En ese orden, se establecen los sujetos pasivos, el procedimiento, las funciones de inspección, vigilancia y control y las medidas preventivas y sancionatorias. Este decreto ha permitido establecer el marco para el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control del servicio público de adecuación de tierras en aras de cumplir las finalidades del Estado y garantizar los derechos de los usuarios del servicio. Como resultado, se ha adelantado el proceso de inspección de más 500 distritos en riego en la vigencia 2020.

De igual manera, con el fin de promover la inclusión social y económica de los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, se expidió el Decreto 248 “Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015. Por otra parte, se expidió el Decreto 087 de 27 enero de 2021 que reglamenta el sistema y método para la determinación de las tarifas de los servicios que presta el ICA, según cada uno de los hechos generadores previstos en el artículo 158 de la Ley 1955 de 2019, con el objeto de recuperar los costos de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario, también se determinaron los elementos esenciales de este tipo de renta no tributaria, tales como sujeto activo, sujeto pasivo y hechos generadores.

Asimismo y tomando en consideración que desde tiempo atrás se había identificado la necesidad de conferir al ICA, una mayor capacidad sancionatoria frente a la ilegalidad y a los incumplimientos de la normatividad sanitaria y fitosanitaria, se incluyó el artículo156 de la Ley 1955 de 2019, el cual establece que “El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)...”; constituyéndose lo anterior, como un logro para la misionalidad de dicha entidad, pues por primera vez se otorga una prerrogativa legal que permite sancionar todos los eventos donde se infrinjan las normas del ICA, conforme los principios de legalidad y tipicidad y adicionalmente se le faculta con la posibilidad de obtener recursos propios por esta vía.

De otra parte, se encuentra la expedición del Decreto 1678 del 17 diciembre de 2020 que reglamenta el artículo 260 de la Ley 1955 de 2019, el cual dispone que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la entidad responsable de adelantar labores de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de adecuación de tierras.

En ese orden, se establecen los sujetos pasivos, el procedimiento, las funciones de inspección, vigilancia y control y las medidas v preventivas y sancionatorias.

Este decreto ha permitido establecer el marco para el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control del servicio público de adecuación de tierras en aras de cumplir las finalidades del Estado y garantizar los derechos de los usuarios del servicio.

Como resultado, se ha adelantado el proceso de inspección de más 500 distritos en riego en la vigencia 2020.

A su turno, se expidió el Decreto 279 del 25 de febrero de 2022, donde el MADR, reglamenta el artículo 259 de la Ley 1955 de 2019 en relación con el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) creado mediante la Ley 41 de 1993. Este decreto permite la reactivación del FONAT como el principal instrumento de financiamiento de proyectos de distritos de adecuación de tierras o distritos de riego por parte del Gobierno Nacional, así como la función de mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados para el servicio público de adecuación de tierras, y contribuir al apalancamiento y articulación de los recursos de la Nación con los recursos de las Entidades Territoriales.

Otra de las apuestas importantes en materia legislativa fue la expedición de la Ley 2071 del 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial.” Esta Ley adopta medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de los pequeños y medianos productores agropecuarios afectados por fenómenos no controlables, así como, mecanismos de condonación y saneamiento de cartera para usuarios de los 14 Distritos de Adecuación de Tierras a mediana y gran escala, propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural 10.

Asimismo, se expidió la reglamentación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras 11 (SIAT), el cual está definido como un aporte estatal no reembolsable que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento de proyectos productivos; y así facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, para permitir con ello, la articulación entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió las resoluciones 239 de 2021 12 y 00265 de 2021 con el fin de culminar la reglamentación del programa.

De otra parte, el Decreto 1824 de 2020 tiene como objeto la reglamentación del procedimiento de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas, el cual suple un vacío normativo que se originó desde el año 2007 con la expedición del Artículo 20 Decreto 4983 de 2007, y que es de suma importancia, ya que desde hace más de 15 años existen procedimientos y solicitudes de clarificación que por la ausencia del mencionado procedimiento se encontraban en un limbo jurídico.

Adicionalmente, se tiene la expedición del Reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), por parte de la Agencia de Desarrollo Rural. Es importante resaltar que mediante la estructuración, cofinanciación e implementación de estos proyectos PIDAR se ejecuta parte de la política de desarrollo rural del país, expresado en acciones como incentivar la generación de ingresos, aumentar los excedentes de producción, y mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales.

Asimismo, se expidió la Resolución No. 382 de 2021, “Por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural”, para dar cumplimiento a los numeral 1.1.1 y 1.1.5 del Acuerdo Final de Paz.

Este plan establece los lineamientos, estrategias y recursos necesarios para garantizar el acceso a la tierra, seguridad jurídica y racionalización masiva de la propiedad rural. Su elaboración estuvo a cargo de un equipo técnico que articuló entidades como la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el DNP, el MADR, la ANT, la UPRA y la ART.

De igual modo, se aprobó en el Consejo Directivo de la ANT la guía metodología para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) por unidades físicas homogéneas a escala municipal. Asimismo, se derogó el Acuerdo 14 de 1995 expedido por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), fijando excepciones a la UAF en la titulación de terrenos baldíos de la Nación.

El cálculo de la UAF resulta importante para racionalizar la dotación de tierras de aprovechamiento agropecuario que administra la Agencia Nacional de Tierras, bajo criterios de equidad, condiciones de seguridad jurídica y en coherencia con la frontera agrícola, orientada al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad rural.

Igualmente, el Consejo Directivo de la ANT reglamentó la administración de los predios baldíos que constituyen reserva territorial identificados como islas, islotes y cayos. Esta administración se realiza de dos maneras: la administración bajo uso remunerado a través de contrato de arrendamiento y la administración bajo uso gratuito mediante contrato de comodato y contrato de uso.

En igual sentido, se expidió el Decreto 1731 de 2021 que modificó y adicionó el Decreto 1071 de 2015 para reglamentar la operación del Fondo de Fomentopara las Mujeres Rurales, creado por la Ley 731 de 2002.

Asimismo, mediante la Ley 2078 de 2021, se prorrogó la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, por 10 años de vigencia. La CorteConstitucional mediante Sentencia C-588 de 2019, reconoció una relación significativa entre la Ley 1448 de 2011 y la efectividad de Acuerdo Final, a partir de una serie de remisiones expresas e implícitas en la normatividad expedida con ocasión de este último, al punto de entender incorporada aquella en su proceso de implementación.

A su turno, el Consejo Directivo de la Unidad de Restitución de Tierras, expidió el Acuerdo No. 46 de fecha 16 de julio de 2019 “Por medio del cual se establecen los criterios generales para el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierras relacionadas con la implementación del Programa de Proyectos Productivos de la Unidad”.

Al respecto, es preciso señalar que el mencionado Acuerdo tiene como objeto formular los criterios generales al interior de la Unidad, para el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados de restitución de tierras relacionadas con la implementación de Proyectos Productivos para la población beneficiaria y segundos ocupantes.

Igualmente, el Gobierno Nacional con el liderazgo del Sector Agricultura y Desarrollo Rural, promovió el establecimiento de medidas que permitan garantizar el acceso a insumos agropecuarios como bienes esenciales para la producción de alimentos, a través de la expedición de la Ley 2183 de 2022 Ley de Insumos Agropecuarios.

En este sentido, el MADR tiene como principal reto la reglamentación del artículo 19 de la mencionada Ley, con la cual se crea el Fondo para el Acceso a los insumos Agropecuarios.

Así las cosas, Colombia se convirtió en el primer país en tener una ley que le permite reducir los costos de producción y fortalecer la transición ecológica hacia una agricultura más sostenible. Esta iniciativa permitió contar con un fondo para pequeños y medianos productores, inicialmente por $80.000 millones, que se financia en el primer año con el 10 % de las utilidades del Banco Agrario de Colombia y otras fuentes del Estado. Además, incluyó 0% de arancel a las importaciones de insumos agropecuarios con el fin de mejorar la rentabilidad de campesinos y productores, todo esto con el fin de ayudarle a los productores a mejorar el acceso a los insumos y con esto su rentabilidad.

Con motivo de la Ley de Insumos Agropecuarios se crea el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios (SINIA), la Mesa Nacional de Insumos Agropecuarios, la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios, el Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios. En este marco se fortalece la competencia de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, facultándola para imponer sanciones hasta por 1500 SMMV; de igual manera, se habilitan canales de comunicación para que la ciudadanía pueda presentar denuncias de especulación de insumos agropecuarios y alimentos de primera necesidad y se establecen beneficios de reducción arancelaria.

Finalmente, en materia de pesca y acuicultura se expidió el Decreto 1835 de 2021 por medio del cual se modifican, adicionan y derogan algunas disposiciones de la Parte 16 del Libro 2, del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con la administración, ordenación y fomento de la Pesca y la Acuicultura.

Este ámbito de aplicación reglamenta: los recursos pesqueros y la clasificación de la pesca, la conformación del Subsector Pesquero, la investigación, la extracción, el procesamiento y la comercialización, la acuicultura, los modos de adquirir derecho para ejercer la actividad pesquera, las tasas y los derechos, las artes y aparejos de pesca, las vedas y las áreas de reserva, el acompañamiento técnico en pesca y acuicultura, el Registro General de Pesca y Acuicultura, la coordinación interinstitucional, el Servicio Estadístico Pesquero, el régimen de los pescadores, los incentivos a la actividad pesquera, las infracciones, prohibiciones y sanciones, entre otros.

Desde la aprobación de la Ley 1955 de 2019 en donde se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el Gobierno Nacional ha manifestado su interés en el desarrollo integral de una política ambiental.

Es por eso que, durante el periodo de Gobierno, a través del CONPES se aprobaron cinco documentos para avanzar en este propósito, estos son:

i. Política de Crecimiento Verde (3934);

ii. Colombia potencia bioceánica sostenible (3990);

iii. Política Nacional para el control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques (4021),

iv. Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (4050),

v. Política pública para reducir las condiciones de riesgo de desastres y adaptarse a los fenómenos de variabilidad climática (4058)

Como se presenta en la primera parte del Gráfico 12, para el documento de crecimiento verde (3934) hay 9 acciones que se cumplieron en su totalidad, entre estas se destacan:

i) la creación de instrumentos de financiación específicos para pequeñas y medianas empresas de los clústeres forestales, en el marco de la línea de economía forestal;

ii) la definición de los lineamientos para la creación de la Línea Especial de Crédito para Proyectos y/o Actividades Sostenibles Agropecuarias;

iii) la incorporación del enfoque de manejo sostenible de tierra y prácticas agroecológicas en el desarrollo de nuevas ofertas tecnológicas; y

iv) la definición de los lineamientos de la creación del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para Proyectos de Inversión Sostenibles Agropecuarios, lo anterior en el marco de la línea de productividad del suelo; entre otras.

Dentro de las últimas políticas aprobadas por el CONPES está la relacionada con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (4050), y la Política pública para reducir las condiciones de riesgo de desastres y adaptarse a los fenómenos de variabilidad climática (4058), cuyas acciones no han iniciado ejecución.

En la segunda parte del Gráfico 12, se observa que en los documentos de potencia bioceánica (3990) y deforestación (4021) hay un gran porcentaje de acciones habilitadas para reporte de avance en el primer semestre de 2021 que no finalizaron su ciclo de aprobación.

En el documento CONPES 3990 la formalización de la actividad de la pesca artesanal marino-costera, se encuentra al día, y cuatro acciones de las seis incluidas bajo la responsabilidad del Sector no tienen información de avance para el último corte de seguimiento y una de las acciones que reporta se encuentra en estado de atrasada, esta hace referencia a la actualización del conocimiento científico y técnico del estado de los recursos pesqueros.

Para el caso del documento CONPES 4021 tres acciones de ocho están sin reporte, y de las cinco reportadas, todas se encuentran en estado atrasado, entre las que se destacan:

i) desarrollar procesos de otorgamiento de derechos de uso sobre predios baldíos inadjudicables ubicados en Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959;

ii) realizar el ordenamiento social de la propiedad en los municipios programados para atención por oferta de la ANT y que hagan parte del grupo de municipios identificados como núcleos de deforestación; y

iii) desarrollar una estrategia para integrar criterios de manejo forestal sostenible y desarrollo rural agroambiental en los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria, de los departamentos con alta deforestación.

En el caso de la política de crecimiento verde (3934) la tasa de reporte es un poco mayor, de las 13 acciones reportadas, no obstante, al segundo semestre de 2021, 5 acciones se encuentran al día, 8 se encontraban en estado atrasado y 7 no fueron reportadas.

Dentro de las acciones que se encuentran al día se destaca la incorporación de elementos de crecimiento verde en la Agenda Dinámica de Investigación que AGROSAVIA ha venido desarrollando en materia de agroforestería y el desarrollo de modelos productivos para los sistemas de producción que potencian el crecimiento verde y una agricultura climáticamente inteligente.

Dentro de las acciones en estado de atraso se encuentran:

i) la reforma del Certificado de Incentivo Forestal (CIF) para mejorar criterios de asignación y capacidad de acompañamiento técnico;

ii) el fortalecimiento del enfoque ambiental del servicio de extensión agropecuaria, en el marco de la Ley 1876 de 2017; y

iii) el desarrollo de un programa de acreditación de actividades agropecuarias priorizadas que incorporen buenas prácticas y tecnologías orientadas al crecimiento verde, de manera articulada con el Decreto 1595 de 2015 y el Subsistema Nacional de la Calidad; entre otras.

Finalmente, de las 51 acciones a cargo del Sector, el 70,6% continúan su ejecución en el siguiente periodo de gobierno.

Adicional al trabajo realizado a través de los documentos CONPES referenciados, se destaca que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incluyó en el PND 2018-2022, en su Pacto por la Sostenibilidad: Producir conservando –conservar produciendo, compromisos y metas sectoriales con la sostenibilidad de la producción agropecuaria y la mitigación del cambio climático, con miras al cumplimiento de las metas y compromisos adquiridos a nivel internacional; especialmente en el marco del Acuerdo de París.

El indicador definido para los sectores resilientes y adaptados, en el caso del sector agropecuario está relacionada con la implementación de áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático que presenta un avance del 61,1% respecto a la meta de cuatrienio establecida en (398.175 hectáreas).

Durante el año 2021 se avanzó de manera significativa en este indicador pues se logró el objetivo de los convenios entre el MADR y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y la FAO de adelantar acciones de sostenibilidad de la producción en más de 28.000 hectáreas de cultivos de caña de azúcar, caña panelera, banano, maíz, arroz, papa y hortalizas.

A lo anterior se suman las gestiones adelantadas ante el Fondo Verde del Clima para la aprobación del Proyecto “Iniciativas climáticamente inteligentes para la Adaptación al Cambio climático y la Sostenibilidad en sistemas productivos priorizados (arroz, maíz, papa, banano, caña de azúcar y panelera, café y ganadería de carne y de leche”, el cual será la apuesta del sector agropecuario para enfrentar los impactos y efectos del cambio climático.

Se anexa el archivo.