Mar. 31 de Octubre de 2023

Gobierno-Minhacienda. Proyecto de decreto sobre el Fondo para el Desarrollo del Plan todos Somos Pazcífico

Este decreto establece unas disposiciones específicas para el desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, en el cual se establece como patrimonio autónomo administrado por el Minhacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades que éste defina.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de la facultad otorgada por el artículo 185 de la Ley 1753 de 2015 y para efectos de la operatividad y funcionamiento del Fondo, podrá definir la administración del mismo en: (i) una entidad encargada de su gestión y seguimiento (en adelante la Entidad Gestora) y/o; (ii) en una Sociedad Fiduciaria que conserve y transfiera los recursos, y que actúe como vocera del patrimonio autónomo (en adelante Sociedad Fiduciaria). 

El Fondo tendrá por objeto la financiación y/o la inversión en el Litoral Pacífico, en proyectos de agua potable y saneamiento básico, energización rural sostenible, interconexión eléctrica, mejoramiento de la conectividad en Transporte, conectividad digital, educación y vivienda entre otros, y en general, en las necesidades más urgentes para promover el desarrollo integral de dicha zona. 

Los recursos del fondo estarán constituidos por las partidas del PGN que se le asignen, los recursos aportados por las sociedades y entidades de la rama ejecutiva, los aportes de las entidades territoriales, los recursos de operaciones de financiamiento interno o eterno que a nombre del fondo celebre la sociedad fiduciaria, las donaciones que reciba y los rendimientos financieros.

El Fondo podrá suscribir operaciones de financiamiento interno o externo, a través de la Sociedad Fiduciaria y a su nombre. La celebración de las operaciones de financiamiento y las asimiladas a éstas por parte del Fondo, de carácter interno o externo y con plazo superior a un año, requerirá de la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando se trate de financiamiento dirigido a gastos de inversión, la mencionada autorización se otorgará una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. No obstante, cuando se trate de operaciones de financiamiento que vayan a ser garantizadas por la Nación, no se requerirá concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, sino del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. La celebración de operaciones para el manejo de la deuda requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La Nación o las entidades territoriales podrán otorgar avales o garantías a las operaciones de financiamiento. La Nación podrá otorgar su aval o garantía al Fondo una vez cuente con lo siguiente: 1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, respecto del otorgamiento del aval o la garantía; 2. Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, respecto del aval o la garantía de la Nación, si éstas se otorgan por un plazo superior a un año; y 3. Autorización para celebrar el contrato de aval o de garantía, impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se hayan constituido a favor de la Nación las contragarantías adecuadas, a juicio del mencionado Ministerio. 

El Fondo podrá utilizar para la constitución de las contragarantías a favor de la Nación, entre otras, las vigencias futuras aprobadas para el Fondo por el Consejo Superior de Política Fiscal. Cuando el aval o la garantía vayan a ser otorgadas por una entidad territorial, deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos vigentes. Cuando alguna obligación de pago del Fondo sea garantizada por la Nación, éste deberá realizar los aportes financieros requeridos al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido por el Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá́ los recursos que sean requeridos por el Fondo con el fin de que este atienda:

i. El equivalente al servicio de la deuda, incluidos capital e intereses, derivados de las operaciones de financiamiento interno o externo que celebre para el desarrollo de proyectos, así́como las comisiones que se cobren en relación con dichas operaciones de financiamiento. 

ii. Los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de que trata el parágrafo 2° del presente artículo;

iii. La comisión de administración del Fondo por parte de la Sociedad Fiduciaria. Para efectos de la transferencia de los respectivos recursos, la Sociedad Fiduciaria deberá presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una comunicación con el soporte y la certificación de la existencia y necesidad de atender alguno de los gastos antes relacionados. Previa disponibilidad presupuestal, se ordenará la transferencia de los recursos a través de acto administrativo. En todo caso, la vigilancia y responsabilidad de la ejecución de los recursos y proyectos, estará a cargo de la Entidad Gestora, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden a la Sociedad Fiduciaria como vocera del Fondo y responsable de la conservación y transferencia de los recursos.

El decreto define los órganos componentes de su junta directiva, que tendrá participación de algunos alcaldes de la región, las funciones de la junta administradora, la dirección ejecutiva y sus funciones,

Crea una entidad gestora para la gestión y seguimiento de la ejecución de los recursos del fondo. La Entidad Gestora será la entidad definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la gestión y seguimiento de la ejecución de los recursos del Fondo. 

El decreto establece entre sus funciones la de diseñar la implementación para cada una de las líneas de inversión del fondo, efectuar el seguimiento a la ejecución de los recursos, presentar y postular a la junta en coordinación con el Director Ejecutivo,los planes y líneas estratégicas, participar en la gestión de operaciones de financiamiento interno y externo, entre otras.

Sociedad fiduciaria

La Sociedad Fiduciaria será la definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la conservación y transferencia de los recursos y la vocería del Fondo, según lo dispuesto en las normas que regulan lo correspondiente a las obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades administradoras de patrimonios autónomos y según lo señalado en esta Parte. La Sociedad Fiduciaria será la competente para comprometer jurídicamente al Fondo, incluyendo la suscripción de las operaciones de financiamiento interno y externo que deban ser celebradas a su nombre, así como la atención del servicio de la deuda.

De igual manera, le corresponderá ejercer los derechos y obligaciones del Fondo y representarlo judicial y extrajudicialmente. Para lo anterior, la Sociedad Fiduciaria deberá atender a las políticas definidas por la Junta y a las precisas instrucciones que reciba del Director Ejecutivo, cumpliendo con lo acordado en el Reglamento Operativo.

Se mantendrá una absoluta separación entre los recursos de la Entidad Gestora, los de la Sociedad Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por ésta y los del Fondo, de modo tal, que todos los costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y no con los de otras entidades. Para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo, no se podrá perseguir el patrimonio de ninguna de las entidades señaladas. La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo será asumida de manera exclusiva con su patrimonio.

No obstante, la Sociedad Fiduciaria responderá con su patrimonio por el incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su gestión. La Sociedad Fiduciaria celebrará de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con el objeto del Fondo, en atención a las políticas definidas por la Junta y según las instrucciones que reciba del Director Ejecutivo. La Sociedad Fiduciaria expedirá las certificaciones de las donaciones recibidas.

Aspectos que se regularán en el Reglamento Operativo. El Reglamento Operativo que acuerden la Entidad Gestora y la Sociedad Fiduciaria, deberá recoger lo dispuesto en esta Parte para la administración y ejecución de los recursos, y el desarrollo del objeto del Fondo, así como todo aquello que sea necesario para la adecuada regulación de la relación las partes, incluyendo lo relativo a las instrucciones que se otorguen en desarrollo de dicha relación, la forma y tiempos en que se le dará cumplimiento a tales instrucciones, las obligaciones y derechos de cada parte de conformidad con las actividades y competencias propias de cada una de ellas, incluyendo la comisión fiduciaria, el comité fiduciario, la forma en que se efectuarán los pagos, los desembolsos y transferencias de bienes, instancias de comunicación entre ambas partes y demás aspectos que se requieran.

PARÁGRAFO. La Sociedad Fiduciaria celebrará con los entes territoriales o entidades del Estado competentes para recibir y administrar los bienes, los contratos o convenios que resulten necesarios para esta finalidad. Así mismo, acordará con los Instrumentos Asociativos de Origen Comunitario que sean beneficiarios de la administración de los bienes, las condiciones en las que se desarrollará esta actividad. Todo lo anterior, atendiendo a las instrucciones que imparta la Junta en ese sentido. En el documento que ordene la transferencia y/o de entrega en administración se indicará la destinación de los bienes transferidos o entregados en administración y las responsabilidades que de dicha transferencia o administración se deriven. 

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