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Dic. 05 - Dic. 07 de 2023
Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 07 de Diciembre de 2023
Bitácora de Normas Reseñadas por Economía Aplicada en el año 2023. Hacienda.
Se anexa el archivo.
Sector de la semana
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Jue. 07 de Diciembre de 2023
Bitácora de Normas Reseñadas por Economía Aplicada en el año 2023. Gobierno-General.
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Mié. 06 de Diciembre de 2023
Bitácora de Normas Reseñadas por Economía Aplicada en el año 2023. Pensiones.
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Noticias de la semana
Noticias
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Jue. 07 de Diciembre de 2023
Energía
06 de diciembre de 2023
| SSPD reiteró que el servicio de alumbrado público es responsabilidad de los municipios |
| CREG publicó concepto sobre las diferencias entre liberación total y liberación remanente de capacidad |
Fondos
06 de diciembre de 2023
| Reforma Pensional: Asofondos lanza fuerte advertencia |
Gobierno
06 de diciembre de 2023
| Presupuesto de Bogotá 2024 por $ 33,2 billones, a sanción de la alcaldesa Claudia López | Ámbito Jurídico |
Salud
06 de diciembre de 2023
| Reforma a la Salud: reacciones ante su aprobación |
| Minsalud asignó $93.401 millones para recuperación de hospitales intervenidos |
Telecomunicaciones
06 de diciembre de 2023
| “Cuando el Presidente Petro vino a El Remanso prometió poner conectividad: hoy lo estamos cumpliendo”: Ministro Lizcano |
Mié. 06 de Diciembre de 2023
Aseguradoras
05 de diciembre de 2023
| Superfinanciera aclaró disposiciones sobre el alcance de los riesgos asegurables |
Energía
05 de diciembre de 2023
| Concepto de la CREG relativo a los cambios en los incentivos de calidad del servicio que surjan con posterioridad a su aplicación por la modificación del plan de inversiones |
Fondos
05 de diciembre de 2023
| ¿Es admisible aplicar condición más beneficiosa para otorgar efectos ultractivos a norma pensional? | Ámbito Jurídico |
Salud
05 de diciembre de 2023
Telecomunicaciones
05 de diciembre de 2023
| “Invito a los mandatarios de los territorios a que se conviertan en líderes de tecnología en sus regiones”: Ministro Lizcano |
Coyuntura normativa
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Jue. 07 de Diciembre de 2023
Bitácora de Normas Reseñadas por Economía Aplicada en el año 2023. Otros Sectores
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Mié. 06 de Diciembre de 2023
Bitácora de Normas Reseñadas por Economía Aplicada en el año 2023. Financiero
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Nov. 27 - Nov. 30 de 2023
Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 30 de Noviembre de 2023
Gobierno-Financiero. Decreto 1962 de 15 de noviembre 2023, por el cual se homogenizan las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros (1). Consideraciones
En sus consideraciones el gobierno establece que el Minhacienda adelantó un análisis de las disposiciones que regulan la gobernanza de las entidades públicas de servicios financieros, identificando que aquellas son heterogéneas en razón a los diferentes rangos normativos de los instrumentos que las contienen y a la diversidad de sus preceptos, lo cual dificulta el desarrollo de sus actividades de manera coordinada.
Que con la homogenización de la gobernanza se robustece el vínculo entre las entidades públicas de servicios financieros, lo cual permitirá un mejor desarrollo de las políticas públicas dirigidas a las pequeñas unidades productivas, tanto en lo urbano como en lo rural, las mujeres y los jóvenes, promover la empresa digital y disruptiva, cultural e intensiva en conocimiento, así como, determinar efectivamente la forma en la que se ejecutará la política pública en materia financiera y de apoyo a la Economía Popular y Comunitaria.
Que es una prioridad para el Gobierno nacional que las entidades públicas de servicios financieros en cabeza del Grupo Bicentenario se conviertan en un instrumento importante para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, lo que requiere que tengan un propósito común y estén alineadas para potenciar sus respectivos nichos de negocio, generar economías de escala, eficiencias administrativas y operacionales y promover el bienestar de sus trabajadores.
Que en la homogeneización de las políticas de gobernanza de las subordinadas del Grupo Bicentenario se garantizan las condiciones laborales de sus trabajadores y el máximo nivel de bienestar para los mismos, reconociéndolos como agentes de ejecución de la política pública de las entidades y piedra angular de la transición hacia una economía justa que genere empleo y bienestar.
Que para maximizar las sinergias entre las entidades públicas de servicios financieros, se hace necesario integrar al Fondo Nacional del Ahorro y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial al Grupo Bicentenario, con el fin de establecer políticas que permitan la actuación conjunta de las entidades en cabeza de una misma matriz. Que se hace necesario establecer medidas que otorguen a las entidades públicas de servicios financieros instrumentos para alcanzar el más alto nivel de gobernanza de acuerdo con los estándares internacionales y los criterios de sostenibilidad, a fin de proteger el ahorro del público y los recursos del Estado, garantizando que los mismos se empleen en la ejecución de las políticas públicas.
Mié. 29 de Noviembre de 2023
Gobierno-Infraestructura. Decreto 1961 de Noviembre 15 de 2023. o "Por el cual se crea el Instituto Nacional de Vías Regionales, se determina su estructura. funciones y se dictan otras disposiciones.". Objeto y Funciones
CREACIÓN, NATURALEZA Y OBJETO Artículo 1°. Creación. Créase el Instituto Nacional de Vías Regionales - INVIR, como un Establecimiento Público del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera , adscrita al Ministerío de Transporte, el cual tendrá un régimen contractual sometido al Estatuto General de Contratación salvo las excepciones que se establecen en el artículo 35 del presente decreto.
Artículo 2°. Objeto. El Instituto Nacional de Vías Regionales -INVIR , tendrá como objetivo el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de vías regionales , en el territorio Nacional, en cooperación con los Departamentos, Municipios. o con otras entidades oficiales , semioficiales y privadas . Para tal efecto, el lNVIR ejecutará las políticas, estrategias , planes, programas y proyectos de la infraestructura de carácter regional, así como la Red Vial Nacional de carreteras terciarias y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte .
El patrimonio del INVIR estará constituido por las partidas que se le asignen en el PGN, los recursos de crédito interno y externo, las donaciones que reciba para si, los recursos de cooperación nacional o internacional y los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier tipo.
Ejecutar las políticas, lineamientos, estrategias, planes y proyectos de la infraestructura vial terciaria a cargo definidos por el Mintransporte. Dirigir la elaboración en conjunto con Mintransporte de los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, mejoramiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento que requiera la infraestructura de su competencia.
Ejecutar los programas y proyectos sociales que le establezca el gobierno nacional, fomentar con los entes territoriales y las comunidades la construcción, mejoramiento y conservación de las vías regionales, ejecutar procesos de coordinación para articular acciones ya actividades con entidades sectoriales e intersectoriales y territoriales y otras públicas, comunitario o privadas deacuerdo con las directrices fijadas por el Mintransporte.
Deberá coordinar con el Mintransporte la ejecución de los planes y programas de su competencia, las actividades de diálogo y acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones Público Populares, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom y demás asociaciones, así como los departamentos , municipios y demás entidades oficiales, semioficiales y privadas para la ejecución de los planes programas de su competencia.
Deberá adelantar estudios y análisis, así como proponer proyectos para aportar lineamientos técnicos al sector, asesorar y prestar apoyo técnico en la ejecución de proyectos a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción mantenimiento y atención de la infraestructura a cargo de estas cuando así lo requieran.
Realizar operaciones financieras que permitan anticipar recursos futuros u otros esquemas, tendientes a la obtención de nuevas fuentes de financiación para el cumplimiento del objeto del instituto, celebrar negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.
Celebrar negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, cumplir con las acciones que se requieran en lo relacionado con obras por impuestos, regalías y cooperación, de conformidad con la normatividad vigente los lineamientos del Mintransporte
Supervisar la ejecución de las obras, proyectos y programas especiales a cargo del Instituto, controlar y evaluar las políticas, planes y programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a cargo.
Deberá coordinar con el INVIAS la entrega, mediante acto administrativo de la infraestructura de transporte y bienes conexos de su competencia e igualmente el recibo de ésta.
Sector de la semana
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Mié. 29 de Noviembre de 2023
Gobierno-Financiero. Decreto 1962 de 15 de noviembre 2023, por el cual se homogenizan las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros (2). Disposiciones adoptadas
TITULO 1. Homogeneización del régimen de las entidades públicas de servicios financieros
Artículo 1. Articulación de Políticas Públicas. A partir de la expedición del presente Decreto Ley, la sociedad Grupo Bicentenario S.AS., a través de su comité asesor, centralizará y liderará la articulación de las iniciativas de política pública relacionadas con productos y servicios de sus entidades subordinadas.
En ejercicio de esta facultad, previa aprobación de su Junta Directiva, la sociedad Grupo Bicentenario S.AS., podrá crear unidades de negocio para aprovechar las sinergias en los procesos de las entidades subordinadas, sin que ello implique la delegación de profesionalidad de las entidades financieras.
Artículo 2°. Composición de Juntas Directivas. Las Juntas Directivas de las entidades subordinadas al Grupo Bicentenario S.AS., estarán conformadas por un número impar de miembros entre cinco (5) y nueve (9), todos los cuales serán miembros principales, sin suplentes. Por lo menos el 25% deberán ser independientes y el 30% mujeres.
La Asamblea General de Accionistas de cada entidad determinará, de conformidad con los lineamientos que para el efecto imparta el Gobierno nacional, a través de reforma estatutaria, la composición de su Junta Directiva, garantizando un (1) renglón a los empleados de la respectiva entidad, que estará exceptuado de cumplir con lo dispuesto en el primer inciso del numeral 3 del artículo 73 del Decreto Ley 663 de 1993.
Parágrafo 1: Las reformas estatutarias que deriven del inciso anterior deberán realizarse, a más tardar, en la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del año inmediatamente siguiente a la expedición del presente Decreto Ley.
Parágrafo 2: Para los efectos del presente Decreto Ley, serán miembros independientes quienes cumplan, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Parágrafo 2 del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005 o la que los modifique o sustituya. Parágrafo 3: Las entidades que son emisores de valores, deberán dar cumplimiento, además, a los límites establecidos en la regulación aplicable a la composición de sus Juntas Directivas.
Artículo 3°. Modificación de Estatutos Sociales. Los Estatutos Sociales de las entidades que hagan parte del Grupo Bicentenario sólo podrán ser modificados por la Asamblea General de Accionistas de la respectiva entidad, sin que para ello se requieran más formalidades que las establecidas en la regulación societaria y financiera aplicable. En ningún caso se requerirá decreto o ley para realizar las modificaciones a los Estatutos Sociales.
Artículo 4°. Presidentes de las entidades. La representación legal principal de las entidades pertenecientes al Grupo Bicentenario estará a cargo de sus presidentes, quienes serán elegidos por las Juntas Directivas de cada entidad con arreglo a los procedimientos determinados en los Estatutos Sociales sin período fijo, de conformidad con los lineamientos que para el efecto imparta el Gobierno nacional.
Parágrafo 1: En caso de requerirse, las reformas estatutarias respectivas deberán realizarse en la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del año inmediatamente siguiente a la expedición de! presente Decreto ley.
Parágrafo 2: No obstante su régimen de vinculación laboral, los presidentes de las entidades estarán sometidos al régimen disciplinario y de control interno al que se sometan la mayoría de los trabajadores de la entidad que dirigen.
Artículo 5°. Vinculación de nuevas entidades. las entidades que se vinculen al Grupo Bicentenario con posterioridad a la expedición del presente Decreto ley, deberán adoptar todas las medidas para la homogeneización de sus asuntos de gobernanza dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al registro de la vinculación en su libro de registro de accionistas.
Artículo 6°. Entidades con accionistas privados. Sin perjuicio de los derechos de propiedad adquiridos, si los acuerdos de accionistas celebrados con anterioridad a la expedición de este Decreto Ley, fueran contrarios a las disposiciones del mismo, deberán reformarse con el fin de adoptar las medidas aquí establecidas.
Mié. 29 de Noviembre de 2023
Gobierno-Infraestructura. Decreto 1961 de Noviembre 15 de 2023. o "Por el cual se crea el Instituto Nacional de Vías Regionales, se determina su estructura. funciones y se dictan otras disposiciones.". Dirección, Consejo Directivo y Direcciones Territoriales
La Dirección del INVIR estará a cargo del Consejo Directivo y un Director. El consejo directivo estará constituido por el Ministro de Transporte, el director de la ANLA, el director del Departamento de Ingenieros Militares – IM o su delegado, un Delegado del Presidente de la República, con experiencia en e estructuración de proyectos de obra pública y un representante de los gremios del sector de infraestructura.
Actuarán con voz pero sin voto, el Mininterior o su delegado, El director de la Unidad de Planeación de Infrestructrura de Transporte UPIT, el Director del Invías o su delegado y el Director General del INVIR
La entidad realizará un plan estratégico de largo, mediano y corto plazo, que será aprobado por el consejo directivo, que además deberá deberá definir y aprobar la política general del INVIR, orientar su funcionamiento general, definir y adoptar los criterios de asignación y distribución de recursos de conformidad con las prioridades de política, aprobar, adoptar y modificar el manual de contratación de la entidad, en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración pública y las excepciones contempladas en el presente decreto, aprobar la delegación de funciones a otros organismos de derecho público, conocer los informes de gestión del instituto, impartir las directrices, para la coordinación intra e interinstitucional y aprobar el anteproyecto de Presupuesto Anual del instituto. Aprobar las operaciones de servicio de la deuda, operaciones de crédito público y las asimiladas o conexas del instituto que requiera para el cumplimiento de su misionalidad.
Se definen las dependencias y sus funciones y se establecen direcciones territoriales.
Las direcciones territoriales tendrán como función entregar periódicamente informes a la Subdirección General de carácter técnico, legal y financiero de los proyectos de infraestructura que se adelanten en su Jurisdicción Territorial, participar en la formulación de planes, programas y proyectos, con el objeto de garantizar la articulación institucional, teniendo en cuenta la perspectiva del territorio de su jurisdicción. Coordinar y ejecutar en su jurisdicción los planes, programas y proyectos establecidos por el instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la dirección general y adelantar el seguimiento y evaluación de estos.
Promover modelos de gestión conjuntos con otras entidades públicas o privadas, para optimizar recursos de índole financiera, de infraestructura, de talento humano, entre otros y ponerlos a consideración de la subdirección general. Deberá supervisar los contratos y convenios de infraestructura a cargo del instituto, atender las emergencias, en coordinación con la Subdirección de Sosteniblidad y Riesgo.
Coordinar con los entes territoriales las intervenciones necesarias en la infraestructura dentro de la jurisdicción de la Dirección Territorial, cuando la misma se presente a afectaciones o restricciones en su operación, entre otras.
Deberá conceder permisos de uso de zona de vía, coordinar con la policía de carreteras el cumplimiento de las normas sobre uso de las vías, requerir información y mantener actualizado el inventario y evaluación del estado de la infraestructura,suministrar información del avance de planes y proyectos, suscribir los instrumentos públicos de los trámites de desenglobe de terrenos y/o actualización de áreas y linderos, así como adelantar las gestiones administrativas, notariales y de registro correspondientes a los predios del instituto en su jurisdicción.
Velar por la protección de los predios del instituto de su jurisdicción, establecer necesidades de información, gestionar, analizar y producir información dirigida a alimentar los sistemas de información y la generación de estadísticas.
Mar. 28 de Noviembre de 2023
Gobierno-Infraestructura. Concesionarios de infraestructura sobre la actualidad del sector infraestructura. Luis Eduardo Gutierrez Gerente Autopistas del Magdalena Medio (concesión que reemplazó la ruta del Sol II, segundo tramo de Puerto Salgar hasta Barrancabermeja). Entrevista Equipo W Radio.
Esta vía que tiene 240 Km se firmó una concesión el 22 de diciembre y se inició con las intervenciones asociadas al la puesta de la vía. La responsabilidad estaba en principio en las intervenciones prioritarias, se tienen obligaciones de 140 Km de segunda calzada y la idea es tener un corredor que comunique con la Costa Atlántica. Son los primeros proyectos de quinta generación que se están ejecutando en el país.
En este momento el contrato está en la etapa de preconstrucción, que implica la gestión predial, ambiental, de redes. La idea de este proyecto es completar la doble calzada de 140 Km de segunda calzada, la construcción de 8 variantes para los que van de paso largo no tengan que pasar por los cascos urbanos. Se tienen 47 meses para la obra, se están diseñando muchos frentes de trabajo, y se ha venido hablando con los transportadores se va a requerir planes de manejo de tráfico y cierres viales, durante estos 4 años el plazo está muy corto pero se está organizando para poder lograr terminar la doble calzada.
El concesionario se encuentra un punto crucial en torno al cierre financiero del contrato. Si hubo con el decreto 050 una incertidumbre por parte de los financiadores y para todos los concesionarios que estaban en proceso de cierre financiero. Los anuncios recientes son positivos y se busca con la ANI lograr todos los mecanismos para lograr el cierre financiero del contrato.
Se está muy positivo en que se pueda regularizar y la incertidumbre se ha venido reduciendo y se espera que se comiencen a materializar los anuncios de aumentos en los peajes enero y junio de 2024 al 13% y 9% respectivamente.
En cuanto a lo que se ha dejado de percibir el concesionario por concepto del no aumento de las tarifas de los peajes, registra que se tiene mas o menos 11 mil millones de pesos de déficit por cuenta del decreto 050. Mes a mes el déficit oscila entre 1.100 millones de pesos. En el contrato establece como se deben reconocer los pagos cuando han pasado 90 días.
Se han venido generando las actas de compensación para conseguir los recursos a través del fondo de contingencias. La idea es que en el corto plazo pueda regularizarse el contrato y el tema tarifario y avanzar con la construcción de la segunda calzada que es el objetivo principal de los contratos.
Se han llegado a generar acuerdos, certificaciones, conteos y entre las partes firmar las actas correspondientes. Hay diálogo permanente con la ANI y se espera llegar a acuerdos y no se ha contemplado acudir a otras instancias, lo importante es poner al día el contrato. Señala la periodista de la W que se ha observado el mismo proceso de conciliación con la ANI con los demás concesionarios.
Sobre la valorización, el concesionario señala que es una opción válida y se ha venido estructurando e igual de lo que ha venido pasando con el tema tarifario si se considera que puede ser una alternativa para el pago de los contratos para evaluarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=7bm9yhTXKVw&t=816s
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Jue. 30 de Noviembre de 2023
Energía
29 de noviembre de 2023
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29 de noviembre de 2023
| Aprobado en primer debate Proyecto de Ley Estatutaria de Integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural |
Infraestructura
29 de noviembre de 2023
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ADJUDICA CONTRATO PARA AMPLIAR EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA | Portal ANI |
Salud
29 de noviembre de 2023
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Telecomunicaciones
29 de noviembre de 2023
Mié. 29 de Noviembre de 2023
Energía
28 de noviembre de 2023
| Precisiones de la CREG en cuanto al precio de arranque y parada para el cálculo del Precio de Oferta Ajustado |
Gobierno
28 de noviembre de 2023
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| Esta es la agenda para la negociación del salario mínimo del 2024 | Ámbito Jurídico |
Hidrocarburos
28 de noviembre de 2023
Salud
28 de noviembre de 2023
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| Reforma a la salud salió de cuidados intensivos, fue aprobado el 68% del articulado | Camara de Representantes |
Telecomunicaciones
28 de noviembre de 2023
| Colombia ingresa a Bella II, iniciativa que trabaja para conectar a América Latina con Europa |
Mar. 28 de Noviembre de 2023
Energía
27 de noviembre de 2023
| SSPD explicó qué deben incluir las tarifas por el acceso y uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional- SIN- |
Gobierno
27 de noviembre de 2023
| Conozca la ponencia para el primer debate de la reforma laboral del Gobierno | Ámbito Jurídico |
Hidrocarburos
27 de noviembre de 2023
Infraestructura
27 de noviembre de 2023
Salud
27 de noviembre de 2023
| Rendición de cuentas de Bogotá: así le fue al sector salud |
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
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Jue. 30 de Noviembre de 2023
Decreto 1962 de 15 de noviembre 2023, por el cual se homogenizan las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros (3). Disposiciones adoptadas
TíTULO II
Homogeneización del régimen del Fondo Nacional del Ahorro y de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Artículo 7°, Homogeneización del Régimen del Fondo Nacional del Ahorro. A partir de la expedición del presente Decreto, transfórmese el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, en una sociedad por acciones. del tipo de las anónimas. cuya razón social será Fondo Nacional del Ahorro S.A., la cual formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, será una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organizada como un establecimiento de crédito, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Parágrafo: Para efectos tributarios, el Fondo Nacional del Ahorro S.A. continuará rigiéndose por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 432 de 1998.
Artículo 8°, Integración del Capital. El capital suscrito inicial del Fondo Nacional del Ahorro S.A., será de dos billones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($2.473.768.475.000) dividido en dos mil cuatrocientos setenta y tres millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientas setenta y cinco (2.473.768.475) acciones ordinarias de mil pesos ($1.000) cada una.
Parágrafo 1: Para efectos de celebrar la primera asamblea general de accionistas, actuarán como accionistas constituyentes las siguientes entidades:
Parágrafo 2: Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la expedición del presente Decreto Ley, los accionistas del Fondo Nacional del Ahorro S,A se reunirán en asamblea general de accionistas en la cual adoptarán los estatutos sociales de la compañia y procederán a su registro,
Artículo 9°. Homogeneización del régimen de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial. A partir de la expedición del presente Decreto, transfórmese la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S,A, la cual formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D,C., de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Artículo 10°. Integración del Capital. El capital suscrito inicial de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S,A, será de ciento un mil trescientos setenta y dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos ($101.372.468,000), dividido en ciento un millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientas sesenta y ocho (101.372.468) acciones ordinarias de mil pesos ($1.000) cada una.
Parágrafo 1: Para efectos de celebrar la primera asamblea general de accionistas, actuarán como accionistas constituyentes las siguientes entidades:
Parágrafo 2: Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la expedición del presente Decreto Ley, los accionistas de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A se reunirán en asamblea general de accionistas en la cual adoptarán los estatutos sociales de la compañía y procederán a su registro.
TíTULO III Disposiciones Finales
Artículo 11. Régimen de Transición. Las sociedades a las que aplica el presente Decreto Ley contarán con un plazo de doce (12) meses a partir de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del año inmediatamente siguiente a la expedición del mismo, para implementar, bajo la coordinación de la sociedad Grupo Bicentenario S.AS., las modificaciones necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto Ley. Artículo 12°.
Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias, en particular las disposiciones que le sean contrarias del Decreto 3118 de 1968; el Decreto 3068 de 1968; el Decreto 610 de 1974; el Decreto 2168 de 1992; Ley 432 de 1998; y el Decreto 495 de 2019. Adicionalmente deroga las siguientes disposiciones específicas: el parágrafo del artículo 11, artículos 12 y 13 de la Ley 16 de 1990; el artículo 242, el numeral 2.1 del artículo 259 y los numerales 2, 3. 4 Y 5 del artículo 281 del Decreto 663 de 1993; y el artículo 4 del Decreto Ley 4167 de 2011
Mié. 29 de Noviembre de 2023
obierno-Infraestructura-Transporte. Decreto 1961 de Noviembre 15 de 2023. o "Por el cual se crea el Instituto Nacional de Vías Regionales, se determina su estructura. funciones y se dictan otras disposiciones." Régimen Jurídico, de contratación y de Transición
El régimen jurídico aplicable a los actos del Instituto será el general de los actos administrativos del sector público y se denominarán resoluciones.
El régimen contractual aplicable a los contratos misionales del instituto se desarrollará bajo lo definido en el Estatuto General de Contratación de la administración pública, o la norma que lo sustituya, modifique o adiciones, y de conformidad con el manual de contratación que el consejo directivo adopte para tal fin.
Para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria y otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine el Manual de Contratación del Instituto.
En el manual de contratación se definirán todas las condiciones para la contratación del Instituto que permitan prestar o asegurar el cumplimiento del objeto y las funciones de este, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales y legales citados en el presente artículo.
Se establece un régimen de transición:
En el artículo 36 se señala el traslado de funciones, donde el Gobierno Nacional suprimirá del INVIAS y demás entidades públicas del orden nacional las competencias que sumirá el INVIR deacuerdo con la estructura, funciones, procesos, planes, programas y proyectos previstos en el presente Decreto.
Sobre la planta de personal establece que el Gobierno Nacional procederá al traslado de los empleos del Instituto Nacional del Vías -INVIAS- que actualmente tienen a cargo actividades asociadas a las funciones que se trasladan,para lo cual simultáneamente creará y adoptará la planta de personal del INVIR, sujeto a las disponibilidades prespuestales y respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Transporte, así como las situaciones administrativas de los titulares de dichos empleos, su condición y derechos adquiridos, tales como la carrera administrativa.
El gobierno nacional determinará la distribución y número de Direcciones territoriales de conformidad con las necesidades del Instituto y las cargas de trabajo que definan.
En cuanto al presupesto, se señala que en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Gobierno Nacional hará los ajustes presupuestales para que el INVIR cuente con las apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos, sin aumentar las partidas globales por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda aprobadas por el Congreso de la República.
Finalmente, se establece que las apropiaciones afectadas con registro presupuestal a la expedición del decreto que realizará los ajustes presupuestales, se mantendrán en el INVIAS y/o entidades públicas del orden nacional hasta que se cumplan las obligaciones que originaron el compromiso.
Mar. 28 de Noviembre de 2023
Gobierno-Infraestructura-Transporte. Sobre el sector infraestructura y transporte. Ministro de Transporte. William Camargo, Ministro de Transporte Entrevista Equipo Blu Radio.
Sobre el precio de los peajes en Colombia, señala el Ministro que el incremento se dará al inicio del próximo año a inicios de enero. El segundo aumento se dará en el tercer trimestre del próximo año, para conservar la indemnidad deacuerdo con el compromiso adquirido de aumentar los peajes con el IPC. No se hace desde diciembre por que hay una percepción del aumento de peajes asociada aumento del costos. Lo más conveniente era llevar el aumento a enero y adicionalmente este mes adicional tendrá una cobertura adicional con recursos que han sido ya dispuestos por el Minhacienda. La decisión que se toma con el Presidente. Esta actualización va asociada a las condiciones de cada contrato.
Es equivalente al valor del 13,5% en enero y del 9,8% para 2023.
Sobre el precio del ACPM, se espera que no impacte tan severamente el bolsillo de los transportadores. El precio del peaje y los combustibles se carga a la estructura de costos y los usuarios del servicio de transporte.
Se está revisando entre hacienda, Mintransporte y Minminas, la fórmula de combustibles que tiene impacto sobre la estructura de costos de los fletes. Participan los transportadores de carga, con los gremios y asociaciones que tienen tanto en intermunicipal como de carga. La intención es que el impacto se module en el tiempo, para que paulatinamente lo asimile la economía y tiene un impacto en la capacidad de compra de los hogares.
La molestia de los transportadores siempre ha estado por que asocian que en su estructura de costos este valor lo pagan ellos, estos valores van directamente a SISETAC e impacta el flete que lo pagan todos los usuarios.
En cuanto a los cambios en la Agencia Nacional de Infraestructura. El Plan de Desarrollo y durante el empalme se definió a que la capacidad migrara a otros sectores para lograr diseñar proyectos de universidades, colegios, hospitales, servicios de saneamiento básico, se está trabajando con alrededor de 3 a 15 proyectos y algunos municipios como Cúcuta. Con el esquema de asignación de riesgos de la ANI puede funcionar.
Las últimas 4G costaron 100 billones de pesos estas últimas capacidades cuestan 5 billones de pesos. No modifica la ANI en las estructuraciones para proyectos con entidades subnacionales o del orden nacional que amplia su impacto a territorios y que son deficitarios en la provisión de infraestructuras.
Se van a seguir desarrollando los contratos de concesión, la inversión privada es bienvenida en el país con ajustes de modelos de contratos, minutas y asignación de riesgos, que ha funcionado y ha permitido construir una infraestructura con recursos públicos y concentración de esfuerzos. Se tienen ajustes en algunas revisiones habituales pero se sigue considerando que hay oportunidades y no distrae que por obra pública y otros recursos de aplicación anual pueda realizar otros proyectos.
A la pregunta de que quien va a auditar las obras de infraestructura en vías terciarias que sean llevadas a cabo por las juntas de acción comunal, responde el Ministro tiene previsto que se hagan interventorías de cuantías menores que se están gestionando con los primeros contratos de Asociación con las JAC, hay alrededor de 800 a 900 contratos suscritos, e interventorías que están cubriendo estas intervenciones y que cuentan con acompañamiento técnico.
Existen comunidades en veredas y municipios lejanos que han construido las obras de manera independiente y sin recursos de la nación, la idea es habilitar recursos para que puedan desarrollar puntos críticos y que no son obras especializadas, que las hacen a menor costo que si intervienen las Pymes y Mipymes de Ingeniería.
https://www.youtube.com/watch?v=OdIe33qIvuA
Nov. 20 - Nov. 23 de 2023
Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 23 de Noviembre de 2023
Gobierno- General. Proyecto de decreto del Ministerio de Comercio e Industria sobre tarifas de derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, y se dictan otras disposiciones (1). Consideraciones normativas
En sus consideraciones, el proyecto de decreto señala que el monto de las tarifas de renovación que deben sufragarse a favor de las cámaras de comercio lo fija el Gobierno nacional, según tarifas diferenciales en función del monto de los activos o de los ingresos de actividades ordinarias del comerciante o del establecimiento de comercio, según sea el caso, con base en el criterio más favorable para la formalización de las empresas.
También que los derechos por renovación en el caso de las personas naturales serán establecidos en función del monto de los activos o de los ingresos del desarrollo de su actividad comercial. Que los derechos por renovación de la matricula mercantil se ajustará a UVT la tarifa que se causa anualmente por renovación y se liquidará de acuerdo a los rangos estipulados.
En sentencia del 17 de marzo de 2022, la Sección Primera de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sobre derechos de registro y renovación respectivamente, por considerar que la distribución de las tasas eran inequitativas por cuanto impone a los empresarios más pequeños tributos que impactan más fuerte sobre sus activos, desconociendo así su capacidad económica.
Que en consideración del Consejo de Estado, la tarifas por registro y renovación de la matricula mercantil y de establecimientos, sucursales y agencias, deben ser progresivas, es decir que el reparto de la carga tributaria obedece a la capacidad contributiva, y equitativa verticalmente, es decir que, a mayor capacidad económica, mayor carga contributiva, de tal suerte que las tasa deben ser graduadas de conformidad con la capacidad de los sujetos, medidas objetivamente a partir de los activos o patrimonios, con un sistema de escalas diferenciales, en las que se grave con tarifas superiores a los empresarios o establecimientos de comercio con mayores activos o patrimonio.
Que si bien el Decreto 393 de 2002 fue derogado una vez quedó expedido el Decreto 2260 de 2019 incorporado en el Decreto 1074 de 2015, antes de decretar la nulidad del acto, por parte del Consejo de Estado, es menester atender las consideraciones de la sentencia proferida por dicha corporación, ajustando la estructura matemática del modelo para la estimación de los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, incorporando criterios en materia de progresividad y equidad vertical, permitiendo con esto, un beneficio claro tanto para los sujetos pasivos, como activos de la tasa contributiva que se recauda por estos conceptos.
Que en virtud de lo anterior, es necesario modificar la estructura tarifaria del registro mercantil, de manera que atiendan los criterios de razonabilidad y proporcionalidad e incluya los principios de progresividad y equidad vertical indicados por la sentencia del Consejo de Estado. Así mismo, atendiendo los propósitos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, adoptado por medio de la Ley 2294 de 2023, se vinculará dentro de la estructura del registro mercantil a la economía popular y comunitaria, a fin de propiciar competitividad y mejores garantías jurídicas dentro del aparato económico del país, otorgando beneficios como la gratuidad del registro y una tarifa diferencial para el primer año de renovación.
Que el artículo 313 de la Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” establece la creación de la Unidad de Valor Básico-UVB, para todos los cobros, incluidas la tarifas; la cual entrará a regir a partir del 1 de enero de 2024.
Qué las tarifas de registro y renovación del registro mercantil serán expresadas, en adelante, en Unidades de Valor Básico sobre los activos líquidos ordinarios y con tarifas diferenciales. Tanto el registro como la renovación, tendrán un valor mínimo o piso y un valor máximo o techo.
Que igualmente, se establece un nuevo marco tarifario para establecimientos, sucursales y agencias con tarifas diferenciales o escalas diferenciales, en función del número de establecimientos y el domicilio principal registrado del comerciante, a fin de lograr mayor progresividad y equidad, en el recaudo.
Que si bien se plantea un nuevo marco tarifario a fin de cumplir los cometidos y consideraciones de la Corte, también es necesario implementar mecanismos de compensación que permitan mitigar la caída de los ingresos de las Cámaras de Comercio especialmente por concepto de las tarifas de renovación, las cuales, al ser contributivas, financian no solo la operación del mismo registro, sino otras funciones delegadas, como los programas de la política de reindustrialización, turismo y comercio exterior, previstos en el artículo 98 de la Ley 2294 de 2023.
Que por tanto, se propone ajustar las tarifas correspondientes a actos, libros y documentos, así como certificados simples, para compensar la disminución en los ingresos percibidos por las Cámaras de Comercio, de una manera equilibrada e inclusive manteniendo un costo inferior a otros servicios registrales.
Mié. 22 de Noviembre de 2023
Gobierno-Energía-Hidrocarburos. Sentencia de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad del impuesto sobre la renta de la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional resolvió la demanda presentada contra el artículo 19 (parcial) de la Ley 2277 de 2022, así:
ÚNICO. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”,que modificó el artículo 115 del Estatuto Tributario.
En la Sentencia C-489 de 2023 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger), el magistrado Juan Carlos Cortés González salvó su voto y la magistrada Natalia Ángel Cabo se apartó parcialmente de la decisión. Reservaron aclaración de voto la magistrada Diana Fajardo Rivera, y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo.
Inicialmente se demandó inciso primero del parágrafo del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022. Sin embargo, luego de la integración normativa se declaró la inexequibilidad de todo el parágrafo censurado.La norma demandada prohíbe la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 19°. Modifíquese el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS. Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.
En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.
Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.
PARÁGRAFO 1. La contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa, indistintamente de la denominación del pago y del tratamiento contable o financiero que el contribuyente realice, e independientemente de la forma del pago de la misma, ya sea en dinero o en especie. Para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables.
Cuando el contribuyente haga parte del sector de hidrocarburos y pague la regalía en especie, el costo total de producción de los recursos naturales no renovables (CTP) será el resultado de la sumatoria de los costos anuales de producción de los recursos naturales no renovables pagados a título de regalía de cada pozo (ΣUD) así:
CTP = ΣCP
El costo anual de producción (CP) de los recursos naturales no renovables pagados en especie a título de regalías de cada pozo corresponde al resultado de multiplicar el volumen de hidrocarburos pagados en especie a título de regalía (VR) por el costo unitario (CU) de producir el hidrocarburo pagado en especie, así:
CP = VR X CU
Donde:
|
VR= |
Es el volumen de hidrocarburo que se paga a título de regalías en especie por cada pozo, expresado en barriles o barriles equivalentes, durante el año gravable. |
|
CU= |
El costo unitario (CU) se calculará dividiendo el costo total anual (CT) por pozo entre el volumen total anual de barriles producido por el pozo (VT), así: |
CU= CT
VT
Para tal fin, el Costo Total (CT) anual del pozo, corresponde a la sumatoria de todos los costos asociadas al pozo entre los que se encuentran, sin limitarse, aquellos relacionados en el artículo 143-1 del Estatuto Tributario, los costos incurridos en los procesos de extracción recolección, tratamiento y almacenamiento.
Sector de la semana
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Jue. 23 de Noviembre de 2023
Gobierno-General. Proyecto de decreto del Ministerio de Comercio e Industria sobre tarifas de derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, y se dictan otras disposiciones (2).
En la parte resolutiva se establece:
Artículo 1. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.1. del Decreto 1074 de 2015.
1. Derechos por registro de la matrícula mercantil. El registro en la matrícula mercantil causará los siguientes derechos, liquidados en unidades de valor básico – UVB, de acuerdo con el monto de los activos:
1.1. Dos (2) UVB para empresas con activos totales (capital inicial) inferior o igual a 26.700 UVB.
1.2. Quince (15) UVB para empresas con activos totales (capital inicial) superior a 26.700 UVB.
2. Derechos por renovación de la matricula mercantil. La tarifa por renovación se causará anualmente, en función de los activos ordinarios del comerciante, y se liquidará en unidades de valor básico -UVB, conforme a la siguiente tabla:
Artículo 2. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.2. del Decreto 1074 de 2015.
Derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos, sucursales y agencias. Los derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, se liquidarán en liquidados en unidades de valor básico –UVB, aplicando tarifas diferenciales, según el número de establecimientos que tenga el comerciante y el domicilio en el que se encuentre registrado, de la siguiente forma:
1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizada dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal del comerciante, la tarifa se aplicará conforme a la siguiente tabla:
2. Cuando el establecimiento, sucursal o la agencia, se encuentre localizada fuera de la jurisdicción de la Cámara de Comercio del domicilio principal, se causará de acuerdo con la siguiente tabla:
3. Modificación del artículo 2.2.2.46.1.3. del Decreto 1074 de 2015.
Derechos por cancelaciones y mutaciones. La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causarán los siguientes derechos:
1. Cancelación de la matrícula de comerciante, 2 UVB.
2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio, 2 UVB.
3. Mutaciones en la información del registro, 4 UVB.”
Modificación del artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015. Derechos por inscripción de actos, libros y documentos. La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causara un derecho de 25 UVB. La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causara un derecho de 1.5 UVB.”
Modificación del artículo 2.2.2.46.1.5. del Decreto 1074 de 2015
Formulario. El formulario necesario para la inscripción en el registro público mercantil tendrá un valor unitario de 0.7 UVB.”
Modificación del artículo 2.2.2.46.1.6. del Decreto 1074 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.2.46.1.6. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así:
Certificados. Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independientemente del número de hojas de que conste.
1. Matricula mercantil, 2 UVB.
2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos y otros, 2 UVB.
3. Certificados especiales, 2 UVB.”
Adición del artículo 2.2.2.46.1.12. al Decreto 1074 de 2015. Adiciónese el artículo 2.2.2.46.1.12. al Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual será del siguiente tenor:
Beneficios para la economía popular y comunitaria. Las micro empresas de la economía popular y comunitaria que hagan parte de los programas para el desarrollo empresarial dispuestos por el Gobierno Nacional, serán beneficiadas con una tarifa diferencial de 0.5 UVB, a título de derechos por registro de la matrícula mercantil. Igualmente, los beneficiados de esta exención tendrán derecho a pagar por su primera renovación una tarifa de 0.5 UVB.”
Adición del artículo 2.2.2.46.1.13. al Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual tendrá el siguiente texto:
“Artículo 2.2.2.46.1.13. Periodicidad. Los esquemas tarifarios de esta sección serán revisados cada dos años por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de determinar la procedencia de su modificación.”
Mié. 22 de Noviembre de 2023
Gobierno-General. Proyecto de decreto “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 272 de 2018”. relacionado con el restablecimiento de arancel para productos con registro de producción nacional.
En la parte resolutiva de este proyecto de decreto se reestablece el gravamen arancelario definido en el artículo 1º del Decreto 1881 del 30 de diciembre de 2021 para la importación de los productos clasificados en las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, y que se encuentran actualmente contenidas en el Decreto 272 de 2018:
Alcance. Los aranceles a los que se refiere este Decreto, no modifica ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia.
Situaciones previas. Los aranceles establecidos en el artículo 1° del presente Decreto, no serán aplicables a aquellas importaciones de mercancías que se encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto.
Vigencia. El presente decreto entra en vigencia transcurridos quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica parcialmente el artículo 1 del Decreto 272 de 2018.
Mar. 21 de Noviembre de 2023
Gobierno – Hacienda. Plazos DIAN 2024 (1). Pago imporrenta personas naturales, y jurídicas, personas o entidades con presencia económica significativa en Colombia PES
En sus consideraciones este decreto señala que se se requiere sustituir unos artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para establecer los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales a partir del año 2024 y siguientes.
Que se hace necesario precisar que todas las declaraciones tributarias se presenten de manera virtual a través de los servicios informáticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, razón por la cual se modifica el artículo 1.6.1.13.2.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Que la incorporación del artículo 20-3 al Estatuto Tributario, por el artículo 57 de la Ley 2277 de 2022, sobre la tributación por presencia económica significativa y de conformidad con el numeral 2 del artículo 1.2.1.28.4.3. y el artículo 1.2.1.28.4.5. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria se requiere establecer los plazos para el cumplimiento de la obligación de declarar, liquidar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios por presencia económica significativa y pagar el recaudo anticipado de manera bimestral.
Que los plazos especiales incorporados en diferentes artículos del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, que obedecieron a necesidades de algunos contribuyentes por corresponder a información derivada de múltiples operaciones, lo que en la actualidad no representa cargas adicionales para dichos contribuyentes, debido a los avances tecnológicos que permiten tener la información de tales operaciones casi en tiempo real, motivo por el cual se hace necesaria la eliminación de los plazos especiales establecidos de manera transitoria en los artículos 1.6.1.13.2.12., 1.6.1.13.2.13., 1.6.1.13.2.30 y 1.6.1.13.2.33. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Que el inciso final del artículo 22 del Estatuto Tributario fue modificado por el artículo 15 de la Ley 2277 de 2022, adicionando a las Asociaciones de cabildos indígenas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no declarantes de ingresos y patrimonio, razón por la cual se requiere modificar el artículo 1.6.1.13.2.10. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria para incorporar estas asociaciones dentro de dicha disposición reglamentaria.
En la parte resolutiva establece:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO
“Artículo 1.6.1.13.2.6. Contribuyentes obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario. Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de los que se enumeran en el artículo siguiente. Parágrafo. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario las cajas de compensación respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias previstas en el artículo 359 del Estatuto Tributario”.
“Artículo 1.6.1.13.2.7. Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario. No están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios los siguientes contribuyentes: 1. Los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas -IVA, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en relación con el año gravable a declarar se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos adicionales: 1.1.Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable a declarar no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT.
1.2.Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT.
1.3.Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT. 1.4.Que el valor total de compras y consumos no supere las mil cuatrocientas (1.400) UVT.
1.5.Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT.
2. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, residentes en el país, siempre y cuando, en relación con el año gravable a declarar cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
2.1.Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable a declarar no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT.
2.2.Que los ingresos brutos del respectivo ejercicio gravable no sean iguales o superiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT.
2.3.Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT. 2.4.Que el valor total de compras y consumos no supere las mil cuatrocientas (1.400) UVT.
2.5.Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT.
3. Personas naturales o jurídicas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario y dicha retención en la fuente les hubiere sido practicada.
4. Las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación.
5. Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o período gravable. Las personas naturales residentes en el país a quienes se les haya practicado retención en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el Libro I del mismo Estatuto.
Parágrafo 1. Para efectos de establecer la cuantía de los ingresos brutos a que hacen referencia los numerales 1.2. y 2.2. del presente artículo, no deben incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 593 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2. Para establecer la base del cálculo del impuesto sobre la renta, no se incluirán los ingresos por concepto de ganancias ocasionales, en cuanto este impuesto complementario se determina de manera independiente. Parágrafo 3. Para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, no se entienden incorporadas las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte, conforme con la determinación cedular adoptada por el artículo 330 del Estatuto Tributario. Parágrafo 4. Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán conservar en su poder los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN lo requiera.
Parágrafo 5. En el caso del numeral 3 de este artículo, serán no declarantes, siempre y cuando no se configuren los supuestos de hecho previstos en los artículos 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario en relación con los establecimientos permanentes. Si se configuran, deben cumplirse las obligaciones tributarias en los lugares y en los plazos determinados en la presente Sección.” “Artículo 1.6.1.13.2.8. Contribuyentes del régimen tributario especial que deben presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 19- 4 del Estatuto Tributario son contribuyentes del régimen tributario especial y deben presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios: 1. Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro y que se encuentren calificadas dentro del régimen tributario especial por el año gravable a declarar, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.10. de este Decreto.
2. Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro que efectuaron el proceso de actualización en el régimen tributario especial y presentaron la memoria económica por el año gravable a declarar, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.2.1.5.1.13. y 1.6.1.13.2.25. de este Decreto y no fueron excluidas del Régimen Tributario Especial por ese año gravable. 3. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control.
Parágrafo. Las entidades a que se refieren los numerales anteriores que renuncien, sean excluidas, o que no realizaron el proceso de permanencia, actualización o presentación de la memoria económica cuando hubiera lugar a ello, en el Régimen Tributario Especial, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme con las disposiciones aplicables a las sociedades nacionales, siempre y cuando no hayan sido objeto de nueva calificación por el mismo período gravable”.
“Artículo 1.6.1.13.2.10. Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que no deben presentar declaración de renta ni de ingresos y patrimonio. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 598 del Estatuto Tributario, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario y no deben presentar declaración de renta y complementario, ni declaración de ingresos y patrimonio, las siguientes entidades:
1. La Nación, las entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Áreas Metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las Superintendencias y las Unidades Administrativas Especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes;
2. Las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;
3. Los resguardos y cabildos indígenas, las asociaciones de cabildos indígenas, conforme al Decreto 1088 de 1993, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. Las entidades señaladas en los numerales anteriores están obligadas a presentar declaraciones de retención en la fuente e impuesto sobre las ventas -IVA, cuando a ello hubiere lugar.”
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, EL ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL ANTICIPO DE LA SOBRETASA DEL ARTICULO 240 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO EN LOS PERÍODOS QUE SEA APLICABLE
“Artículo 1.6.1.13.2.11. Grandes contribuyentes. Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas naturales, jurídicas o asimiladas, los contribuyentes del régimen tributario especial, y demás entidades calificadas como “Grandes Contribuyentes” a la fecha de presentación de la declaración, por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. El plazo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el presente artículo vence en el mes de abril, atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento. Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total del impuesto a pagar y el anticipo del impuesto sobre la renta en tres (3) cuotas en los meses de febrero, abril y junio, a más tardar en los siguientes plazos:
DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA MES DE ABRIL DE 2024 Y EN ADELANTE EL MISMO DÍA DEL MES DE ABRIL PARA CADA UNO DE LOS AÑOS SUBSIGUIENTES
PAGO TERCERA CUOTA MES DE JUNIO DE 2024 Y EN ADELANTE EL MISMO DÍA DEL MES DE JUNIO PARA CADA UNO DE LOS AÑOS SUBSIGUIENTES
Parágrafo 1. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del saldo a pagar del año gravable anterior. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo del impuesto sobre la renta en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se cancelará de la siguiente manera, de acuerdo con la cuota de pago así:
DECLARACIÓN Y PAGO
SEGUNDA CUOTA CINCUENTA POR CIENTO (50%)
PAGO TERCERA CUOTA CINCUENTA POR CIENTO (50%)
No obstante, cuando al momento del pago de la primera cuota ya se haya elaborado la declaración y se tenga por cierto que por dicho año gravable la declaración arroja saldo a favor, podrá el contribuyente no efectuar el pago de la primera cuota aquí señalada, siendo de su entera responsabilidad si posteriormente al momento de la presentación se genera un saldo a pagar, caso en el cual deberá pagar los valores que correspondan por concepto de la respectiva cuota y los intereses de mora.
Parágrafo 2. Las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores calificadas como grandes contribuyentes, obligadas al pago de la sobretasa de que trata el parágrafo 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, liquidarán, por los años gravables establecidos en dicha norma, un anticipo calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior, y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales en los meses de abril y junio como se indica a continuación:
Parágrafo 1. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del saldo a pagar del año gravable anterior. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo del impuesto sobre la renta en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se cancelará de la siguiente manera, de acuerdo con la cuota de pago así: DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA CINCUENTA POR CIENTO (50%) PAGO TERCERA CUOTA CINCUENTA POR CIENTO (50%) No obstante, cuando al momento del pago de la primera cuota ya se haya elaborado la declaración y se tenga por cierto que por dicho año gravable la declaración arroja saldo a favor, podrá el contribuyente no efectuar el pago de la primera cuota aquí señalada, siendo de su entera responsabilidad si posteriormente al momento de la presentación se genera un saldo a pagar, caso en el cual deberá pagar los valores que correspondan por concepto de la respectiva cuota y los intereses de mora. Parágrafo 2. Las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores calificadas como grandes contribuyentes, obligadas al pago de la sobretasa de que trata el parágrafo 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, liquidarán, por los años gravables establecidos en dicha norma, un anticipo calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior, y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales en los meses de abril y junio como se indica a continuación:
Parágrafo 3. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, calificados como grandes contribuyentes, obligados al pago de la sobretasa de que trata el parágrafo 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022 liquidarán, por los años gravables establecidos en dicha norma, un anticipo calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios que corresponda a la actividad de generación de energía eléctrica sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior, y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales en los meses de abril y junio como se indica a continuación:
Artículo 1.6.1.13.2.12. Personas jurídicas y demás contribuyentes. Declaración de renta y complementarios. Las demás personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como “Grandes Contribuyentes deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y para cancelar en dos (2) cuotas iguales el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios y el anticipo del mismo impuesto, vencen en los plazos que se indican a continuación, atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento. DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA MES DE MAYO DE 2024 Y EN ADELANTE EL MISMO DIA DEL MES DE MAYO PARA CADA UNO DE LOS AÑOS SUBSIGUIENTES
Parágrafo 1. Las sociedades y entidades constituidas de acuerdo con leyes extranjeras que tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano y que posean sucursales de sociedad extranjera en Colombia, deberán presentar una única declaración tributaria respecto de cada uno de los tributos a cargo, en la que en forma consolidada se presente la información tributaria de la oficina principal y de la sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Para el caso mencionado en el inciso anterior, la oficina principal, en su calidad de sociedad o entidad con sede efectiva de administración en el territorio colombiano, será la obligada a presentar la declaración tributaria de manera consolidada respecto de cada uno de los tributos a cargo.
Parágrafo 2. Las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores, que no tengan la calidad de gran contribuyente, obligadas al pago de la sobretasa de que trata el parágrafo 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, liquidarán, por los años gravables establecidos en dicha norma, un anticipo calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales, dentro de los plazos establecidos en este artículo. Parágrafo 3. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, que no tengan la calidad de gran contribuyente, obligados al pago de la sobretasa de que trata el parágrafo 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, liquidarán, por los años gravables establecidos en dicha norma un anticipo calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios que corresponda a la actividad de generación de energía eléctrica sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior y lo cancelarán en dos (2) cuotas iguales, dentro de los plazos establecidos en este artículo.
“Artículo 1.6.1.13.2.13. Entidades del sector cooperativo. Las entidades del sector cooperativo del régimen tributario especial y las entidades cooperativas de integración del régimen tributario especial deberán presentar y pagar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, dentro de los plazos señalados para las personas jurídicas en el artículo 1.6.1.13.2.12. de la presente Sección, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.” “Artículo 1.6.1.13.2.14.
Plazos para la presentación de la declaración y de los pagos anticipados bimestrales para las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa -PES en Colombia. Las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa-PES en Colombia que hayan optado por declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios deberán presentar la declaración anual de dicho impuesto, a más tardar el 22 de abril del 2025 y en adelante el 22 de abril para cada uno de los años subsiguientes, independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante, en el formulario que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Parágrafo 1. Las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa-PES en Colombia que hayan optado por declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios están obligados a realizar pagos anticipados bimestrales para el siguiente año gravable que vencerán en los siguientes plazos, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación:
Parágrafo 2. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
“Artículo 1.6.1.13.2.15. Declaración de renta y complementarios de las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, con excepción de las señaladas en el artículo 1.6.1.13.2.7. del presente Decreto, así como los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, y las personas naturales no residentes que obtengan renta a través de establecimientos permanentes en Colombia deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
El plazo para presentar la declaración y cancelar en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios y del anticipo, vence en los plazos que inician el primer día hábil del mes de agosto como se indica a continuación, atendiendo los dos (2) últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
Parágrafo. Las personas naturales residentes en el exterior deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios dentro de los plazos antes señalados”.
“Artículo 1.6.1.13.2.16. Plazo especial para presentar la declaración de instituciones financieras intervenidas. Las instituciones financieras que hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o normas posteriores, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para los grandes contribuyentes y demás personas jurídicas y cancelar el impuesto a cargo determinado, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se aprueben de manera definitiva los respectivos estados financieros correspondientes al segundo (2) semestre del año gravable objeto de aprobación, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo también se aplicará a las entidades promotoras de salud intervenidas.” “Artículo 1.6.1.13.2.18. Declaración por fracción de año. Las declaraciones tributarias de las personas jurídicas y asimiladas a estas, así como de las sucesiones que se liquiden durante el año, podrán presentarse a partir del día siguiente a su liquidación y a más tardar en los plazos indicados para el grupo de contribuyentes o declarantes del año gravable correspondiente al cual pertenecerían de no haberse liquidado. Para este efecto se habilitará el último formulario vigente prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Para efectos de la liquidación de la hijuela de gastos, las sucesiones ilíquidas presentarán proyectos de las declaraciones tributarias ante la Notaría o el juzgado del conocimiento, sin perjuicio de la presentación de las mismas que debe hacerse de conformidad con el inciso anterior.”
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-232530%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Jue. 23 de Noviembre de 2023
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22 de noviembre de 2023
| SSPD indicó que para desarrollar la actividad complementaria de energía eléctrica, se requiere cumplir con una serie de requisitos, los cuales son explicados por la Entidad |
Gobierno
22 de noviembre de 2023
| Cabello pidió declarar inconstitucionales 41 artículos de Plan de Nacional Desarrollo |
Infraestructura
22 de noviembre de 2023
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22 de noviembre de 2023
| MinTIC publica informe previo de evaluación de solicitudes presentadas para participar en la subasta 5G |
Mié. 22 de Noviembre de 2023
Energía
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| Gobierno y centrales obreras acuerdan derogar el Decreto 1174 del 2020, sobre el piso de protección social | Ámbito Jurídico |
Hidrocarburos
21 de noviembre de 2023
| DIAN: no se causa el impuesto al carbono cuando previamente a la adquisición del combustible, éste acredite o demuestre la reducción o remoción de gases efecto invernadero |
Infraestructura
21 de noviembre de 2023
| Gobierno presenta plan maestro de transporte intermodal que aspirar a mejorar la infraestructura nacional | Ámbito Jurídico |
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21 de noviembre de 2023
Mar. 21 de Noviembre de 2023
Energía
20 de noviembre de 2023
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20 de noviembre de 2023
| Gobierno invitó a mandatarios electos a trabajar conjuntamente en la descentralización | Ámbito Jurídico |
Hidrocarburos
20 de noviembre de 2023
| UPME publicó la ampliación de información a la brindada en el estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028 |
Salud
20 de noviembre de 2023
Servicios Financieros
20 de noviembre de 2023
| Gobierno integró al FNA y al Grupo Bicentenario, con el fin de establecer políticas que permitan la actuación conjunta de las entidades en cabeza de una misma matriz |
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
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Jue. 23 de Noviembre de 2023
Gobierno – General. Ministerio de Comercio exterior, agenda regulatoria 2024.
Entre los temas de interés que se plantean en esta agenda están, entre otros:
1. La actualización de la reglamentación de la actividad de Factoring para cubrir aspectos observados en los nuevos modelos de negocios y los riesgos que representan para los ciudadanos.
2. La reglamentación de la operación e integración del patrimonio autónomo Innpulsa-Colombia Productiva
3. El cambio en los criterios de clasificación de las Mipymes y
4. Ajustes al régimen de zonas francas.
https://www.mincit.gov.co/normatividad/agenda-regulatoria/agenda-regulatoria-2024
Mié. 22 de Noviembre de 2023
Gobierno – Financiero-Asegurador. Superfinanciera Requerimiento de información para evaluar la inclusión financiera a través de la industria aseguradora en Colombia y resolución sobre Banco Fallabella
Como es de su conocimiento, desde el año 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en conjunto con el Programa Banca de las Oportunidades, elabora y publica el Reporte Anual de Inclusión Financiera con el objetivo de analizar y hacer seguimiento al estado y avances de la inclusión financiera en el país.
Dicho informe constituye una herramienta fundamental para continuar con el desarrollo de políticas públicas que permitan avanzar hacia un mayor acceso y uso de servicios financieros. En el marco de este reporte, la SFC solicita a las entidades remitir información cada año para identificar el diseño de productos innovadores, accesibles y asequibles, que respondan a las necesidades específicas de los consumidores financieros.
En virtud de lo anterior, la Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo, en ejercicio de las facultades legales previstas en el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010, solicita a las entidades destinatarias de la presente Carta Circular diligenciar el formato que se anexa y remitirlo al correo electrónico institucional el viernes 1 de marzo de 2024, a más tardar.
Sector financiero. RESOLUCIÓN NÚMERO 1717 DE 2023 (Octubre 19).Se autoriza al Banco Fallabella a incribirse en el RNAMV
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR la inscripción de BANCO FALABELLA S.A., identificado con el NIT 900.047.981-8, en el RNAMV, en calidad de intermediario de valores. En virtud de lo anterior, BANCO FALABELLA S.A. podrá desarrollar las operaciones de intermediación en el mercado de valores permitidas dentro de su objeto social autorizado, siempre que para tales efectos dé cumplimiento a la regulación aplicable.
ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR al representante legal de BANCO FALABELLA S.A. que deberá acreditar, dentro de un término de (6) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución, su vinculación a un sistema de negociación y/o registro de operaciones sobre valores y/o divisas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010, so pena de verse obligada a iniciar nuevamente el trámite de inscripción en el RNAMV. Hasta tanto no se acrediten dicha vinculación, BANCO FALABELLA S.A. no se entenderá autorizado para desarrollar las operaciones de intermediación de valores de que trata el ARTÍCULO PRIMERO del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR al representante legal de BANCO FALABELLA S.A., que la entidad deberá pagar a la Superintendencia Financiera de Colombia por concepto de derechos de inscripción en el RNAMV, la suma contemplada en el artículo 4 de la Resolución No. 1875 de 2018, el cual modificó el artículo 8 de la Resolución No. 1245 de 2006 expedida por este Organismo de Supervisión. El pago de los derechos de inscripción deberá efectuarse mediante consignación en la cuenta corriente número 030-245528-93 de Bancolombia, a nombre de CONTRIBUCIONES – SUPERFINANCIERA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al representante legal del BANCO FALABELLA S.A., o a quien haga sus veces, informándole que contra lo resuelto procede el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto ante este Despacho dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Se anexa la resolución.
Mar. 21 de Noviembre de 2023
Gobierno – Hacienda. Gobierno – Hacienda. Plazos DIAN 2024 (2). Impuesto de renta y Obras por impuestos, plazos para declaración de IVA, activos en el exterior y precios de transferencia, GMF,Impoconsumo, impuesto al carbono, ACPM y retefuente
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y CONSIGNAR EN LA FIDUCIA EN OBRAS POR IMPUESTOS
“Artículo 1.6.1.13.2.22. Plazo para presentar y pagar la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes personas jurídicas que soliciten la vinculación del impuesto a “obras por impuestos”.
Los contribuyentes personas jurídicas que a treinta y uno (31) de marzo del año que corresponda, hayan solicitado la vinculación del impuesto de renta a "Obras por Impuestos" de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 7 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, adicionado por el artículo 78 de la Ley 2010 de 2019, y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y pagar la primera cuota hasta último día hábil del mes de mayo del mismo año.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no resulta aplicable a los contribuyentes de que trata el parágrafo 2 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.” “Artículo 1.6.1.13.2.23. Plazo para presentar y pagar la primera o segunda cuota según el caso, del impuesto sobre la renta y complementarios de los grandes contribuyentes personas jurídicas que soliciten la vinculación del impuesto a "obras por impuestos".
Los grandes contribuyentes personas jurídicas que a treinta y uno (31) de marzo del año que corresponda, hayan solicitado la vinculación del impuesto a "Obras por Impuestos" de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 7 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, adicionado por el artículo 78 de la Ley 2010 de 2019 y, con el cumplimiento de los requisitos que establezca este Decreto, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y pagar la segunda (2) cuota, o la primera (1) cuota cuando hayan optado por el no pago de la misma, hasta el último día hábil del mes de mayo del mismo año.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no resulta aplicable a los contribuyentes de que trata el parágrafo 2 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.” “Artículo 1.6.1.13.2.24. Plazo para consignar los recursos en la Fiducia, para los contribuyentes a quienes se les apruebe la vinculación del impuesto a "obras por impuestos". Los contribuyentes a los que se les apruebe la vinculación del impuesto a "obras por impuestos" conforme con lo previsto en el presente Decreto, deberán consignar en la Fiducia los recursos destinados a la obra o proyecto, a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año que corresponda. Cuando no se consigne en la Fiducia el valor vinculado al mecanismo de “obras por Impuestos” en el plazo establecido en el presente artículo, se deberán liquidar y pagar los correspondientes intereses de mora, a partir del plazo previsto en el inciso anterior.
Parágrafo 1. Cuando a los contribuyentes de que tratan los artículos 1.6.1.13.2.22. y 1.6.1.13.2.23, no les sea aprobada o sea rechazada la solicitud de vinculación del impuesto a "obras por impuestos" por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y en el Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 del presente Decreto, éstos deberán liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad y los intereses de mora liquidados a partir del plazo establecido en los artículos 1.6.1.13.2.11. y 1.6.1.13.2.12. del presente Decreto, respectivamente. Cuando la solicitud de vinculación no sea aprobada o sea rechazada por causas diferentes a no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y en el Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 del presente Decreto, el contribuyente deberá consignar el saldo a pagar de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, en un recibo oficial de pago de impuestos ante una entidad autorizada para recaudar, a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año que corresponda..
Parágrafo 2. Para fines de control, la Agencia de Renovación del Territorio - ART, remitirá a la Dirección de Gestión de Impuestos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto administrativo de aprobación o rechazo de las solicitudes, el listado de los contribuyentes, a los que se les aprobó y a los que no se les aprobó la solicitud de vinculación del impuesto a "obras por impuestos", detallando en éste último caso la causa del rechazo.”
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
“Artículo 1.6.1.13.2.30. Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas -IVA. Los responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos, a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT, así como los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA y pagar de manera bimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julioagosto; septiembre-octubre y noviembre-diciembre.
Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del responsable, que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
Parágrafo 1. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA por la prestación del servicio telefónico deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA y cancelar el valor a pagar por cada uno de los bimestres, de acuerdo con los plazos establecidos en este artículo.
Parágrafo 2. No están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA, los responsables de dicho impuesto, en los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto, ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3. En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 del Estatuto Tributario. Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo período.
En el evento en que el responsable cambie de período gravable del impuesto sobre las ventas -IVA, conforme con lo establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario, el responsable deberá señalar en la casilla 24 de la primera declaración del impuesto sobre las ventas -IVA del correspondiente año, el nuevo período gravable, el cual operará a partir de la fecha de presentación de dicha declaración.
El cambio de período gravable de que trata el inciso anterior deberá estar debidamente soportado con la certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste el aumento o disminución de los ingresos del año gravable anterior, los cuales corresponderán a la sumatoria de los ingresos brutos provenientes de actividades gravadas y/o exentas con el impuesto sobre las ventas -IVA, informados en las declaraciones del mismo impuesto presentadas en el año gravable anterior.
Parágrafo 4. Para los prestadores de servicios desde el exterior, el término para presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas -IVA, y cancelar el valor a pagar, vencerá en los siguientes plazos, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación:
Parágrafo 5. Los contribuyentes del régimen simple de tributación responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, deberán sujetarse a los plazos establecidos en el artículo 1.6.1.13.2.51. de este Decreto.”
“Artículo 1.6.1.13.2.31. Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre las ventas –IVA. Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA y pagar de manera cuatrimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Los periodos cuatrimestrales serán enero-abril; mayo-agosto; y septiembre-diciembre. Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del responsable que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
Parágrafo 1. No están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA los responsables de dicho impuesto, en los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas a la generación del impuesto, ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2. En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 del Estatuto Tributario. Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo período. En el evento en que el responsable cambie de período gravable del impuesto sobre las ventas -IVA, conforme con lo establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario, el responsable deberá señalar en la casilla 24 de la primera declaración del impuesto sobre las ventas -IVA del correspondiente año, el nuevo período gravable, el cual operará a partir de la fecha de presentación de dicha declaración.
El cambio de período gravable de que trata el inciso anterior deberá estar debidamente soportado con la certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste el aumento o disminución de los ingresos del año gravable anterior, los cuales corresponderán a la sumatoria de los ingresos brutos provenientes de actividades gravadas y/o exentas con el impuesto sobre las ventas-IVA, informados en las declaraciones del mismo impuesto presentadas en el año gravable anterior. Parágrafo 3. Los contribuyentes del régimen simple de tributación responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, deberán sujetarse a los plazos establecidos en el artículo 1.6.1.13.2.51. de este Decreto.”
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
“Artículo 1.6.1.13.2.32. Declaración y pago bimestral del impuesto nacional al consumo. Los responsables del impuesto nacional al consumo de que trata el artículo 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto nacional al consumo de manera bimestral, utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del responsable, que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
“Artículo 1.6.1.13.2.33. Declaración mensual de retenciones y autorretenciones en la fuente de que trata el artículo 1.2.6.6. de este Decreto. Los agentes de retención del impuesto sobre la renta y complementarios y/o impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas -IVA a que se refieren los artículos 368, 368-1, 368-2, 437-2 y 518 del Estatuto Tributario, así como los autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 1.2.6.6. de este Decreto deberán declarar y pagar las retenciones y autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. El término para presentar las declaraciones de retención en la fuente y autorretenciones, vence en los plazos del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el mes de enero del siguiente año. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
Parágrafo 1. Cuando el agente retenedor y autorretenedor de que trata el artículo 1.2.6.6. de este Decreto, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, tenga agencias o sucursales, deberá presentar la declaración mensual de retenciones en forma consolidada, pero podrá efectuar los pagos correspondientes por agencia o sucursal en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en el territorio nacional.
Parágrafo 2. Cuando se trate de entidades de derecho público, diferentes de las empresas industriales y comerciales del estado y de las Sociedades de Economía Mixta, se podrá presentar una declaración de retención en la fuente y efectuar el pago respectivo por cada oficina retenedora.
Parágrafo 3. Las oficinas de tránsito deben presentar declaración mensual de retención en la fuente en la cual consoliden el valor de las retenciones recaudadas durante el respectivo mes, por traspaso de vehículos, junto con las retenciones que hubieren efectuado por otros conceptos.
Parágrafo 4. Sin perjuicio de lo previsto en los incisos 5 y 6 de este parágrafo, las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Lo señalado en el inciso anterior, no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a dos (2) veces el valor de la retención en la fuente a cargo, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente.
Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración. El agente retenedor deberá solicitar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente. Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
Las declaraciones de retención en la fuente que se hayan presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar oportunamente producirán efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior, sin perjuicio de la liquidación y pago de los intereses moratorios a que haya lugar. La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total producirá efectos legales, siempre y cuando el valor dejado de pagar no supere diez (10) UVT y este se cancele a más tardar dentro del año (1) siguiente contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
Lo anterior, sin perjuicio de la liquidación y pago de los intereses moratorios a que haya lugar. Parágrafo 5. La presentación de la declaración de que trata este artículo no será obligatoria en los períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a retención en la fuente.”
IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM “Artículo 1.6.1.13.2.37. Declaración mensual del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM declararán y pagarán el impuesto correspondiente en los siguientes plazos
Parágrafo 1. Los distribuidores mayoristas de gasolina regular, extra y ACPM deberán entregar a los productores e importadores de tales productos el valor del impuesto nacional dentro de los ocho (8) primeros días calendario del mes siguiente a aquel en que sea vendido el respectivo producto por parte del productor
Los distribuidores minoristas de gasolina regular, extra y ACPM deberán entregar a las compañías mayoristas, al momento de la emisión de la factura, el cuarenta por ciento (40%) del valor del precio que corresponde al impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. El sesenta por ciento (60%) restante deberá ser entregado a las compañías mayoristas por parte de los distribuidores minoristas, el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que sea comprado el respectivo producto por parte del distribuidor minorista.
Parágrafo 2. Se entenderán como no presentadas las declaraciones del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM cuando no se realice el pago total en la forma señalada en el presente Decreto. Sin perjuicio de lo anterior, la declaración del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM se efectúe o se haya efectuado dentro de los plazos señalados en este artículo.
Parágrafo 3. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.”
IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO
“Artículo 1.6.1.13.2.38. Plazos para declarar y pagar el impuesto nacional al carbono. Los responsables del impuesto nacional al carbono de que trata el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, deberán declarar y pagar bimestralmente el impuesto, en el formulario que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julioagosto; septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes:
Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento. Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones a las que se refiere el presente artículo cuando no se efectúe el pago en los plazos aquí establecidos, conforme con lo previsto en el artículo 222 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.”
PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -GMF
“Artículo 1.6.1.13.2.39. Plazos para declarar y pagar el gravamen a los movimientos financieros -GMF. La presentación y pago de la declaración del gravamen a los movimientos financieros -GMF, por parte de los responsables de este impuesto, se hará de manera semanal y vencerá el segundo día hábil de la semana siguiente. Para lo anterior, se observarán las siguientes reglas:
1. Para efectos de este artículo, la semana inicia el sábado y culmina el viernes.
2. La primera semana del año es aquella que inicia el primer sábado de enero y culmina el viernes siguiente.
3. La última semana del año es aquella que finaliza el viernes antes del primer sábado de enero del siguiente año. Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea a su presentación o cuando no se presente firmada por el revisor fiscal o contador público.”
Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea a su presentación o cuando no se presente firmada por el revisor fiscal o contador público.
PLAZOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS “Artículo 1.6.1.13.2.40. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor del impuesto sobre la renta y complementarios y del gravamen a los movimientos financieros -GMF. Los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios y los del gravamen a los movimientos financieros –GMF, deberán expedir los siguientes certificados, a más tardar el último día hábil del mes de marzo por el año gravable que corresponda:
1. Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria a que se refiere el artículo 378 del Estatuto Tributario.
2. Los certificados de retenciones en la fuente por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, a que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario y del gravamen a los movimientos financieros -GMF.
Parágrafo 1. La certificación del valor patrimonial de los aportes y acciones, así como de las participaciones y dividendos gravados o no gravados abonados en cuenta en calidad de exigibles para los respectivos socios, comuneros, cooperados, asociados o accionistas, deberá expedirse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud.
Parágrafo 2. Cuando se trate de autorretenedores, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha de la declaración y pago de la retención respectiva.
Parágrafo 3. Los certificados sobre la parte no gravada de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores, a que se refiere el artículo 622 del Estatuto Tributario, deberán expedirse y entregarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud por parte del ahorrador.
Parágrafo 4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán expedir a más tardar el quince (15) de marzo de cada año, el certificado para la procedencia del descuento por ingresos a través de tarjeta de crédito, débito y otros mecanismos de pago electrónico de que trata el artículo 912 del Estatuto Tributario, atendiendo los requisitos establecidos en el artículo 1.5.8.3.5. de este Decreto.”
“Artículo 1.6.1.13.2.47. Plazo para el pago de declaraciones tributarias con saldo a pagar inferior a cuarenta y una (41) unidades de valor tributario -UVT. El plazo para el pago de las declaraciones tributarias que arrojen un saldo a pagar inferior a cuarenta y un (41) Unidades de Valor Tributario -UVT a la fecha de su presentación, vence el mismo día del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo ser cancelado en una sola cuota.”
PLAZOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
“Artículo 1.6.1.13.2.25. Actualización del Régimen Tributario Especial y presentación de la memoria económica. Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, deberán actualizar el registro web de que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.16. de este Decreto, a más tardar el treinta (30) de junio de cada año, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria – NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
La memoria económica a que se refiere el artículo 356-3 del Estatuto Tributario deberán presentarla los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, que hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos superiores a ciento sesenta mil (160.000) Unidades de Valor Tributario -UVT a más tardar el treinta (30) de junio de cada año, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación
Parágrafo. Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas que no realicen dentro del plazo establecido en este artículo el proceso de actualización y envío de la memoria económica, serán contribuyentes del impuesto de renta y complementarios del régimen ordinario a partir del año en que se incumplan tales condiciones y deberán actualizar el Registro Único Tributario -RUT. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN de oficio podrá actualizar el Registro Único Tributario -RUT.
DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR
“Artículo 1.6.1.13.2.26. Plazo para presentar la declaración anual de activos en el exterior. La presentación de la declaración anual de activos en el exterior, de que tratan el numeral 5 del artículo 574 y el artículo 607 del Estatuto Tributario, vence en los plazos que se indican a continuación atendiendo el tipo de declarante y el último o dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento.
Parágrafo 1. La obligación de presentar la declaración de activos en el exterior a que se refiere este artículo solamente será aplicable cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a primero (1) de enero del año a declarar, sea superior a dos mil (2.000) Unidades de Valor Tributario -UVT.”
Parágrafo 2. Las personas naturales y jurídicas que pertenezcan al Régimen Simple de Tributación-SIMPLE, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 607 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 63 de la Ley 2277 de 2022, deberán presentar la declaración de activos en el exterior, dentro de los plazos establecidos en el artículo 1.6.1.13.2.50. del Decreto 1625 de 2016, único Reglamentario en Materia Tributaria.”
DECLARACIÓN INFORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
“Artículo 1.6.1.13.2.27. Contribuyentes obligados a presentar declaración informativa. Están obligados a presentar declaración informativa de precios de transferencia:
1. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable a declarar sea igual o superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT o cuyos ingresos brutos del respectivo año a declarar sean iguales o superiores al equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT que celebren operaciones con vinculados conforme con lo establecido en los artículos 260- 1 y 260-2 del Estatuto Tributario.
2. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios residentes o domiciliados en Colombia que en dicho año gravable hubieran realizado operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferentes, aunque su patrimonio bruto a treinta y uno (31) de diciembre del año a declarar o sus ingresos brutos en el mismo año, hubieran sido inferiores a los montos señalados en el numeral anterior. (Parágrafo 2 artículo 260-7 Estatuto Tributario).”
“Artículo 1.6.1.13.2.28. Plazos para presentar la declaración informativa de precios de transferencia. Deberán presentar la declaración informativa de que trata el artículo anterior, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, que celebren operaciones con vinculados conforme con lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferentes, en el formulario que para tal efecto señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
La declaración informativa de precios de transferencia se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, atendiendo al último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin el dígito de verificación, teniendo en cuenta para tal efecto los plazos establecidos a continuación:
Cuando la fecha de vencimiento prevista en el presente artículo corresponda a un día no hábil; es decir, sábado, domingo o feriado, la obligación se deberá cumplir a más tardar el día hábil siguiente. Lo anterior no altera ni modifica las demás fechas de vencimiento. “Artículo 1.6.1.13.2.29. Plazos para presentar la documentación Comprobatoria. Deberán presentar la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-5 del Estatuto Tributario: 1. Los contribuyentes que celebren operaciones con vinculados conforme con lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferentes conforme con lo previsto en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, deberán presentar el Informe Local y el Informe Maestro en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, y en las condiciones que ésta determine, atendiendo al último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin el dígito de verificación, teniendo en cuenta para tal efecto los plazos establecidos a continuación:
2. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se encuentren en alguno de los supuestos que se señalan en el numeral 2 del artículo 260-5 del Estatuto Tributario y la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, deberán presentar hasta el 12 de diciembre de 2024 y siguientes el informe país por país que contendrá información relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional junto con ciertos indicadores relativos a su actividad económica a nivel global en las condiciones que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN determine, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin el dígito de verificación.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-232530%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
Nov. 14 - Nov. 16 de 2023
Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 16 de Noviembre de 2023
Gobierno – Hacienda. Proyecto de ley por el cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 (1). Contexto
El país adelanta un proceso de actualización catastral que tendrá como consecuencia el aumento en el avalúo catastral que es la base del impuesto predial. En buena parte de las ciudades capitales este proceso ya se ha adelantado, por lo que los efectos de esta ley se sentirían en aquellas ciudades más rezagadas en el proceso de actualización catastral en sus predios.
En particular el proyecto de ley hace referencia a los predios a los cuales se les aplique la metodología de reducción del rezago de avalúo catastral, proceso que se hará por una sola vez y está dispuesto por el artículo 49 de la ley 2294 de 2023, el Plan de Desarrollo, así como por efectos de ajustes tarifarios. En efecto, el PND establece que se debe aprobar una ley que permita poner límites al crecimiento del impuesto predial derivado de la actualización catastral.
El artículo 49 del plan de desarrollo establece:
REDUCCIÓN DE REZAGO DE AVALÚOS CATASTRALES A NIVEL NACIONAL MEDIANTE ACTUALIZACIÓN MASIVA DE LOS VALORES REZAGADOS. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país, exceptuando aquellos que hayan sido objeto de formación o actualización catastral durante los últimos cinco (5) años previos a la expedición de la presente ley o cuyo proceso de formación o actualización esté en desarrollo a la fecha de expedición, con el fin de contrarrestar la distorsión de la realidad económica de estos, corregir inequidades en la carga tributaria y mejorar la planificación del territorio.
PARÁGRAFO 1o.Los gestores catastrales deberán aplicar e incorporar este ajuste en sus respectivas bases catastrales.
PARÁGRAFO 2o.El presente artículo es transitorio y una vez se haya cumplido lo dispuesto se continuará con el procedimiento definido en la Ley 44 de 1990, modificada por la Ley 242 de 1995, o la que la modifique o sustituya.
PARÁGRAFO 3o.El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la elaboración de una propuesta de ley que permita poner límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad y fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales. Hasta tanto se expida la nueva ley, se mantendrá vigente lo dispuesto en la Ley 1995 de 2019.
PARÁGRAFO 4o.Los procesos de actualización catastral contratados por las entidades territoriales que presenten inconsistencias técnicas reconocidas por los gestores catastrales, podrán ser suspendidos de manera temporal por estos últimos. Las inconsistencias detectadas deberán ser resueltas por el respectivo gestor catastral dentro del mes siguiente a su reconocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda adelantar la Superintendencia de Notariado y Registro en ejercicio de sus funciones.
La ley 44 de 1990 establecía un tope del 100% al crecimiento del impuesto predial originado en estas actualizaciones, que se aplicaba de manera transversal para todos los predios.
Este proyecto de ley establece topes diferenciales al crecimiento del impuesto predial, reduciendo el tope previo al 50% desde el 100% establecido en la ley 44 para los predios de más de 135 SMLV, manteniéndolo en 100% para los predios entre 135 y 250 SMLV y aumentando los topes para los predios con valores superiores a estos montos.
Para los predios avaluados entre 250 y 350 SMLV el incremento del predial permitido cada año será del 150%, mientras para aquellos con avalúos entre 350 y 500 SMLV el tope de crecimiento será del 200%. Los predios urbanos y rurales cuyos avalúos catastrales sean mayores al 500 SMLV el impuesto no podrá crecer más del 300%.
En la dinámica de esta norma tienen un papel importante las administraciones municipales y distritales, en tanto deberán identificar si en atención a estos procesos es requerido modificar las normas tributarias asociadas en cada territorio.
El proyecto de ley establece que la limitación prevista no aplicará para los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral, los urbanizables no urbanizados, los urbanizados no construidos, o los rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin usoa agropecuario
Para efectos del Impuesto Predial Unificado:
1) Entiéndase por lotes urbanizables no urbanizados o predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados o no construidos y sin uso agropecuario, aquellos predios ubicados en suelo urbano, suelo de expansión urbana, rural suburbano o de vivienda campestre que no han sido desarrollados ni construidos y no tienen restricción legal para adelantar algún de desarrollo urbanístico
No se consideran predios urbanizables no urbanizados los inmuebles que se ubiquen en suelo urbano o rural de protección o de usos protegidos, las áreas verdes y espacios abiertos de uso público, o los que se encuentren en zonas de alto o medio riesgo que no puedan ser desarrolladas.
2) Entiéndase por lote urbanizado no construido, aquellos predios urbanos con infraestructura de servicios públicos e infraestructura vial, no construidos o cuya área de construcción sea inferior al 30% del área del terreno.
En términos del recaudo, la exposición de motivos señala que existen limitadas capacidades territoriales para la gestión tributaria, señalando que existe una brecha entre las tarifas nominales y efectivas.
Para identificar las tarifas efectivas de los municipios, se toma el recaudo recibido en la vigencia y se divide en el avalúo total. En el siguiente recuadro se sintetiza la escala de clasificación de la tarifa efectiva para el Impuesto Predial Unificado Rural (IPUR), propuesta por la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA) (2019):
Tomando como referencia esta escala de clasificación, para la vigencia 2022 se encuentra que el promedio de la tarifa efectiva, para los municipios en los cuales se cuenta con información', es de 4,85 por mil, ligeramente por debajo del mínimo del 5 por mil estipulado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011. Un 30% de los municipios se encuentran en el nivel de tarifas alto y medio alto, mientras que el 29% se ubica en el nivel medio.
Por otro lado, el 40,9% de los municipios con información (un total de 799) presenta tarifas efectivas bajas y muy bajas. En una situación más crítica se encuentran los municipios de Santa Lucia (Atlántico), Jambaló (Cauca), Caruru (Vaupés) y Páez (Cauca), con tarifas efectivas de tan solo 0,018, 0,06, 0,067 y 0,09 por mil, respectivamente.
En este contexto, es crucial destacar la necesidad de implementar medidas efectivas para robustecer las finanzas territoriales, no sólo a través del impulso del recaudo, sino también por medio del fortalecimiento de la gobernanza tributaria, la reducción de la evasión y el mejoramiento de la capacidad fiscal de los municipios. Estos asuntos escapan del objeto del proyecto de ley, pero las entidades competentes pueden adelantar procesos de acompañamiento y capacitación a las entidades territoriales para que se beneficien de las oportunidades tributarias de la actualización catastral, guardando el equilibrio entre el incremento de ingresos y la capacidad de pago de los contribuyentes.
b. Alta concentración del tributo en las grandes ciudades
Este desafío se expresa en que las mayores dificultades del recaudo, y sus más bajos niveles, se presentan principalmente en aquellos municipios donde las dinámicas rurales predominan de manera significativa. Este fenómeno responde a las limitadas capacidades institucionales de los municipios preponderantemente rurales, pero también a que no existe normativa que comprenda las particularidades del sector rural.
En lo correspondiente a tarifas, no hay un marco normativo que determine que para establecerlas se deben tener en cuenta los usos del suelo o los destinos económicos de los predios, como sí está regulado para el sector urbano en la Ley 44 de 1990 y ratificado en la 1450 de 2011. Así mismo, en estas leyes, se permite a los municipios aplicar las tarifas más altas (hasta el 33 por mil) a los predios urbanos que no están siendo utilizados (engorde), mientras que para el caso de lo rural no se establece algo similar.
En lo que respecta a los límites al crecimiento del IPU, las medidas establecidas para el sector rural en la normatividad vigente son igualmente débiles o inocuas. La Ley 44 de 1990 no define límites de crecimiento diferenciados para el IPU rural; el tope establecido es el mismo para todo tipo de predios, con excepción de los que se incorporen por primera vez al catastro, terrenos urbanizables no urbanizados, urbanizados no edificados y predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada.
La Ley 1995 de 2019, por su parte, establece que para las “viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta 135 SMMLV, el incremento anual del Impuesto Predial no podrá sobrepasar el 100% del IPC”, omitiendo que el criterio de los estratos socioeconómicos es difícil de considerar para el ámbito rural. Además, esta Ley establece que los límites al crecimiento del IPU no aplicarán para predios mayores de 100 hectáreas respecto a inmuebles del sector rural, extensión que parece arbitraria pues no refleja la dinámica productiva ni inmobiliaria de la ruralidad en Colombia.
En términos generales se puede afirmar que el impuesto predial en el país se concibió como un tributo a cargo de la propiedad inmueble urbana, dejando una grave indeterminación respecto de la propiedad rural, la cual, de forma muy genérica es gravada or las administraciones tributarias locales con tarifas diferenciales favorables, que desconocen la heterogeneidad que caracteriza al suelo rural.
Se observa que ello no obedece a un criterio representativo que sirva como alternativa importante para estimular un uso más eficiente de la tierra, dinamizar el mercado de las tierras agrícolas o para el fortalecimiento de la productividad. (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, 2017). Esta omisión o débil comprensión de las condiciones, dinámicas y realidades rurales afecta el principio de progresividad del Impuesto Predial Unificado; inhibe el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios, al no capturar de manera diferencial el dinamismo de los predios con ciertos usos y destinos económicos, como por ejemplo la minería, vivienda campestre, usos dotacionales de alto impacto; y priva a las entidades territoriales de una herramienta eficaz para propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra.
Bajo este criterio, se propone que las normas relacionadas con el suelo partan de las diferencias entre lo rural y urbano, de manera que permitan adoptar medidas más adecuadas equitativas y justas, que promuevan el uso adecuado de la tierra, y se capture una mayor renta para los municipios por la gestión del impuesto predial, en armonía con el POT o instrumento equivalente, para la totalidad del territorio, y de manera especial para el suelo rural.
c. Desactualización del catastro
La media de desactualización catastral nacional es de quince (15) años. A la fecha, encontramos que del total de municipios (1.102) áreas no municipalizadas (18) y la Isla de San Andrés (1), 922 municipios están desactualizados en ambas áreas (rural y urbana), 21 municipios están por formar y en 55 municipios el área urbana se encuentra desactualizada y la zona rural no formada. De los 123 municipios con actualización parcial y/o total, 57 municipios presentan una actualización total? y 66 se encuentran actualizados parcialmente.
Si bien, el IPU está concebido legalmente como un único tributo, es innegable que existen diferencias marcadas entre el suelo urbano y el suelo rural desde su caracterización legal, pasando por las problemáticas sociales, culturales y ambientales que en ellos se presentan. De acuerdo con la definición de categorías de ruralidad de la Misión para la Transformación del Campo, cerca del 62% de los municipios del país son rurales, y de llos, el 46 % (318 municipios) se clasifican como rural disperso.
La Misión de Ciudades del DNP concluyó que las tarifas del IPU en suelo rural también pueden ser diferenciales tomando en cuenta factores como la aglomeración:
a) 151 municipios pertenecientes a las 18 aglomeraciones urbanas definidas por la política del sistema de ciudades en razón de características socioeconómicas y de proximidad particulares de sus ruralidades y;
b) la ruralidad dispersa y concentrada, particularmente la diferencia en el avalúo de los predios localizados en centros poblados y los predios rurales dispersos.
El Censo Nacional de Población y de Vivienda de 2018, el 15,8% de la población colombiana vive en zonas rurales dispersas y el 7,1% en los centros poblados, es decir, que el 22,9 % de la población es no urbana.
Por su parte, se estima que, en el segundo trimestre de 2022, el sector agropecuario aportó 5,7% del PIB total, y en promedio 6,3% desde el año 2005 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE)
Por otra parte, respecto de la población ocupada de los centros poblados y la zona rural dispersa representa el 21,2% para el segundo semestre de 2022 y se ha mantenido alrededor del 21% desde el año 2005 (Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH – 2022).
Adicionalmente, el país cuenta con 43”070,354 de hectáreas que conforman la FronteraAgrícola en la que es factible el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2023). La información catastral vigencia2020 permite establecer que el 70,5% de los predios rurales tienen destinación económica agropecuaria (agrícola, agropecuario, pecuario, agroindustrial, forestal) y corresponden al 87,1% del área total.
El corte de 135SMMLV propuesto, está acorde por lo dispuesto en el Decreto 1341 de 2020, "Por el
cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con la Política Pública de Vivienda Rural”, que define en su artículo 2.1.10.1.1.2.1. que la vivienda de interés social rural es “la ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del campo y reconoce las características de la población rural, cuyo valor no exceda los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV)”.
La tabla .4 se deriva el análisis de distribución el avalúo catastral que muestra que el 95% de los predios rurales tienen avalúos catastrales hasta de 135 SMMLV.
sta estructura permite garantizar que los suelos que, por presiones del mercado estén en condición de cambiar su uso agropecuario por otros relacionados con procesos de urbanización u ocupación ineficiente o que pone en riesgo la sostenibilidad de la productividad del sector, tengan incentivos para mantenerse en su utilización agropecuaria.
De manera similar, sucede en el caso de los predios habitacionales del sector urbano, donde el análisis de la distribución de los valores catastrales indica que cerca del 97% de los predios tiene avalúos por debajo de los 168 millones de pesos (145 smmlv):
Siguiendo el principio de progresividad para este tipo de tributos (a mayor avalúo mayor pago de impuestos) el proyecto plantea el límite de crecimiento de Impuesto Predial Unificado más bajo (50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior) para aquellos predios con destino económico habitacional o agropecuario con avalúo catastral menor o igual a 135 SMMLV, protegiendo así alrededor del 95% de la propiedad inmueble rural productora de alimento y de carácter
popular y cerca del 97% de los predios urbanos habitacionales. Por su parte, los predios de mayor avalúo (concentrados en el 1% superior) tienen mayores límites al incremento del IPU, lo cual no se reconoce en la normatividad vigente.
Así pues, teniendo en cuenta las dinámicas predominantes en la ruralidad y de los predios habitacionales en el sector urbano, la comprensión de las condiciones, dinámicas y realidades territoriales fortalece el principio de progresividad del Impuesto Predial Unificado y las finanzas públicas de los municipios, al capturar de manera diferencial el dinamismo de los predios con ciertos usos y destinos económicos, además de ser una herramienta eficaz para propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra.
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-11/PL.292-2023C%20%28IMPUESTO%20PREDIAL%29.pdf
Sector de la semana
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Jue. 16 de Noviembre de 2023
Gobierno – Hacienda. Proyecto de ley por el cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 (2). Texto del proyecto
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Ley 44 de 1990 |
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ARTÍCULO 6.-Límites del Impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso.
La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada. |
PARÁGRAFO 1.Para la aplicación de límites de incremento del Impuesto Predial Unificado y/o actualización de tarifas en el suelo rural, los municipios podrán aplicar, conforme a su realidad, el destino económico de la base de información catastral y/o las siguientes categorías de usos del suelo del territorio:
PARÁGRAFO 2. Las administraciones municipales y distritales en el marco de su autonomía y sus competencias constitucionales y legales analizarán los impactos de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, de la aplicación de la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral dispuesta por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, y los límites de crecimiento del IPU de la presente ley, para determinar si procede realizar una propuesta de Acuerdo para tramite y aprobación ante los concejos municipales o distritales que permita modificar sus normas tributarias bajo los principios de equidad y progresividad.
PARÁGRAFO 3. Para los predios que realicen auto avalúos en el impuesto o autoestimaciones catastrales solo se aplicarán los límites al Impuesto Predial Unificado previstos en este artículo, cuando se registren como consecuencia de los procesos de formación, actualización o de ajuste de la Ley 2294 de 2023.
PARÁGRAFO 4. La limitación prevista en este artículo no se aplicará para:
)) Los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral. 11) Los lotes urbanizables no urbanizados, los lotes urbanizados no construidos los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario. Para efectos del Impuesto Predial Unificado:
1) Entiéndase por lotes urbanizables no urbanizados o predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados o no construidos y sin uso agropecuario, aquellos predios ubicados en suelo urbano, suelo de expansión urbana, rural suburbano o de vivienda campestre que no han sido desarrollados ni construidos y no tienen restricción legal para adelantar algún tipo de desarrollo urbanístico.
PARÁGRAFO 5. Los límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado establecido en el presente artículo no aplicarán a las ciudades capitales que adopten el régimen de Bogotá Distrito Capital en virtud del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021. Bogotá en el marco de su régimen especial, establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, podrá adoptar los límites establecidos en el presente artículo. |
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ARTÍCULO 2”. REVISIÓN DE LOS AVALÚOS CATASTRALES Y EFECTOS EN LA LIQUIDACIÓN Y/O DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL. Los sujetos pasivos podrán presentar en cualquier momento ante el gestor o autoridad catastral competente, solicitud de revisión del avalúo catastral, cuando considere que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio, para ello deberán presentar las pruebas que justifiquen su solicitud.
Los gestores catastrales deberán resolver dicha solicitud dentro de los tres (03) meses siguientes a la radicación, prorrogables por otros (03) tres meses.
La solicitud de revisión presentada ante el gestor catastral surtirá efectos como recurso de reconsideración contra la liquidación factura y/o la declaración privada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que se haya presentado dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, y que la revisión del avalúo catastral sea el único motivo de inconformidad contra la liquidación factura y/o la declaración privada.
Cuando ello ocurra los gestores catastrales comunicarán en un término máximo de quince (15) días hábiles a las administraciones tributarias, de las solicitudes de revisión presentadas.
Una vez ejecutoriada la decisión de revisión de que trata el presente artículo, si esta es desfavorable y no se pagó la liquidación por el particular se generan intereses de mora desde el vencimiento del plazo de pago.
En caso de que la decisión sea favorable, los contribuyentes deberán solicitar corrección de la liquidación factura emitida y/o corrección de la declaración inicialmente presentada, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la decisión, y proceder al pago dentro de la oportunidad que le señale la administración, con aplicación del descuento por pronto pago, en caso de que el recurso se haya presentado en los tiempos de descuentos por pronto pago, y sin intereses de mora, siempre y cuando se haya hecho la solicitud dentro de los tiempos de pago estipulados por la administración municipal.
PARÁGRAFO 1. Para efectos fiscales los avalúos catastrales entrarán en vigor para el periodo fiscal siguiente al año en el cual se ordenó la anotación del avalúo. Cuando se solicite revisión con efecto tributario dentro de la vigencia fiscal esta no modificará los calendarios tributarios municipales ni distritales. Si la decisión de revisión, o por mutaciones y rectificaciones catastrales en conservación afecta avalúos catastrales de vigencias anteriores, sobre las mismas procederá revocatoria de las liquidaciones factura y/o correcciones de las declaraciones privadas.
Cuando la decisión de revisión implique la corrección de la liquidación factura y/o de la declaración privada, la carga de la prueba para efectos del proceso tributario estará a cargo de la administración tributaria y del gestor catastral, y en ningún caso estará a cargo del propietario.
PARÁGRAFO. 2. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor originados en pagos en exceso o de lo no debido, dentro de los cinco (5) años siguientes al momento de su pago o al de la decisión que resuelve la revisión del avalúo catastral.
ARTÍCULO 3”. EL SISTEMA DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS (SPAC). Las administraciones municipales o distritales podrán optar por establecer de manera diferencial la modalidad de pago alternativo por cuotas para el Impuesto Predial Unificado del bien, según reglamentación que para el efecto se expida por parte de las administraciones municipales o distritales.
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https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-11/PL.292-2023C%20%28IMPUESTO%20PREDIAL%29.pdf
Mié. 15 de Noviembre de 2023
Gobierno – Hacienda. Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los fondos de inversión colectiva, los sistemas de cotización de valores extranjeros, las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios y se dictan otras disposiciones (2)
Artículo 1. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.15.6.1.6 del Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así: “Parágrafo. Las bolsas de valores o los administradores de Sistemas de Negociación de Valores sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia autorizados para administrar Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros podrán listar valores del extranjero en el sistema que administren para el efecto en los términos que establece el presente capítulo del presente decreto.”
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Normativa vigente |
Cambio normativo propuesto |
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ARTÍCULO 2.15.6.1.6 Listado de Valores Extranjeros. La solicitud de listado de valores del extranjero ante el administrador del respectivo sistema se realizará, de manera exclusiva, por una sociedad comisionista de bolsa.
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Artículo 1. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.15.6.1.6 del Decreto 2555 de 2010 el cual quedará así:
“Parágrafo. Las bolsas de valores o los administradores de Sistemas de Negociación de Valores sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia autorizados para administrar Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros podrán listar valores del extranjero en el sistema que administren para el efecto en los términos que establece el presente capítulo del presente decreto.”
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ARTÍCULO 2.15.6.1.7. Obligaciones de la sociedad comisionista de bolsa de valores.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de los deberes y obligaciones propios de la actividad de intermediación de valores establecidos en esta disposición.
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Artículo 2. Modifíquese el parágrafo 1 y adiciónese un parágrafo 2 al artículo 2.15.6.1.7 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
Parágrafo 1. Los deberes y obligaciones establecidos en el presente artículo deberán ser cumplidos por parte de las bolsas de valores o los administradores de Sistemas de Negociación de Valores sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia autorizados para administrar Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros cuando actúen en la calidad descrita en el parágrafo del artículo 2.15.6.1.6 del presente decreto.
Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de los deberes y obligaciones propios de la actividad de intermediación de valores.“ |
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ARTÍCULO 2.21.1.2.1. Capital mínimo de las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios.
PARÁGRAFO. El capital mínimo de las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios se ajustará a partir del primero (1) de enero de cada año en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE del año inmediatamente anterior. El valor resultante se aproximará al múltiplo en millones de pesos inmediatamente superior.
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Artículo 3. Modifíquese el parágrafo del artículo 2.21.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Parágrafo. El capital mínimo de las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios se ajustará a partir del primero (1°) de enero de cada año de forma automática teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Cuando el uno por ciento (1%) de los activos bajo administración de las universalidades de la sociedad titularizadora de activos hipotecarios sea superior al capital mínimo reportado en el año 2023, la actualización del capital deberá ser el valor correspondiente a la diferencia entre uno por ciento (1%) de los activos bajo administración de las universalidades de la sociedad titularizadora de activos hipotecarios y el capital mínimo reportado en el año inmediatamente anterior;
b) Cuando el uno por ciento (1%) de los activos bajo administración de las universalidades de la sociedad titularizadora de activos hipotecarios no supere el capital mínimo reportado para el año inmediatamente anterior, se deberá mantener el monto de capital mínimo reportado en el año inmediatamente anterior.” |
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Artículo 4. Adiciónese el numeral 8 del artículo 2.40.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“8. Para la vinculación de clientes a los fondos de capital privado de conformidad con lo previsto en el Libro 3 de la Parte 3 del presente decreto y la atención de los partícipes durante su permanencia en los mismos, el cual deberá ser cumplido por parte de la sociedad administradora. |
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ARTÍCULO 3.1.1.2.5. Familia de Fondos de Inversión Colectiva.
Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Colectiva podrán crear familias de Fondos de Inversión Colectiva con el fin de agrupar en ellas más de un Fondo de Inversión Colectiva. |
Artículo 5. Modifíquese el primer inciso del artículo 3.1.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así: “Artículo 3.1.1.3.2 Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La Superintendencia Financiera de Colombia autorizará previamente las familias de fondos de inversión colectiva, el primer fondo de inversión colectiva perteneciente a cada familia de fondos de inversión colectiva y cada fondo de inversión colectiva que no haga parte de una familia, previa solicitud de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva en caso de que la sociedad administradora no cuente con experiencia en la administración de fondos de inversión colectiva. Para el trámite de autorización la sociedad administradora deberá aportar la siguiente documentación:” |
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ARTÍCULO 3.1.1.4.6. Operaciones de derivados.
3. Que la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva o el gestor externo en caso de existir, con los recursos de los fondos de inversión colectiva durante la vigencia del contrato mantenga en depósitos a la vista en establecimientos de crédito de no vinculados a dicha entidad, un valor equivalente a la diferencia entre el precio fijado en el contrato y las garantías que se hayan constituido en el correspondiente administrador de garantías. Para el efecto se entenderá por vinculado aquellas personas que la Superintendencia Financiera de Colombia defina para efectos de consolidación de operaciones y estados financieros de entidades sujetas a supervisión, con otras entidades sujetas o no a supervisión. |
Artículo 6. Modifíquese el numeral 3 del artículo 3.1.1.4.6 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“3. Que la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva o el gestor externo en caso de existir, establecerá los criterios de gestión de riesgos asociados a estas operaciones y los criterios de revelación de información para los inversionistas, los cuales deberán ser incluidos en los mecanismos para revelación de información del fondo de inversión colectiva en los términos que establezca el reglamento del respectivo fondo. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar criterios para la revelación de dicha información.” |
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ARTÍCULO 3.1.1.5.1. Operaciones de naturaleza apalancada en los fondos de inversión colectiva. Son aquellas operaciones que permiten ampliar la exposición del fondo de inversión colectiva por encima del valor de su patrimonio. Siempre que se encuentre establecido en el reglamento del respectivo fondo de inversión colectiva, se podrán realizar las siguientes operaciones de naturaleza apalancada: 1. Ventas en corto. 2. Repos pasivos y simultáneas pasivas. 3. Operaciones de endeudamiento.
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Artículo 7. Modifíquense los incisos primero, segundo y tercero del artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 3.1.1.5.1 Operaciones de naturaleza apalancada en los fondos de inversión colectiva. Son aquellas operaciones que permiten ampliar la exposición del fondo de inversión colectiva por encima del valor de su patrimonio, las cuales podrán realizarse siempre que esté expresamente establecido en el reglamento del respectivo fondo de inversión colectiva.” |
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ARTÍCULO 3.1.1.5.4. Criterios para la realización de operaciones apalancadas
3. Revelar claramente los riesgos inherentes al fondo de inversión colectiva y a las operaciones de naturaleza apalancada, incluyendo de manera expresa en el reglamento, en el prospecto y en el material promocional, la denominación “fondo de inversión colectiva de naturaleza apalancada” y la siguiente advertencia:
“Las operaciones apalancadas son operaciones de naturaleza especulativa, sujetas a riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, que pueden conllevar a la pérdida completa de los recursos aportados al fondo de inversión colectiva. Los dineros entregados por el fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad autorizada las obligaciones propias de una institución de depósito”. 4. Cuando los fondos de inversión colectiva realicen las operaciones de naturaleza apalancada de que trata el presente artículo, deberán incluir en el nombre del mismo la denominación “apalancado”, así como anunciar de manera expresa y previa a los inversionistas que dicho fondo de inversión colectiva realiza operaciones de tal naturaleza.
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Artículo 8. Modifíquense los numerales 3 y 4 del artículo 3.1.1.5.4 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“3. Revelar claramente los riesgos inherentes al fondo de inversión colectiva y a las operaciones de naturaleza apalancada, incluyendo de manera expresa en el reglamento, en el prospecto y en el material promocional la siguiente advertencia:
“Las operaciones apalancadas pueden ser operaciones de naturaleza especulativa, sujetas a riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, que pueden conllevar a la pérdida completa de los recursos aportados al fondo de inversión colectiva. Los dineros entregados por el fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad autorizada las obligaciones propias de una institución de depósito”.
4. Cuando los fondos de inversión colectiva realicen las operaciones de naturaleza apalancada de que trata el presente artículo, la sociedad administradora deberá informar de manera expresa dentro del proceso de vinculación a los inversionistas, que dicho fondo de inversión colectiva realiza este tipo de operaciones.” |
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ARTÍCULO 3.1.2.1.2.Procedimiento para la cesión. Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva podrán ceder la administración de un fondo de inversión colectiva o de una familia de fondos de inversión colectiva a otra administradora legalmente autorizada, independientemente de su modalidad, por decisión de la junta directiva, con sujeción a las reglas que se indican a continuación:
1. La cesión deberá ser autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 2. El cesionario debe anexar a la solicitud de autorización la documentación a que se refieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 3.1.1.3.2 de este decreto. 3. El cedente y el cesionario podrán tener naturaleza jurídica distinta. 4. Autorizada la cesión por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá informarse a los inversionistas participantes, en la forma prevista en el artículo 3.1.1.9.6 de este decreto para las modificaciones al reglamento. 5. Los inversionistas participantes deberán expresar su rechazo o aceptación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del aviso de cesión. De no recibirse respuesta dentro del término fijado se entenderá aceptada la cesión. Los inversionistas que manifiesten su desacuerdo con la cesión podrán solicitar ejercer el derecho de solicitar la redención de sus participaciones consagrado en el inciso tercero del artículo 3.1.1.9.6 del presente decreto, sin que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo.
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Artículo 5. Modifíquese el primer inciso del artículo 3.1.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 3.1.1.3.2 Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia autorizará previamente las familias de fondos de inversión colectiva, el primer fondo de inversión colectiva perteneciente a cada familia de fondos de inversión colectiva y cada fondo de inversión colectiva que no haga parte de una familia, previa solicitud de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva en caso de que la sociedad administradora no cuente con experiencia en la administración de fondos de inversión colectiva. Para el trámite de autorización la sociedad administradora deberá aportar la siguiente documentación:” |
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ARTÍCULO 3.1.1.4.6. Operaciones de derivados. Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva o los gestores externos en caso de existir, podrán realizar operaciones de derivados con los recursos de los fondos de inversión colectiva administrados por estas, incluidas las operaciones de derivados con fines de inversión, con sujeción a los términos y límites previstos en el respectivo reglamento, sin perjuicio de lo señalado en el capítulo de apalancamiento de la presente Parte. Se consideran operaciones de derivados con fines de inversión las que cumplan las siguientes condiciones: 1. Que los activos subyacentes estén contemplados en la política de inversión. 2. Que su compensación y liquidación se realice a través de las cámaras de riesgo central de contraparte que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. 3. Que la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva o el gestor externo en caso de existir, con los recursos de los fondos de inversión colectiva durante la vigencia del contrato mantenga en depósitos a la vista en establecimientos de crédito de no vinculados a dicha entidad, un valor equivalente a la diferencia entre el precio fijado en el contrato y las garantías que se hayan constituido en el correspondiente administrador de garantías. Para el efecto se entenderá por vinculado aquellas personas que la Superintendencia Financiera de Colombia defina para efectos de consolidación de operaciones y estados financieros de entidades sujetas a supervisión, con otras entidades sujetas o no a supervisión.
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Artículo 6. Modifíquese el numeral 3 del artículo 3.1.1.4.6 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“3. Que la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva o el gestor externo en caso de existir, establecerá los criterios de gestión de riesgos asociados a estas operaciones y los criterios de revelación de información para los inversionistas, los cuales deberán ser incluidos en los mecanismos para revelación de información del fondo de inversión colectiva en los términos que establezca el reglamento del respectivo fondo. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar criterios para la revelación de dicha información.” |
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ARTÍCULO 3.1.1.5.1. Operaciones de naturaleza apalancada en los fondos de inversión colectiva. Son aquellas operaciones que permiten ampliar la exposición del fondo de inversión colectiva por encima del valor de su patrimonio. Siempre que se encuentre establecido en el reglamento del respectivo fondo de inversión colectiva, se podrán realizar las siguientes operaciones de naturaleza apalancada: 1. Ventas en corto. 2. Repos pasivos y simultáneas pasivas. 3. Operaciones de endeudamiento. 4. Operaciones sobre instrumentos financieros derivados. 5. Cuentas de margen. 6. Emisiones de bonos por parte de los fondos de inversión colectiva cerrados.
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Artículo 7. Modifíquense los incisos primero, segundo y tercero del artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 3.1.1.5.1 Operaciones de naturaleza apalancada en los fondos de inversión colectiva. Son aquellas operaciones que permiten ampliar la exposición del fondo de inversión colectiva por encima del valor de su patrimonio, las cuales podrán realizarse siempre que esté expresamente establecido en el reglamento del respectivo fondo de inversión colectiva. |
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ARTÍCULO 3.1.1.5.4. Criterios para la realización de operaciones apalancadas. Las operaciones de naturaleza apalancada de que trata el artículo 3.1.1.5.1 del presente decreto deberán cumplir con los siguientes criterios:
3. Revelar claramente los riesgos inherentes al fondo de inversión colectiva y a las operaciones de naturaleza apalancada, incluyendo de manera expresa en el reglamento, en el prospecto y en el material promocional, la denominación “fondo de inversión colectiva de naturaleza apalancada” y la siguiente advertencia: “Las operaciones apalancadas son operaciones de naturaleza especulativa, sujetas a riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, que pueden conllevar a la pérdida completa de los recursos aportados al fondo de inversión colectiva. Los dineros entregados por el fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad autorizada las obligaciones propias de una institución de depósito”. 4. Cuando los fondos de inversión colectiva realicen las operaciones de naturaleza apalancada de que trata el presente artículo, deberán incluir en el nombre del mismo la denominación “apalancado”, así como anunciar de manera expresa y previa a los inversionistas que dicho fondo de inversión colectiva realiza operaciones de tal naturaleza.
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Artículo 8. Modifíquense los numerales 3 y 4 del artículo 3.1.1.5.4 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“3. Revelar claramente los riesgos inherentes al fondo de inversión colectiva y a las operaciones de naturaleza apalancada, incluyendo de manera expresa en el reglamento, en el prospecto y en el material promocional la siguiente advertencia:
“Las operaciones apalancadas pueden ser operaciones de naturaleza especulativa, sujetas a riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, que pueden conllevar a la pérdida completa de los recursos aportados al fondo de inversión colectiva. Los dineros entregados por el fondo de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad autorizada las obligaciones propias de una institución de depósito”.
4. Cuando los fondos de inversión colectiva realicen las operaciones de naturaleza apalancada de que trata el presente artículo, la sociedad administradora deberá informar de manera expresa dentro del proceso de vinculación a los inversionistas, que dicho fondo de inversión colectiva realiza este tipo de operaciones.” |
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Gobierno – Hacienda. Proyecto de ley por el cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 (3). Exposición de motivos
Proyecto De Ley “Por el cual se adoptan medidas en materia de Impuesto Predial Unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CONSIDERACIONES
El Impuesto Predial Unificado (IPU) es un impuesto de recaudo municipal por mandato del articulo 317 de la Constitución Política que grava la posesión o propiedad urbana y rural. Está regulado, entre otras por la Ley 44 de 1990 y por el articulo 23 de la Ley 1450 de 2011?; leyes que sustentan los parámetros a partir de los cuales cada concejo municipal o distrital, mediante acuerdo, determina y adopta las tarifas nominales que son aplicadas a la base gravable por parte de la administración municipal para la liquidación y recaudo de este tributo.
Para evitar los cobros excesivos y mitigar los impactos fiscales que pueden devenir tras la modificación de la base gravable, la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019 han dado reglas de límites máximos de incremento del Impuesto Predial Unificado.
Para su aplicación, las administraciones municipales deben hacer un análisis de cada predio y verificar el cumplimiento de las condiciones que expone el artículo 2 de la Ley 1995 de 2019, así como las exclusiones de la misma; y en el caso que a los predios no se les pueda aplicar ninguno de los limites expuestos en esta Ley, porque no cumplen con las condiciones o se encuentran excluidos, se les aplica el límite previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, observando también las exclusiones que esta contempla.
Sin embargo, la aplicación de las leyes mencionadas no ha sido plenamente clara para las administraciones municipales. En primer lugar, el hecho de que las dos tengan disposiciones relacionadas con límites del impuesto ha generado confusiones y dificultades en la interpretación. En segundo lugar, la Ley 1995 de 2019 presenta ambiguedades en su redacción e imprecisiones técnicas, que hacen compleja su adopción por parte de las entidades territoriales.
En tercer lugar, la Ley 44 de 1990 y la Ley 1955 de 2019 no permiten la progresividad en los topes de incremento, al no diferenciar predios con variables que recojan información sobre las diferentes capacidades de pago, como tamaño de extensión y valores catastrales.
Finalmente, los criterios establecidos para el ámbito rural, en las dos leyes, son inocuos en términos de progresividad y de fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales. Estas cuestiones, sumadas al problema estructural de la desactualización catastral y el consecuente bajo nivel de recaudo del IPU, dan lugar al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 — 2026, "Colombia potencia mundial de la vida" y, particularmente, a su parágrafo tercero.
En este se establece que “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la elaboración de una propuesta de ley que permita poner límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado, bajo los principios de progresividad y fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales. Hasta tanto se expida la nueva ley, se mantendrá vigente lo dispuesto en la Ley 1995 de 2019”. Es en el marco de este contexto que se construye el presente proyecto de ley.
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta exposición de motivos se describirán y explicarán los aspectos en los cuales se fundamenta el presente proyecto de ley:
1.Objeto de ley
2.El avalúo catastral como base gravable del Impuesto Predial Unificado
3.Aspectos sustanciales de los límites
4.Aspectos complementarios
5.Generalidades del recaudo del impuesto predial
6.Impacto fiscal
1.Objeto de ley
Modificar los límites del incremento del Impuesto Predial Unificado, IPU, a partir de la subrogación del artículo 6 de la Ley 44 de 1990, la derogación de la Ley 19953 de 2019 y la adición de otras disposiciones para la determinación y liquidación de este tributo desde un enfoque progresivo y eficiente, mientras se fortalecen las finanzas públicas territoriales.
2.El avalúo catastral como base gravable del Impuesto Predial Unificado
Señala el texto la importancia de actualizar los avalúos cada cinco años para corregir los desequilibrios derivados de la desvalorización o valorización de los predios respecto a su avalúo sin generar impactos importantes en la capacidad de pago de los propietarios.
De esta manera, si el Estado actualiza el avalúo catastral después de más de cinco años, se genera un impacto significativo sobre la capacidad de pago de los contribuyentes y, por lo tanto, se debe garantizar que el incremento del Impuesto Predial Unificado sea progresivo y equitativo, en un país donde existen tan variadas condiciones económicas de los contribuyentes, así como de condiciones físicas y jurídicas de los predios.
La actualización de valores catastrales evidenciará los cambios económicos derivados de nuevos usos, desarrollos, densificación y mayor renta del suelo, que corresponde a un valor creado por la demanda de la sociedad.
El PU puede considerarse como la cuota de administración del territorio, de manera que la desactualización de los valores catastrales ha conducido a un déficit en dicha administración, independientemente de que la causa haya estado en el mismo gobierno.
El hecho es que los propietarios han pagado un menor valor por administración durante varios años.
Adicionalmente, se ha evidenciado que los municipios y distritos presentan una gran diversidad de tarifas (mínima, máxima), formas de clasificarlas (rangos, usos, valor, estrato y/o áreas) y de actualizarlas (IPC, SMMLV o UVT), así como las diferencias en años de desactualización, lo que implica un desafío aún mayor para la creación de una norma nacional de límites del incremento del predial, que recoja todas estas variables y genere un impacto equivalente en cada uno de los municipios con progresividad.
Por estas razones, es importante que el legislador señale unas reglas de proporcionalidad, que, por principio de equidad y progresividad, permitan a los ciudadanos pagar de una manera gradual hasta llegar a pagar lo que corresponda con el valor real de la propiedad, y al mismo tiempo, a los municipios recaudar gradualmente del tributo y pudiendo en desarrollo de su autonomía ajustar su sistema de tarifas, basados en la realidad de tener un sistema de valores de la propiedad actualizado al menos cada cinco años, según lo definido en el artículo 4 de la Ley 14 de 1983*.
3.Aspectos sustanciales de los límites
Revisa la normativa anterior para concluir que en consecuencia, esta propuesta legislativa resulta unificadora, derogando la Ley 1995 de 2019 y subrogando el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, quedando como única ley sobre límites del Impuesto Predial Unificado, sin perjuicio de la competencia de los respectivos concejos para establecer límites adicionales que consideren pertinentes y más favorables a sus contribuyentes y que garanticen los principios del sistema tributario previstos en nuestra Constitución Política.
Para corregir diversas situaciones generadas por las normativas anteriores,
Diferenciar por monto de avalúo el porcentaje de incremento, como mecanismo de progresividad y de mejora de las finanzas municipales.
Referenciar que los municipios y distritos tienen la opción de determinar si requieren, una revisión
y/o actualización y/o modificación del Estatuto Tributario Municipal, en lo concerniente al Impuesto
Predial Unificado Frente al primer aspecto, relacionado con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019, el presente proyecto de ley plantea cinco topes de incremento del IPU
según el destino económico/uso del suelo de los predios y el avalúo catastral, así:
Hasta el 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico habitacional o comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o
igual 135 SMMLV, y para los predios rurales que se encuentran dentro de alguna de las siguientes categorías asociadas a destinos económicos y/o uso del suelo:
i) habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura;
ii) áreas para producción agropecuaria;
iii) institucional y áreas de conservación y protección; y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a
135 SMMLV.
Hasta el 100% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico habitacional o comercial cuyo avalúo catastral sea superior a 135 SMMLV y menor o igual a 250 SMMLV; y para los predios rurales que se encuentra dentro de alguna de las siguientes categorías asociadas a destinos económicos y/o uso del suelo:
1) habitacional,comercial rural o de soportes de infraestructura;
ii) áreas para producción agropecuaria;
1ii) institucional y áreas de conservación y protección; y cuyo avalúo catastral sea superior a 135 SMMLV y hasta 250 SMMLV.
Hasta el 150% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico habitacional o comercial cuyo avalúo catastral sea superior a 250 SMMLV y menor o igual a 350 SMMLV; para los predios rurales que se encuentran dentro de alguna de las siguientes categorías asociadas a destinos económicos y/o uso del suelo:
i) habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura;
ii) áreas para producciónagropecuaria;
ii) institucional y áreas de conservación y protección; y cuyo avalúo catastral sea superior a 250 SMMLV y hasta 350 SMMLV; y para los predios urbanos y rurales de otros destinos económicos con avalúos catastrales hasta 350 SMMLV.
Hasta el 200% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos y rurales con avalúos catastrales superiores a 350 SMMLYV y hasta 500 SMMLV
Hasta el 300% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos y rurales cuyo avalúo catastral sea superior a 500 SMMLV.
Estos topes de incremento según destino económico y/o uso del suelo de los predios y rangos de avalúo catastral atienden efectivamente al principio de progresividad ordenado por la Ley 2294 de 2023 y favorecen el fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales, en la medida en que van más allá del crecimiento del IPC.
Esto significa que a medida que el valor de la propiedad aumenta, también lo hace la carga tributaria, lo que refleja una mayor capacidad contributiva. Por lo tanto, al seguir el principio de progresividad y al superar el incremento del IPC, estos límites no solo garantizan una tributación justa, sino que también promueven la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales.
Finalmente, se mantienen unas excepciones y reglas especiales a los siguientes predios:
Los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral.
Los lotes urbanizables o urbanizados, los lotes urbanizados no construidos o los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario.
Los predios que realicen auto avalúos en el impuesto o auto estimaciones catastrales que solo aplicarán los límites al Impuesto Predial Unificado cuando se registren como consecuencia de los procesos de formación, actualización o de ajuste de la Ley 2294 de 2023.
Esto constituye un cambio significativo respecto a lo dispuesto en la Ley 1995 de 2019, pues allí se establecían las siguientes excepciones que no tienen lugar en el marco del presente proyecto de ley:
2. Los predios que figuraban como lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada.
Esta excepción se excluye del proyecto de ley debido a que el proceso de actualización catastral capturará esa nueva construcción o edificación, que se verá expresada en el avalúo catastral y, según ese nuevo avalúo, el predio se clasificará en alguno de los topes, bajo un criterio de progresividad.
5. La limitación no aplica para los predios que hayan cambiado de destino económico ni que hayan sufrido modificaciones en áreas de terreno y/o construcción.
Esta excepción se excluye del proyecto de ley dado que, ante procesos de actualización catastral, una proporción muy significativa de predios registra este tipo de cambios, lo que haría inoperantes los topes establecidos en el presentearticulado.
6. No será afectado el proceso de mantenimiento catastral.” Esta excepción se excluye del proyecto de ley dado que la categoría “mantenimiento catastral” carece de rigor técnico y, además, debido a que se establecen topes para los predios en conservación.
“7. Solo aplicable para predios menores de 100 hectáreas respecto a inmuebles del sector rural. ” Esta excepción se excluye del proyecto de ley debido a que el criterio de las 100 hectáreas parece arbitrario, pues no refleja rigurosa ni adecuadamente la estructura de propiedad en el ámbito rural, ni sus dinámicas socioeconómicas.
“9, Lo anterior sin prejuicio del mantenimiento catastral. ” Esta excepción se excluye del proyecto de ley dado que la categoría “mantenimiento catastral” no es una categoría de predios detectables, carece de rigor técnico, el enunciado está mal redactado y no debería estar planteado en este parágrafo.
Es pertinente precisar que en principio el impuesto predial que resulta de la actualización del avalúo catastral corresponde a la obligación vigente según la ley de creación del tributo y conforme al Acuerdo del respectivo concejo municipal o distrital que fijó las correspondientes tarifas. Es decir, que le corresponde en primer lugar a los municipios y distritos garantizar la progresividad del tributo estableciendo la relación entre los avalúos catastrales que conforman la base gravable del tributo y las tarifas establecidas con base en la autonomía territorial.
De esta manera, este proyecto de ley complementa lo dispuesto en cada municipio o distrito, estableciendo unos límites por debajo a lo que los contribuyentes, según las respectivas normas que les rigen, deberían pagar.
Pero no se trata de proponer un límite generalizado o igual, que no tenga en cuenta la capacidad y condiciones de los contribuyentes, puesto que el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 dispuso que estos límites debían ser progresivos y fortalecer las finanzas territoriales.
Por estas razones, para cumplir con los dos propósitos se propone:
De una parte, un trato diferencial en el diseño de los límites, incluyendo variables como el destino económico y/o uso del suelo de los predios, así como unos rangos de avalúo catastral que permiten beneficiar a los de menor capacidad contributiva.
De otra parte, se favorecería el fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales, en la medida en que estos límites van más allá del crecimiento del IPC y, por tanto, el solo hecho de desindexarlo de este índice significaría un incremento futuro de las finanzas.
Previendo efectos indirectos o posibles excesos en el cobro, se aclara que el impuesto predial unificado no es referente para otorgar un beneficio, ni base de otras cargas, como la plusvalía, la contribución de valorización, la delineación urbana, ni afecta el patrimonio tenido en cuenta para el impuesto sobre la renta.
En este orden de ideas, lo dispuesto en esta ley no sustituye el poder tributario local, puesto que cada municipio o distrito puede ajustar sus tarifas o establecer límites con el fin de profundizar en la progresividad y en la prevención de excesos en el cobro según sus situaciones y condiciones particulares, atendiendo los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.
Conocidos los años promedio de desactualización de los avalúos prediales en el país, los porcentajes propuestos como límites de incremento del impuesto predial unificado, resultan razonables y proporcionales.
Mié. 15 de Noviembre de 2023
Gobierno – Hacienda. Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los fondos de inversión colectiva, los sistemas de cotización de valores extranjeros, las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios y se dictan otras disposiciones (3)
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ARTÍCULO 3.1.1.6.2. Límites a la participación por inversionista.
Durante la vigencia del fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia, un solo inversionista no podrá mantener directa o indirectamente a través de una cuenta ómnibus, una participación que exceda del diez por ciento (10%) del valor del patrimonio del fondo. En el caso de los fondos de inversión colectiva cerrados, un solo inversionista no podrá mantener directa o indirectamente a través de una cuenta ómnibus una participación que exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del patrimonio del fondo.
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Artículo 9. Modifíquense los dos primeros incisos del artículo 3.1.1.6.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 3.1.1.6.2 Límites a la participación por inversionista. Durante la vigencia del fondo de inversión colectiva, un solo inversionista no podrá mantener directa o indirectamente a través de una cuenta ómnibus, una participación que exceda el porcentaje del valor del patrimonio del fondo que establezca la sociedad administradora en el reglamento teniendo en cuenta los riesgos asumidos en la gestión del fondo, su tamaño y naturaleza, la liquidez de los activos, la política de inversión y el perfil de los inversionistas, entre otros.” |
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Artículo 10. Adiciónese el artículo 3.1.1.6.6 al Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así
“Artículo 3.1.1.6.6 Período o fecha ex distribución. El período o fecha ex distribución hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compraventa de participaciones de fondos de inversión colectiva inscritas en sistemas de negociación de valores no comprende el derecho a percibir las distribuciones pendientes de pago por parte del comprador.” |
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Artículo 11. Adiciónese el artículo 3.1.1.7.6 al Decreto 2555 de 2010, así: “Artículo 3.1.1.7.6 Readquisición de participaciones. Los fondos de inversión colectiva cerrados podrán readquirir sus participaciones en condiciones de igualdad y garantizando transparencia en la operación, para lo cual se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 1. El comité de inversiones del fondo de inversión colectiva deberá autorizar la respectiva operación de readquisición de participaciones, para lo cual deberá tener en cuenta los efectos en el valor de la unidad y el impacto para los inversionistas que conserven su participación.
Se deberá dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el numeral 5.7 del Artículo 5.2.4.3.1 del presente decreto. En el caso de fondos de inversión colectiva cerrados no listados, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo a través de la página Web de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva.
3. El fondo de inversión colectiva solo podrá readquirir sus participaciones con los recursos líquidos que al momento tenga a su disposición, y no podrá tomar endeudamiento para dichos propósitos. 4. Los reglamentos de los fondos de inversión colectiva deben determinar expresamente la posibilidad de realizar la readquisición de participaciones.
5. El fondo de inversión colectiva cerrado no podrá adquirir directamente unidades de participación de propiedad de la sociedad administradora, matriz, subordinadas de esta y sus administradores.
6. Las operaciones anuales de readquisición de unidades de participación no pueden ser superiores al diez por ciento (10%) del patrimonio del fondo de inversión colectiva cerrado y una vez se ejecute la operación de adquisición, las unidades deberán ser destruidas.
7. Deberán establecerse políticas de gestión de los riesgos asociados a la readquisición de títulos de participación, particularmente el riesgo de liquidez y de disponibilidad de los recursos para atender los pagos derivados de dicha readquisición, garantizando la participación en condiciones equitativas para todos los inversionistas interesados en procesos abiertos y transparentes.
8. Cuando se trate de fondos de inversión colectiva cerrados listados, el procedimiento para la realización de la readquisición será el establecido por el Sistemas de Negociación de Valores en el cual se encuentre listada la respectiva participación, y deberá realizarse en su totalidad mediante la construcción del libro de ofertas en los términos del Título 2 del Libro 2 de la Parte 6 del presente decreto Para el caso de los fondos de inversión colectiva cerrados no listados el precio no puedo superar el menor valor entre el valor patrimonial, el valor de la última transacción realizada en el mercado secundario o el valor de mercado determinado según las metodologías de valoración establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.”
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ARTÍCULO 3.1.1.9.6. Modificaciones al reglamento. Las reformas que se introduzcan en el reglamento de los fondos de inversión colectiva o en el reglamento marco de la familia de fondos de inversión colectiva deberán ser aprobadas previamente por la junta directiva de la sociedad administradora y enviadas a la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma previa a su entrada en vigencia, la cual podrá solicitar en cualquier tiempo los ajustes que estime necesarios. Cuando dichas reformas impliquen modificaciones o afectación de los derechos económicos de los inversionistas, deberán ser autorizadas previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este caso se deberá informar a los inversionistas mediante una publicación en un diario de amplia circulación nacional, así como mediante el envío de una comunicación dirigida a cada uno de los inversionistas, indicando las reformas que serán realizadas y la posibilidad que tienen de retirarse del fondo de inversión colectiva en los términos que a continuación se indican. Dicha comunicación podrá ser enviada conjuntamente con el extracto o por correo electrónico a la dirección que los inversionistas hayan registrado en la sociedad administradora. Con independencia de la modalidad del fondo de inversión colectiva, los inversionistas que manifiesten formalmente a la sociedad administradora su desacuerdo con las modificaciones podrán solicitar la redención de sus participaciones sin que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo. Este derecho podrá ejercerse en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha del recibo efectivo de la comunicación a que se refiere el inciso anterior. Los cambios que impliquen modificación o afectación de los derechos económicos de los inversionistas solo serán oponibles a dichos inversionistas, una vez se venza el plazo establecido en el inciso anterior.
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Artículo 12. Modifíquese el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 3.1.1.9.6 Modificaciones al reglamento. Las reformas que se introduzcan en el reglamento de los fondos de inversión colectiva o en el reglamento marco de la familia de fondos de inversión colectiva deberán ser aprobadas previamente por la junta directiva de la sociedad administradora y enviadas a la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma previa a su entrada en vigencia, la cual podrá solicitar en cualquier tiempo los ajustes que estime necesarios. Cuando dichas reformas impliquen afectación negativa de los derechos económicos de los inversionistas, deberán ser autorizadas previamente por la Junta Directiva de la sociedad administradora. En este caso se deberá informar a los inversionistas mediante alguno de los siguientes mecanismos: una publicación en un diario de amplia circulación nacional, páginas de internet, otro medio de comunicación electrónica, o mediante el envío de una comunicación dirigida a cada uno de los inversionistas, indicando las reformas que serán realizadas y en el caso de los fondos de inversión colectiva cerrados y abiertos con pacto de permanencia la posibilidad que tienen de retirarse del fondo de inversión colectiva. Dicha comunicación podrá ser enviada por los medios definidos por la sociedad administradora en los mecanismos de revelación para el efecto, en los cuales se deberá incluir la fecha máxima que tiene el inversionista para pronunciarse y el mecanismo a través del cual podrán ejercer su derecho.
Los inversionistas de los fondos de inversión colectiva cerrados y abiertos con pacto de permanencia que manifiesten formalmente a la sociedad administradora su desacuerdo con las modificaciones podrán solicitar la redención de sus participaciones sin que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo. Este derecho podrá ejercerse en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha del recibo efectivo de la comunicación a que se refiere el inciso anterior, y será responsabilidad de la sociedad administradora del respectivo fondo de inversión colectiva y de los órganos de gobierno del mismo garantizar el adecuado ejercicio de dicho derecho. Los cambios que impliquen afectación negativa de los derechos económicos de los inversionistas solo serán oponibles a dichos inversionistas una vez se venza el plazo establecido en el inciso anterior.”
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ARTÍCULO 3.1.1.10.2. Situaciones de conflictos de interés. Se entenderán como situaciones generadoras de conflictos de interés, que deben ser administradas y reveladas por las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva, y por el gestor externo en caso de que exista, entre otras:
2. La inversión directa o indirecta que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Colectiva, o el gestor externo en caso de existir, pretenda hacer en los fondos de inversión colectiva que administra o gestiona, según el caso, evento en el cual, en el reglamento y en el prospecto, deberá establecerse expresamente: a) el porcentaje máximo de participaciones que la respectiva entidad podrá suscribir, el cual nunca podrá superar el quince por ciento (15%) del valor del fondo de inversión al momento de hacer la inversión; y b) que la Sociedad Administradora, o el gestor externo en caso de existir, deberá conservar las participaciones que haya adquirido durante un plazo mínimo de un (1) año cuando el término de duración del Fondo de Inversión Colectiva sea superior a dicho plazo, o durante la mitad del término previsto para la duración del fondo de inversión colectiva cuando este sea inferior a un (1) año. |
Artículo 13. Modifíquese el numeral 2 del artículo 3.1.1.10.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“2. La inversión directa o indirecta que la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva, o el gestor externo en caso de existir, pretenda hacer en los fondos de inversión colectiva que administra o gestiona, según el caso, evento en el cual, en el reglamento y en el prospecto, deberá establecerse expresamente:
a) el porcentaje máximo de participaciones que la respectiva entidad podrá suscribir, y
b) que la sociedad administradora, o el gestor externo en caso de existir, deberá conservar las participaciones que haya adquirido durante un plazo mínimo de un (1) año cuando el término de duración del fondo de inversión colectiva sea superior a dicho plazo, o durante la mitad del término previsto para la duración del fondo de inversión colectiva cuando este sea inferior a un (1) año. |
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ARTÍCULO 3.1.2.2.2. Proceso liquidatario. La liquidación del Fondo de Inversión Colectiva se ajustará al siguiente procedimiento:
1. A partir de la fecha del acaecimiento de la causal de liquidación y mientras esta subsista, el fondo de inversión colectiva no podrá constituir nuevas participaciones ni atender redenciones. Adicionalmente, cuando haya lugar, se suspenderá la negociación de los valores emitidos por el fondo de inversión colectiva, hasta que se enerve la causal. 2. Cuando la causal de liquidación sea distinta de las previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 3.1.2.2.1 del presente decreto, la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva procederá a convocar a la asamblea de inversionistas que deberá celebrarse entre los cinco (5) y diez (10) días comunes siguientes a la fecha de la comunicación de la noticia de liquidación.
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Artículo 14. Modifíquense el primer y segundo inciso del artículo 3.1.2.2.2 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“El liquidador deberá enviar a los inversionistas del fondo de inversión colectiva liquidado el informe de finalización de actividades a través de los medios electrónicos que determine el reglamento. Una vez se haya cumplido con este deber la Superintendencia Financiera de Colombia procederá a cancelar la inscripción de dichos valores en el Registro Nacional de Valores e Emisores, RNVE, cuando sea del caso.” |
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ARTÍCULO 3.1.2.2.2. Proceso liquidatario. La liquidación del Fondo de Inversión Colectiva se ajustará al siguiente procedimiento: 1. A partir de la fecha del acaecimiento de la causal de liquidación y mientras esta subsista, el fondo de inversión colectiva no podrá constituir nuevas participaciones ni atender redenciones. Adicionalmente, cuando haya lugar, se suspenderá la negociación de los valores emitidos por el fondo de inversión colectiva, hasta que se enerve la causal. 2. Cuando la causal de liquidación sea distinta de las previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 3.1.2.2.1 del presente decreto, la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva procederá a convocar a la asamblea de inversionistas que deberá celebrarse entre los cinco (5) y diez (10) días comunes siguientes a la fecha de la comunicación de la noticia de liquidación.
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Artículo 14. Modifíquense el primer y segundo inciso del artículo 3.1.2.2.2 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“El liquidador deberá enviar a los inversionistas del fondo de inversión colectiva liquidado el informe de finalización de actividades a través de los medios electrónicos que determine el reglamento. Una vez se haya cumplido con este deber la Superintendencia Financiera de Colombia procederá a cancelar la inscripción de dichos valores en el Registro Nacional de Valores e Emisores, RNVE, cuando sea del caso.”
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ARTÍCULO 3.1.4.2.3. Obligaciones especiales de los distribuidores especializados de fondos de inversión colectiva en el manejo de las cuentas ómnibus. Los distribuidores especializados de fondos de inversión colectiva, en el manejo de las cuentas ómnibus, además de las obligaciones establecidas en el artículo 3.1.4.1.6 del presente decreto, deberán cumplir las siguientes obligaciones especiales:
10. Las demás obligaciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. PARÁGRAFO. El administrador de la cuenta ómnibus responderá hasta la culpa leve en el cumplimiento de sus funciones como experto prudente y diligente.
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Artículo 15. Modifíquese el numeral 10, adiciónese el numeral 11 y el parágrafo 2 al artículo 3.1.4.2.3 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“10. Llevar información financiera separada de cada una de las cuentas ómnibus que maneja de conformidad con las instrucciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la Información Financiera con Fines de Supervisión de los portafolios de terceros, los negocios fiduciarios y cualquier otro recurso administrado por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia con fines de supervisión de conformidad con el Decreto 2420 de 2015.
11. Las demás obligaciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.” “Parágrafo 2. El distribuidor especializado deberá entregar a los inversionistas que hacen parte de la cuenta ómnibus el informe de rendición de cuentas de que trata el artículo 3.3.4.1.4 del presente decreto, de conformidad con lo acordado con la sociedad administradora del respectivo fondo de inversión colectiva en el que se realizó la inversión.
Así mismo, el distribuidor especializado deberá entregar a los inversionistas que hacen parte de la cuenta ómnibus el extracto de cuenta del fondo de inversión colectiva en el cual la cuenta ómnibus realizó la inversión, de conformidad con lo acordado con la sociedad administradora del respectivo fondo de inversión colectiva.”
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ARTÍCULO 3.1.4.3.1. Definición. La fuerza de ventas se compone de los sujetos promotores vinculados a la sociedad administradora o al distribuidor especializado por cualquier medio, para desarrollar la distribución de los fondos de inversión colectiva distribuidos. Las actuaciones de la fuerza de ventas en el ejercicio de su actividad obligan a la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva o al distribuidor especializado, y cualquier infracción, error u omisión en que incurra la fuerza de ventas en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva o del distribuidor especializado. PARÁGRAFO . Las reglas establecidas en el presente capítulo se aplicarán, en cuanto no pugnen con su naturaleza jurídica, a los contratos de uso de red de oficinas y de corresponsalía.
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Artículo 16. Modifíquese el inciso primero y adiciónese un parágrafo 2 al artículo 3.1.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 3.1.4.3.1 Definición. La fuerza de ventas se compone de los sujetos promotores vinculados a la sociedad administradora o al distribuidor especializado por cualquier medio, para desarrollar la distribución de los fondos de inversión colectiva distribuidos. Vinculación que podrá realizarse directamente con las personas naturales denominados sujetos promotores o indirectamente a través de personas jurídicas con las cuales se celebre un contrato con dicho objeto.
“Parágrafo 2. La recomendación profesional que se suministra en cumplimiento del deber de asesoría de que trata el artículo 3.1.4.1.3 del presente decreto la realizarán los sujetos promotores de que trata el presente artículo, cuando existan. En todo caso la sociedad administradora o el distribuidor especializado serán los responsables del cumplimiento de este deber.” |
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Artículo 17. Modifíquese el segundo inciso del artículo 3.1.5.6.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“El respectivo orden del día deberá figurar en la convocatoria, la cual deberá realizarse a través de una publicación realizada mediante cualquier medio electrónico idóneo para ello o en un diario de amplia circulación nacional señalados para el efecto en el reglamento, así como, en el sitio web de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva.” |
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Artículo 18. Adiciónese un parágrafo al artículo 3.1.5.6.4 del Decreto 2555 de 2010, así
“Parágrafo. La consulta de que trata el presente artículo también podrá realizarse por los medios electrónicos que se determinen en el reglamento, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido en el presente artículo.”
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Artículo 19. Adiciónese el artículo 3.3.2.2.10 al Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así
“Artículo 3.3.2.2.10 Período o fecha ex distribución. El período o fecha ex distribución hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compraventa de participaciones de fondos de capital privado inscritas en sistemas de negociación de valores no comprende el derecho a percibir las distribuciones pendientes de pago por parte del comprador.” |
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ARTÍCULO 3.3.2.2.4. Comercialización de las participaciones del fondo de capital privado
Las reglas para desarrollar la comercialización del fondo de capital privado deberán estar descritas en el reglamento del respectivo fondo, y deberán establecer como mínimo el cumplimiento de la declaración establecida en el artículo siguiente. En todo caso deberán dar cumplimiento a los requisitos de constitución de los fondos de capital privado establecidos en el presente Libro. |
Artículo 20. Modifíquese el inciso segundo del artículo 3.3.2.2.4 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Las reglas para desarrollar la comercialización del fondo de capital privado deberán estar descritas en el reglamento del respectivo fondo. Durante la vinculación del cliente al fondo de capital privado la sociedad administradora será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el Libro 40 de la Parte 2 del presente decreto.” |
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Artículo 21. Adicionar el numeral 7 al artículo 3.5.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, así:
“7. Emitir bonos en los términos del artículo 3.1.1.5.5 del presente decreto, hasta por un monto equivalente a dos (2) veces el valor del patrimonio del fondo.” |
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ARTÍCULO 5.6.10.1.5 Denominación del monto de la emisión. Los títulos hipotecarios deberán denominarse en moneda legal colombiana o en unidades UVR según corresponda a la unidad en que se encuentren denominados los activos subyacentes. Sin perjuicio de lo anterior, el respectivo emisor, cuando lo juzgue conveniente, podrá emplear para los títulos una segunda denominación que corresponda a una moneda extranjera o a una distinta de la señalada en el inciso anterior.
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Artículo 22. Modifíquese el artículo 5.6.10.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 5.6.10.1.5 Denominación del monto de la emisión. Los títulos hipotecarios deberán denominarse en moneda legal colombiana y/o en unidades UVR. En la estructuración de los títulos hipotecarios se considerarán los activos admisibles sin importar su denominación.
Sin perjuicio de lo anterior, el respectivo emisor, cuando lo juzgue conveniente, podrá emplear para los títulos una segunda denominación que corresponda a una moneda extranjera o a una distinta de la señalada en el inciso anterior.
Parágrafo: Cuando la denominación de la emisión de los títulos hipotecarios sea diferente a la de los activos subyacentes, la emisión debe contar con mecanismos de cobertura internos o externos que mitiguen riesgos de descalce entre las mismas.” |
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ARTÍCULO 6.2.2.1.3 Procedimiento. El proceso de oferta pública de valores mediante la construcción del libro de oferta se inicia desde el registro del prospecto de información preliminar ante la Superintendencia Financiera de Colombia y se extiende hasta la etapa de distribución y asignación de los valores objeto de la oferta, en los siguientes términos: 1) Una vez se haya presentado ante la Superintendencia Financiera de Colombia la solicitud de autorización para realizar una oferta pública de valores y se haya radicado ante ésta el prospecto de información preliminar, la entidad emisora podrá mercadear y promocionar los valores antes de obtener la citada autorización. Para el efecto se aplicará lo previsto en el artículo 6.2.1.1.1 del presente decreto, en sus numerales 1, 2, 3, 4 subliterales (i) y (ii) y 5. PARÁGRAFO . Para los casos de valores emitidos en procesos de titularización con inscripción automática, el agente de manejo podrá utilizar el mecanismo de construcción del libro de ofertas y deberá presentar el prospecto de información utilizado para el mercadeo y promoción de dichos valores y la demás información necesaria para que se dé la autorización automática de la oferta pública, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al proceso de asignación y distribución de qué trata el numeral 5 del presente artículo.
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Artículo 23. Modifíquese el parágrafo del numeral 1 del artículo 6.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Parágrafo. Para los casos de valores emitidos en procesos de titularización con inscripción automática, el agente de manejo podrá utilizar el mecanismo de construcción del libro de ofertas y deberá presentar el prospecto de información utilizado para el mercadeo y promoción de dichos valores y la demás información necesaria para que se dé la autorización automática de la oferta pública.” |
Nov. 07 - Nov. 09 de 2023
Boletín Normativo Sectorial
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Jue. 09 de Noviembre de 2023
Gobierno-Energía-Gobierno. Memorias Congreso de energía mercado mayorista. Plan Nacional de desarrollo del sector eléctrico . Juan Manuel Gallego DNP, Subdirector de Prospectiva y Desarrollo Nacional
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Jue. 09 de Noviembre de 2023
Gobierno-Energía-Gobierno. Memorias Congreso de energía mercado mayorista. Adrián Correa, director UPME. Escenarios de transición energética
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Mié. 08 de Noviembre de 2023
Gobierno-Energía. Visión regulatoria del sector energético (2). José Fernando Prada, director ejecutivo de la CREG. Congreso del Mercado Mayorista de Energía 3 de Noviembre
Respecto a proyectos como la AMI (medición inteligente), que es un habilitador de la transición energética, regulación que ha estado finalizada o presentada desde hace más de un año. Hubo la necesidad de ajustarla deacuerdo a un artículo de la ley de transición energética que luego se cayó, pero ciertamente el marco del AMI está listo desde hace más de un año, está listo para implementación y pendiente de unas decisiones en coordinación con el gobierno sobre todo de que se adopte con un programa de comunicación para los usuarios.
Finalmente, en cuanto a las decisiones administrativas, está la CREG en este momento en el proceso de aprobar los planes de inversión para los próximos 4 años, inversiones que deberán hacer las empresas para la reposición de activos, la reposición de pérdidas y los niveles de calidad que esperamos.
En cuanto a los temas tarifarios, de metodologías, está muy avanzada la propuesta la nueva metodología de comercialización, una nueva propuesta que se articula con propuestas del mecanismo de recuperación de saldos acumulados, hay unas expectativas de que puedan venir reducciones tarifarias derivadas de la nueva metodología de comercialización en el SIN.
Otro proyecto es el nuevo programa de respuesta a la demanda, no solo para condiciones críticas sino condiciones permanentes sino las que se esperan en diciembre cuando se intensifiquen las condiciones del niño, es una propuesta que está desarrollada al interior de la comisión y se espera desarrollar a fin de 2023 o inicio sde 2024.
Pero también ya se tiene proyectada la agenda 2024, en donde hay 71 proyectos identificados, que tienen sus metas durante el año deacuerdo a la metodología de análisis de impacto normativo y alrededor de 40 de estos proyectos pertenecen al sector de energía, en donde se regula además gas natural, GLP, combustibles líquidos que está ocupando una parte del trabajo cada vez mayor del trabajo de la CREG y le imprime más presión en términos de recursos disponibles para avanzar en estos proyectos.
Esta propuesta está en una circular emitida esta primera semana de noviembre, para las observaciones de la industria.
En cuanto a mercado y confiabilidad, la meta es lograr aprobar el nuevo reglamento del mercado de energía mayorista, es una propuesta puesta en consulta desde hace un año, una propuesta de modernización del mercado, es el que se requiere para avanzar en los objetivos de la transición energética, una transformación profunda en la manera en que funciona el mercado de energía mayorista, mas una evolución que un cambio, una profundización, incluye propuestas de despacho y transacciones vinculantes, de más sesiones de mercado en mercados intradiarios, de la posiblidad de que haya más servicios complementarios, otros productos del mercado, una cooptimización de servicios complementarios, de participación activa de la demanda en las negociaciones del mercado, para la transición energética.
Se quiere seguir profundizando en la vigilancia del ejercicio de poder mercado de las transacciones de energía, ya este año se implementó la resolución 018 de 2021, que estableció una metodología nueva para hacer seguimiento a las ofertas de precio que presentan los agentes para la operación del mercado y mecanismos para mitigar estas ofertas cuando se detecte algún indicio de dominancia o conducta no competitiva.
Desde el primero de octubre se está aplicando, ya se están haciendo las pruebas de dominancia, las pruebas de pivotalidad de todas las obras de despacho en el mercado de energía, las pruebas de conducta frente a unos valores de referencia de las ofertas, estamos empezando a evaluar los resultados y ninguna de las pruebas ha dado una necesidad de vigilancia y se estarán atentos a los resultados de esta resolución y se está pensando en profundizarla evolucionando a un mecanismo de mitigación de los precios de oferta que no va a ser solamente ex-post sino ex-ante en el sentido de que si se detecta alguna posición dominante y algún efecto que pueda transmitirse a través de las ofertas en el mercado de energía se puedan tomar decisiones antes de que tengan algún impacto en el despacho y en el costo de la energía.
Por supuesto el cargo por confiabilidad ha ido evolucionando en estos años, buscando mayor eficiencia y seguridad, compromisos y vigilancia y los compromisos que se adquieren con el cargo sino irlo adaptando a la dinámica del mercado a como va cambiando.
Se va revisar el tema las metodologías de cálculo para incorporar autogenradores, cogeneradores y plantas con sistemas de almacenamiento algo que está pidiendo la industria con mucha insistencia que consideremos para valorar la contribución a la confiabilidad de este tipo de plantas para remunerarlo en atención a su contribución a la confiabilidad del sistema, tema que no es fácil pero se avanzará en la comisión pues se considera importante.
https://www.youtube.com/watch?v=DxIupggX_8Q&t=588s
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