Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 01 de Dic. de 2022
Gobierno-Plan de Desarrollo. Colombia. Potencia Mundial de la Vida. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Transporte e infraestructura
12. Sistemas de transporte público urbanos y regionales para garantizar el acceso de la población a los bienes, servicios y oportunidades de las ciudades y aglomeraciones urbanas. Se continuará, con el fortalecimiento y la implementación de los sistemas de transporte público de pasajeros que contribuyan a mejorar el acceso a los bienes, servicios y oportunidades, bajo un enfoque diferencial, para que sean una opción de transporte accesible, asequible y sostenible.
a. Aumento de la oferta de transporte público urbano y regional con esquemas tarifarios diferenciales. Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) entrarán en funcionamiento y el Gobierno nacional apoyará técnica y financieramente la estructuración e implementación de nuevos sistemas o proyectos de transporte público limpios., que cuenten con esquemas tarifarios diferenciales con subsidios y subvenciones que consideren la capacidad de pago de los segmentos de población más vulnerables.
b. Financiación sostenible de los sistemas de transporte público. El Gobierno nacional desarrollará un marco jurídico para que las autoridades locales estructuren, adopten e implementen nuevas fuentes de pago y financiación para lograr la sostenibilidad financiera de estos sistemas.
c. Mejoramiento de la calidad y seguridad del servicio de los sistemas de transporte público con enfoque diferencial. El Gobierno nacional desarrollará normas para dotar a las autoridades territoriales de mecanismos para mitigar las principales problemáticas que afectan la operación de los sistemas de transporte público como la evasión y elusión de la tarifa, el uso inadecuado de los carriles exclusivos y preferenciales y todas las formas de violencia, exclusión y discriminación hacia las mujeres (y otros grupos de población).
13. Consolidación de la red de infraestructura y de transporte seguro al servicio de la población. El país contará con una red de infraestructura regional y social, basada en corredores carreteros y fluviales, así como servicios aéreos, que permitirá la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios y acceso a bienes e insumos de cadenas logísticas asociadas a salud pública, ingresos laborales y servicios educativos.
a. Intervención de vías terciarias, terminales fluviales y aeródromos. Con el fin de avanzar hacia una conectividad de todos los municipios se intervendrá la red de transporte en tres partes:
(a) el mejoramiento de instalaciones portuarias fluviales,
(b) vías terciarias, y
(c) aeródromos, con principios de equidad, cobertura y accesibilidad a los nodos principales de oferta de salud, educación y empleo.
En ese sentido, se propone establecer una metodología que permita la identificación de los principales requerimientos por municipio a partir de la revisión de criterios de funcionalidad, acceso a servicios, conectividad cultural y regional para priorizar las intervenciones en las zonas con menor conectividad y mayores dificultades de acceso a bienes y servicios.
b. Convenios solidarios: Con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades a partir de la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales, se desarrollarán proyectos de infraestructura carretera mediante la suscripción de convenios solidarios.
Se propone que mediante la celebración de convenios con las Organizaciones de Acción Comunal se ejecuten obras que impacten en el mejoramiento de la conectividad de las personas, generen empleo y sirvan como una herramienta de fortalecimiento de capacidades comunitarias y acceso a capacitación y educación.
Para ello,
(a) se elaborará una estimación de inversiones junto con la identificación y clasificación de las intervenciones;
(b) se desarrollará un perfil de proyectos y un análisis tanto de fuentes de pago disponibles como de fuentes alternativas de recursos.
Con lo anterior, se identificarán las fuentes de recursos para la intervención de los proyectos (carreteros o fluviales) para su desarrollo haciendo uso de las fuentes disponibles.
d. Implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Se implementará el Plan Nacional de Seguridad vial 2022-2031 a través de sus ejes de vehículos seguros, infraestructura segura, comportamiento y velocidades, y se apoyará a las entidades territoriales en la formulación e implementación de los Planes Locales de Seguridad Vial, así como en su armonización con otros instrumentos de planeación. Se promoverá la utilización de medios de transporte con menores tasas de siniestralidad vial.
Mié. 30 de Nov. de 2022
Gobierno-Plan de Desarrollo. Colombia. Potencia Mundial de la Vida. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Educación
Primera infancia feliz y protegida. Se realizará por primera vez en el país un seguimiento longitudinal y atención integral de calidad a una cohorte de niños nacidos a partir del 7 de agosto de 2022, la “Generación de la Paz. Se buscará que esta cohorte de niños logre una garantía de tránsitos armónicos, pertinentes y de calidad en su trayectoria educativa con docentes suficientes, cualificados y en condiciones dignas.
Para avanzar de manera progresiva en la universalización de la atención integral a la primera infancia, se plantea pasar de 1.9 millones de niños de 0 a 5 años atendidos en el último cuatrienio a 2.7 millones de niños en los próximos cuatro años, en el marco de una atención integral en articulación con el Sistema Nacional del Cuidado.
Se contará con atención desde la oferta de ICBF y del sector educativo, para así garantizar que la primera infancia crece en condiciones de amor, juego, protección, la música y el arte.
Educación. Ambientes de aprendizaje para el desarrollo comunitario, la vida y la paz. Se formulará e implementará un nuevo plan nacional de infraestructura educativa con perspectiva de sostenibilidad y pertinencia regional que oriente recursos y esfuerzos desde distintos actores para el avance de la infraestructura física y tecnológica en la educación preescolar, básica, media y superior.
Se plantean además, cambios asociados a rediseño de la jornada escolar en torno a una formación integral en artes, deporte, ciencia, ciudadanía y educación para la paz con distintas herramientas para fortalecer las capacidades de las instituciones y las experiencias en torno a estos temas. Se reformulará la carrera docente y se revisarán los criterios de evaluación docente.
Movilización social por la educación en los territorios y la superación de los analfabetismos. A fin de reducir los efectos negativos causados por la pandemia, que han profundizado la crisis en los aprendizajes, se realizará como medida de choque una gran movilización de decenas de miles de estudiantes universitarios, especialmente de licenciaturas y de las Escuelas Normales Superiores, para que apoyen voluntaria y solidariamente el proceso educativo de los estudiantes de preescolar, básica y media, basados en un modelo de aprendizaje dialógico.
El Voluntariado podrá hacerse en el marco de las prácticas profesionales en tiempo completo con desplazamiento a territorio o a tiempo parcial de manera presencial o virtual a través de una plataforma segura. Lo anterior, además de tener impacto en los aprendizajes, busca contribuir a dar sentido y realidad a las experiencias de aprendizajes de los estudiantes universitarios, y apoya a las comunidades
educativas a revitalizar la Escuela, y a posicionarla como epicentro de la transformación social y cultural.
Otros de los proyectos propuestos en el tema de educación son los cambios a los currículos para que tengan una orientación a crear puentes entre la escuela y las realidades sociales. La educación media para la construcción de proyectos de vida, con una estrategia multicampus, entre las ETDH, IES, y el SENA. Se fortalecerán los procesos de formación docente, y se revisará el PAE para que sea más equitativo en el territorio y contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la escuela.
Para tal fin, se avanzará en el incremento progresivo de la cobertura del PAE hasta alcanzar la universalidad, garantizando la atención durante todo el año escolar, incluyendo los periodos de receso académico en las regiones priorizadas, como estrategia para contribuir al derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada de los escolares, dando prioridad a las modalidades preparadas en sitio que favorezcan un mejor aporte nutricional y la movilización de las economías locales.
Sobre educación superior, se entregarán 500 mil nuevos cupos, con un enfoque regional y de cierre de brechas, permitiendo que más jóvenes accedan progresivamente a la educación superior, acompañados de planes para fomentar la permanencia y la graduación, priorizando a los provenientes de contextos vulnerables, municipios PDET y ruralidad dispersa.
Otro de los programas es la consolidación del sistema de educación superior, priorizando sectores asociados a bioeconomía, energías renovables, turismo ecológico, producción de vacunas, servicios de salud con enfoque a una economía para la vida y con miras a las energías renovables, así como la agricultura, y otros vinculados a la Cultura, la economía del cuidado, el deporte, la recreación y la actividad física, que serán de relevancia para el desarrollo de la industria nacional, la economía popular y del campo colombiano.
Se contará con una reforma al ICETEX transformando su lógica bancaria actual para orientarlo en su propósito como la entidad del fomento social de la educación superior por el cual fue creado, definiendo esquemas de financiación adecuados a la capacidad de pago de los estudiantes.
Se realizará la vigilancia en todas las IES del país incluyendo el fortalecimiento e implementación de una estrategia para la correcta conservación y destinación de bienes y rentas de las IES
Trabajo
En el tema de políticas de trabajo se destaca lo relacionado con la política de trabajo decente en el campo. El Gobierno nacional, en el marco de la Política Nacional de Trabajo Decente, desarrollará los lineamientos para el trabajo en el sector rural, en los cuales se promoverá la adaptación de la protección social y laboral para que responda a las particularidades productivas de las zonas rurales, que permita generar ingresos sostenibles y mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales.
Dichos lineamientos desarrollarán: i) el ajuste de la oferta de formación para el trabajo y emprendimiento para fortalecer la economía campesina;
ii) el diseño un modelo de aseguramiento de protección de riesgos laborales para la población laboral vulnerable en el sector rural, que contemple prestaciones económicas y asistenciales de acuerdo con la siniestralidad del sector;
iii) acciones de fomento y prevención de riesgos laborales en mujeres rurales que laboran en actividades agrícolas, pesqueras y artesanales, promoviendo la paz y la justicia social para aportar a
la reducción de la informalidad y la garantía de la Seguridad Social en esta población, con
criterios de convergencia regional.
Adicionalmente, se fortalecerá el Plan Progresivo de Protección Social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, en trabajo articulado con actores sociales.
Mar. 29 de Nov. de 2022
Gobierno-Plan de Desarrollo. Colombia. Potencia Mundial de la Vida. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo 2. Seguridad Humana y Justicia Social (1)
En este aparte se plantean cinco objetivos asociados a la seguridad humana:
1. Rediseño del sistema de protección social que asegure la oferta necesaria, pertinente y de calidad que permita que hogares en situación de pobreza puedan superar esta condición; y de una reforma a la seguridad social que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez. El cuidado por primera vez hará parte de este sistema.
2. Reconversión laboral y transformación productiva. El país debe contar con los instrumentos y políticas necesarias para responder a la transformación de la economía productiva en oportunidades de generación de ingresos.
3. Educación, salud y agua, fundamentales para la garantizar el desarrollo, bienestar y calidad de vida de ser humano como posibilidad para cualquier persona. La educación, incluso la superior, sea un derecho, garantía del goce efectivo del derecho fundamental de la salud, de forma integral y universal; basado en un modelo de salud predictivo y preventivo que no permita que en el país se presenten muertes prevenibles. Garantía de un mínimo vital de agua en el acceso a agua.
4.Democratización en acceso, uso y apropiación de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología; consolidar la red de infraestructura regional y social y sistemas de transporte publico urbanos y regionales serán fundamentales para lograr avanzar un desarrollo social
incluyente.
5. Protección integral de la vida y la justicia para el cambio social como garantías de la dignidad humana, las libertades y la reconciliación social, serán los motores principales para una Colombia potencia mundial de la vida.
Persisten problemas estructurales que limitan la garantía de los derechos y del bienestar integral de la población:
(a) el país todavía cuenta con una buena parte de la población en condición de pobreza —el 39 % de pobreza monetaria, el 12,2 % de pobreza extrema y el 18,1 % de pobreza multidimensional—;
(b) gran parte de la población está en situación de vulnerabilidad, y ante cualquier choque puede volver a retornar en situación de pobreza (31 %);
(c) persisten problemas de acceso, calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles que limitan las oportunidades de movilidad educativa y social.
El país aún registra muertes prevenibles e inaceptablemente altas; actualmente se registran 65,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Es evidente, entonces, la baja capacidad preventiva y predictiva en atención primaria en salud.
(e) Aún existen hogares sin acceso al derecho de agua potable y saneamiento. Más de 3,2 millones de personas carecen de soluciones adecuadas de agua potable, y de estos el 82 % está ubicado en zonas rurales.
Hoy, 512 municipios suministran agua que no es de calidad; además más de 5 millones de personas no tienen resuelto el manejo de sus aguas residuales.
Aproximadamente el 4,3% del total de la población colombiana son personas con alta dependencia y el 9% de la población colombiana está dedicada a las labores de cuidado directo (DANE, Censo de Población 2018, y ENUT 2020-21).
(a) el 40 % de hogares aún no tienen acceso a Internet (fijo o móvil), y que la gran mayoría, el 71 %, se concentren en zonas rurales;
(b) aún existen regiones del país que no cuentan con una adecuada accesibilidad y conectividad vial —el 41 % de los municipios se encuentra a más de dos horas de las ciudades principales, y aún tenemos
cerca de 58 municipios que no se encuentran conectados a la red vial carretera—.
Para lograr que la población logre una seguridad humana y económica se requiere que accedan a oportunidades de generación de ingresos. No obstante, la estructura productiva e institucional no brinda suficientes oportunidades de trabajo e ingresos, y la mayoría de ocupados tiene empleos de baja calidad, generando amplias desigualdades sociales.
En ese sentido, es importante que desde esta transformación se aborden problemas estructurales del mercado laboral teniendo en cuenta que:
(a) El desempleo, que en el país asciende al 11 %, afecta principalmente a las mujeres y jóvenes —un 14 % frente a un 8,9 % para hombres y un 18,4 % para jóvenes—;
(b) el 58 % de los ocupados son informales que no logran acceder a seguridad social;
(c) altos y persistentes niveles de informalidad empresarial, que se refleja en el índice multidimensional de informalidad empresarial —el 88 % en los últimos tres años—;
(d) el financiamiento sigue siendo una barrera a los emprendimientos y mipymes. Hay una baja recurrencia de los emprendedores al sector financiero, apenas el 9,11 % se endeudó con de un banco, mientras que con recursos propios emprendió el 60,1 %.
Existen debilidades para garantizar y fomentar el ejercicio de los derechos culturales. Es necesario ,consolida una cultura para la paz y luchar contra todas las formas de discriminación social, política, económica y étnica. La escasa valoración y reconocimiento de las diversas practicas artísticas, culturales y patrimoniales, afecta su apropiación, protección y sostenibilidad por parte de las comunidades. Existe inequidad en el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales a nivel nacional. Por ejemplo, de las 3.034 iniciativas ganadoras del Programa Nacional de Estímulos en el periodo 2019-2021, el 52 % se concentraron en 2 departamentos y en Bogotá.
Existe inequidad en el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales a nivel nacional. Solamente el 10,7% de esta población accede a prácticas o escuelas deportivas (fútbol, gimnasia, natación, tenis, atletismo, etc.).
Los sistemas integrados de transporte masivo (SITM) en operación presentan problemas estructurales que afectan la continuidad y la calidad del servicio.
Entre el segundo trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022 pasaron de movilizar trimestralmente 540 millones de pasajeros a 450 millones de pasajeros, perdiendo 90 millones de pasajeros por trimestre, afectando así su sostenibilidad y la accesibilidad del servicio, principalmente de las personas más vulnerables. Durante 2021 se registraron 7.434 personas fallecidas en siniestros viales, de las cuales el 59,8 % corresponde a usuarios de moto.
Para superar las distintas formas de violencia, se requiere superar los factores asociados a los cultivos ilíticos, los grupos multicriment, el desplazamiento forzado, reclutamiento forzado y minas antipersona, y la percepción de aumento de la inseguridad. Entre los principales indiacadores están:
(a) Bajos niveles de acceso de las personas a la justicia, dado que solo el 18% de los problemas justiciables civiles declarados entre 2018 y 2020 fue solucionado; además, el 44,92% de las personas que tuvieron al menos un problema justiciable no hicieron nada para solucionarlo.
(b) Altos niveles de impunidad, entre enero de 2018 y octubre de 2022, tan solo 17 de cada 100 procesos por homicidios dolosos fueron condenados.
(d) PEl índice de congestión judicial es, con un 56 % mantenido entre 2018-2021; ello significa que en promedio, por cada 100 procesos judiciales nuevos o acumulados, 56 quedaron sin evacuar o resolver.
(d) Altos niveles de población intramural a espera de una condena; entre 2018 y 2022, el promedio de la población sindicada intramural fue del 26%, que refleja una baja capacidad para impartir decisiones por parte del sistema judicial y que impacta el sistema penitenciario y carcelario.
(e) Rezago en la justicia transicional para consolidar el proceso judicial especial e implementar efectivamente sanciones propias y medidas de contribución a la reparación; De los 10 macrocasos que comprenden 334.370 víctimas acreditadas, solo se ha expedido una resolución de conclusiones, e imputado a 11 personas por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Lun. 28 de Nov. de 2022
Gobierno-Plan de Desarrollo. Colombia. Potencia Mundial de la Vida. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua (1)
El PND 2022-2026 le da una prioridad clara al ordenamiento territorial debido al rol central que tiene en la articulación del resto de las transformaciones. La mirada integral al territorio permite tener una visión amplia de los retos colectivos. El Plan busca que el ordenamiento del territorio colombiano sea compatible con un desarrollo sostenible.
En este proceso es fundamental recuperar el agua en todas sus dimensiones (transporte fluvial, acueductos, protección contra las inundaciones y sequías). a transformación también avanzará hacia el cierre de las brechas de desigualdad en la tenencia, resolución de conflictos por el uso y disponibilidad de la tierra y del agua.
El ordenamiento territorial juega un papel central en la búsqueda de la paz. En este proceso tienen que participar de manera articulada la nación y los niveles territoriales. En estas dinámicas se tiene que garantizar la conexión del territorio, la prestación de servicios, y la adecuada gestión del riesgo. Para determinar la dimensión del riesgo se deben tener en cuenta variables como el cambio climático, el acceso al agua y el saneamiento, el mejoramiento de coberturas en salud, educación, espacio público y
vivienda.
En los contextos urbanos, las ciudades tienen que buscar la disminución de la segregación socioespacial. De acuerdo con los lineamientos de ONU Hábitat, las ciudades deben ser verdes, incluyentes y productivas. Los gobiernos locales, sobre todo las ciudades grandes e intermedias, tienen que aprovechar mejor las potencialidades de las rentas derivadas de las dinámicas urbanas. Desde esta perspectiva, hay confluencia entre las transformaciones relacionadas con la convergencia regional y el ordenamiento territorial.
El gobierno del cambio contribuirá a ordenar el territorio alrededor del agua con la participación de las comunidades. Se avanzará en la actualización e implementación de los instrumentos de planificación que fomenten la revitalización de las economías locales con la adaptación al cambio climático. Se buscará la armonización entre la función ecológica del agua, la prestación del servicio público y la democratización de su acceso y uso. Se le dará prioridad a la transformación de áreas en conflicto por el uso del suelo en zonas forestales, agrícolas, agroecológicas y agrosilvopastoriles.
En los diálogos vinculantes las comunidades realizaron 1395 propuestas en torno al territorio y los recursos naturales. Las personas claman por la solución de los problemas de ordenamiento territorial que tiene el país, y que se precisan en:
- Falta de acceso y disponibilidad de agua potable,
- Uso del suelo sin relación con su vocación productiva,
- Deterioro del medio ambiente,
- Información catastral desactualizada,
- Conflictos territoriales por los cultivos ilícitos y la tenencia de la tierra,
- Aceleración del cambio climático,
- Aumento en el riesgo de desastres naturales,
- Abandono de las vías terciarias y de los sistemas de transporte férreo y fluvial.
Este capítulo se orienta a establecer las interrelaciones entre los recursos naturales, las aglomeraciones urbanas y las capacidades normativas que permitan la integración de estos recursos y las regiones de manera más estratégica y orientada a la solución de los anteriores problemas.
Señala el documento que el ordenamiento del territorio es importante por que:
(a) La riqueza hídrica del país no se está protegiendo
(b) Porque la mayoría de las personas vive en ciudades, sin que reconozcan la estrecha relación que existe entre el campo y la ciudad.
(c) Y esta falta de conciencia está poniendo en peligro la sostenibilidad de las aglomeraciones. Los habitantes de las ciudades no se han comprometido con la protección de los recursos naturales;
(c) Porque las normas que existen en el país sobre el ordenamiento territorial no han permitido la integración de los diferentes planes de ordenamiento, y no han definido claramente las jerarquías institucionales.
Mientras los planes de ordenamiento y de planificación no estén articulados, no se podrá garantizar la armonía entre la vocación y el uso de los suelos;
(d) porque en áreas importantes del territorio nacional se conjuga el narcotráfico, la minería y la deforestación ilegal. Allí donde el Estado no ejerce el control, y la información catastral no interopera con el registro de la propiedad y el resto de información territorial y esta es la primera condición para la toma de decisiones con visión de sostenibilidad y equidad, el fortalecimiento de las finanzas de los municipios y la consolidación del mercado de tierras;
(e) Porque apenas el 9,4 % de la zona rural tiene un catastro actualizado, y esta es la primera condición para la modernización del sector y la consolidación del mercado de tierras;
(f) Porque las diferencias regionales en términos de calidad de vida son significativas, y las condiciones de educación, salud, vivienda, cultura y deporte son desiguales, dependiendo de la ubicación de los hogares en el territorio.
(g) Porque la productividad industrial y la transformación energética tienen que partir del reconocimiento de los recursos naturales y del trabajo, como los factores primarios de la producción;
(h) Porque la disminución de la dependencia de los hidrocarburos y la minería tiene que ir a la par con una apropiación por parte de las comunidades de las rentas generadas por las energías alternativas;
(i) Porque la productividad industrial está estrechamente ligada con las posibilidades de
comunicación y de transporte (fluvial, férrea, carreteras).
En el país existen 73 instrumentos de planificación de diferentes sectores y niveles territoriales, los cuales no están coordinados entre sí y no logran convergencia espacial.
Además, existen 57 normas (leyes, decretos y resoluciones) asociadas a la planificación territorial. En esta maraña institucional no hay jerarquías.
La multiplicidad de instrumentos dificulta la coordinación de inversiones en el territorio, además, complejiza la labor de los departamentos, municipios y distritos en la formulación e implementación de sus instrumentos de ordenamiento.
El ordenamiento territorial no ha avanzado, no se ha actualizado en la mayor parte del país, y sin embargo, se crean más normas sin jerarquías ni líneas de coordinación claras.
Sector de la semana
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Jue. 01 de Dic. de 2022
Gobierno-Plan de Desarrollo. Colombia. Potencia Mundial de la Vida. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Derecho humano a la alimentación (1)
Colombia tiene altos niveles de inseguridad alimentaria. Es imperativo garantizar que toda su población tenga una alimentación adecuada, sana e inocua. Los niveles de productividad agropecuaria son bajos en Colombia y no permiten tener una disponibilidad de alimentos adecuada. Es necesario invertir en procesos de tecnología contribuyan a que los productores mejoren su productividad, teniendo en cuenta las particularidades territoriales.
Los niveles de productividad agropecuaria son bajos en Colombia y no permiten tener una disponibilidad de alimentos adecuada. Es necesario invertir en procesos de planificación agropecuria y asegurar que la ciencia y la tecnología contribuyan a que los productores mejoren su productividad, teniendo en cuenta las particularidades territoriales.
Existen regiones del país que no tienen una adecuada accesibilidad y conectividad vial, aérea o fluvial para el transporte de alimentos. Se debe mejorar el acceso a los alimentos por medio de cadenas de suministros eficientes y digitales y mas a adecuada infraestructura de transporte.
La baja calidad e inocuidad de alimentos en Colombia plantea amenazas para la salud y la vida de las personas debido a enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) necesario adoptar buenas prácticas de producción agropecuaria, manipular adecuadamente los alimentos, crear un sistema de trazabilidad de alimentos y fortalecer el sistema de vigilancia para mejorar las respuestas ante ETA.
La desnutrición, deficiencia de micro nutrientes y obesidad en el país podría a futuro aumentar la prevalencia de enfermedades no trasmisibles, y por ende conducir a mayores costos de atención en salud. Se requiere promover la lactancia materna exclusiva y complementaria hasta los dos años de vida, generar entornos de desarrollo que fomenten alimentación saludable.
La limitada dinámica entre nación y territorio afecta la implementación de políticas para avanzar en la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. Es indispensable mejorar la gobernanza y coordinar mecanismos para el diseño, ejecución y seguimiento de dichas políticas.
Esta transformación comienza por un mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector agropecuario. Es necesario transitar hacia una transformación de los sistemas agroalimentarios mediante el desarrollo de cadenas de valor agregado intensivas en innovación y conocimiento, que además de aumentar la disponibilidad de alimentos, permitan la diversificación productiva, y la inclusión de las poblaciones en la ruralidad.
Se busca desarrollar procesos agroindustriales, y consolidar una oferta agropecuaria exportable competitiva, que cumpla con los atributos y estándares de calidad, sanidad e inocuidad, que demandan los mercados. El país tiene que reducir de manera significativa la importación de alimentos básicos.
Pero esta sustitución únicamente es posible si la actividad agropecuaria nacional es productiva y altamente competitiva. Las líneas de política trazadas en esta transformación se enmarcarán en la reforma rural integral y sus respectivos planes nacionales sectoriales
Varias razones explican la desconexión entre el potencial del país para ser despensa mundial de alimentos y su coexistencia con altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional.
1. En cuanto a la disponibilidad de alimentos, los factores que la afectan se resumen en que la planificación para la producción agropecuaria es deficiente, afectando su sostenibilidad y competitividad y persiste una baja cobertura en riego, Servicios Públicos de Extensión Agropecuaria (SPEA), logística, crédito y otros instrumentos financieros, además de un limitado acceso, uso y aplicación de insumos agropecuarios.
1. La productividad del sector agropecuario colombiano es baja; se encuentra 15 % por debajo del promedio de América Latina. Entre los factores explicativos se observa la poca articulación entre el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SCTI), lo que limita el desarrollo y transferencia de tecnología a los productores agropecuarios.
2. Existen regiones del país que no cuentan con una adecuada accesibilidad y conectividad vial, aérea y/o fluvial, que facilite el acceso físico a los alimentos.
3. En materia de adecuación de los alimentos, el país tiene una baja capacidad en la gestión de riesgos sanitarios y fitosanitarios, a lo cual se suma que carece de una política integral de inocuidad y trazabilidad agrícola y pecuaria bajo el enfoque de la granja a la mesa. Además, coexisten la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes y sobrepeso, lo que se conoce como triple carga nutricional que afecta en mayor medida a la niñez y a la adolescencia.
Estos problemas se relacionan con prácticas inadecuadas de consumo de alimentos que no cubren las
necesidades de energía y nutrientes.
4. En materia de gobernanza hay una limitada dinámica entre la nación y el territorio que afectan la implementación de políticas para avanzar en la garantía progresiva del DHA.
5. La distribución de la propiedad de la tierra es muy desigual, y ello tiene implicaciones negativas en la armonía social y en la productividad. Es por ello que el cumplimiento del primer punto del Acuerdo de la Habana tiene por objeto promover una mejor distribución de la tierra, con el diseño de mecanismos que mejoren la productividad y la competitividad agropecuaria.
Bajo este contexto, los pueblos y las comunidades de las diferentes subregiones han identificado en los Diálogos Regionales Vinculantes la necesidad de contar con suelos para la vida, un uso adecuado con vocación productiva, la democratización del recurso de tierras, vías terciarias como soporte del sistema agroalimentario, el desarrollo de proyectos productivos con asistencia técnica de la nación y la garantía del derecho a la alimentación. Una sistematización de estas necesidades de cambio identificadas se
muestra en la figura 2.1
Para superar estos problemas y avanzar en el DHA, se trabajará en cada uno de los pilares que fundamentan este derecho.
- El país contará con una mejor disponibilidad de alimentos a través de la una promoción decidida del sector agropecuario y sus productores.
- se fortalecerá el acceso físico a los alimentos por medio de cadenas de suministro eficientes, digitales e infraestructura de transporte.
- se reducirá la triple carga nutricional y la mortalidad asociadas a la adecuación de los alimentos a las necesidades territoriales y poblacionales.
- Se contará con esquemas de gobernanza que tracen rutas claras para definir, implementar y evaluar las políticas públicas que afectan el derecho humano a la alimentación.
Para contar con mayor disponibilidad de alimentos, se buscará que Colombia se convierta en una potencia agroalimentaria sostenible.
Esto se llevará a cabo a partir de la identidad del territorio, de sus actores y sus propias dinámicas.
Para propender por el acceso, transitaremos hacia sistemas agroalimentarios que incluyen el fortalecimiento de circuitos cortos de producción, comercialización, servicios logísticos y transporte.
Además de impulsar la productividad y sostenibilidad agropecuaria, es necesario conjugar la rentabilidad de las unidades productivas con la capacidad de pago de los consumidores.
En cuanto a la adecuación, es importante fomentar que en la producción, distribución, comercialización, y preparación se cuente con alimentos sanos y de calidad. Es importante que se adopten las buenas prácticas de producción agropecuaria (BPA), la manipulación adecuada de alimentos y la creación de un sistema de trazabilidad de alimentos de la granja a la mesa.