Jue.Jul.30  Energía, sobre respuesta de la demanda en la transformación energética. Resolución 131 del 25 de junio de 2020. Por la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN.

Energía, sobre respuesta de la demanda en la transformación energética. Resolución 131 del 25 de junio de 2020. Por la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN.

 

En particular, da algunas pautas para la comercialización de excedentes de generación de energía por parte de los usuarios en pequeña escala el mercado de energía mayorista.

 

En sus consideraciones establece que mediante la Ley 1715 de 2014 se adoptaron reglas para promover la gestión eficiente de la energía, entendida como el conjunto de acciones orientadas a asegurar el suministro energético a través de la implementación de medidas de eficiencia energética y respuesta de la demanda.

 

A través de dicha norma, en sus artículos 1°, 7° y 8°, se estableció lo siguiente sobre el uso eficiente de la energía:

 

La entrega de excedentes a la red de distribución o transporte, por parte de los usuarios que la produzcan principalmente para atender sus propias necesidades (usuarios autogeneradores).

 

Sistemas de medición bidireccional.

 

Mecanismos simplificados de conexión y entrega de excedentes de la energía producida por los usuarios a pequeña escala, en los que se podrán usar medidores bidireccionales de bajo costo para la liquidación de sus consumos y de las entregas a la red.

 

Procedimientos sencillos de conexión y entrega de excedentes para viabilizar que los anteriores mecanismos puedan ser implementados, entre otros, por usuarios residenciales.

 

Venta de los créditos de energía de los que se hacen acreedores los usuarios por los excedentes de energía entregados a la red de distribución, derechos que podrán negociarse con terceros, según las normas que la CREG defina para tal fin.

 

Respuesta de la demanda, mediante cambios en el consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

 

Para garantizar estos procesos de gestión eficiente se incluye el uso de medidores con características técnicas que hagan posible gestionar el servicio de energía eléctrica de la forma adecuada a estos cambios, desarrollando en la normativa del año 2018 los mecanismos para implementar la AMI (Infraestructura de Medición Inteligente), definida como la que permite la comunicación bidireccional con los usuarios del servicio de energía integrando hardware, software, gestión de datos del sistema de distribución de energía y sistemas de medida.

 

En esta normativa se definen las condiciones de instalación de este sistema en el servicio de energía, los responsables de su instalación, los mecanismos de remuneración de los costos eficientes de la inversión y funcionamiento, los requisitos de ciberseguridad, manejo, uso y protección de datos, entre otros.

 

El medidor ya no solamente registrará el consumo sino el registro de datos de uso de energía de los usuarios, la comunicación bidireccional, la integración de hardware y software entre otros, factores que permitirán mayor autonomía del usuario en el consumo y sus proveedores de energía o la comercialización de sus propios excedentes.

 

En su texto resolutivo, esta resolución define las condiciones generales para el desarrollo de la AMI, las exigencias a los usuarios frente a los equipos de medida, la propiedad por parte de quien lo hubiese pagado con dos alternativas; que el usuario adquiera e instale su propio medidor, o permitir que el operador de red OR reemplace el medidor tradicional por uno avanzado. Las condiciones para el cambio de los equipos de medida, cuando deben reemplazarse los medidores tradicionales por avanzados, las verificaciones de los sistemas de medición por parte del operador.

 

Establece la titularidad y tratamiento de los datos estarán en cabeza del suscriptor y el OR y el GIDI deberán solicitar autorización para el tratamiento de estos datos, menos los consumos de los usuarios, que no tendrán tratamiento de datos personales.

 

En cuanto a las responsabilidades de los prestadores, estos deberán instalar, administrar, operar, mantener y reponer los equipos que hacen parte de la AMI, definir los equipos que pueden utilizar los usuarios, someter a aprobación de la CREG del despliegue de su mercado de comercialización e informar a los usuarios sobre el inicio del despliegue de la AMI, coordinar con el comercializador, instalar los equipos de medida, ser responsable del sistema de medición instalado, realizar proceso de aseguramiento de la calidad de los datos, reemplazar o reponer los equipos, entregar los datos de lectura al GIDI entre otros.

 

Señala las responsabilidades de comercializador, entre las que se encuentran coordinar el cambio de equipos de medida con el OR que así lo requiera, efectuar las modificaciones a que haya lugar para cumplir lo establecido en esta resolución, acceder a los datos alojados en los sistemas de información del GIDI, coordinar con el OR el proceso de suspensión, corte y reconexión y entregar información de tarifas ofrecidas, por cada uno de los mercados de comercialización en los que participe.

 

Establece las responsabilidades del GIDI, que tendrá la obligación de mantener los datos de energía eléctrica con la integridad entregada por el OR, confidencialidad y disponibilidad mínima del 99,5% del tiempo para ser consultados.

 

Deberá instalar, administrar, operar, mantener y reponer el sistema de datos para ofrecer a los usuarios, velando por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Establecer un sistema de respaldo para esta información, recibir los datos entregados por los OR, emitiendo comprobantes para estos, determinar procedimientos de reemplazos de información trazable, implementar sistema de verificación de la información mediante evaluación diaria de la coherencia de los datos de energía, desarrollar una plataforma web de intercambio de información mediante la cual los usuarios puedan acceder a la información relacionada con los datos de energía eléctrica reportados. Establece los datos que deben estar disponibles para presentación al usuario y demás agentes, entre otras obligaciones.

 

Establece el cambio de responsable del sistema de medida, señalando que a partir de la finalización del mes 36 contado a partir del mes de inicio del plan, el OR será responsable del sistema de medida instalado en cada una de las fronteras comerciales presentes en el mercado de comercialización que atiende, con las obligaciones y responsabilidades definidas en el código de medida. Los comercializadores deberán entregarle al OR la hoja de vida de los sistemas de medición a más tardar 6 meses antes del plazo establecido en este artículo.

 

Establece los requisitos técnicos generales de la AMI en términos de funcionalidades, medidor avanzado, unidad concentradora, del sistema de gestión y operación, de comunicación, seguridad, interoperabilidad entre la AMI y el GIDI en cabeza del OR y demostración de conformidad.

 

Establece los planes e implementación de la AMI, basados en un análisis de eficiencia económica, la divulgación al público, empoderamiento del usuario y la competencia y no abuso de posición dominante.

 

Cada Operador de Red OR deberá elaborar un plan de implementación de AMI con base en la ubicación y características de los usuarios conectados al sistema y según los segmentos del mercado y criterios de valoración establecidos esta resolución además de un contenido específico que debe tener el plan presentado. Establece algunas condiciones para alianzas entre operadores de red de acuerdo al tamaño de cada uno de los asociados.

 

El Operador de Red deberá presentar un análisis de beneficio costo en el que identifique las partes interesadas como usuarios, agentes y otras, identificación de costos físicos, softwares, gestión de información asociada a la AMI y de divulgación y estrategias de empoderamiento así como la identificación de beneficios en aspectos técnicos de la red.

 

Cuando un OR no someta a aprobación de la CREG la solicitud de aprobación del plan en el plazo previsto, la Comisión procederá a seleccionar otro agente, para que realice el despliegue de la AMI en ese mercado.

 

El OR deberá ejecutar el proyecto piloto incluido en el plan de despliegue, con el fin de identificar el tipo de tecnología que se ajuste a una solución particular. El plan de despliegue deberá iniciar a partir del mes siguiente al de vigencia de la resolución particular que se lo apruebe. En caso de que no sea aprobado debe presentar otro a más tardar al finalizar el mes 24 contado a partir de la fecha de expedición de la presente resolución.

 

La resolución define el despliegue del sistema AMI en 4 fases que duran en su totalidad de ejecución hasta 4 años y no podrán pasar de 2030 para estar instalados todos los equipos, comenzando a operar desde la fase 3. Se establece el proceso en caso de registrarse el incumplimiento de las metas de despliegue.

 

Se establece la remuneración del esquema, basada en un costo base de comercialización, que se mantendrá por 4 años a partir de la fecha de inicio del plan, los gastos de AOM del OR, el traslado de costo del comercializador al OR y los recursos para agente responsable. Los OR deberán transferir los recursos aprobados para dicha actividad en proporción al número de usuarios del mercado.

 

Se define la Gestión de Datos como una nueva actividad dentro la cadena de prestación del servicio de energía, actividad que consiste en recopilar, administrar, mantener, procesar y publicar los datos de energía eléctrica obtenidos de los medidores avanzados, y los resultantes de agregaciones o análisis en los términos requeridos en la regulación.

 

Se señala un gestor independiente de datos e información GIDI como la empresa de servicios públicos domiciliarios, organizada en los términos de la ley 142 y con objeto social de carácter cerrado, encargada de realizar las funciones de actividad de gestión independiente de datos e información y se señala que se publicará una resolución para definir las condiciones de sus servicios y la forma de remuneración.

 

Se establece un proceso de transición, el acceso a la medición, los costos de medidores recientemente instalados, la información de calidad de servicio, ente otros aspectos finales.

 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/33d0b0fa08574678052585a50075e521/$FILE/Creg131-2020.pdf

Mié.Jul.29 Ley 2024 del 23 de julio de 2020. Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación 

Ley 2024 del 23 de julio de 2020. Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación

 

El texto de esta ley tiene por objeto desarrollar el principio de buena fe contractual mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

 

El ámbito de aplicación abarca todos los pagos causados como contraprestación en los actos mercantiles de cualquier agente que realice operaciones mercantiles, así como las realizadas entre contratistas principales, sus proveedores y subcontratistas. Incluye:

 

Pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores y están sujetas a las normas de protección del consumidor.

 

Intereses relacionados con legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y pagos de indemnizaciones por daños, contratos de mutuo y otros típicos o atípicos donde los plazos diferidos sean propios de la esencia del contrato respectivo.

 

Deudas sometidas a procesos concursales o de reestructuración empresarial.

 

El artículo 3 establece la obligación de pago a plazos justos: adopta como deber de todos aquellos que realizan operaciones mercantiles la obligación general de efectuarle pago de sus obligaciones contractuales en un término de máximo 60 días para el primer año de vigencia de la ley y de 45 a partir del segundo, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.

 

Se exceptúan de esta disposición las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas.

 

En el sector salud el plazo definitivo y permanente será de 60 días calendarios y comenzará a regir desde el tercer año después de la entrada en vigencia de la ley.

 

Disposiciones para procedimientos y de facturación y pago de obligaciones. Si se requieren procedimientos de aceptación, comprobación, verificación o subsanación de facturas el plazo se suspende. Cuando son contratos y se requieren actas de aprobación o informes de cumplimiento será responsabilidad del contratante emitir dichos documentos de forma oportuna dentro del plazo justo y no se podrá extender por demora.

 

La recepción de la factura por medios electrónicos dará inicio al cómputo del plazo siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante. La aplicación indebida del cálculo de retenciones por parte del contratante se entenderá como incumplimiento y dará lugar a indemnización por costos de cobro.

 

El artículo 5 trata sobre la Indemnización por costos de cobro. Sin perjuicio del pago de intereses moratorios, cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento del plazo de pago justo dispuesto en la presente Ley, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de la mora de este salvo por caso fortuito o fuerza mayor.

 

Las disposiciones contenidas en la presente ley tendrán carácter de normas imperativas, y, por lo tanto, no podrán ser modificadas por mutuo acuerdo entre las partes.

 

Pasados tres (3) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional llevará a cabo una evaluación independiente del impacto de las disposiciones contenidas en la presente ley sobre la competitividad y productividad del sector privado en el país y, en particular sobre los costos, la liquidez, las utilidades y la esperanza de vida de las pequeñas y medianas empresas.

 

El Estado deberá ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago a lo dispuesto en la presente ley. En los contratos regidos por el estatuto general de contratación de la administración pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura.

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202024%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Mar.Jul.28 Informe del presidente al Congreso 

Informe del presidente al Congreso

 

1. Infraestructura

 

El informe destaca los avances del sector en 2019-2020, con un presupuesto de inversión del 6.6 billones de pesos en 2019 y 7,3 billones en 2020. Los programas de inversión del sector Transporte están concentrados en la infraestructura de la red vial, la de servicios y transporte aéreo, seguridad de transporte, infraestructura y servicios de logística, transporte férreo y marítimo. En transporte aéreo se destacan los avances en construcción del aeropuerto el Dorado.

 

 

En infraestructura, este informe señala que “El propósito del gobierno es expedir cuatro documentos-tipo al final del cuatrienio para sectores priorizados. Hasta el 31 de mayo de 2020, dada la relevancia de los proyectos de obra en el sector del transporte, se han ido implementado gradualmente. Conforme al Decreto 342 de 2019 se adoptó el documento-tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión dos. Ahora se avanza en los de selección abreviada, menor cuantía e interventoría del sector de la infraestructura”.

 

En el marco de los proyectos del PDET “En julio de 2019 inició mediante concurso de mérito la estructuración de 404 iniciativas priorizadas por la comunidad, 202 de infraestructura rural y 202 en reactivación económica”. “Además de lo anterior, se está trabajando con nuevas estructuraciones, 37 para infraestructura rural, 52 estructuraciones de Findeter enfocadas en infraestructura educativa y 2 estructuraciones de vías con En Territorio, finalmente 44 estructuraciones para proyectos de reactivación económica, productiva y ambiental”.

 

“A través del proceso de licitación de la convocatoria del Fondo Colombia en Paz para obras PDET Fase 3, se adjudicaron proyectos para 13 subregiones: Alto Patía y Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Chocó, Pacífico Medio, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Montes de María, Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada y Perijá, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño, Sur de Bolívar y Catatumbo. De esta manera, llegamos al objetivo de completar la atención en los 170 municipios con PDET, con una meta de 1.000 obras PDET”.

 

Para viabilizar la financiación de los programas del PDET se creó el mecanismo de Obras por Impuestos, que en su primer año permitió́ que se beneficiaran 18 municipios PDET con 15 proyectos por una inversión estimada de $162.475 millones. Para 2019 el mecanismo logró contar con 25 proyectos, que benefician a 28 municipios PDET con una inversión de $186.358 millones. En 2020, a través de Obras por Impuestos se espera beneficiar 63 municipios PDET con 17 proyectos por valor de $121.453 millones.

 

Otros temas

 

2. Contingencia COVID 19

 

“Para contener, mitigar y atender la emergencia del COVID-19 y sus efectos en la población y la actividad económica, el Gobierno nacional ha estimado que se requiere comprometer aproximadamente 11 % del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Esto representa un valor de recursos del orden de $117,1 billones. De estos, $24,8 billones representan fuentes para la atención de la emergencia destinados a suplir las medidas para la atención sanitaria, las ayudas sociales para población en condición vulnerable y para las acciones de protección del empleo y reactivación económica. Así mismo, se destinaron recursos para garantías de crédito, líneas de crédito de redescuento, medidas de liquidez, alivios tributarios, entre otros.

 

3. Salud

 

Para la atención de esta contingencia, se definieron unas instancias y obligaciones del sector salud frente al Covid-19 y se destinaron recursos para financiar las atenciones individuales en salud, las incapacidades de los cotizantes y la oferta de camas de cuidado intensivo, se dispuso una inyección de $6,8 billones en la línea de salud para la mitigación de la emergencia.

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con las medidas concretas para financiar la atención en salud, distribuyó los recursos a los que hace referencia, en cuatro grupos: 1) medidas relacionadas con el aseguramiento en salud, 2) ampliación de la oferta, 3) fortalecimiento de salud pública y 4) fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la atención del COVID-19.

 

Entre las medidas a financiar o financiadas se encuentran:

 

Una compensación económica temporal de aislamiento, por 7 días de acuerdo con el salario mínimo legal diario vigente, por una sola vez y por grupo familiar, para afiliados al régimen subsidiado con el objeto de incentivar un aislamiento preventivo por parte de las personas que pertenecen a este régimen.

 

• El reconocimiento de incapacidades por COVID-19 mediante el reembolso del valor de estas a las EPS.

 

• Se definió el conjunto de los posibles servicios y tecnologías en salud que requieren los pacientes con Coronavirus y los respectivos valores máximos de reconocimiento y pago, los cuales serán pagados por la ADRES directamente a las IPS que conformen la red de prestadores para la atención de COVID-19 de las diferentes EPS.

 

Los pagos se harán mediante anticipos u otros mecanismos que permitan el flujo a los prestadores y estos pagos serán legalizados una vez las EPS realicen las respectivas auditorías a la facturación. Esta fuente se reconocerá en el momento en el cual, de conformidad con los modelamientos del Ministerio de Salud, las frecuencias de los servicios contemplados en las canastas se aumenten y no puedan ser financiados con la UPC y los presupuestos máximos.

 

•Reconocimiento económico temporal, por una sola vez, para el talento humano de salud.

 

•Compra centralizada de pruebas diagnósticas que permitan realizar tamizaje en grupos o conglomerados de población vulnerable o en riesgo.

 

• Compra de ventiladores, monitores, camas hospitalarias, bombas de infusión y unidades portátiles de rayos X.

 

• El fortalecimiento de los laboratorios de las entidades territoriales para análisis de muestras y el diagnóstico oportuno de los casos de COVID-19.

 

• El fortalecimiento de las redes de vigilancia epidemiológica a nivel nacional y de la ampliación de la capacidad del Instituto Nacional de Salud.

 

• El fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud y Protección Social.

 

 

4. Programas para atención a población vulnerable

 

El Gobierno nacional determinó realizar la entrega de transferencias monetarias adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas sociales Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.

 

Implementó el Esquema de Devolución del IVA que tiene como propósito mitigar la regresividad de este impuesto en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

 

Se creó el Programa Ingreso Solidario con la finalidad de generar una transferencia que prioriza a tres millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no se encuentren como beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o del Esquema de Compensación del IVA.

 

El valor de la transferencia es de $160.000 mensuales y se realiza un total definido de tres pagos, a las personas que, de acuerdo con la clasificación del Sisbén, son identificados como los más pobres y vulnerables.

 

Con esa lógica se procedió a tomar los hogares no cubiertos por programas de transferencias monetarias clasificados en pobreza extrema, pobreza moderada y los hogares más vulnerables del grupo de población vulnerable.

 

A 31 de mayo, de acuerdo con el reporte del DNP, 2.017.029 beneficiaros ya recibieron la transferencia a través de sus cuentas bancarias.

 

5. Estrategia para reactivación económica

 

Entre las medidas adoptadas se establecieron nuevos plazos en el calendario tributario, dentro de los cuales se incluían medidas como el aplazamiento de:

 

Pago y anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Obras por impuestos.

Declaración de activos en el exterior.

Anticipos del Régimen Simple de Tributación (RST).

Plazos para declarar y pagar el Impuesto al Patrimonio; y, declaración y pago del impuesto de normalización tributaria.

 

Se amplió el plazo hasta el 30 de octubre de 2020 del pago del impuesto nacional con destino al turismo, correspondiente al primer y segundo trimestre del año para empresas que prestan de manera regular el servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros.

 

Por otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció plazos especiales para la presentación de la declaración y el pago de la liquidación privada de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, de todos los sujetos pasivos en lo correspondiente al primer trimestre del 2020, pasando la obligación de abril a julio y estableció plazos especiales para el pago de la declaración de los impuestos de IVA del primer semestre 2020, y sobre la renta y complementarios del año gravable 2019, para los sectores de turismo y aviación, quedando los pagos del primer semestre para el segundo semestre de este año.

 

También estarán exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial de las cuentas corrientes y/o de ahorro constituidas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

 

Se amplió el plazo para la renovación de registros que integran el Registro Único Empresarial y Social (RUES) hasta el 3 de julio de 2020.

 

Esta línea tiene como destino financiar capital de trabajo como materias primas, insumos y nómina de las empresas de estos sectores de los cuales se asigna un cupo de $175 mil millones para MiPymes y $75 mil millones para grandes empresas.

 

Como complemento a lo anterior, en abril se lanzó la línea de crédito “Colombia Responde para Todos”, en la cual se atienden las mismas necesidades de la primera línea, pero está dirigida a empresas de todos los sectores adicionales que no cubría la primera.

 

El cupo de esta línea asciende a $350 mil millones de los cuales $50 mil millones están destinados a las microempresas, $175 mil millones a pymes, $75 mil millones para grandes, y $50 mil millones destinados a microfinanzas.

 

La Superintendencia Financiera estableció medidas transitorias para instaurar períodos de gracia y aumentar los plazos para los créditos de personas naturales y jurídicas que pertenecieran a los sectores económicos afectados por el COVID-19.

 

FNG creó dos nuevos productos en el marco de la estrategia “Unidos por Colombia”:

 

1) Garantías Pago de Nóminas con cobertura al 90 % para garantizar los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

 

2) Garantías de Capital de Trabajo de hasta el 80 % para que las micro, pequeñas y medianas empresas del país puedan atender sus necesidades.

 

Simulaciones efectuadas por el Banco Mundial y el DNP sobre los efectos del COVID-19 sobre el mercado laboral y la pobreza a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, contabilizan un total de 15.088.290 de trabajadores afectados durante la pandemia del COVID-19 de los cuales el 63% no realiza cotizaciones a la seguridad social, el 40% de los afectados son las mujeres mientras los sectores más afectados construcción comercio, industria manufacturera, agricultura, construcción, transporte y almacenamiento y hoteles y restaurantes.

 

Por esto se estableció que para los períodos de abril y mayo cuyas cotizaciones al Sistema General de Pensiones deban efectuarse en los meses de mayo y junio de 2020, respectivamente, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por este alivio pagarán como aporte solo el 3 % (de este porcentaje el empleador aporta el 75 % y el empleado el 25 %, y para trabajadores independientes el aporte será del 100 %) de cotización al Sistema General de Pensiones, con el fin de cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del Régimen de Prima Media. Esta medida genera un alivio en los costos laborales no salariales porque reduce temporalmente los porcentajes de cotización sobre el ingreso (12 % para el empleador, 4 % para el empleado, y 16 % para trabajadores independientes). (Esta norma fue la declarada inexequible por la corte constitucional).

 

Se promovió la normativa relacionada con mecanismos que las empresas pueden usar durante esta crisis como el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, y los permisos remunerados (salario sin prestación del servicio).

 

Se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del FOME, como un programa social del Estado que busca otorgar a los empleadores beneficiarios del programa, mensualmente y hasta por tres veces, un aporte por empleado correspondiente a un 40 % del salario mínimo, es decir $351.000, para que las empresas paguen los salarios de sus trabajadores con el fin de apoyar y proteger el empleo formal del país.

 

En el marco de este programa se estableció la Garantía para Trabajadores Independientes, a través de la cual se busca respaldar a quienes dejaron de percibir ingresos como consecuencia de la coyuntura originada por el COVID-19 incentivando su acceso al financiamiento y que de esta manera puedan solventar sus necesidades económicas.

 

Para preservar a las empresas se estableció el acceso expedito a mecanismos de reorganización, la flexibilización en el pago a pequeños acreedores para mitigar el proceso de reorganización, mecanismos de alivio financiero y estímulos a la financiación, entre otras medidas.

 

 

6. Inversión vigencia 2020

 

Para el 31 de mayo de 2020 se encontró que el presupuesto de inversión alcanzó los $48,0 billones, que representan el 4,3 % del PIB estimado para el presente año.

 

https://dapre.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCI/Informe_congreso_2020-IDM.pdf

 

Lun.Jul.27 Pensiones. Fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el Decreto 558 sobre aportes al sistema General de Pensiones en el marco de la emergencia económica

Pensiones. Fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el Decreto 558 sobre aportes al sistema General de Pensiones en el marco de la emergencia económica

 

Este decreto se promulgó basado en el supuesto de que las condiciones de los mercados y el estado económico de las empresas en medio de una interrupción del consumo serían dos circunstancias que tendrían un impacto fuerte en las cuentas de ahorro pensional, así como en la capacidad de las empresas y los trabajadores independientes de cotizar a pensión.

 

Aplicaba para los afiliados al sistema general de seguridad social en pensiones, los empleadores del sector público y privado, los trabajadores dependientes e independientes, a los pensionados del régimen de ahorro individual en la modalidad de retiro programados, a Colpensiones y a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías AFP.

 

En su articulado establecía un pago parcial del 3% del aporte a pensiones para los períodos de abril y mayo y cuyas cotizaciones debían realizarse en mayo y junio para los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por este alivio.

 

Este porcentaje debía ser cubierto en 75% por el empleador y el 25% por el trabajador mientras los trabajadores independientes debían pagar el 100% de esta cotización. Las semanas cotizadas continuaban contando para pensión tanto en Colpensiones como en las AFP.

 

En la modalidad de retiro programado se establecía que para garantizar el aseguramiento del riesgo exacerbado por el Coronavirus y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado de una posible descapitalización de sus cuentas en las AFP estos pensionados debían recibir un salario mínimo, aunque no alcanzaran los recursos existentes en la cuenta pensional. Para garantizar esta medida se estableció que las Administradoras de Fondos de pensiones debían trasladar a Colpensiones en un plazo no mayor a 4 meses los recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado y la información correspondiente.

 

Establecía que en caso de que no hubiera sido posible la contratación de una renta vitalicia por faltante de recursos en los saldos de los pensionados, la pensión seguiría pagándose a través de Colpensiones y seguiría pagándose hasta su fallecimiento con base en un salario mínimo. Para garantizar esto las AFP debían trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- el valor correspondiente al saldo de la cuenta ahorro individual y sus rendimientos, el valor del bono pensional y la suma adicional, si a ella hubiere lugar.

 

La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- actuaría exclusivamente en calidad de pagadora de las pensiones trasladadas. Por tal razón, todas las actividades u operaciones adicionales al pago de pensiones, tales como la defensa judicial asociada a esas prestaciones, reliquidaciones de mesada, pagos de retroactivos, reliquidación del bono pensional o de la suma adicional, entre otras, continuaban a cargo de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hayan reconocido la pensión.

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20558%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

 

 

 

 

Jue.Jul.23  Energía. Contexto Normativo, Energía. Resolución 114 del 2 de Agosto de 2018 de la CREG por la cual se determinan los principios y condiciones generales que deben cumplir los mecanismos para la comercialización de energía eléctrica para que sus precios sean reconocidos en el componente de costos de compras de energía al usuario regulado. Establece los aspectos asociados a la corregulación en el mercado de energía

Energía. Contexto Normativo, Energía. Resolución 114 del 2 de Agosto de 2018 de la CREG por la cual se determinan los principios y condiciones generales que deben cumplir los mecanismos para la comercialización de energía eléctrica para que sus precios sean reconocidos en el componente de costos de compras de energía al usuario regulado. Establece los aspectos asociados a la corregulación en el mercado de energía

 

En sus consideraciones la resolución plantea que debe existir una convergencia entre los intereses colectivos que persigue la prestación de los servicios públicos, como aquellos intereses de las empresas y agentes en relación con la competencia, la iniciativa privada y la libertad de empresa.

 

Establece que en el marco de sus funciones de garantizar la libre competencia, la prestación del servicio eficiente y el buen funcionamiento del mercado y garantizar el acceso y calidad de servicio a los usuarios, la CREG cuenta con la facultad de establecer medidas regulatorias de carácter general frente a la definición de nuevos mecanismos para la comercialización de energía eléctrica que permitan la gestión de riesgo de ingresos para los agentes del mercado en diferentes horizontes de tiempo, siempre y cuando permita la formación de precios eficientes a afectos de ser trasladado a los usuarios finales.

La Comisión publicó el Documento CREG 106 de 2017, en donde se pone a consulta una serie de alternativas para el traslado de precios de un mercado anónimo estandarizado de contratos. En dicho documento, la CREG realiza un diagnóstico del mercado de contratos bilaterales de energía eléctrica y como resultado de dicho ejercicio, se identifica la conveniencia de que sean terceros quienes desarrollen mecanismos de comercialización de energía alternativos a los establecidos en la regulación actual y se establecen una serie de principios rectores y características que deberían cumplir los mercados de contratos desarrollados por estos terceros, para que los precios resultantes de las transacciones que allí se den, puedan ser trasladados en la formula tarifaria a los usuarios regulados.

 

En esta misma dirección los cambios tecnológicos que se presentan actualmente en los mercados eléctricos y los que se desarrollarán en un futuro resultarán en una multiplicidad de posibles mecanismos de comercialización de energía. Esta proliferación de posibles mercados requiere un marco regulatorio general, en donde se determinen los principios, así como las condiciones que éstos deben cumplir, para garantizar la integridad de los mismos.

En este sentido, es necesario que la regulación adopte medidas para permitir la articulación de todos los nuevos desarrollos en el mercado, la liberalización de los mismos, así como el traslado de nuevas y mayores eficiencias a la tarifa de los usuarios finales.

 

Es por esto que el enfoque regulatorio y la forma como se debe llevar a cabo el ejercicio de intervención a través de la regulación ha de considerar esta dinámica y comportamiento del mercado de energía eléctrica, a efectos de ofrecer las mejores condiciones de desarrollo de mercados, con mayor competencia y que se generen mayores beneficios para todos los agentes económicos de la cadena.

 

En consecuencia, es deseable contar un espacio más abierto, donde la iniciativa regulatoria y la participación de los agentes en el desarrollo del mercado se han de considerar relevantes, al mismo tiempo que el proceso regulatorio ha de considerarse más flexible a las nuevas necesidades del mercado. La presente propuesta regulatoria de carácter general considera y se ajusta a dicho enfoque de intervención.

 

Este desarrollo regulatorio se estructura de manera conjunta a través de la expedición de una serie de normas y resoluciones de carácter general, las cuales atendiendo su objeto, los supuestos normativos y los efectos que estas producen son de carácter abstracto, propios de un acto regla, crean y van desarrollando una situación jurídica general asociada con la prestación del servicio público domiciliario en sus actividades de generación y comercialización, siendo aplicable indistinta y genéricamente a los comercializadores y usuarios regulados del servicio público domiciliario de energía eléctrica, atendiendo los supuestos allí previstos.

 

De estas normas y resoluciones hacen parte:

 

I) Aquellas que definen los principios y las condiciones generales que deben cumplir aquellos mecanismos para la comercialización de energía eléctrica que aspiren al reconocimiento de los costos agregados de las compras de energía en el costo unitario de prestación del servicio al usuario regulado, así como el procedimiento de evaluación de los mecanismos para la comercialización que se presenten a la Comisión.

 

II) Aquellas mediante las cuales se establece la o las formas en las que se reconocerán, dentro del costo unitario de prestación del servicio a los usuarios regulados, los costos agregados de la compra de energía a los comercializadores que participen en uno o varios mecanismos, siempre que se cumpla con lo exigido en la regulación. Esto incluye los indicadores de evaluación de resultado del mecanismo para que se dé este efecto.

 

III) La CREG expidió la Resolución CREG 068 de 2018 en donde se proponen un conjunto de principios y criterios que deben cumplir los mecanismos para la comercialización de energía que se presenten a la CREG, con el fin de que los costos agregados de las compras se reconozcan en el componente el costo unitario de prestación del servicio. En la mencionada resolución, además de presentar los principios y condiciones se describe el proceso de evaluación del mecanismo que deberían surtir los terceros, denominados Promotores en la presente resolución, que presenten propuestas de esta naturaleza a la CREG.

 

En el articulado de esta resolución, se establece que su objeto es definir los principios y las condiciones generales que deben cumplir aquellos mecanismos para la comercialización de energía eléctrica, puestos a consideración de la Comisión, que aspiren al reconocimiento de los costos agregados de las compras de energía en el costo unitario de prestación del servicio al usuario regulado. Así mismo, definir el procedimiento de evaluación de los resultados de dichos mecanismos.

 

Define los conceptos de agente especializado, auditor, administrador, administrador de riesgo. El primero llevará acabo las actividades de evaluación de un mecanismo para la comercialización de energía eléctrica y que haya sido propuesto por la CREG, actividad que podrá realizarse por uniones temporales o consorcios.

 

El auditor verifica el cumplimiento de los criterios e indicadores de evaluación, pudiendo también ser unión temporal o consorcio. El auditor puede ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Debe tener experiencia en la prestación de servicios de auditoría de recursos informáticos, tecnológicos y financieros de empresas públicas o privadas. El auditor no podrá haber prestado servicios de consultoría o asesoría con el Promotor ni con quienes lo compongan durante los dos (2) años anteriores al inicio de la auditoría. Tampoco será elegible como auditor quien tenga un conflicto de intereses con el Promotor o con agentes del mercado de energía mayorista.

 

El administrador será el encargado de gestionar el mecanismo para la comercialización de energía eléctrica y de garantizar que estén disponibles los elementos técnicos y administrativos necesarios para todos los agentes que desean participar en dicho mecanismo, de garantizar su funcionamiento continuo, y de implementar todos los esquemas de salvaguardas y contingencia necesarios para prevenir y solucionar fallas de carácter operativo e informático del mecanismo.

 

La resolución establece los principios y condiciones generales del mecanismo para la comercialización de energía eléctrica:

 

• Los mecanismos deberán cumplir con los principios de eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad.
• Otras de las condiciones que deberá cumplir son las de pluralidad, estandarización, simplicidad, disponibilidad de información, acreditación, anonimato, seguridad operativa, gestión de riesgos, reporte de información necesaria para la valoración de riesgos de los agentes del mercado de energía mayorista, esquemas de solución de controversias y esquemas de ajustes regulatorio. Estas condiciones están definidas en el Anexo 1 de la presente resolución.

 

Los criterios de evaluación del resultado se presentan en el anexo 2 de esta resolución y están basados en la garantía de competencia efectiva, representatividad del volumen transado y consistencia del mecanismo para evaluar resultado, pudiendo la CREG establecer estos indicadores cuando lo considere necesario.

 

La resolución presenta el contenido de una propuesta de un promotor que quiera establecer un mecanismo de comercialización de energía debe presentar a la CREG, con requisitos básicos entre los que se encuentran los criterios para admisión y desvinculación de los participantes, el modelo de contrato para cada producto objeto de la negociación, el reglamento operativo que establece los procedimientos para el funcionamiento y operación del mecanismo de asignación de cantidades y formación de precios, esquemas de administración de riesgos, para resolución de controversias, entre otros.

 

El promotor deberá manifestar expresamente a la Comisión si dentro de la información entregada en el mecanismo existen elementos protegidos a través de propiedad intelectual y/o propiedad industrial y expresar si existe información de carácter reservado.

 

Establece las etapas del proceso de evaluación, entre las que se encuentran la presentación de la propuesta y su evaluación por parte de la CREG y una segunda etapa de ejecución y evaluación de los resultados del mecanismo para la comercialización de energía.

 

Verificadas las condiciones mínimas del Promotor, la CREG determinará, a través de una evaluación, si el mecanismo propuesto cumple con los principios y condiciones generales. Esta evaluación se realizará de forma directa por la CREG, pero podrá requerir la contratación de un agente especializado que no esté incurso en conflictos de interés con el promotor y no podrá presentar mecanismos en un período de 2 años después de haber realizado esta asesoría.

 

Una vez la CREG haya expedido la resolución de carácter general en los términos del artículo 8 de la presente resolución, la CREG seleccionará a uno de los auditores de la lista publicada, según el artículo 13. Despues de que se ejecute el mecanismo, el auditor presentará a la CREG un informe en el que concluya de manera clara e inequívoca si se cumplió con los criterios y los valores de referencia establecidos para los indicadores del mecanismo. La CREG definirá el plazo de entrega de dicho informe en el momento de selección del auditor.

 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/e1aa2bca619f4f6e05258305007463d1?OpenDocument&Highlight=0,NoResolucionCREG114-2018

Mié.Jul.22 Energía. Resolución 080 del 5 de julio de 2019 por la cual se establecen las reglas generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen actividades de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible (2)  

Energía. Resolución 080 del 5 de julio de 2019 por la cual se establecen las reglas generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen actividades de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible (2)

 

La resolución establece siete comportamientos que deben propender los agentes del mercado:

 

1. El cumplimiento de los fines de la regulación
2. La transparencia del mercado
3. Independencia en la toma decisiones por parte de los agentes
4. La procura de los intereses de los usuarios ante el mercado
5. Libre acceso de los bienes esenciales empleados para la organización y prestación de los servicios y el libre acceso a los mercados
6. Competencia efectiva en el mercado
7. La adecuada prestación del servicio público

 

La segunda parte de esta resolución podrá ser consultada en nuestro informe de mañana.

 

1.Cumplimiento de los fines de la regulación: aplicará la regulación primando el fondo sobre la forma, la protección al usuario y el funcionamiento transparente del mercado y abstenerse de participar en actos, contratos o prácticas que tengan como efecto de eludir los fines de la regulación, engañar o confundir a los usuarios, otros agentes del mercado o las autoridades.

 

Cumplir con compromisos frente a terceros, participar en los mecanismos de transacción de manera diligente y honorable, adquiriendo los compromisos que esté en capacidad de cumplir y no podrán utilizar a terceros para evitar cumplir las obligaciones contenidas en el ordenamiento jurídico.

 

2.La transparencia del mercado: La información suministrada por los agentes debe permitir y facilitar su comparación y comprensión por parte de los usuarios frente a los productos del mercado y deberán entregarla de manera cierta, clara, oportuna y verificable, garantizando la finalidad. Los procedimientos de los agentes deben publicarse en la página web los plazos y requisitos asociados al acceso a un bien esencial, el cambio de prestador por parte de usuario o empresas y enviar una copia a la Superservicios de los procedimientos vigentes.

 

Se establece que respecto a los cobros no previstos en la regulación vigente, deben obedecer a parámetros explícitos, objetivos y verificables, por lo que los agentes deben tener a la disposición de las autoridades los comprobantes de los costos asociados a los cobros realizados, informar dichos precios a los interesados de forma clara, desagregada y previa a la iniciación del procedimiento y abstenerse de realizar cobros no pactados o informados al usuario.

 

3.Independencia en la toma decisiones por parte de los agentes. Para garantizar el manejo de la información por parte de los agentes se debe garantizar su uso adecuado de cara a terceros por lo que los agentes deben abstenerse de compartir información propia o de un tercero con el propósito de restringir el acceso, la oferta disponible o generar distorsiones en el funcionamiento del mercado, discriminar entre agentes y poner en riesgo la prestación del servicio.

 

De igual manera deben abstenerse de compartir con cualquier agente del mercado información propia o de un tercero parcial o totalmente que tenga valor comercial para la estrategia competitiva del titular, no sea de conocimiento público, que su divulgación total o parcial tenga efectos sobre el nivel de competencia en el mercado.

 

Sobre el manejo de información centralizada sobre el mercado o la operación señala que los agentes que tienen acceso a esta información deben asegurar su manejo adecuado, definiendo protocolos que garanticen una administración centralizada neutral y transparente hacia los usuarios, y abstenerse de compartirla total o parcialmente con terceros o con quienes tenga una situación de control y que no sea de conocimiento público, tenga valor comercial, y su divulgación total o parcial tenga efectos sobre el nivel de competencia del mercado.

 

4.La procura de los intereses de los usuarios ante el mercado. Los comercializadores de energía, de gas combustible o de capacidad de transporte de gas, deben realizar la gestión de sus compras destinadas a atender a usuarios a quienes prestan el servicio, garantizando que sus actuaciones no tengan la capacidad, el propósito o efecto de ir en detrimento de los intereses de estos últimos.

 

Para esto deben emplear la debida diligencia en la gestión que realizan para las compras destinadas a atender a los usuarios y consolidar al interior de la empresa una cultura de atención y respecto a derechos de los usuarios.

 

Deben administrar los conflictos que surjan entre sus intereses y los de los usuarios salvaguardando a los usuarios en atención a lo que se espera de los mecanismos de mercado y revelar situaciones de conflicto de interés a las instancias o grupos requeridos ya sea que se originen en razón a su posición dentro del mercado, su estructura societaria o como situaciones particulares o específicas en el desarrollo de sus actividades.

 

Deben garantizar la atención a los usuarios empleando la debida diligencia y proveer información cierta, suficiente y clara sobe productos y servicios, derechos y obligaciones, precios, actividad que desarrolla el comercializador en el mercado y los mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos.

 

5.Libre acceso de los bienes esenciales empleados para la organización y prestación de los servicios y el libre acceso a los mercados. Los agentes deben:

 

1.Abstenerse de utilizar mecanismos, estrategias o cualquier otro instrumento que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de restringir el acceso o la movilidad dentro del bien esencial empleado para la organización y prestación del servicio al solicitante.

 

2. Los costos de acceso al servicio deben ser explícitos, objetivos y verificables

 

3. Cuando el prestador no esté en capacidad técnica o financiera de asumir los costos asociados a la solicitud de acceso o movilidad en el bien esencial empleado para la prestación del servicio en la oportunidad de plazos establecidos en la regulación o procesamiento particular, dicho prestador deberá permitir que los solicitantes los asuman por cuenta propia.

 

4.Tanto el prestador como el solicitante deben cumplir con la normatividad, técnica, legal y regulatoria sobre condiciones acceso a los bienes empleados para la organización y prestación del servicio.

 

Los agentes del mercado deben permitir el acceso a mercados a otros agentes o usuarios en concordancia con los requisitos previstos en la regulación, para lo que deben abstenerse de utilizar mecanismos o estrategias o cualquier otro tipo de instrumento que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de restringir el acceso al mercado por parte de otros agentes o restringir a los usuarios la libre elección del prestador del servicio o del proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización. También deben abstenerse de utilizar mecanismos o estrategias que tengan como propósito obstaculizar la cesión o terminación de vínculos contractuales.

 

Competencia efectiva en el mercado. Los agentes del mercado deben otorgar un tratamiento neutral en términos jurídicos fácticos a los usuarios o prestadores con quienes realicen procedimientos, negocien o sostengan relaciones comerciales asociadas a la ejecución de actividades propias de la prestación de los servicios. Abstenerse de cualquier procedimiento que tenga el fin de discriminar entre usuarios o prestadores con características análogas.

 

Deben abstenerse de imputar costos a una actividad de la cadena de prestación del servicio público que no sea propio de dicha actividad y cuando los costos sean compartidos deben establecerse parámetros explícitos, objetivos y verificables.

 

La adecuada prestación del servicio público. Los agentes deberán gestionar adecuadamente los riesgos financieros y operativos, incluyendo la realización de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos y no podrán utilizar mecanismos, estrategias o que tengan la capacidad de distorsionar el funcionamiento eficiente del mercado o poner en riesgo la prestación el servicio público.

 

Todos los agentes del mercado deberán publicar en su portal web oficial de manera permanente y en su página de inicio la adhesión y cumplimiento de las reglas de comportamiento establecidas en esta resolución.

 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/770357a33d4028b405258431004a3482

Mar.Jul.21  Energía. Resolución 080 del 5 de julio de 2019 por la cual se establecen las reglas generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen actividades de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible (1) 

Energía. Resolución 080 del 5 de julio de 2019 por la cual se establecen las reglas generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen actividades de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible (1)

 

En su intervención en la Cámara Colombiana de Energía, el director de la CREG señaló que un buen número de los procesos que se llevarán a cabo en la actividad la transformación energética no tendrán normas de regulación específica, sino que estarán regulados por los principios establecidos por la resolución 80 de 2019 y la resolución 114 de 2018, normas que establecen el principio de corregulación en el mercado de energía.

 

Destacamos esta semana el contenido de estas regulaciones al ser base para la operación del mercado en el marco actual y la implementación de los cambios asociados al proceso de transformación energética.

 

En sus consideraciones la resolución 080 de 2019 establece que de acuerdo con la constitución nacional el estado evitará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional y podrá intervenir en el caso de los servicios públicos y privados para conseguir el mejoramiento de la calidad debida, la distribución de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de ambiente sano intervendrá para garantizar la calidad del bien o servicio público, la prestación continua y eficiente y la libre competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante.

 

Establece como derechos de los usuarios elegir el prestador del servicio, solicitar y obtener información completa sobre todas las actividades y operaciones que se realicen para la operación del servicio público.

 

También señala que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios están obligadas a facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades, o de grandes usuarios de dichos servicios, a los bienes empleados para su organización y prestación para cumplir con la función social de la propiedad pública o privada que prestan las empresas de servicios públicos y deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de restringir de forma indebida la libre competencia.

 

Que corresponde a la CREG regular “los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad.”

 

Debe desarrollar mecanismos que garanticen el equilibrio entre la libertad económica (incentivo económico), la promoción de intereses colectivos concretos, la prestación de servicios públicos y los derechos de los usuarios.

 

En relación con dichos instrumentos la regulación convencional incluye herramientas de comando y control, como las reglas operativas, que todos los agentes deben asumir de manera simultánea y uniforme. También incluye regulación a través de incentivos, como un ingreso regulado, ante el cual los agentes tienen una señal explícita para disminuir costos y consecuentemente aumentar sus beneficios.

 

Sin embargo, cuenta con limitaciones para prever todas las situaciones que se presenten en los mercados.

 

Adicionalmente, las nuevas dinámicas de los mercados en presencia de desarrollos tecnológicos y la reducción de costos de nuevas fuentes de energía complejizan las transacciones de energía eléctrica y gas combustible.

 

Con mercados cambiantes y más sofisticados que los tradicionales, las necesidades de cara al regulador se modifican. De un lado, se requiere una capacidad de reacción mucho más rápida y, a la vez, de un espectro más amplio de necesidades de índole técnica, tecnológica, financiera y que incorpora elementos como la ciberseguridad y la interoperabilidad de los sistemas, no solo en las condiciones actuales sino también con una perspectiva de largo plazo.

 

Se busca avanzar hacia una regulación adaptativa que posibilite el crecimiento natural del mercado y permita la adopción de nuevas dinámicas y tecnologías, sin socavar la eficiencia ni el bienestar de los usuarios.

 

Se proponen entonces reglas de comportamiento generales que promuevan y permitan profundizar en:

 

• Libre acceso a las redes y facilidades que por su naturaleza son monopolio,
• Libre elección de prestadores de servicio
• La posibilidad de migración de los usuarios
• Transparencia, neutralidad y eficiencia económica
• La libre competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante

 

Con estas consideraciones, el artículo 1 de esta resolución define los conceptos de bienes esenciales y situación de control, siendo los primeros los bienes tangibles e intangibles que se usan en la organización y prestación de los servicios públicos de energía y gas y no son susceptibles de ser replicados ni sustituidos de manera rentable debido a restricciones técnicas, geográficas, físicas o legales y son necesarios para atender a los usuarios o el desarrollo de las actividades en las cadenas de valor.

 

La situación de control se define como la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la misma, así como la situación de control entre matriz y subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos señalados en los artículos 260 y 261 del código de comercio.

 

Los agentes a los que aplica esta resolución son los definidos en los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994:

 

• Las empresas de servicios públicos.
• Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.
• Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
• Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.
• Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta Ley.
• Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17.
• Los productores de servicios marginales o para uso particular.

La resolución establece siete comportamientos que deben propender los agentes del mercado:

 

1. El cumplimiento de los fines de la regulación
2. La transparencia del mercado
3. Independencia en la toma decisiones por parte de los agentes
4. La procura de los intereses de los usuarios ante el mercado
5. Libre acceso de los bienes esenciales empleados para la organización y prestación de los servicios y el libre acceso a los mercados
6. Competencia efectiva en el mercado
7. La adecuada prestación del servicio público

 

La segunda parte de esta resolución podrá ser consultada en nuestro informe de mañana.

 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/770357a33d4028b405258431004a3482

 

 

 

Jue.Jul.16 Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías, las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías, las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones

 

En las consideraciones de este decreto se regisra la recomendación de la OCDE en la cual se requiere ajustar la normativa para no limitar la adecuada diversificación de los portafolios de inversión que impidan la gestión para el calce del balance, (asset-liability matching) o establecer regulaciones que impidan el uso de técnicas aceptadas para el manejo de los riesgos de portafolios de inversión, así como las del del Banco Mundial sobre la importancia de contar con un conjunto amplio de herramientas para la construcción de portafolio y las señaladas por la Misión del Mercado de Capitales en atención al principio de persona prudente en cuanto a la regulación de estos regímenes de inversión.

 

Adicionalmente, se ha identificado la necesidad de generar una propuesta normativa que flexibilice los regímenes de inversión y contenga criterios de gestión encaminados para lograr mejores retornos para los afiliados.

 

Que el tamaño, niveles de diversificación y el desarrollo de la industria de los administradores de activos permite que se dé mayor autonomía en el manejo de los límites establecidos en reglamentaciones anteriores.

 

En atención a estas consideraciones, el decreto establece que las inversiones de capital privado que tengan por finalidad:

 

Invertir en empresas o proyectos productivos en los términos previstos en la Parte 3 del presente decreto o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, incluidos los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de fondos” y los fondos de capital privado inmobiliarios.

 

El nuevo decreto adiciona una segunda finalidad de las inversiones de los fondos de capital privado: invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, en los términos previstos en la Parte 3 de este decreto, incoporando los como “fondos de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada.

 

Otro de los cambios establecidos está asociado a las inversiones en infraestructura, señlando que cuando se trate de inversiones en fondos de capital privado que destinen al menos (2/3) partes a invertir o financiar proyectos de infraestructura, dichas inversiones deberán ser aprobadas por la junta directiva de la AFP garantizando que el gerente del fondo cuando haga las veces de gestor profesional y los miembros del comité de inversiones y las entidades que conforman su mismo conglomerado financiero tengan la calidad de independientes respecto a la AFP y las entidades. Si es una persona jurídica no deberá ser vinculada a la AFP.

 

La suma de la participación de los fondos administrados habrá de ser menor al 50% del valor del patrimonio del fondo de capital privado definido como los compromisos de capital y aportes al mismo.

 

Que en la financiación del proyecto de infraestructura participen establecimientos de crédito, entidades multilaterales de crédito sometidas a vigilancia por parte de una jurisdicción que sea miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

 

Que la estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de crédito por la SFC, entidades multilaterales de crédito, internacionales y/o la Financiera de Desarrollo Nacional.

 

Se establece también que la Superintendencia Financiera de Colombia podrá definir, conforme a la pertinencia de los proyectos de que trata el presente numeral, condiciones adicionales a las contenidas, tales como niveles mínimos para las calificaciones de riesgo efectuadas por sociedades calificadoras autorizadas por dicha Superintendencia, entre otras.”

 

Las AFP pueden invertir en participaciones en fondos de capital privados constituidos en el exterior, conocidos como “fondos de fondos” incluyendo a los fondos de deuda privada (nuevo) y los fondos de capital privado inmobiliarios. Las AFP podrán adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o condición.

 

En cuanto a los requisitos de calificación para las inversiones admisibles se establece que la suma de los títulos representativos de deuda de emisores del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva, según su reglamento, que no cuenten con el requisito de calificación, deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites en inversiones restringidas.

 

Lo anterior se establece también para los fondos de inversión colectiva, salvo fondos representativos de índices de renta fija, en cuanto a los fondos balanceados del artículo del presente decreto, que no cuenten con el requisito de calificación deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites en inversiones restringidas.

 

En cuanto a los límites globales de inversión para el Fondo Moderado, se pasa del 10% al 15% para la suma de los activos ubicados en el exterior que pueden adquirir los fondos o esquemas de inversión, considerando exterior como todos aquellos activos cuyo domicilio o ubicación no se encuentra en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico.

 

Luego de establecer un límite de hasta un 20% para la suma de activos alternativos[1], señala que corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en este numeral.

 

En cuanto a los límites globales de inversión para el Fondo de Mayor Riesgo, se aumenta del 15% al 17,5% para la suma de los activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos o esquemas de inversión, considerando exterior como todos aquellos activos cuyo domicilio o ubicación no se encuentra en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico.

 

Luego de establecer en este caso un límite de hasta un 25% para la suma de activos alternativos se adiciona que corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en este numeral.

 

En cuanto a los límites globales de inversión para el Portafolio de Largo Plazo del Fondo de Cesantías, la aumenta hasta el 15% para la suma de activos ubicados en el exterior que pueden invertir en este portafolio, considerando exterior como todos aquellos activos cuyo domicilio o ubicación no se encuentra en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico.

 

Luego de establecer un límite de hasta un 20% para la suma de inversión en activos alternativos, señala que corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en este numeral.

 

Se modifican los límites máximos de inversión por emisión, donde ya no se establece un porcentaje específico (era del 30% de cualquier emisión de títulos) sino que no se podrá invertir un mayor porcentaje del fijado por la Junta directiva como límite máximo para procesos de emisión en la Política de Inversión, junta que deberá contar con las recomendaciones del comité de riesgos de inversiones, con las excepciones que ya habían sido señaladas en el decreto previo. Se añade que lo dispuesto en este inciso aplica para las operaciones efectuadas tanto en el mercado primario como secundario.

 

También deja de establecerse un porcentaje específico en el caso de la inversión en fondos de inversión colectiva cerrados (antes era de máximo el 50%), sino que no se podrá invertir un mayor porcentaje del fijado por la Junta directiva como límite máximo para procesos de emisión en la Política de inversión, junta que deberá contar con las recomendaciones del comité de riesgos y de inversiones.

 

Se incorpora la disposición anterior también para los Fondos de Capital Privado, es decir, la AFP, con la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias, no podrá mantener una participación que exceda el porcentaje fijado como límite por la Junta Directiva en la Política de Inversión y deberá seguir las recomendaciones del Comité de riesgos y de inversiones.

 

En cuanto al límite de concentración de propiedad accionaria, si bien mantiene hasta el 10% la restricción a invertir en acciones de una sociedad, ya no establece porcentajes específicos para el caso de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, (BOCEAS), señalando que esta no podrá invertir en los BOCEAS en circulación de una sociedad, un mayor porcentaje que el fijado como límite por la Junta Directiva en la Política de Inversión y deberá seguir las recomendaciones del Comité de riesgos y de inversiones.

 

En cuanto a los límites globales de inversión para el Fondo Especial de Retiro Programado, se establece hasta un 10% para la suma de los activos alternativos pero corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en la norma.

 

En cuanto a las inversiones restringidas son los títulos representativos de deuda de emisores del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva descritos en los subnumerales que no cumplan con el requisito de del presente decreto.”

 

En cuanto a las inversiones admisibles de las reservas técnicas, se establece la posibilidad de invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, en los términos previstos en la Parte 3 de este decreto, adicionando los conocidos como “fondos de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada.”

 

Específica, para el caso de infraestructura, que cuando se trate de inversiones en fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a invertir o financiar proyectos de infraestructura, dichas inversiones en los fondos de capital privado deberán ser aprobadas por la Junta Directiva de la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, órgano que al momento de realizar la inversión y durante la vigencia de la misma deberá garantizar los requisitos establecidos en esta resolución garantizando que:

 

1. El gerente del fondo de capital privado cuando haga las veces de gestor profesional, o el gestor profesional, según sea el caso, y los miembros del comité de inversiones tengan la calidad de independientes respecto de la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, y las entidades que conforman su mismo conglomerado financiero.En los casos en los que el gestor profesional sea una persona jurídica, el mismo no deberá ser vinculado a la entidad aseguradora o sociedad de capitalización.

2. La suma de las participaciones de las reservas técnicas y recursos propios de la entidad aseguradora o de la sociedad de capitalización sea menor al cincuenta por ciento (50%) del valor del patrimonio del fondo de capital privado. Para la aplicación de este límite deberá tenerse en cuenta la definición de vinculado contenida en el artículo  del presente decreto y entenderse como patrimonio del fondo de capital privado el valor total de los compromisos de capital y los aportes al mismo.

3. Que participen en la financiación del proyecto de infraestructura establecimientos de crédito, entidades multilaterales de crédito y/o entidades de crédito internacionales, estos últimos estén sometidos a vigilancia comprensiva y consolidada por parte de una jurisdicción que sea miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

4. Que la estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades multilaterales de crédito, entidades de crédito internacionales y/o Financiera de Desarrollo Nacional.

 

A diferencia de lo establecido en el decreto 2555, estas exigencias se precisan para las reservas técnicas y recursos propios de la entidad aseguradora y se precisa que los proyectos de infraestructura que hagan parte de estas inversiones deben contar con la financiación de establecimientos de crédito, entidades multilaterales y/o de crédito internacionales y que la estructuración financiera del crédito haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de crédito vigilados por Superfinaciera, Multilaterales o la FDN.

 

Para la inversión de las reservas técnicas, se adicionan además de los fondos de fondos y los fondos de capital privado inmobiliario, los fondos de deuda privada.

 

Finalmente, se establecen los requisitos de calificación para las inversiones admisibles, en los casos de fondos de inversión colectiva, activos en el exterior, activos alternativos, y cambios en los límites globales para compañías de seguros generales y sociedades de capitalización en el caso de inversiones en exterior y activos alternativos. Establece los límites máximos de inversión por emisión, de concentración de la propiedad accionaria que generan estas inversiones.

 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-135471%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

 

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[1] SE definen como fondos de inversión, empresas de capital de riesgo, bienes inmuebles, materias primas y acciones de empresas no cotizadas

Mié.Jul.15 Salud. Proyecto de decreto publicado el 7 de julio para comentarios “Por medio del cual se reglamenta el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020” 

Salud. Proyecto de decreto publicado el 7 de julio para comentarios “Por medio del cual se reglamenta el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020”

 

En las consideraciones del decreto se establece que en atención a las funciones de la ADRES, el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 237 del Plan de Desarrollo sobre los acuerdos de pago en el sector salud y su posterior reglamentación en el decreto 521 de 2020 (presentado en tres de nuestros boletines anteriores), la resolución 618 del Minprotección, todos asociados a criterios y plazos asociados al saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con el sector no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo.

 

En particular, el PND establece que para financiar los valores aprobados en el mecanismo de saneamiento definitivo, estos serán reconocidos como deuda pública y podrán ser pagados con cargo al servicio de deuda pública del PGN o mediante operaciones de crédito público.

 

Que en el marco de la emergencia económica, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Minsalud y Protección Social, las entidades recobrantes y la ADRES podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro que cumplan los requisitos establecidos en las normativas mencionadas.

 

Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, plazos y condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago entre la ADRES y las EPS para su posterior reconocimiento y pago como deuda pública por parte de la Nación-Minhacienda.

 

El decreto aplica para el Minprotección, la ADRES, las EPS, IPS y proveedores, estableciendo unas reglas para la suscripción de acuerdos de pago parcial:

 

• Los acuerdos de pago parcial celebrados con entidades recobrantes que manifiesten su voluntad para el efecto, contemplarán la obligación de culminar el proceso de saneamiento definitivo y firmar el contrato de transacción en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 521 de 2020.
• El acuerdo de pago parcial entre las partes deberá especificar que las obligaciones de pago por parte de la ADRES serán exigibles una vez se cumplan con los plazos y condiciones establecidas en este decreto.
• El valor de los acuerdos correspondiente al 25% del valor radicado será consolidado mediante uno o varios actos administrativos expedidos por ADRES, quien certificará el valor recobrado por cada EPS y el pago equivalente al 25%.
• La ADRES tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría posterior para la verificación de la información proporcionada.
• Las resoluciones que reconocerán el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como deuda pública serán expedidas por Minhacienda-DGTCP-.
• En caso de que se presente un exceso en el valor girado a la EPS este deberá ser reintegrado a la ADRES en los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del resultado de la auditoría.
• El valor de los acuerdos será registrado como un pasivo en la Contabilidad de la ADRES.

 

Plazos y condiciones para el reconocimiento como deuda pública por parte de la Nación-Minihacienda:

 

1. Las EPS deberán allegar los soportes para realización y distribución del giro directo de los recursos al beneficiario final dentro de los 2 días siguientes al cierre de la radicación del mecanismo de saneamiento.
2. La ADRES podrá suscribir acuerdos de pago parcial para atender el pago hasta el último día hábil de cada mes.
3. Los actos administrativos que consoliden los acuerdos de pago serán expedidos y comunicados por la ADRES al Minhacienda-DGCTN- dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior.
4. El Minhacienda-DGCTN- expedirá las resoluciones de reconocimiento de deuda pública y girará los recursos a la ADRES.
5. La ADRES una vez reciba los recursos y dentro de los 5 días siguientes a la expedición de reconocimiento realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos.
6. Si hay excedentes entre el valor de lo girado por la ADRES y lo girado por Minhacienda, estos se reintegrarán a la DGGTN en los cinco días hábiles al recibo de los recursos a la cuenta.

 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-136850%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

 

Mar.Jul.14 Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2)  

Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2)

 

Resultado fiscal de las entidades regionales y locales

 

El documento establece que en “2020 se estima que en conjunto las administraciones centrales de las entidades territoriales y el sistema general de regalías SGR presenten un resultado fiscal deficitario de 0,9% del PIB, producido por un doble choque en ingreso y gasto tras la emergencia actual”. En el cuadro se observa que el déficit pasaría de 4,2 a 9 billones de pesos lo que representa un cambio del -0.4% del PIB al -0,9.

 

 

Se proyecta que al igual que el nivel central, las administraciones locales sufrirán un doble choque debido a la emergencia sanitaria y económica, con una caída del 17% en los ingresos tributarios (30% de los totales) a consecuencia de la caída de la actividad económica (menor recaudo de ICA, predial, combustibles y licores) y las posibles reducciones en tarifas y diferimientos de impuestos territoriales generadas en los decretos 461 y 678 de 2020 (reseñados en nuestros boletines normativos).

 

Señala el documento que la caída hubiera sido mayor de no ser por la cesión del 100% del recaudo de la sobretasa de ACPM durante la mitad de 2020 y 2021. Si bien es estima una contracción en el gasto por ser el primer año de las administraciones locales, la caída será menor a la tradicionalmente tendencia de superávit observada en los años anteriores.

 

El Ministerio de hacienda proyecta una caída del recaudo de regalías del 28% frente a 2019 y un nivel de gasto ligeramente menor al de 2019, lo cual redunda en un déficit del SGR de 332mm. Esta caída se explica por la reducción en precio y producción estimados para el petróleo, que llevará a ubicarse a este rubro en 0,6% del PIB.

 

Proyecta una caída del 7% de los ingresos totales de regionales y locales en 2020 atenuada por un incremento en las transferencias del GNC a las ET, que aumentarán en 5,1% vía transferencias del Sistema General de Participaciones SGP).

 

Se espera que los ingresos de capital se mantengan relativamente estables por los retiros del Fonpet de 1,8 billones autorizados para las entidades territoriales, cuyo pasivo pensional representará, a finales de 2019 una cobertura igual o superior al 80%), lo que compensará los menores ingresos financieros producto de menores tasas de interés, y reducciones de las transferencias de excedentes financieros como medida de las empresas territoriales ante eventuales deterioros en su liquidez.

 

El documento destaca que pese a la ampliación del déficit fiscal de 0.5pp del PIB frente al 201, la disciplina fiscal de las ET en las últimas dos décadas les permitirá a los gobiernos locales enfrentar la emergencia en una posición fiscal sólida.

 

Estas entidades presentan una importante tenencia de activos financieros líquidos internos del 2,6% del PIB, de estos los que no están respaldando ningún tipo de compromiso o exigibilidad previa son el 0,7% del PIB, a los que se suma el superávit fiscal de caja histórico del SGR que en 2019 acumulaba niveles superiores al 2% del PIB, sin considerar los recursos del FAE. Estos activos líquidos financieros han sido acumulados por las entidades territoriales gracias al a generación de superávits primarios constantes en los últimos años. Estos recursos son una fuente de financiamiento no convencional de menor costo y no respaldan obligaciones que deban ser cubiertas en el corto plazo.

 

Se espera que las entidades realicen alguna desacumulación de activos y adquieran financiamiento con el sistema financiero local y entidades multilaterales. El decreto 678 de 2020 prevé la suspensión de las reglas fiscales de las entidades territoriales asociadas a los límites de gastos de funcionamiento, así como de los indicadores para la contratación de deuda pública incluidas en las normas.

 

El Decreto Legislativo 678 de 2020 indica que, para efectos de ejecutar proyectos de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica, las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito público durante las vigencias 2020 y 2021, siempre que su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere el 100%. Adicionalmente, que, para estos efectos, no será necesario verificar el cumplimiento de la relación intereses/ahorro operacional contemplada en el
artículo 2 de la Ley 358 de 1997.

 

En cuanto a las empresas del orden territorial, se estima que con la reducción en los ingresos totales del 7,1% en este subsector sea parcialmente compensada por una caída en los pagos de capital, asociado al ciclo político de las ET y al aplazamiento de la ejecución de obras como consecuencia de la coyuntura.

 

Se espera que las necesidades adicionales de liquidez sean cubiertas por la línea de crédito directo, establecida por el Gobierno Nacional a través de Findeter, para el acceso al crédito de las empresas de servicios públicos domiciliarios con tasas de interés subsidiadas, por lo que no se estima un incremento en gastos financieros por dicho concepto.

 

Respecto a la dinámica para 2021, se espera una mejora notoria en el balance pro el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios y las regalías frente a 2020, que contribuirá a reducir el déficit en el sector de regionales y locales y a su vez el agregado del balance del Sector Público no Financiero -SPNF-.

 

El menor retiro de ahorros en 2021 respecto a 2020 contribuirá positivamente a reducir el déficit en sectores como el de seguridad social. En particular se espera que aumenten los rendimientos del portafolio del Fonpet y menores retiros.

 

Las entidades territoriales partirán de una base afectada por los resultados de 2020 y en 2021 los ingresos de las entidades territoriales caerán como proporción del PIB. Sin embargo, Se espera un crecimiento de los ingresos tributarios del 15,2% mientras las regalías crecerían 12,2%, por la mayor actividad empresarial y la recuperación de los precios de petróleo. Serán ingresos adicionales el porcentaje que el gobierno central cedió del recaudo del ACPM que estará vigente también en 2021. Se espera crecimiento de las transferencias del SGP, pero una reducción de los ingresos de capital por las menores utilidades de las empresas propiedad de las entidades territoriales en 2020.

 

Todas estas tendencias de ingreso resultan en un crecimiento del ingreso total del 7.5% anual, generando una reducción de 0.3pp de los ingresos como proporción del PIB.

 

 

Para los años siguientes al 2021, el MFMPL estima que el balance de las administraciones locales será deficitario hasta 2023 (en cerca del 0.3% del PIB) y superavitario desde 2024 y se registrará un cambio en los balances de las entidades territoriales derivado del acto legislativo que modificó el sistema de regalías -SGR- en 2019.

 

Este Acto Legislativo determina que de los ingresos corrientes del SGR, se destinarán 25%, para las entidades territoriales productoras, de los cuales 5% exclusivamente para municipios; 15% para los municipios más pobres del país; 34% para los proyectos de inversión regional; 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas; 10% para la CTeI; 2% para el funcionamiento; 1% para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control; y el restante para transferencias al Fonpet y el ahorro del sistema en el FAE.

 

Lun.Jul.13 Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (1)

Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (1)

 

Teniendo en cuenta que las entidades territoriales reciben y aportan recursos a la ejecución de los planes de desarrollo y la financiación del déficit, y que una parte de las decisiones que se están tomando durante la coyuntura Covid 19 cambian la dinámica, utilización o transfieren recursos a las regiones, presentamos algunos aspectos asociados a las entidades territoriales que tienen impacto en los balances sectoriales y generales del gobierno y que se analizan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

En cuanto al balance fiscal 2019, el MFMPL registra que el déficit fiscal del Sector Público Consolidado (SPC) fue del 2,9%, cifra en la que contrasta la mejora del balance en el Gobierno Nacional Central y el Banco de la República con el del sector de regionales y locales, que tuvo un deterioro del resultado fiscal del 0.9pp del PIB frente al 2018 al pasar de ser el 0.6% del PIB en 2018 a -0,4% en 2019. Este deterioro se explicó en el aumento de la inversión por el último año de las administraciones locales. En el siguiente cuadro se observa el Balance Fiscal del Gobierno General -GG-.

 

 

Así mismo, mientras el Gobierno Central logró consolidar en 2019 una senda decreciente de su déficit fiscal, el balance fiscal de las entidades territoriales se deterioró como consecuencia de la aceleración del gasto de las entidades territoriales 2016-2019. El cuadro revela que mientras en 2018 se registró un superávit de 5,4 billones de pesos, en 2019 esta cifra se redujo a un déficit de 3,8 billones en 2019.

 

La aceleración del gasto se vio tanto en los gastos de capital, como en los gastos operativos de inversión social (en 51,7% y 12,7% respectivamente). Los ingresos nominales crecieron 8,4% situando el déficit en niveles cercanos a los de 2015 (fin de administraciones anteriores) cuando se ubicó en 0,5% del PIB.

 

En el sector de seguridad social, por cuenta del Fondo de Pensiones Territoriales Fonpet y el rendimiento de su portafolio el saldo al cierre de 2019 correspondió al 5,2% del PIB.

 

Señala que la deuda bruta del GNC y regionales y locales creció en conjunto 1 punto del PIB, señalando una reducción en los activos totales como resultado del proceso por que fueron utilizados para cubrir el déficit en las entidades territoriales.

 

En lo asociado a la participación de las entidades territoriales en el Sector público no financiero SPNF, se destaca que EPM presentó una ligera disminución de su deuda emitida en bonos internos en 246,3 mm.

 

En cuanto al balance fiscal 2020, el documento estima que el gasto del Gobierno crecerá 4.1% contribuyendo con 0.6pp al crecimiento del PIB, por la ampliación esperada del déficit del GNC y de las entidades territoriales, las que experimentaran un deterioro en su balance fiscal.

 

Con el fin de garantizar la prestación de los servicios requeridos para la atención de la emergencia sanitaria, se incrementó sustancialmente el total de recursos destinados al sistema de salud en esta vigencia. Este aumento se financiará con los recursos del FOME (Fondo Creado para financiar los gastos de la contingencia COVID-19 y financiado con recursos del FAE, el FONPET y los TDS).

 

Los recursos del FOME para el Sector Salud ascienden a 7,3 billones de pesos, 5,6 para el componente de aseguramiento (mayores gastos por atención en salud e incapacidades) y 1,7 billones destinados a la ampliación de la oferta de servicios de salud así como 45 mil millones para el fortalecimiento de la salud pública e institucional entre estos los laboratorios en las entidades territoriales.

 

Entre las medidas establecidas en el marco de la emergencia también se facultó a las entidades territoriales para establecer alivios tributarios sobre los impuestos administrados por los gobiernos departamentales y municipales.

 

Uno de los hechos que ha generado la sobreviniente necesidad de recursos generada en la contingencia Covid-19 es la utilización de los recursos de fondos de entidades territoriales y de la seguridad social que no están respaldando obligaciones en el corto plazo. En particular, parte de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE-, del Sistema General de Regalías -SGR- y del Fondo de pensiones de entidades territoriales, fueron prestados al gobierno central para financiar los gastos en salud, los apoyos a la población vulnerable y los subsidios a la nómina que se han establecido. En el siguiente cuadro se registran los recursos entregados como financiación al GNC provenientes de fuentes del sector territorial.

 

 

En relación con esta financiación el MFMPL establece que “Los préstamos del GNC con los fondos públicos no comprometen su sostenibilidad ni la posibilidad de honrar sus compromisos, y sí le permiten al país reducir el costo neto de financiamiento de la emergencia.

 

El FAE tiene como objeto la estabilización de la inversión realizada por las regiones con cargo a las regalías provenientes de la extracción de hidrocarburos y minerales.

 

La legislación actual prevé que el FAE puede desahorrar máximo 10% del saldo al cierre del año anterior. En caso de que se requiera estabilización de la inversión del SGR con cargo al FAE, el fondo Los préstamos del GNC con los fondos públicos no comprometen su sostenibilidad ni la posibilidad de honrar sus compromisos, y sí le permiten al país reducir el costo neto de financiamiento de la emergencia.

 

En caso de que se requiera estabilización de la inversión del SGR con cargo al FAE, el fondo cuenta con el 20% de recursos frente al saldo con corte a 8 de abril de 2020 el préstamo al GNC fue del 80% del saldo). Las amortizaciones del préstamo del FAE al GNC inician en 2023, y así se asegura la articulación de potenciales necesidades de desahorro y de recursos líquidos del mismo.

 

En relación con el Fonpet, este fondo acumulaba $55,2 billones (5,2% del PIB) a cierre de 2019. El préstamo del GNC al Fonpet corresponde a recursos pendientes o por distribuir durante la vigencia actual administrados por el Tesoro nacional o su patrimonio autónomo, junto con sus rendimientos.

 

En este sentido, las obligaciones que deben honrar las entidades territoriales con cargo al Fonpet no se verán comprometidas, dado que la estructura poblacional permite prever que el Fondo no tendrá retiros importantes en los próximos años y, por el contrario, el saldo del Fondo, se proyecta, se incremente en el largo plazo.

 

En el balance de seguridad social se señala que se presentará un incremento extraordinario en el monto de retiros de Fonpet hacia las entidades territoriales para atender la emergencia.