Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 20 de Abril de 2023
Gobierno Energía. Director de la UPME, Carlos Adrián Correa sobre proyectos asignados en el primer ciclo de conexión en marzo pasado. Seminario La República 19 de Abril de 2023
Señala el director de la UPME que la mayor fuente de gases efecto invernadero en Colombia no es la energía sino es el sector AFOLU, que está asociado al uso de la tierra, agro, silvicultura y cambios en el uso de la tierra y las emisiones de estos usos, un sector difícilmente gestionable en Colombia y el mundo en sus actividades de re-conversión de bosques evitadas, árboles en zonas agropecuarias, nuestra realidad en torno a la concentración de la tierra y otros problemas relacionados con las economías ilegales.

Esto se menciona por que implica un doble peso de responsabilidad al sector energía. El Balance energético de la UPME muestra a 2022 que entre carbón y petróleo en torno al 74% de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles, aclarando que no es la matríz de energía eléctrica sino la matriz energética.

Retos de la UPME
Si todos los proyectos del país actuales se materializan la matriz energética en su énfasis renovable lo que impone unos retos para la UPME. SE han realizado ya dos convocatoria para refuerzos en diferentes sistemas de transmisión con dos transformadores. En contraste con el lema “sin transmisión no hay transición, pero hay que pensar en transmisión evitada, cómo utilizar dispositivos flexibles de transmisión para redireccionar flujos y no tener que estar pasando siempre por la tradicional línea de km con consulta, con licencia social ambiental, cambiar herramientas tecnológicas para esto.
Pérdida de inercia en el sistema. Se tiene un sistema hidrotérmico que tiene una masa rodante y cantidad de inercia importante en las maquinas que es importante que es importante para estabilidad de frecuencia y de tensión etc. Cuando hay un sistema donde el 15 o 20% en eólica o solar, hay que pensar en la pérdida de inercia, que se compensa con dispositivos avanzados de electrónica de potencia y compensadores síncronos que ayuden a compensar esta pérdida de potencia. Son análisis que va a realizar la UPME para reducir los costos de mantener la frecuencia en 60 Hz.
En el proceso de planificación que realiza la UPME hay unas metas de corto plazo, dentro de las que está la publicación de los Planes de abastecimiento de Gas Natural, el Plan indicativo de abastecimiento de Combustibles líquidos y el Plan de Energización rural.

Pero también implicará priorizar la conexión de los proyectos. El ejercicio de planificación energética permite organizar el proceso de visibilizar los proyectos de transmisión desde la UPME para que los nuevos paquetes de energía, proyectos de gran tamaño en renovable que se incorporen al sistema eléctrico puedan ser aprobados por la UPME independiente de la tecnología como plantas de 100, 200, 50, 9.9 MW. Se requiere decirle al generador que si o desde cuando puede conectarse, por ejemplo desde el 2025 cuando se hayan instalado las líneas de transmisión respectiva (este es el proceso de solicitudes de conexión). Antes era fila india lo que generó temas de mercado secundario y muchos proyectos de papel.
Se generó una nueva resolución,075 de 2022 y se acaba de asignar el primer ciclo de conexión para nueva generación con una metodología distinta, que al realizarse el 8 de marzo, generó 823 solicitudes de conexión por 56 mil MW, que si se aceptara todo triplicaba la capacidad de generación del país.
La potencia máxima pico del país es 10 mil MW se asignaron 8321 en potencia, no en energía. La distribución de lo asignado es: el 77% se dirige a energía solar, el 15% a eólica, el 4% a hídrica y 4% a Gas natural, entre otros.

Se instalarían en el país, 6410 nuevos MW que se instalarían si estos proyectos ven la luz, distribuidos por regiones como se presenta en el siguiente gráfico.

La capacidad actual es de 19 mil MW 6 mil de térmica 12 mil MW de hidro (PIE 1). Con lo aprobado hoy en la UPME (construcción, otros entran este año, otros buscando garantías, otros en colectora).
E l pie de la mitad muestra la distribución de la capacidad, y el tercer pie muestra como cambiaría la capacidad a 2032 si todos los proyectos se llevan a cabo, si se hace una línea HBDC desde la Guajira, si se destraba Colectora, distribuida entre hidro, solar, térmica y eólica. Hidro representará el 35% de acuerdo a lo presentado por la UPME, Solar el 39%, térmica 17% y eólica el 9%. Esta es la apuesta.

Hay muchos retos por delante con la dificultad para la licencia social y ambiental de los proyectos, refuerzos sobre el sistema de trasmisión enormes, convertidores de nuevo tipo para hacer las veces de máquinas síncronas virtuales, compensadores síncronos, dispositivos Fax en general, trafos desfasadores, redireccionamiento de flujos, generación distribuida. Hay grandes retos en operación también.
Este es el gran reto por delante, por lo que la transición implica que hay muchas dimensiones que van mas allá de llenar el país de páneles, si no a través de la eficiente gestión ambiental y social, que no sea la reedición para jalonar economías populares, encadenamientos productivos y una reducción de la pobreza donde estos proyectos van a tener lugar. Tomar lo bueno de la gestión empresarial, descartar lo malo acompasado por el desarrollo productivo de las regiones.
https://www.youtube.com/watch?v=kvhrMYQWp94
Mié. 19 de Abril de 2023
Reforma Laboral. Aspectos del mercado laboral y desafíos de reforma. Informe Nacional de Competitividad, 2022 (3)
Señala el informe que la experiencia ha demostrado que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Colombia, por ejemplo, creció 10,7 % en el 2021, pero esto no permitió asegurar una creación de empleo sólido ni resultados económicos influyentes. La creación de empleos es la prioridad mundial, indica.
Reseña el reporte ejecutivo de la Misión de Empleo (Mintrabajo, 2021) “que dejó en evidencia una gran cantidad de factores que afectan el mercado laboral colombiano y que le han impedido al país por muchos años lograr que este sea el motor de bienestar que podría ser, con problemas particulares de acceso a las mujeres y los jóvenes, la tasa de desempleo estructuralmente alta y superior a la de otros países de ingreso similar, con condiciones de personas ocupadas precarias, mayoría trabajando a cuenta propia o en empresas pequeñas y de baja productividad. Ingresos bajos e inestables, sin cobertura de riesgos vitales y financieros y acceso limitado a la justicia laboral”.
Como problemas estructurales del mercado señala la calidad del empleo y la informalidad, aspectos que deben solucionarse para dinamizar el mercado, superando la obsolescencia normativa, mayor flexibilidad al mercado con aspectos como la cotización por horas y los altos costos de contratación formal, menores barreras a la empleabilidad, y funcionamiento de los sistemas de protección social.
Describe la estructura del mercado laboral: “En Colombia hay alrededor de 38,4 millones de personas que están en edad de trabajar. De estas, 20,4 millones estaban trabajando para cierre del 2021, de las cuales el 44 % eran hombres; 31 %, mujeres, y 25 %, jóvenes entre 15 y 28 años. La mayoría de los trabajadores es informal (62 %). Por otro lado, dentro de los “desocupados”, 3,3 millones de personas, el 43 % eran jóvenes, y el 32 %, mujeres.
Asimismo, al analizar la población económicamente inactiva (14,8 millones aproximadamente), se observa que está compuesta en su mayoría también por mujeres y jóvenes: las primeras representan el 49 %, y de este grupo el 80 % se encuentran realizando oficios del hogar, mientras que los jóvenes representan el 35 %, en donde el 62 % se encuentra estudiando (Figura 1). En el mundo, también las regiones con mayores tasas de pobreza laboral son también las que tienen mayores tasas de informalidad”.
“La estructura laboral actual genera niveles de desequilibrio social insostenible, con dificultades para transmitir las ganancias de crecimiento y reducción de la pobreza. Esto ocurre principalmente por el alto grado de informalidad2 . A nivel nacional, el 61,5 % de los ocupados no cotiza a seguridad social, una cifra que para las zonas rurales aumenta al 85 % (Gráfica 1).
El sesgo en contra de la población joven hace que sea previsible que esta situación se puede agravar aún más si no se toman acciones inmediatas de política pública”.
Analizando la distribución laboral y el tamaño empresarial
Una de las discusiones fuertes en materia de mercado laboral colombiano es el salario mínimo, señala el informe. Actualmente, la Ley excluye de la formalidad a un alto porcentaje de los trabajadores dado que usa el salario mínimo para determinar quién debe hacer aportes al sistema de seguridad social, desconociendo que el ingreso laboral del 60 % de los trabajadores colombianos es menor a este parámetro. Al revisar los datos se ve que solo el 13 % de los empleados superan ingresos laborales de dos millones de pesos dado que la mayoría de los trabajadores son informales.
Para 2021 los negocios de hasta 10 empleados concentraban el 30 % de los trabajadores, y 38 % del total de los trabajadores estaban ocupados en el autoempleo. El siguiente gráfico indica que el 38% del empleo de la economía es autoempleo, el 24,2% es generado por microempresas entre 2 y 5 trabajadores, el 16% en empresas entre 6 y 100 trabajadores y el 21,5% del empleo por empresas de más de 100 trabajadores.

Por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia, el 88 % son informales y solo el 6 % gana más que un salario mínimo. En Colombia, la inmensa mayoría de las empresas es muy pequeña y de menos de cinco trabajadores. Para 2021 los negocios de hasta 10 empleados concentraban el 30 % de los trabajadores, y 38 % del total de ocupados trabajan en autoempleo.
Señala el informe que cuando se dice que el salario mínimo en Colombia es alto, no se hace referencia a su relación con el costo de vida, sino a su relación con la distribución de ingresos. “La regulación del salario mínimo es ajena a la realidad del mercado laboral colombiano, donde un porcentaje altísimo trabaja por cuenta propia, en negocios familiares, o en negocios muy pequeños de baja productividad, cuyos ingresos no alcanzan para cumplir con la normatividad vigente (Alvarado et al., 2021)”.
Mar. 18 de Abril de 2023
Gobierno – Hacienda. Presentación adición de recursos al presupuesto 2023. Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Comisiones económicas conjuntas, 28 de Marzo de 2023.
Señala el Minhacienda que esta adición está orientada a incorporar los recursos que genera la reforma tributaria (Ley 2277 de 202) y otros recursos en programas del gobierno. Se incluye la recomposición de fuentes de financiación por el efecto neto positivo de la actividad petrolera, el Banco de la República y el EPN. El destino principal es la inversión social, pero también están el solventar los mayores costos de la inflación en el ajuste de salarios y pensiones, así como otros gastos de funcionamiento.
En un contexto de incertidumbre económica la adición tendrá un efecto positivo sobre la actividad económica del país al impulsar los programas del gobierno. Por ejemplo el programa de inclusión crediticia para la economía popular, que es uno de los programas piloto de toda la política anticíclica.
Esta visión es consistente con la regla fiscal del país y con una serie de perspectivas macro y fiscales que se actualizarán con el plan plurianual de inversiones. La adición se sustenta en el plan financiero 2023 que estima una reducción del déficit fiscal del GNC a 3,8% del PIB desde el 5,5% de 2022 y de un saldo de la deuda de 57,7% del PIB, desde el 58,8% de 2022.


Este proyecto está articulado con las bases del Plan de Desarrollo. Si la adición se aprueba en mayo, estos recursos irá para el segundo semestre en términos de la ejecución, lo cual implicará discutir con los ponentes para ajustar algunas partidas.
Se indica en la presentación que hay que tener en cuenta las restricciones a la contratación pública que impone el cumplimiento de la ley de garantías.
Utilizando un artículo de la ley de reforma tributaria que establece un acuerdo de que los dividendos de Ecopetrol irán a financiar las obligaciones del FEPC con el Grupo Ecopetrol, lo que generará una reducción de las partidas tanto por el lado de ingresos como por el lado del gasto, por lo que la cifra final de la adición en el neto es de 8 billones de pesos aunque la solicitud de adición sea por 23 billones de pesos.
En recursos de la nación se adicionan solamente 6,4 billones de pesos a lo cual hay temas de algunos fondos especiales que le agregan un poco más de 2,2 billones de pesos al total que es un poco más de 8,6 billones de pesos de la adición.
Entonces en el cuadro se observa que el total de la adición es de 25,4 billones de pesos, de los cuales 23,2 provienen de la reforma tributaria que se sustituyeron con las apropiaciones del FEPC (-), se suman recursos que se liberaron del servicio de la deuda y otros usos, para un total de aporte nación de 6,4 billones. Se suman a estos recursos generados por algunos fondos especiales, y otros propios de los establecimientos públicos, para quedar una adición neta de 8,6 billones de pesos.

En términos de montos absolutos el rubro principal es el de inclusión social y reconciliación, que se adicionan un poco más de 5 billones de pesos, básicamente los programas del DPS principalmente las transferencias monetarias para las madres cabeza de hogar por 500 mil pesos mensuales y el programa de jóvenes en paz, programas que suman 5,6 billones de pesos mensuales, el rubro individual más importante dentro de la adición.
Le siguen los recursos para educación y salud, que se invertirán en infraestructura de todo el sistema de educación incluyendo universidades públicas y además la contribución que hará el gobierno para aumentar el programa de matrículas del sistema universitario en 500 mil personas en el cuatrienio para los estratos 1,2 y 3.
En la salud, se incluyen una heterogeneidad de recursos, no se incluyen todavía los efectos de la reforma de la salud, que en su momento se hará el cálculo respectivo sino para cubrir servicios tecnologías no cubiertas por la UPC, el programa de migrantes, las pruebas Covid, el cubrimiento de los riesgos adicionales que se generan con la reforma del SOAT que bajó su costo al a mitad para las motos, el programa de prevención en salud y el rubro más importante es que asigna recursos de la seguridad social en salud, especialmente para el régimen subsidiado en salud.
Otros sectores que reciben recursos son tres: defensa y policía para programas de bienestar de las FFMM, el segundo es vivienda, ciudad y territorio, donde hay recursos adicionales para los programas de agua que maneja este ministerio y unos adicionales para el programa Mi Casa Ya, que con todo continúa registrando unos déficits importantes, donde hay más de 60 mil subsidios por pagar que hay que ver como se cubren.
El tercer sector es el de transporte, dirigidos a la red secundaria y terciaria, muelles fluviales, pistas aeroportuarias para zonas marginales, estructuración de proyectos férreos futuros y el dragado del río Magdalena.
Aparte de estos sectores hay otros presupuestos más pequeños dirigidos a otros sectores como el Minambiente, Mincultura, Mincomercio para reindustrialización, unos recursos adicionales para el DANE en Catastro Multiprosito que coordina esta entidad, entre otros.

El aumento total de recurso implica un aumento del PGN del 17,5%, superior a la inflación del país estimada en 10%, financiado con ingresos corrientes. Hay unos recursos de funcionamiento destinados a salarios públicos y pensiones adicionales por mayor efecto de la inflación. El PGN total queda en 414 billones de pesos, un aumento del 17,5% en relación con los 352 billones. En términos de gasto público es un aporte importante en términos de demanda.
Algunos sectores tienen un incremento en su presupuesto significativo respecto años anteriores como Agricultura que triplica el presupuesto lo que implica que aumentarán los presupuestos de apoyo crediticio a través de Finagro y también para la Agencia de Desarrollo Rural que es la que coordina los proyectos productivos en el marco de los nuevos programas propuestos por este gobierno, donde se dará tierra con proyecto productivo para los campesinos que reciban su tierra. Se esta creando un programa especial de fertilizantes se van a crear varias fábricas en pequeña escala amigables con el medio ambiente en todo el país en vez de subsidiar los fertilizantes químicos. Otro programa será organizar pequeños productores para el abastecimiento de alimentos.
Hay otras entidades que aumentan su presupuesto como el Minambiente que aumenta el 50%, el de CYT en 56%, ministerio que coordinará los recursos que recibe para las regalías. El Mincultura donde crece el 40% y el IGAC con más del 60% y el presupuesto de Minas y Energía que incluye los subsidios a energía estimados en el presupuesto.
En energía se asigna el programa de comunidades energéticas para barrios populares y zonas apartadas, un programa que buscará promover agua y saneamiento para promover en pequeña escala en todo el país.

https://www.youtube.com/watch?v=n6i7l36YJns
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-212728%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
Lun. 17 de Abril de 2023
Gobierno - Reforma Laboral. Impactos en la informalidad y los costos empresariales. Algunos apartes sobre estos temas destacados en el Informe Nacional de Competitividad, 2022. (1)
El informe Nacional de Competitividad es un documento que analiza cada dos años el estado de la economía desde la perspectiva de mejora en reformas estructurales que soporten el crecimiento del país en diversos temas.
Sobre la informalidad, el documento indica que Colombia es un país dividido entre un sector que tiene una serie de características que normalmente recogemos dentro del término “informalidad”, y que abarca la mayor parte del país, y una porción formal que resulta en comparación pequeña, indicando que “no toda economía popular está en la informalidad, y no toda la informalidad es economía popular. Lo cierto es que la combinación de costos y beneficios, incentivos perversos y una variedad de capacidades y productividades interactúan de manera dinámica”.“La posibilidad de participar de las ventajas de la economía formal está determinada en gran medida por la manera en la que regulamos, intervenimos en mercados y diseñamos políticas públicas”.
Señala el informe que muchas de las intervenciones han estado orientadas a definir parámetros de lo que se considera óptimo en términos de resultados en los mercados de productos, financieros, de tierras, inmobiliarios y laborales, señalando que en estos últimos son los salarios mínimos, condiciones de despido y otras definiciones de empleo digno.
Como comentario nuestro, encontramos que los deseables normativos se enfrentan al desafío de abarcar realmente los grupos objetivo de las políticas y la fortaleza relativa de nuestras economías y nuestras empresas para cumplir estos parámetros sin desaparecer al competir con sistemas mas flexibles de otros países de los que importamos o a los que exportamos bienes y servicios.
El estudio reseña trabajos elaborados por el BID, las cámaras de comercio y el documento CONPES 3956, en los cuales se señala que las decisiones frente a las normativas son asumidas por las empresas con un carácter racional, lo que implica sopesar costos y beneficios, generando interrupciones en el proceso de formalización cuando las exigencias superan las capacidades de las empresas.
La reforma laboral presentada por el gobierno, tendría, según estimaciones de centros de análisis y gremios, costos estimados entre 18% y 30%. La encuesta realizada por Fenalco indica que ante la reforma, el 27% de las empresas dejará de contratar personal en las temporadas, el 25% señaló que despediría personal o reduciría jornadas, 18% automatizaría procesos, 4% cerraría puntos de ventas, 12% reduciría en 50% el personal ocupado y 25% aumentaría los precios al consumidor.
Señala el informe, en su capítulo asociado a los temas de inclusión, que “Los costos de corto plazo superan los beneficios de largo plazo, por lo que para permanecer, las empresas optan por no invertir en formalizarse y mantenerse “fuera del radar del estado y sus regulaciones”, con consecuencias importantes en capacidades y productividad de las empresas de la economía, un impacto que no es menor, pues representa la informalidad el 58% del empleo de la economía.
Por ejemplo, Fenalco señala que los negocios más afectados por el cambio en la jornada laboral son panaderías, tiendas y almacenes, que están abiertos después de las 6 pm, negocios en su mayoría, Mipymes. En Colombia, por ejemplo, existen cerca de 30 mil panaderías. Lo que indican los gremios es que estos negocios requieren trabajar pero no pueden asumir los costos, generando arreglos persona a persona, es decir, mayor informalidad.
Estos planteamientos de los gremios conforman los análisis del informe según los cuales “la exclusión de la formalidad por altos costos de formalización, trámites engorrosos y tiempo perdido de los dueños impide a su vez que las empresas y los hogares se beneficien de bienes públicos específicos y también que contribuyan a su financiación”. “ las barreras a la formalidad y los desincentivos al crecimiento limitan el potencial de crecimiento de la economía, del empleo y de la productividad”.
Como comentario nuestro, encontramos que debido que la productividad es la que permite aumentar la base de salarios y ganancias para invertir, se genera un círculo de empleo precario y empresas que no pueden avanzar, manteniendo la desigualdad. Esto es problemático en la medida en que se reduce la capacidad del mercado laboral para absover la mano de obra calificada y se pierden los esfuerzos de capital humano que se realizan desde la educación.
Retomando el Informe, este indica que la baja productividad reduce los ingresos tributarios para el estado: “Así pues, la baja participación de empresas y hogares en la tributación impide que dichas inversiones logren los impactos esperados al limitar los retornos a la escala existente. Frente a esto, sería clave aumentar la escala y el alcance del sector formal, pues de tal modo se multiplicaría el número de usuarios de la capacidad estatal y a su vez se lograrían aumentar los retornos y los recursos para su financiación al ampliar la base de tributación y la generación de riqueza”.
Se concluye de lo mencionado en este informe que el desafío de la política es la construcción de rutas de generación de capacidades de formalización, de acuerdo a las capacidades de nuestra economía y sus empresas de manera comparada con los mercados globales, en lo que debería avanzar la ley desde las propuestas de acciones y la regulación.
Sector de la semana
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Jue. 20 de Abril de 2023
Gobierno Energía. Panel sobre transición energética. Seminario La República 19 de Abril de 2023. Federico Echavaria, Gerente General AES Colombia, Felipe Camargo, directo general de Green Yelow. Vanesa Pérez, macroeditora Diario La República
De acuerdo con Green Yellow La transición energética va mas allá de la generación hacia soluciones de eficiencia energética que abarca todos los eslabones de la cadena energética (generación, transición, transporte y distribución). El consumidor final puede hacer más eficiente su consumo energético contribuyendo al ahorro de energía en hogares y empresas. Esto se hace con auditorías energéticas, donde se logran ahorros hasta del 30%.
Esta empresa centra su inversión en generación de energía solar tanto en plantas como en granjas de auto consumo como en techos, parqueaderos y la segunda es la eficiencia energética. Como logros destacan 11 años en el país y con las inversiones en eficiencias han logrado ahorros a los clientes por 750 gigas hora, lo que equivale al consumo de una ciudad de 650 mil habitantes por un año.
Por la generación de energía solar, se tienen instalados 25 MW pico y se están construyendo 90 MW adicionales, se han invertido 800 mil millones de pesos en este campo.
En el tema de costos, señala que la palabra costo involucra muchas cosas, hay comentarios en tres cosas. No es sólo el costo de los páneles, hace 15 años era muy costosas las plantas solares, lo que pasa hoy con las baterías que son muy costosas hoy para que encajen en un proyecto. La tecnología ha avanzado en páneles hay que esperar en baterías para poder suministrar en energía solar para suministrar energía 24 horas.
Pero no solo es el CAPEX, es la estabilidad jurídica del país, que se cambien las reglas de juego, los impuestos y demás es también un costo por que al final los inversionistas invierten en función del perfil de riesgo que hay en el entorno, pues exigen cierta rentabilidad y demás. El hecho de que haya una estabilidad jurídica de reglas de juego permite que estas inversiones se sigan haciendo con rentabilidades esperadas de mercado sin ser un factor de costo o precio final de setas infraestructuras.
Respecto al costo de la transición es un paradigma que se ha superado para lograr no pagar mas por la transmisión. Cuando una empresa instala un panel unicamente esta pagando la tarifa de generación de sus propios páneles , no utiliza la rede de transporte y comercialización reduciendo sus tarifas.
Con las empresas primero se reduce el consumo para que sólo consuman lo estrictamente necesario y una vez la compañía es eficiente en su consumo y una vez una compañía es eficiente en su consumo se pone a consumir bien, y solo pagan parte de la tarifa logrando el balance de sosteniblidad.
La tercera, sobre eficiencia energética, se hace una renovación tecnológica en las empresas, se reduce su consumo, se comparte el ahorro energético para recuperar la inversión en los equipos, eficiencia que garantiza el trabajo en esta empresa.
AES es una multinacional que en Colombia opera Chivor, proyectos de Ecopetrol. Está desarrollando un de los Clusters de Energía Eólica en la Guajira con más de 1100 MW. Hay que diferenciar entre transición energética y transición eléctrica.
El reto es cómo se va a lograr que la transición energética se haga, donde en resultados es muy importante se debe contar con los activos convencionales actuales y simultáneamente se desarrollan las nuevas tecnologías de viento, sol, baterías e hidrógeno a más largo plazo.
Se requiere lograr un equilibrio entre confiabilidad, sosteniblidad y asequibilidad. Nuestra matriz eléctrica tiene una componente hídrica con grandes embalse le darán confiabilidad al sistema cuando sea mas intensivo en solar y eólica que hoy.
Los consumidores y las empresas tienen un rol muy importante. El país tiene una estructura regulatoria muy bien definido que asegurará avanzar en este proceso de transición energética.
El país no puede darse el lujo de descontinuar sus centrales eléctricas, que en el caso de Chivor se han modernizado para prestar 50 años más energía al país, una inversión de USD$150 millones. En energías no convencionales integradas a la generación hídrica se trabaja en autogeneración (129 MW) y la gran apuesta es la Guajira. El viento es una componente de la matriz energética para el balance confiabilidad, sosteniblidad y asequibilidad, y es lo que hay que revisar.
Sobre el tema de costos, AES indica que hay que reiterar la diferencia entre transición energética y transición eléctrica. En la primera reemplazar los combustibles fósiles tiene retos de encontrar las tecnologías y avances tecnológicos para lograr que la transición no tenga mayores costos para la sociedad.
La transición eléctrica es distinta por que las energías renovables son muy competitivas lo que beneficia al usuario final, trayéndole mayor sostenibilidad, mayor confiabilidad donde estas permitirán compensar efectos de temas como fenómenos del niño. Si se logran estos objetivos se tendrá un portafolio muy interesante donde unas fuentes se compensan con otras.
Desde los costos el sol es competitivo y el viento es significativamente mas eficiente eficiente 20% menor costo. Pero esto aún está en el papel, materializarlo es el principal desafío será cuando se tenga una matriz y se materialicen los proyectos. Todos quieren invertir y desarrollar proyectos, pero cuando se ve los proyectos que se han construido se está lejos de los objetivos.
El principal reto es ver materializar los proyectos derivados del entusiasmo y ver el desarrollo de los proyectos para que al final del día el usuario se pueda beneficiar. La mejor manera de tener tarifas eficientes no es interviniendo el mercado ni cambiando las reglas por que cambia las circunstancias de corto plazo pero no garantiza la materialización de capacidad de generación y energía a tarifa eficiente mas competitiva en el largo plazo que lo único que se logra es con nueva inversión y nuevos parques.
https://www.youtube.com/watch?v=kvhrMYQWp94
Mié. 19 de Abril de 2023
Reforma Laboral. Informe Nacional de Competitividad, 2022 (4). Reforma al código sustantivo del trabajo en su actualización.
El informe “recomienda modificar la fuente de financiación del sistema de seguridad social contributivo con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN). Con ello se busca que su esquema actual de financiación, que hoy recae sobre la relación laboral, deje de actuar como una barrera a la generación de trabajo formal.
En este sentido, la Misión de Empleo (Mintrabajo, 2021) recomienda redefinir los elementos del sistema de protección social que son deseables desde el punto de vista de la equidad y el buen funcionamiento del mercado laboral y reevaluar sus fuentes de financiamiento, diferenciando aquellos que deben ser de acceso a la población en general de aquellos que deberían recibir toda la población ocupada (ej., pensión contributiva complementaria) y los que se deben limitar a la relación laboral entre una empresa y un trabajador (seguro de desempleo, compensaciones de despido, etc.)”.
La actualización del Código Sustantivo del Trabajo (CST) teniendo en cuenta en cuenta los siguientes parámetros:
Contribución a seguridad social en función del ingreso: De esta forma se podría conciliar que cada peso de ingreso laboral venga de la mano con su proporción a la de protección social laboral. En este sentido, se debe tener en cuenta la posibilidad que brinda el marco normativo vigente de celebrar contratos y establecer relaciones laborales con duraciones inferiores a la jornada completa (artículo 45 del CST) para contribuir a la seguridad social en función del ingreso del trabajador, de tal manera que cada peso que el trabajador logre conseguir de remuneración le permita acceso a algún nivel de protección social (particularmente, la contribución a pensiones), desligándolo del umbral del salario mínimo.
Como comentario EA, en este tema el capítulo de plataformas de la reforma avanza en proponer:
Las empresas de plataformas digitales tecnológicas de reparto o entrega deberán afiliar a sus trabajadores y trabajadoras a la seguridad social conforme a las normas vigentes, en calidad de dependientes, que podrá ser en la modalidad de tiempo parcial que las normas específicas reglamenten.
“Estas empresas deberán generar los reportes respectivos a las entidades recaudadoras de aportes e informar a los trabajadores y trabajadoras al final de cada mes el número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a la plataforma, de forma tal que éstas puedan ser calculadas en función de días laborados y estos a su vez en equivalente a semanas de cotización conforme a la norma respectiva.
Permitir la contribución a seguridad social en función del ingreso de los trabajadores, desvinculándola del salario mínimo: Si bien la contratación por jornadas inferiores a la jornada mínima se encuentra contemplada en la legislación laboral5 , la contribución a la seguridad social está atada al salario mínimo, lo que constituye una barrera para aumentar la cobertura del sistema de seguridad social y favorecer la informalidad. Sea analizan los casos de los trabajadores por días y el funcionamiento actual del piso de protección social, en el cual trabajadores dependientes que ganan menos de un salario mínimo mensual afiliarlos a los BEPS orientados a tener beneficios de pensión, lo cual no comparten algunos análisis que proponen más bien a cotización al sistema contributivo de seguridad social (pensiones y riesgos laborales) de manera proporcional al ingreso, independientemente de la duración de la jornada y del nivel salarial, a la vez que se garantizan, bajo el mismo principio de proporcionalidad, los beneficios prestacionales asociados al trabajo formal de jornada ordinaria, esto de manera transitoria mientras se rediseña el sistema de seguridad social.
Una forma de garantizar un equilibrio efectivo entre una mayor flexibilidad en la contratación y el despido y la posibilidad de operar con la misma certidumbre legal con la que operan otras actividades económicas es el reconocimiento formal a los esquemas de economía colaborativa y de gig economy Esto debería estar ligado a la creación de modalidades que desliguen las contribuciones a la seguridad social, especialmente en el caso de los trabajadores independientes. En este sentido, los autores encuentran que el nivel de afiliación a la seguridad de los trabajadores de plataformas es superior al de los trabajadores independientes, si bien se mantienen por debajo del nivel de afiliación de los asalariados.
Se propone también reconocer las particularidades del mercado laboral rural, en lo que la reforma ya incluye un capítulo al respecto:
“Parágrafo 1 artículo 30 del proyecto de ley de reforma laboral: En ningún caso el jornal diario agropecuario será inferior al salario mínimo diario legal vigente o al pactado en convención colectiva sectorial más el factor prestacional que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía, valor al que además deberán adicionar el 4% por concepto de subsidio familiar, el cual será pagado directamente al trabajador o trabajadora.
En este sentido se está organizando desde Planeación Nacional la declaración universal de ingresos, que en principio favorecerá adoptar este tipo de medidas. En cuanto el aporte a las cajas en empresas del sector rural, la reforma plantea que en el jornal agropecuario se deberá incluir el 4% por concepto de subsidio familiar.
Actualizar los criterios de despido por justa causa: En línea con lo propuesto por la Misión de Empleo (Mintrabajo, 2021), se recomienda incluir entre los criterios de despido contemplados en la ley el cambio tecnológico y los choques exógenos a la demanda.
De esta forma se mejora la asignación del talento humano entre sectores y se les permitiría a las empresas adaptarse mejor al ciclo económico. Ahora bien, esta medida debe estar acompañada del establecimiento de una compensación específica al trabajador ante despido justificado y el fortalecimiento de los mecanismos de protección al cesante.
Como comentario se incluye un capítulo en la reforma asociado a este punto.
Crear un seguro de desempleo: Los instrumentos vigentes de protección ante el desempleo en Colombia (esto es, el mecanismo de protección al cesante [MPC], el régimen de ahorro individual de cesantías y las indemnizaciones por despido) tienen limitaciones que impiden que los trabajadores cuenten con una protección efectiva ante el riesgo de desempleo o contingencias, como su duración prolongada8.
Por ello, se recomienda diseñar un esquema de protección contra el desempleo que cobije tanto a los trabajadores asalariados como a los independientes y que además permita que el marco normativo laboral transite de un principio de protección al trabajo ―el cual limita la contratación y el despido, y con ello el buen funcionamiento del mercado de trabajo— hacia uno de protección al trabajador.
En ese sentido, conviene contar con un seguro de desempleo o seguro de cesantía, que ofrece beneficios monetarios a quienes pierden su empleo y se financia de manera colectiva, usualmente con aportes obligatorios de los trabajadores o empresas. Estudios muestran que este instrumento, además de generar protección, tiene el potencial de mejorar el funcionamiento del mercado laboral, incrementando la productividad laboral al permitir que los desempleados realicen una búsqueda de trabajo más efectiva (Acemoglu y Shimer, 2000).
Respecto al diseño de un seguro de desempleo, se recomienda considerar la propuesta elaborada por González-Velosa y Robalino (2020). Los autores proponen la introducción de un sistema de protección ante el desempleo que combina características de un seguro de desempleo tradicional (provisión temporal de un ingreso monetario para trabajadores cesantes, financiado con parte de las contribuciones de cesantías de los empleadores y empleados) con un sistema de cuentas individuales de ahorro, el cual además incorpora un ingreso básico garantizado que protegería a trabajadores que enfrentan altos riesgos de desempleo. El seguro sería obligatorio y cubriría a todos los trabajadores de la clase media vulnerable y consolidada gracias a la incorporación de un mecanismo redistributivo sobre la base de los ingresos de los trabajadores, financiado con recursos del PNG, y de innovaciones tecnológicas para recaudar los aportes de los trabajadores informales a través del consumo”.
Por su parte, Clavijo (2018) propone hacer modificaciones al régimen de cesantías para que cumpla con el papel de seguro de desempleo para los trabajadores formales. Algunas de ellas son condicionar el monto de retiro en función del salario y el valor acumulado, adoptar un esquema de desembolso mensual y limitar los destinos que puedan darse al ahorro para que esté centrado en proteger al empleado ante el riesgo de desempleo. En todo caso, estas propuestas deben ir acompañadas de cambios en las fuentes de financiamiento de la seguridad social y otros impuestos sobre la nómina, de tal forma que la creación del seguro de desempleo no añada sobrecostos que sigan dificultando la creación de empleo formal.
Mar. 18 de Abril de 2023
Gobierno-Financiero. Economía Popular aspectos generales. Viceministro General de Hacienda Diego Guevara.
El objetivo es buscar lograr un Microcrédito virtuoso. Se considera en el Plan Nacional de Desarrollo que la Economía Popular EP son los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas y comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico.
Los actores de la EP, pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizadas de manera asociativa. El impulso a la economía popular parte de una comprensión de sus dinamicas intrínsecas. Estas actividades generan un valor social y económico significativo y una vez entendido su funcionamiento y lógica de acción se implementarán se implementarán mecanismos que contribuyan a su crecimiento y productividad.
Se realiza una análisis de visiones del microcrédito en el sentido de que se consideraba que este no contribuye a la generación de valor agregado, sin embargo se requiere en economías de desarrollo reconociendo el potencial de las tecnologías y el poder de construcción que tendrían los esquemas asociativos.
En el Grupo Bicentenario por ejemplo en Agro, el Banco Agrario se tiene el objetivo de llegar con el crédito a los productores más pequeños dentro de la cadena de valor, para superar la distorsión del microcrédito. Busca fortalecer las dinámicas grupales del microcrédito en particular para fortalecer las dinámicas populares como escalón hacia la formalización.
Se reconoce la importancia de la dinámica y aporte a la economía popular se da en los barrios con las dinámicas de intercambio entre la economía del cuidado y la economía de bienes y servicios. Hay muchas dinámicas como las cadenas de ahorro (el que gana la cadena tiene un crédito a 0 interés). Otras más cuestionables como el gota a gota o las cadenas de empeño.

Se busca fortalecer el diálogo social y un enfoque más solidario en torno a quien queremos llegar.

Se realizará este programa con el apoyo de entidades que antes no llegaban a este segmento, para los propósitos del gobierno nacional es importante. Hoy se están buscando unas lineas por el FNG, interacción desde entidades financieras del Grupo Bicentenario, en Banco Agrario se están fortaleciendo los canales, con acompañamiento, un crédito asociativo y del productor mas pequeño desde Finagro, y con Bancoldex para avanzar en economía urbana. La búsqueda no es formalizar m pero si gradualmente en los empleos que se generan.
Lun. 17 de Abril de 2023
Gobierno - Reformas. Algunos apartes sobre construcción normativa para la competitividad y la inclusión del Informe Nacional de Competitividad, 2022. (2)
El informe señala que “es fundamental ajustar las nuevas metodologías, los procesos y los instrumentos de análisis para mejorar la producción normativa en el sentido de entender las implicaciones sobre la exclusión y las divisiones que se generan”.
“En efecto, la ausencia generalizada de análisis de las intervenciones de política y las regulaciones y de su impacto sobre la división de la sociedad en incluidos y excluidos resulta en un exceso y obsolescencia de normas, diseñadas a la medida de los incluidos”.
Muchos procesos contribuyen a este mal equilibrio: un sistema de control y fiscalización que sesga al funcionario público hacia la sobrerregulación, captura regulatoria por parte de grupos particulares de interés, sobrerrepresentación de la información y los intereses de los incluidos en la toma de decisiones.
La lógica y los procesos de formulación de políticas, desconectados de la realidad y de las capacidades sociales pero aspiracionales en las metas que buscan alcanzar, retroalimentan ciclos viciosos de exclusión y baja competitividad.
Este aparte señala que se deben modificar los procesos normativos, en lo que el país ha avanzado desde su inclusión en la OCDE, con desafíos en términos de regulación inteligente, regulación dinaḿica, nuevas tecnologías y sistemas de evaluación ex ante y ex post a través de metodologías de análisis de impacto normativo y nuevas herramientas tecnológicas.
Pero más allá de esto se requiere “cambiar la manera en la que a través del Gobierno y sus intervenciones en la sociedad buscamos mejorar el statu quo, sobre todo para los más vulnerables”.
“La competitividad y la inclusión son dos caras de la misma moneda”, señala. Una sociedad excluyente no puede ser competitiva ya que hogares y empresas permanecen por fuera del flujo de conocimientos nacionales e internacionales, no se benefician ni contribuyen a la provisión de bienes públicos, y no hacen los esfuerzos e inversiones para mejorar su situación.
Para resolver los problemas de construcción normativa se proponen mejoras en tres áreas:
(1) la decisión de regular.
(2) cómo regular y cómo diseñar marcos e instrumentos regulatorios, incluidos los mecanismos para su implementación y vigilancia.
(3) cómo monitorear y evaluar nuestras regulaciones.
Resalta “la importancia de pensar cuidadosamente en los incumbentes o incluidos, y en los excluidos”, indicando que la regulación y las intervenciones de política pueden surgir de muchas maneras. Por esta razón, es preciso crear mecanismos que ayuden a dar mayor peso al poder de las ideas y a identificar de forma técnica cuándo y cómo regulamos sobre otras motivaciones”.
En principio, la política pública está guiada por el interés público, por el ánimo de mejorar las condiciones económicas y sociales de la población. Sin embargo, los intereses particulares y las motivaciones, tanto de los hacedores de política como de los sujetos regulados, cumplen un papel crítico en la definición de nuestras intervenciones. Concretamente, el interés político es un elemento fundamental para explicar la formulación de regulaciones en lo que se conoce como la economía política de la política económica. Podemos definir cuatro tipos de políticas y dinámicas dependiendo de la distribución de costos y beneficios de intervenciones”.
Presenta en el siguiente cuadro los costos concentrados y difusos de los esquemas de organización y aprobación de las normas y políticas públicas:
Tabla 2. Actores y formulación de políticas públicas
|
Costos concentrados |
Costos difusos |
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Beneficios concentrados |
Política entre grupos de interés |
Captura |
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Beneficios difusos |
Emprendedores políticos |
Política de mayorías |
Fuente: López (2022), citado por INC 2022-2023
Como recomendaciones señala el informe que “Lograr un cambio en el equilibrio perverso en el que estamos requiere transformar nuestra mentalidad regulatoria. Es decir, debemos pasar de un esquema donde declaramos a dónde queremos llegar sin generar rutas de formación de capacidades a uno que piense en generar incentivos de participación y de cumplimiento de reglas factibles. Para lograrlo, es fundamental generar cambios institucionales, en los procesos de producción normativa y en el sistema de evaluación de los impactos normativos”.
Esta agenda debe incluir a la institucionalidad, generar capacidades para el uso de herramientas normativas, plantear lineamientos para mejorar la consulta pública y la transparencia del proceso normativo, fortalecer las capacidades de las entidades a nivel nacional, entendiendo que se requiere extender capacidades y aplicar estos instrumentos más sistemáticamente. Se deben incorporar cambios tecnológicos que promuevan la innovación, además de los referentes técnicos del cumplimiento de compromisos internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Propone que sería pertinente usar sandboxes o areneras para prototipar y probar nuevos enfoques; ponderar los riesgos usando datos y balanceando las probabilidades de generar mayores problemas de los que se resuelven mediante un enfoque de regulación segmentado, basado en datos y, finalmente, emplear un enfoque colaborativo para entender posibles efectos sobre todos los actores e identificar las necesidades de generación de capacidades.
“Asimismo, la lógica de la innovación pública debe fortalecerse para tener política pública centrada en usuarios. Lograr fomentar la innovación no solo requiere generar capacidades en línea con el manual Principios de innovación pública en Colombia (DNP, 2021), sino que debe acompañarse de las reformas a los organismos de control. En este cambio es necesario eliminar la multiplicidad de capas del control; separar el proceso de investigación y sanción dentro de las entidades; reasignar funciones limitando alcance (ej., limitar la Contraloría a evaluación de la calidad del gasto y las políticas públicas y la Procuraduría a gestión); delegar funciones a tribunales administrativos de forma que sea posible reducir tamaño de las “ías”, incluyendo las instancias subnacionales; reformar procesos de elección de las cabezas de entidades para garantizar independencia del ámbito político, y fortalecer técnicamente el sistema de pesos y contrapesos”.
Noticias de la semana
Noticias
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Jue. 20 de Abr de 2023
Energía
19 de abril de 2023
| A estudio del Concejo de Bogotá iniciativa que busca promover la movilidad sostenible mediante el tránsito gradual a energía eléctrica no contaminante para todo tipo de vehículos en el D.C. |
| MinMinas publicó para comentarios dos proyectos de norma sobre los fondos que asignan recursos para la ampliación de la cobertura de energía eléctrica en el país |
Fondos
19 de abril de 2023
| ¿Cuáles son las obligaciones de las ARL en la verificación de afiliaciones y pago de cotizaciones? | Ámbito Jurídico |
Hidrocarburos
19 de abril de 2023
Salud
19 de abril de 2023
| Competencias de la SuperSociedades dentro del marco del sistema integrado para el control y vigilancia sector salud |
Telecomunicaciones
19 de abril de 2023
| Ministerio TIC invita a manifestar interés en permisos de banda que permitirá la implementación del 5G |
Mié. 19 de Abr de 2023
Energía
18 de abril de 2023
Fondos
18 de abril de 2023
| Orientaciones de la SuperSociedades sobre el pago de cesantías en los procesos de reorganización |
Gobierno
18 de abril de 2023
| Demandan norma que faculta a alcalde a incorporar recursos dentro del presupuesto municipal | Ámbito Jurídico |
Salud
18 de abril de 2023
| Ministerio de Salud estableció el proceso para el fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental a nivel territorial |
Telecomunicaciones
18 de abril de 2023
Mar. 18 de Abr de 2023
Energía
17 de abril de 2023
| Orientaciones de la CREG sobre la venta de energía a terceros |
Hidrocarburos
17 de abril de 2023
Infraestructura
17 de abril de 2023
| Texto del laudo que falló a favor del Invías en reclamación por obras del puente Pumarejo |
Salud
17 de abril de 2023
| Anulan norma sobre costos de supervisión y control de la Superintendencia de Salud | Ámbito Jurídico |
Servicios Financieros
17 de abril de 2023
Lun. 17 de Abr de 2023
Energía
14 de abril de 2023
Gobierno
14 de abril de 2023
Hidrocarburos
14 de abril de 2023
| Consejo de Estado reiteró que los ingresos percibidos por las empresas explotadoras de hidrocarburos están gravados tanto por concepto de ICA, como por regalías |
Infraestructura
15 de abril de 2023
| El programa Vías del Samán adjudicó los contratos de obra e interventoría para la intersección de Galicia en el departamento de Risaralda |
Salud
14 de abril de 2023
Telecomunicaciones
14 de abril de 2023
13 de abril de 2023
| MINTIC publica para comentarios la Agenda Colombia Digital 2022-2026 |
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
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Jue. 20 de Abril de 2023
Gobierno-Energía. Panel sobre transición energética. Seminario La República 19 de Abril de 2023. Camilo Marulanda, presidente de ISAGEN.
Camilo Marulanda de Isagén señala que la discusión sobre la ruta de la transición energética. Colombia es dependiente de petróleo, gas y carbón en su consumo y en la economía por ser los principales productos de exportación, lo que hace mas grandes retos. Esto crea el desafío de pensar como debe ser Colombia en 50 años, diversificando sus fuentes de ingreso.
Hay 19 mil MW y se quieren instalar otras 19 mil MW más pero con las dificultades y retos macroeconómicos muy retadores hoy.
La compañía es 100% renovable, a principios de 2023 ISAGEN desinivirtió en una Térmica para quedar 100%. En últimos tres años se han invertido activos por 3 billones de pesos en activos renovables, dos plantas de generación eólica en la Guajira, las primaras en construirse en más de 30 años y esperan no sean las últimas, hay un proyecto de 400 MW y se tienen plantas solares en los llanos y un proyecto de 100 MW en la parte norte Costa y se espera entre este año, alrededor de USD$500 millones de dólares de inversión.
Aunque hay un potencial eólico enorme que se está perdiendo por la dificultad enorme casi infranqueables para desarrollar estos proyectos. Los proyectos de la Guajira debieron entrar en 2022 pero las líneas de conexión en el mejor escenario si entran en el 2026, las compañías han tenido demoras, sobrecostos, bloqueos, los acuerdos deben ser sostenibles con las comunidades. Un proyecto que se demora y demora y demora y cuesta y cuesta y cuesta, lo que no solo es malo para las empresas sino para las nuevas inversiones.
Cada vez hay mas reglas, mas consultas, no hay que perder de vista que se invierte en que se va a hace un negocio, a tener un retorno y con acompañamiento por que son muchas piezas moviéndose con diferentes entidades, comunidades que hacen que estas inversiones sean muy complejas de desarrollar.
Pregunta La República que tanto va a ser el costo de la transición para la empresa y que tanto para el usuario, a lo que ISAGEN responde que hoy hay un problema de suministro donde hoy hay 19 mil MW instalados pero deberían estar en operación 23 mil MW de proyectos que no han entrado, los asociados a la Colectora de la Guajira y el 75% de la capacidad instalada de ITUANGO.
Hoy el balance entre oferta y demanda es muy cerrado lo que ha aumentado los costos. La única manera de cambiar esto es invirtiendo más, que lso proyectos que están pendiente se terminen. Para que s inviertan en proyectos de 30 o 40a {ños se deben tener reglas de juego estables. Se tenia un marco de inversión que estaba funcionando para las renovables en solares y eólicos pero dos años después hay una reforma tributaria y se cambian los estímulos, un año después que los aportes o regalías de los proyectos se vana multiplicar por 6 lo que complica las cosas y más adelante se habla de cambiar todo el esquema tarifario, todo el diseño de mercado, entonces atraer inversiones de largo plazo cuando el marco regulatorio cambia tanto, es muy difícil.
Hay solicitudes de 20 mil MW lo que hay que analizar para establecer cuántos de estos proyectos van a presentar las garantías para conectarse a la red y cuántos de estos proyectos van realmente a ser construidos y terminados. De lo planeado solo ha entrado el 26% de la capacidad esperada. Plantear una matriz diversificada esta bien pero si no somos capaces de construir las redes vamos a estar peor con un riesgo de abastecimeinto puro y duro. Hay probabilidad de riesgo de fenómeno del niño de casi el 70% y un retraso grande en proyectos claves. Si no hay nuevas inversiones se va a tener un déficit de energía. Hay que tener gran preocupación en resolver los problemas de corto plazo.
https://www.youtube.com/watch?v=kvhrMYQWp94
Mié. 19 de Abril de 2023
Reforma Laboral. Informe Nacional de Competitividad, 2022 (5). Recomendaciones en torno a reformas que dinamicen el mercado de trabajo formal.
En el capítulo del mercado laboral, el informe realiza una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la creación de un seguro de desempleo o reformar el régimen de cesantías, diseñar un esquema de ingreso básico vital garantizado.
Respecto a esta propuesta, el Departamento de Prosperidad social señala que se están rediseñando los esquemas de transferencias monetarias para avanzar hacia una renta ciudadana, que unifique y sea suficiente para cubrir o superar la línea de pobreza, de manera focalizada y acorde a las capacidades actuales del estado.
Otras de las recomendaciones están asociadas al diseño de acciones focalizadas para derribar barreras a la empleabilidad, por medio de mejorar la participación laboral femenina en el mercado laboral con acciones como la política nacional del cuidado, en el cual se dan unos avances iniciales en el Plan de Desarrollo.
Otra de las propuestas del INC es el de la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud, donde se recomienda realizar un seguimiento al ausentismo laboral debido al incremento de las incapacidades en los últimos 10 años.
Se propone construir un nuevo mecanismo de fijación del salario mínimo y avanzar en acciones definidas en el CONPES de formalización empresarial. En los siguientes cuadros se presenta el detalle de los cambios para el mercado laboral planteados por el Informe Nacional de Competitividad.

Mar. 18 de Abril de 2023
Gobierno-Financiero. Superfinanciera. Circular externa 006 de 2023. (Marzo 30). Sobre Modificación de las instrucciones relacionadas con el paquete de servicios básicos.
De conformidad con el literal b) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, los consumidores financieros tienen el derecho de contar con información clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características de los productos o servicios ofrecidos por las entidades vigiladas. Además, establece el mencionado literal que la difusión de las tarifas debe facilitar la comparación entre los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Así mismo, según lo dispuesto en el literal o) del artículo 7 de la mencionada Ley, las entidades vigiladas tienen la obligación de reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva, en la forma en la que esta determine.
A su turno, el documento CONPES 4005 de 2020, mediante el cual se estableció la política nacional de inclusión y educación económica y financiera, determinó como uno de sus objetivos generar mayores competencias, conocimiento y confianza en el sistema financiero para desincentivar el uso del efectivo y promover el uso de los servicios financieros formales. Dicho documento definió una acción concreta a cargo de esta Superintendencia consistente en la mejora de la interfaz a disposición de los consumidores financieros para consultar las tarifas de los productos y servicios de las entidades vigiladas.
Por otro lado, en desarrollo de la facultad establecida en el artículo 2.35.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010 esta Superintendencia modifica el paquete de servicios básicos con el objetivo de actualizar el número de transacciones sin costo adicional, teniendo en cuenta el aumento en el uso de los canales digitales.
Para dar cumplimiento a lo anterior y con el propósito de facilitar la comparación y mejorar la calidad de la información disponible sobre las tarifas de los productos financieros ofrecidos por los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos y las instituciones oficiales especiales, esta Superintendencia considera necesario establecer una nueva estructura para la captura de la información de las tarifas o los costos de los principales productos y servicios financieros que prestan las entidades objeto de las presentes instrucciones.
En desarrollo de lo anterior, esta Entidad, en ejercicio de las facultades legales previstas en el numeral 5 del artículo 97 y el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 2.35.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el numeral 4 del artículo 11.2.1.4.2 del citado Decreto, imparte las siguientes instrucciones:
PRIMERA: Modificar el subnumeral 3.4.1.3 del Capítulo I del Título III de la Parte I «Acceso e información al consumidor financiero» de la Circular Básica Jurídica relacionado con el paquete de servicios básicos para actualizar el número de transacciones de los servicios, atendiendo el uso de los canales digitales.
SEGUNDA: Crear la proforma F.1000-148 (formato 424) «Tarifas de los productos de depósito» en el Anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera con el fin de obtener información sobre los costos de las principales operaciones y servicios asociados a productos comerciales de depósito masivos, así como de las tarifas máximas de los tipos de producto de depósito ofrecidos por la entidad.
TERCERA: Crear la proforma F.1000-149 (formato 425) «Tarifas de las tarjetas de crédito» en el Anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera para recaudar información sobre los principales tarifas o costos asociados a las tarjetas de crédito.
CUARTA: Crear la proforma F.1000-150 (formato 426) «Tarifas de créditos» en el Anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera para obtener información sobre los principales costos asociados a créditos por esta Superintendencia.
QUINTA: Para remitir la información solicitada mediante las proformas que se crean en la presente Circular, las entidades deben tener en cuenta el documento técnico disponible en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co en la sección: Industrias supervisadas / Interés del Vigilado / Reportes / Índice de reportes de información a la Superintendencia Financiera / Guías para el Reporte de Información / Documentos Técnicos / Construcción Web Service Tarifas.
SEXTA: Las entidades destinatarias de la presente Circular deben implementar el desarrollo tecnológico, atendiendo lo dispuesto en el documento técnico, así como los tiempos de pruebas obligatorias y entrada en producción, de acuerdo con el siguiente cronograma:


Las entidades del grupo 2 deberán diligenciar a más tardar el 30 de junio de 2023 el formulario publicado en el enlace https://forms.gle/2wBGXyBdCHxB7AAr5. Con base en esta información, la Superintendencia Financiera establecerá un cronograma de pruebas y entrada en producción para cada entidad.
SÉPTIMA: Derogar la proforma F.1000-113 (formato 365) “Tarifas de los Servicios Financieros, de los Establecimientos de Crédito y Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE)” del Anexo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera a partir del 1 de julio de 2024. La última transmisión de este formato se deberá realizar con la información con corte al 30 de junio de 2024, conforme a los plazos establecidos en el instructivo correspondiente.
Se anexa la circular.
Lun. 17 de Abril de 2023
Gobierno - Reformas. Proyecto de reforma laboral, 9 planteamientos principales
1. Duración contrato de trabajo que pasa a ser a término indefinido. Contratos término fijo solo hasta a 2 años. Sector servicios recibe principales impactos.
2. Los contratos a termino fijo y de obra o labor determinada dan lugar a pago de prestaciones y vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea.
3. Estabilidad laboral reforzada para quienes tienen fuero sindical, de salud, discapacidad, estado de embarazo y 6 meses después de justificar causa justa o legal. Normativa actual permite el despido sin justa causa con indemnización de 30 días, la nueva norma dificulta acceso al mercado de estos grupos, por ejemplo, las mujeres en el comercio son el 50% de la fuerza laboral.
4. Sobre empleo temporal y empresas de servicios temporales se establece que no podrán suministrar trabajadores para las labores permanentes de las empresas. Que se consideran como contratistas y subcontrastistas de las empresas, que para ser verdaderos empleadores y deben contar con organización empresarial y especialización productiva que deberán acreditar. Los trabajadores del contratista tendrán los mismos derechos salariales y prestacionales que los de la empresa principal especialmente en materia de aplicación de convenciones colectivas..Si no hay disposiciones normativas asociadas, los trabajadores del contratista deberán tener los mismos derechos salariales y prestacionales. La empresa beneficiaria del servicio diseñará y acordará con las organizaciones sindicales los derechos aplicables a estos trabajadores de acuerdo con derechos constitucionales y de no cumplir la empresa contratante responderá solidariamente.
5. Sobre los trabajadores en misión se establece que estos tendrán mismas condiciones de trabajo salariales y prestacionales de la empresa usuaria, no podrán celebrarse contratos de prestación de servicios con empresas ni cualquiera civil o mercantil con personas naturales para realizar actividades permanentes y subordinadas en empresas privadas.
6. Otra tiene que ver con los recargos, que aumentan para trabajo nocturno y despido sin justa causa.
7. Para trabajadores de plataformas digitales se establece que tendrán calidad de dependientes por modalidad de medio tiempo en seguridad social, con contrato de trabajo sin exclusividad.
8. Señalan gremios que esta normativa debería extenderse a los domiciliarios del comercio, donde se deben construir mínimos que deben estar en esquemas de formalización.
9. El impacto de lo establecido en lo sindical implica costos que se extienden de minoría a mayoría de la empresa e impacto a sectores con actividad de satélites como confecciones.