Jue.Jun.25 Agenda regulatoria sector hidrocarburos para el segundo semestre de 2020  

Agenda regulatoria sector hidrocarburos para el segundo semestre de 2020

En el segundo semestre de 2020 se tiene establecida la promulgación de resoluciones asociadas a diversos temas como el cálculo de ingreso al productor en Combustibles líquidos, biocombustibles, reestructuración del fondo de estabilización de precios de los combustibles, definir parámetros de organización en distintos aspectos del segmento de Gas Licuado de petróleo. Normas de instalaciones de gas combustible, adoptar el plan de abastecimiento de gas, criterios de calidad en los combustibles. Los proyectos de resolución o decreto que serán publicados para comentarios serán los siguientes:

1. Junio de 2020: Modificación del Decreto 1073 de 2015 en materia de combustibles líquidos.

2. Agosto de 2020: Regular Proyectos de Recobro Mejorado.

3. Agosto de 2020: Regular actividades de Venteo y quema de gas asociado.

4. Cuarto trimestre de 2020: Definir, actualizar los valores a ser reconocidos en la estructura de precio de venta del ACPM por concepto de transporte terrestre de Biodiesel.

5. Cuarto trimestre de 2020: Ajuste de la metodología de reconocimiento del FEPC.

6. Cuarto trimestre de 2020: Por la cual se ajusta la metodología del cálculo del Ingreso al Productor de los combustibles Fósiles (Gasolina Motor Corriente y Diésel)

7. Cuarto trimestre de 2020: Por la cual se ajusta la metodología del cálculo del Ingreso al Productor de los Biocombustibles (Alcohol Carburante y Biodiesel).

8. Segundo trimestre de 2020: Expedir el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular.

9. Primer semestre 2020: Actualizar el Reglamento Técnico aplicable a las instalaciones internas de gas combustible.

10. Julio de 2020 DECRETO: Modificar el Capítulo de FECFGN en el Decreto 1073 de 2015. Proyecto de modificación de normatividad de cofinanciación de proyectos de redes de gas combustible por redes.

11. Agosto de 2020: Actualizar el Reglamento de Cofinanciación de Proyectos del FECFGN.

12. Septiembre de 2020: Actualizar el Reglamento de Cofinanciación de Proyectos de GLP.

13. Agosto de 2020: Adoptar el plan de abastecimiento de Gas Natural sugerido por la UPME.

14. Cuarto trimestre 2020: Establecer la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos para el periodo 2019-2023 que empezará a regir a partir del 1º de julio de 2019.

15. Noviembre de 2020: Actualización del proceso de liquidación y reliquidación de impuesto al transporte de hidrocarburos.

16. Abril 2020: Modificación transitoria Subsidio al IP del Diesel Marino a ser distribuido en la Costa pacífica.

17. Julio de 2020 DECRETO: Modificación del Decreto 1073 de 2015 en lo relativo a los combustibles líquidos - agentes

18. Mayo 2020: modificatoria de los artículos 1 y 2 de la 898 de 1995, en lo relacionado con los parámetros y requisitos de calidad de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, combustible para uso como combustible de motores de encendido por chispa. 

19. Mayo 2020: modificatoria del artículo 4 de la 898 de 1995, en relación con los criterios de calidad de combustible diésel ACPM, y los biocombustibles para su uso en motores diésel como componentes de mezcla en procesos de combustión.

20. Junio de 2020: Por la cual se establece el procedimiento para estimar la posición neta y el reconocimiento del volumen distribuido por refinadores e importadores de gasolina motor corriente y ACPM – Diesel en el mercado nacional y se dictan otras disposiciones.

21. Noviembre - diciembre de 2020 RESOLUCION: Actualización y/o modificación 181495 de 2009.

22. Agosto de 2020: Por la cual se establecen los criterios técnicos para proyectos de explotación de hidrocarburos costa afuera en Colombia.

Mié.Jun.24  Gobierno-Empresas. Ampliación del programa de Apoyo al Empleo Formal hasta Agosto

Gobierno-Empresas. Ampliación del programa de Apoyo al Empleo Formal hasta Agosto

El decreto 815 del 4 de junio de 2020, modificando algunos de los artículos del decreto 639 que creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, con los siguientes cambios:

• Modifica el objeto del PAEF, señalando que este programa otorgará a los beneficiarios un aporte monetario mensual de naturaleza estatal y hasta por cuatro veces dentro de la temporalidad del programa con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

• Define nuevamente los beneficiarios del PAEF:

• Personas jurídicas, naturales, consorcios y uniones temporales que cumplan con los siguientes requisitos:
•       Hayan sido constituidos antes del primero de enero de 2020
•       Cuenten con registro mercantil, demuestren reducción del 20% en sus ingresos, no hayan 
•       recibido el aporte de que trata el presente decreto legislativo en cuatro ocasiones, no hayan
•       estado obligados en los términos a restituir aporte del PAEF.
•       Se incluyen los establecimientos educativos no oficiales de la educación formal que cuenten
•       con licencia de funcionamiento.
•       Estas además de las establecidas en el decreto 639.

• Establece un procedimiento por cada mes que se solicite el auxilio pudiéndose solicitar hasta por cuatro veces.

• Establece la vigencia del aporte por cuatro meses: mayo, junio, julio y agosto.

• Sobre la retención en la fuente establece que no están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que hayan realizado o realicen las entidades financieras a los beneficiarios del presente programa, por concepto del aporte estatal de que trata el artículo 1 del presente Decreto. Lo anterior sin perjuicio del impuesto sobre la renta a cargo de los beneficiados del presente programa derivado de dicho aporte estatal.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Mar.Jun.23  Energía. Decreto 517 del 4 de Abril de 2020 por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 417 de 2020   

Energía. Decreto 517 del 4 de Abril de 2020 por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 417 de 2020

Teniendo en cuenta que los servicios públicos son un bien esencial y de particular relevancia desde la declaración de la Emergencia Económica se han expedido diversos decretos que buscan garantizar el suministro de energía eléctrica independiente de sus condiciones económicas y/o garantizando esquemas de financiación que permitan garantizar el servicio continuo para los usuarios y la financiación de la operación de las empresas y a éstas contar con estos recursos en el futuro.

Este decreto estableció el pago diferido de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible hasta por un plazo de 36 meses, el costo del consumo básico de subsistencia que no sea subsidiado a usuarios residenciales del estrato 1 y 2 para el ciclo de facturación de la emergencia Covid 19 sin que pueda trasladarse al usuario ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro.

Esta medida sólo es obligatoria si se establece una línea de liquidez para las empresas comercializadoras de servicios públicos a una tasa de interés nominal del 0% por el mismo plazo al que se difiere el cobro del consumo básico o de subsistencia en la respectiva factura.

Las empresas que tomen esta línea deberán ofrecer un descuento del 10% sobre el valor no subsidiado de la correspondiente factura para aquellos usuarios de estratos 1 y 2 que hagan el pago de la factura en la fecha de pago oportuno.

Las empresas comercializadoras que no ofrezcan este descuento podrán acceder solamente a un crédito 0% de interés, pero por el 75% del monto diferido.

La entidad que otorgue esta línea de crédito a las empresas sea financiera, multilateral, bilateral que ofrezca la línea de liquidez adelantará el análisis de riesgo correspondiente de las empresas comercializadoras con el fin de determinar cuáles de estas podrían requerir la constitución de garantías.

Si las requiere podrá dar como garantías la cesión de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas por los usuarios de cualquier estrato, los subsidios causados o que vaya a recibir o cualquier otro tipo de garantía suficiente para la entidad que ofrezca la liquidez.

Las empresas de servicios públicos oficiales o mixtas quedarán exentas del cumplimiento de los límites de endeudamiento estatal fijados por las normas aplicables, pero deberán cumplir con las autorizaciones de endeudamiento del decreto 473 de 2020:

“Para las operaciones de crédito público y asimiladas que comprendan el financiamiento de gastos de inversión se requerirá concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES y el Departamento Nacional de Planeación según corresponda. Estos conceptos se expedirán sobre la justificación técnica, económica, financiera y social del proyecto y deberán verificar que el endeudamiento de las entidades estatales se encuentra en el nivel adecuado teniendo en cuenta su situación financiera, su plan de financiación por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales.

Así mismo, establece que para las operaciones de crédito público y asimiladas que comprendan el financiamiento de gastos diferentes a inversión, el concepto será emitido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho concepto tendrá en cuenta los estados financieros actualizados y sus proyecciones para determinar que la entidad estatal cuenta con niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago para asumir nuevo endeudamiento.

Establece también que en eventos asociados a la declaratoria de emergencia económica las entidades estatales podrán extinguir las obligaciones originadas en créditos de tesorería con recursos provenientes de nuevos créditos utilizando la figura de la novación, entre otros.

Cuando la entidad estatal contrate créditos de tesorería en esta circunstancia, estos no podrán sobrepasar en conjunto el 15% de los ingresos corrientes de la respectiva entidad sin incluir los recursos de capital.

El director del tesoro nacional será quien autorice este procedimiento siempre y cuando cuente con la autorización impartida por el órgano directivo, las proyecciones estresadas del flujo de caja del año en curso y la siguiente vigencia fiscal y la certificación del representante legal donde se justifique la necesidad de liquidez como consecuencia de la crisis económica, social y ecológica decretada, además de un concepto de no objeción a la operación, emitido por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

El decreto 517, que presentamos hoy, establece la adopción de medidas extraordinarias en la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas combustible, permitiendo a la CREG adoptar de forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive en lo relacionado con el aporte voluntario con el fin de mitigar los efectos del COVID – 19 sobre los usuarios y la cadena de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

El aporte voluntario fue establecido para usuarios 4,5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales que podrá aplicarse a otorgar un alivio económico en el pago de estas facturas para otros usuarios que defina el Minenergía.

Se reconocerán pagos a distribuidores mayoristas de combustibles líquidos en zonas no interconectadas ZNI en el caso del electro combustible.

Este decreto establece también el giro anticipado de subsidios siempre y cuando se cuente con disponibilidad de caja para empresas comercializadoras de energía eléctrica y de gas combustible respecto de sus usuarios de estratos 1,2,3, con base en proyecciones históricas y otorgar nuevos subsidios para usuarios estratos 1 y 2 de GLP previa focalización, así como asignar subsidio por menores tarifas correspondientes al año 2019 a las empresas comercializadoras sin requerir informe de validación.

El Ministerio de Minas y Energía hará la conciliación antes del 31 de diciembre para determinar si hay saldo a favor y consignarlo en el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso FSSRI.

Finalmente, el decreto establece que, durante la emergencia económica, las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible de sus usuarios dentro de su jurisdicción, caso en el cual estas entidades deberán girar oportunamente a las comercializadoras que atienden estos usuarios el monto asumido por el territorio nacional y el monto asumido deberá aplicarse para reducir la tarifa de los usuarios que determine la entidad territorial.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20517%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

Jue.Jun.18 Energía y Covid 19 

Energía y Covid 19

https://www.youtube.com/watch?v=YdpkCAkSLys&feature=youtu.be 

Mié.Jun.17  Gobierno-Regalías. Decreto 826 por el cual se adiciona y modifica el decreto 1082 de 2015 en lo relacionado con el pago a destinatario final del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones

Gobierno-Regalías. Decreto 826 por el cual se adiciona y modifica el decreto 1082 de 2015 en lo relacionado con el pago a destinatario final del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones.

Este decreto adiciona cambios en los procedimientos asociados al presupuesto del Sistema General de Regalías, en particular en cuanto al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR- del DNP, en el cual deberán en adelante registrarse y gestionarse los recursos de regalías:

Pago y ordenación del gasto. Los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán hacer uso del sistema de presupuesto y giro de regalías -SPGR- para realizar la gestión de ejecución de los recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.

El Minhacienda atenderá los pagos de los recursos del Sistema General de Regalías observando los montos presupuestados, las disponibilidades de recursos de caja existentes y el cumplimiento de requisitos de pago.

Corresponde al jefe del órgano respectivo o al delegado del nivel directivo ejecutar los recursos bajo su entera responsabilidad y autonomía, ordenar el gasto sobre apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad y será responsable fiscal, penal y disciplinariamente por el manejo de tales apropiaciones.

Si existen saldos disponibles en las cuentas maestras estas de manera prioritaria atenderán con esos recursos los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2018 mientras los que están respaldando proyectos de inversión aprobados e incorporados en el capítulo presupuestal independiente y continuarán siendo gestionados por la entidad ejecutora a través de sus herramientas tecnológicas. Si los saldos de las cuentas maestras son insuficientes para cubrir el valor total de un proyecto, se deberá hacer uso del sistema de presupuesto y giro de regalías -SPGR- para gestionar la diferencia.

A partir del primero de enero del año 2021 el catálogo de clasificación presupuestal deberá ser implementado por las entidades beneficiarias de asignaciones directas y las ejecutoras de recursos del SGR.

Define como usuarios de este sistema -SGPR- los órganos del SGR y demás entidades ejecutoras de recursos del del SGR quienes deberán hacer uso para realizar la gestión de ejecución de los recursos de SGR que le sean asignados por la instancia competente. Las entidades ejecutoras de recursos ordenarán el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la Cuenta Única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales. Se establece la información que deberá ser registrada en este sistema -SGPR-.

Este decreto establece que los recursos del Sistema General de Regalías sólo se podrán destinar al financiamiento de las funciones de los órganos encargados de la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo y el funcionamiento del sisme de monitoreo, seguimiento, control y evaluación y el funcionamiento del SGR.

Los recursos correspondientes a los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Compensación Regional, Desarrollo Regional, Tecnología e Innovación, de compensación Regional, Desarrollo Regional, la asignación para la paz, los excedentes del FONPET, asignaciones directas y demás beneficiarios se destinarán a la financiación de proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos BPIN aprobados por el respectivo OCAD.

El cierre del presupuesto bienal consistirá en la determinación de los montos finales de los recursos recaudados en la cuenta única del -SGR- y los pagos o giros efectivos realizados, de conformidad con la distribución que la ley determina. La información que se encuentre registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de regalías SGPR con corte a 31 de diciembre del bienio que se cierra.

Los rendimientos financieros que se generen serán incorporados a los recursos de regalías en la siguiente vigencia.

El cronograma de flujos ya no será realizado ni programados los giros por el órgano colegiado (OCAD) ni definida su priorización, sino que estos y los ejecutores designados por los órganos colegiados de administración y decisión o por las entidades habilitadas, deberán registrar en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) su cronograma de flujos, con base en el cual establecerán los pagos para le ejecución presupuestal de las regalías.

Para la instrucción de abono en cuenta se establece que el procedimiento incluirá que el DNP calculará e informará al Minhacienda la instrucción de Abono a Cuenta de los recursos definidos por la Constitución y la Ley con base en la información comunicada por el Minenergía o la entidad encargada y los actos administrativos de distribución y apropiaciones.

Para las asignaciones y giro de los recursos, dentro de los primeros diez 10 días hábiles del mes siguiente a su recaudo, el DNP registrará en el sistema -SPGR- la instrucción de abono a cuenta.

El Minhacienda y la -DGPTN-, adelantará el giro de los recursos al Fondo de Ahorro y estabilización FAE, al FONPET dentro de los tres días hábiles siguientes al registro de la instrucción de abono a cuenta en el SPGR por el DNP y hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el SGR.

Los pagos o giros a destinatario final ordenados por les ejecutores de los recursos del sistema general de regalías, se adelantarán hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto del SGR de acuerdo con el Plan Bienal de Caja el cronograma de flujos de que trata el presente decreto, observando la disponibilidad bienal de caja, siempre y cuando no existan medidas de suspensión de giro impuestas por la dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP.

Otra de las modificaciones introducidas por el decreto tiene que ver con que el Minhacienda fijará los procedimientos y requisitos generales para la transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías a la cuenta única general.

Con respecto a la ejecución del presupuesto de gastos, las apropiaciones incorporadas se ejecutarán teniendo en cuenta el recaudo del SGR mediante la recepción de bienes y servicios con el cumplimento de requisitos, el giro de los recursos la FAE y el FONPET.

Con respecto a la incorporación en los presupuestos de las entidades ejecutoras de recursos del SGR, mediante acto administrativo del jefe del órgano del sistema o entidad designada como ejecutora del proyecto por los órganos colegiados de administración y decisión o por la entidad habilitada, y mediante decreto del gobernador o alcalde para las entidades territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y cuando sean designadas como ejecutoras de proyectos por los OCAD o por la entidad habilitada se incorporará al respectivo presupuesto con cargo a los recursos del SGR.

Esta incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del sistema o cuando se acepte la designación como ejecutor de un proyecto. Los ingresos y tasas incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada órgano o entidad tendrán vigencia igual a la del presupuesto bienal del SGR.

Se introducen modificaciones asociadas al reintegro de recursos a la Cuenta Unica del Sistema General de Regalías, estableciendo que los reintegros de esta cuenta deben realizarse de acuerdo con los lineamientos que defina el Minhacienda -DGPTN-.

Los rendimientos financieros generados con recursos del SGR entregados en administración por concepto de anticipos a las entidades fiduciarias deberán reintegrarse al Cuenta Única del SGR, atendiendo los lineamientos definidos por la -DGPTN-.

En cuanto al manejo presupuestal, los órganos del SGR dispondrán de los recursos en los porcentajes definidos por la Constitución y la ley para el ejercicio de las funciones a ellos asignadas en el marco del SGR. Los ordenadores de gasto de las apropiaciones contenidas en el capítulo del presupuesto de gasto de los órganos del SGR atenderán la asunción de compromisos con cargo a los mismos, de acuerdo con los flujos establecidos en el Plan Bienal de Caja.

Se establece que los órganos del SGR, las entidades diferentes a las territoriales y las ejecutoras de proyectos aprobados por los órganos colegiados de administración dispondrán en sus presupuestos de un capítulo independiente para el manejo de los recursos del SGR.

En cuanto al capítulo presupuestal independiente para el sistema general de regalías existe un articulo aparte para el caso de las entidades territoriales, que establece que este contendrá un presupuesto de ingresos y de gastos, clasificado en asignaciones directas, recursos provenientes de fondos de compensación regional, de desarrollo regional, de ciencia y tecnología e innovación y de los municipios ribereños del Rio Grande de la Magdalena, los recursos para el funcionamiento del sistema, los recursos de capital, los de regalías transferidos por otras entidades para ejecución, la asignación la para la Paz y los recursos excedentes del FONPET.

Las entidades que reciban recursos en las cuentas maestras transferidos por las entidades beneficiarias de asignaciones directas, podrán utilizar la cuenta “recursos de regalías transferidos por otras entidades para su ejecución”.

Se define también un presupuesto de gastos, que incluirá los de inversión, funcionamiento, pago por servicio de la deuda, y compromisos adquiridos a diciembre 31 de 2011, así como las transferencias de asignaciones directas para ser ejecutadas.

Para la ejecución del capítulo de regalías del presupuesto de las entidades territoriales, estas incorporarán al presupuesto bienal que se encuentra en ejecución el monto de los recursos de los proyectos de inversión aprobadas por el OCAD o la entidad habilitada.

Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones presupuestales a partidas del SGR en este capítulo se harán por decreto del alcalde o gobernador soportadas en lo pertinente a las decisiones previamente adoptadas por el OCAD o las entidades habilitadas. Se establecen también en este decreto normas asociadas al cierre presupuestal y a los rendimientos financieros de las asignaciones directas y compensaciones, estableciendo que estos rendimientos son propiedad de las entidades beneficiarias y deben surtir los mismos trámites ante el OCAD y las normas vigentes incorporándose para su ejecución al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20826%20DEL%208%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Mar.Jun.16  Sector Energías Renovables. Decreto 829 del 10 de junio de 2020, relacionado con la modificación a los incentivos para la generación de energía eléctrica de fuentes no convencionales -FNCE-

Sector Energías Renovables. Decreto 829 del 10 de junio de 2020, relacionado con la modificación a los incentivos para la generación de energía eléctrica de fuentes no convencionales -FNCE-

El artículo 1 establece la adición al decreto 1625 de 2016 de los siguientes artículos (1.2.1.18.70 al 1.2.1.18.79).

El primero de estos artículos establece las definiciones asociadas a la generación de energía de fuentes no convencionales en cuanto a generadores de energía, nuevas inversiones de fuentes no convencionales de energía FNCE, nuevos proyectos de fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía, medición y evaluación de los recursos para la producción de los recursos para la producción de energía a partir de fuentes no convencionales FNCE, así como de las etapas de proyectos de fuentes no convencionales de FNCE (preinversión, inversión y operación).

El segundo establece que los contribuyentes declarantes de imporrenta que realicen directamente inversiones e investigación, desarrollo e inversión en producción de FNCE y gestión eficiente de la energía, podrán deducir de su renta, en un período no mayor a 15 años, contados a partir del años gravable siguiente en el que haya entrado en operación la inversión el 50% del valor total de la inversión realizada en los términos de los siguientes artículos.

El tercer artículo establece la que la anterior deducción procederá igualmente cuando las nuevas inversiones en investigación y desarrollo e inversión se efectúen por contratos de leasing financiero con opción irrevocable de compra.

Cuando el locatario no ejerza la opción de compra, los valores llevados como deducción deberán ser declarados como renta líquida por recuperación de deducciones, siendo el valor base de deducción el establecido en el artículo 127 del Estatuto Tributario.

El cuarto artículo establece que cuando las se presenten anulaciones, recisiones de los contratos en nuevas inversiones en proyectos de FNCE, los contribuyentes deberán restituir el valor deducido incorporándolo como renta líquida por recuperación de deducciones en los términos de los artículos 195 y 196.

El quinto artículo que se adiciona al decreto 1625 establece las condiciones de procedencia y aplicación de la deducción, entre las que se encuentran que el valor máximo a deducir en un período no mayor de 15 años contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en operación la inversión será máximo del 50% del valor total de inversión realizada en investigación, desarrollo e inversión. La certificación de la deducción la expedirá la UPME.

El sexto artículo tiene que ver con la deducción por depreciación acelerada de activos, diciendo que los contribuyentes del sector generación de FNCE gozarán del régimen de depreciación acelerada, inversión y operación de la generación con fuentes no convencionales de Energía, que sean adquiridos o construidos de acuerdo con la técnica contable hasta una tasa anual global del veinte por ciento 20%.

El séptimo artículo establece que si los activos correspondientes a estas inversiones son enajenados antes de que finalice su período de depreciación o amortización, los beneficiarios deberán restituir las sumas resultantes de su aplicación incorporándolas como renta líquida.

El octavo artículo establece que la DIAN verificará que los locatarios de los contratos de leasing ejerzan la opción de compra, que los activos no se enajenen antes de cumplir su vida útil y establece que de presentarse incumplimiento para la procedencia de las deducciones verificará que el contribuyente declare la renta por recuperación de deducciones.

El noveno artículo establece el procedimiento para solicitar la certificación de la UPME y el décimo los requisitos para la expedición de esta.

El artículo 2 establece la adición de los artículos 1.3.1.12.21. y 1.3.1.12.22. al capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

El primero de los artículos adicionados establece la exclusión del impuesto sobre las ventas IVA en la Importación y adquisición de equipos, elementos y maquinaria, para producción y utilización de energía nacional e importada y la adquisición de servicios que se destinen a nuevas inversiones y pre inversiones para la producción y utilización de energía FNCE. La UPME mantendrá a disposición de los interesados la lista de bienes y servicios para la producción de energía a partir de fuentes no convencionales de energía FNCE.

El segundo de los artículos establece una exención de gravamen arancelario del artículo 13 de la ley 1715 de 2014 y para acceder a esta las personas deberán obtener la certificación de la UPME que será resultado de obtener una evaluación favorable de la documentación allegada del proyecto de Fuentes no Convencionales de Energía FNCE de los equipos, elementos, y maquinaria importada destinada únicamente a las etapas de preinversión e inversión, entre otras disposiciones.

El artículo 3 establece que quienes a 31 de diciembre de 2019 no hubieren iniciado o culminado el trámite de la solicitud ante la ANLA y cuenten con el certificado o concepto favorable emitido por la UPME no requieren presentar la solicitud de aprobación de los proyectos de qué trata el artículo 1.2.1.18.78 adicionado al 1626 por este nuevo decreto para ser evaluados nuevamente, ni realizar ningún trámite adicional. Será suficiente para la procedencia de los beneficios tributarios el certificado o concepto emitido por la UPME, siempre y cuando se mantengan las condiciones térmicas, económicas y jurídicas que fueron avaladas por esta entidad.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20829%20DEL%2010%20DE%20JUNIO%20DE%202020.

Jue.Jun.11  Salud Decreto 800 de 2020 por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Salud Decreto 800 de 2020 por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

En las consideraciones de este decreto se establece la necesidad de continuar generando mayores fuentes de financiación del sector de la salud, en atención a varias consideraciones:

1. El valor asignado en los tres últimos años para atención en salud de la población migrante fue de 180 mil millones de pesos frente a 590 millones facturados por el sistema por este concepto.

2. Que debido a la reducción del número de ocupados en 2,3 millones en el trimestre febrero-abril de 2020 respecto al mismo período de 2019, las cotizaciones al sistema de salud podrían verse afectadas. El Minhacienda estima que por cuenta de esta contingencia y su impacto en el empleo al cierre de 2020 las cotizaciones al régimen contributivo se reduzcan en 565 mil millones.

3. La situación de estado de emergencia ha tenido un impacto negativo en las finanzas de los actores del sector salud, quienes por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio han tenido disminuciones considerables en los flujos de recursos y en sus ingresos en general, debido a la disminución de venta de servicios de salud.

4. El decreto señala que de acuerdo con la circular 030 del 2 de septiembre de 2013, la deuda es a esa fecha del sistema de salud con las IPS públicas y privadas asciende a los 11,8 billones de pesos aproximadamente.

5. La facturación de los hospitales por prestación de servicios se redujo en 44% en el mes de abril de 2020.

6. Que el decreto 538 de 2020 autorizó y motivó a las entidades territoriales y las IPS a mantener y ampliar la capacidad de camas y servicios para la atención de los pacientes por la Coronavirus Covid – 19.

7. Que según la Superfinanciera si bien algunos riesgos de siniestralidad se han incrementado con la pandemia del nuevo coronavirus otros han presentado una disminución como es el caso del SOAT.

Revisadas estas circunstancias el decreto establece que dado que la Ley del Plan de Desarrollo estableció las condiciones para el saneamiento definitivo de las obligaciones a cargo de la Nación con respecto a los servicios y tecnologías no incluidas en la UPC.

Señala que no obstante esta normativa para el desembolso de los recursos producto del saneamiento, existe un procedimiento específico que dificulta el desembolso inmediato de los mismos, por lo que se adoptaron medidas para acelerar el pago inmediato de las obligaciones a cargo de la nación, mediante el reconocimiento anticipado de un porcentaje del valor de las solicitudes de recobro producto de la celebración de acuerdos de pago parcial, girando este valor de manera directa a los prestadores y proveedores de servicio y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, asistencial, de apoyo y los demás.

Se estima que en atención a lo establecido en el plan de desarrollo (Ley 1955 de 2019) se estima que se presentarán cuentas por 5,29 billones aproximadamente, se estima en este decreto que se girarán anticipadamente a las instituciones prestadores de servicios de salud 1,3 billones aproximadamente, correspondientes al 25% del valor presentado.

Establece también que las Cajas de Compensación que dirigen parte importante de sus recursos y actividad en la prestación en el régimen subsidiado de salud, podrán destinar el 10% adicional de los recursos dispuestos por el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 y que estén en procesos de reorganización institucional aprobados por la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con la norma vigente. También se eliminará el requisito de aprobación de un Plan de Reorganización Institucional aprobado de la Superintendencia Nacional de Salud para acceder al uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de que trata el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 para el saneamiento de pasivos y proteger el patrimonio de las Cajas, con lo que se busca asegurar el otorgamiento de beneficios económicos a los trabajadores cesantes mediante el Fondo de Solidaridad de Fomento al empleo y Protección al Cesante –FOSFEC-.

El Minhacienda estima que por cuenta de esta contingencia y su impacto en el empleo al cierre de 2020 las cotizaciones al régimen contributivo se reduzcan en 565 mil millones y por lo tanto, el decreto establece que es necesario transferir a la ADRES los excedentes generados por el cambio en el riesgo de siniestralidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para robustecer la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que con el fin de mitigar los impactos de esta coyuntura se hace necesario que los recursos transferidos por el Minsalud y las entidades territoriales en virtud del artículo 5 del Decreto legislativo 538 de 2020, se destinen para el pago de obligaciones de vigencias anteriores y se priorice el pago de obligaciones laborales o a cubrir otras obligaciones relacionadas con el objeto misional de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

También se crea este decreto para garantizar que el Minsalud mediante acto administrativo pueda realizar transferencias de bienes en especie a título gratito a las Empresas Sociales del Estado o las Entidades Territoriales.

En atención a estas consideraciones, decreta:

1. Las entidades recobrantes y la ADRES podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro que cumplan los requisitos en el numeral 1 del artículo 237 de la ley 1955 de 2019.

Este numeral establece que: “1. Como requisito indispensable la entidad recobrante y la ADRES suscriban un contrato de transacción en el que la primera se obligue como mínimo a:

1.1 Aceptar los resultados producto del proceso de auditoría.

    1.2 Renunciar a instaurar o desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago elevada.

   1.3 Renunciar expresamente al cobro de cualquier tipo de interés y otros gastos, independientemente de su denominación sobre las cuentas presentadas, al momento de radicarlas por este mecanismo.

1.4 No celebrar negocio jurídico alguno asociado a los valores que se reconozcan.

    1.5 Revelar y depurar en sus estados financieros los resultados del proceso de verificación y control.

El valor de los acuerdos de pago será girado directamente a los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud reportados previamente por entidades recobrantes y se destinará al pago de salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, asistencial y de apoyo. El decreto establece los mínimos que deben tener estos acuerdos como el valor del anticipo aprobado, la obligación de las entidades recobrantes de completar los procesos de auditoría descritos, entre otros.

El artículo 2 establece que los excedentes de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado de salud se podrán usar, además de los definido en el artículo 2 de la ley 1608 de 2013 en la capitalización para el saneamiento de las deudas con prestadores que tengan las EPS en las que tengan participación las entidades territoriales, de manera que se garantice la permanencia de la EPS mixta, así como en el pago de los servicios que se hayan prestado o se presente por concepto de urgencias a la población migrante regular no afiliada o irregular.

El artículo 3 establece que los recursos destinados al funcionamiento de las Secretarías de salud territoriales derivados de rentas cedidas también podrán ser utilizados para el pago de las atenciones en salud de la población pobre no asegurada, así como para el pago de los servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias a la población migrante.

El artículo 4 establece que los recursos del impuesto de los licores también podrán ser destinados para el pago de los servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias a la población migrante regular no afiliada o irregular, siendo posible que la nación cofinancie el pago de los mismos, siempre y cuando la entidad territorial certifica la auditoría de las cuentas y la insuficiencia de recursos para financiar dichas atenciones.

El artículo 5 establece que los recursos destinados a salud podrán ser utilizados por las entidades territoriales a atender urgencias de la población migrante regular no afiliada o irregular, siendo posible que la nación cofinancie el pago de los mismos, siempre y cuando la entidad territorial certifica la auditoría de las cuentas y la insuficiencia de recursos para financiar dichas atenciones.

El artículo 6 establece que los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado de salud mediante contribución solidaria, una vez cuando no cumplan con las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado, haya finalizado su relación laboral o durante los siguientes seis (6) meses a su finalización y haya aportado al sistema de salud hasta 1 salario mínimo legal mensual vigente. Este mecanismo estará disponible hasta por seis (6) meses máximo después de finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria podrá ser prorrogado por el Minsalud.

El artículo 7 establece que las Cajas de Compensación que dirigen parte importante de sus recursos y actividad en la prestación en el régimen subsidiado de salud, podrán destinar el 10% adicional de los recursos dispuestos por el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 y que estén en procesos de reorganización institucional aprobados por la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con la norma vigente. También se eliminará el requisito de aprobación de un Plan de Reorganización Institucional aprobado de la Superintendencia Nacional de Salud para acceder al uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de que trata el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 para el saneamiento de pasivos y proteger el patrimonio de las Cajas, con lo que se busca asegurar el otorgamiento de beneficios económicos a los trabajadores cesantes mediante el Fondo de Solidaridad de Fomento al empleo y Protección al Cesante –FOSFEC-.

El artículo 8 señala que la ADRES podrá realizar anticipos de valor de la canasta a las instituciones prestadoras de salud públicos o privadas que tengan habilitadas o autorizadas las unidades de servicios de cuidado intensivo e intermedio para garantizar la disponibilidad de tales servicios, independiente del número de casos. El anticipo se legalizará contra el costo del mantenimiento de la disponibilidad del servicio.

El artículo 9 dispone que las entidades aseguradoras que operen el SOAT deberán transferir a la ADRES los recursos generados por la diferencia entre los supuestos base de cálculo de la prima y el riesgo efectivamente corrido por la entidad desde el inicio del aislamiento preventivo hasta el 25 de mayo de 2020. El Minhacienda determinará la metodología de cálculo del valor a transferir, los plazos y condiciones para la presentación por parte de las aseguradoras.

El artículo 10 establece la priorización de los recursos transferidos también para el pago de obligaciones de vigencias anteriores, priorizando el pago de obligaciones laborales a cubrir otras relacionadas con su objeto misional.

El decreto establece que los recursos que hayan sido distribuidos o sean asignados al Minsalud con cargo al FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) podrán destinarse para lo previsto en este artículo.

Finalmente, señala que el Minsalud podrá realizar, mediante acto administrativo, transferencias de bienes en especie a título gratuito a las Empresas Sociales del Estado o las Entidades Territoriales.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20800%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Mié.Jun.10  Energía. Decreto 809 del 4 de junio de 2020 por el cual se autoriza al fondo de Sostenibilidad financiera del sector Eléctrico (FONSE) a realizar operaciones de crédito público para garantizar los procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Energía. Decreto 809 del 4 de junio de 2020 por el cual se autoriza al fondo de Sostenibilidad financiera del sector Eléctrico (FONSE) a realizar operaciones de crédito público para garantizar los procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

En las consideraciones de este decreto señala que actualmente 9 empresas de servicios públicos domiciliarios se encuentran en toma de posesión y que a raíz de la contingencia COVID-19 el recaudo de estas empresas pasó de un 85% al cierre de 2019 a un 62% al 30 de abril de 2020, lo que ha generado una reducción de 97.000 millones de pesos en los ingresos del Fondo Empresarial de la Superservicios, asociado a los alivios financieros que ha debido otorgar a dichas empresas, además de generar un aumento de las necesidades de financiamiento para las empresas intervenidas.

De acuerdo a la Ley del Plan de Desarrollo el Fondo Empresarial de la Superservicios podrá financiar a las empresas en toma de posesión para pagar las obligaciones derivadas de los derechos de los trabajadores que se acojan a retiro voluntario y en general obligaciones laborales y el apoyo para salvaguardar la prestación del servicio, por lo que uno de los decretos de la Emergencia Económica (el 574 dispuso que con los recursos de este fondo se podrían otorgar créditos a las empresas de servicios públicos domiciliarios) con participación mayoritariamente pública, con la finalidad de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios y en consecuencia los recursos con que cuenta deben ser destinados a atender las necesidades posibles de liquidez de las entidades prestadoras de servicios públicos dada la disminución generalizada en el recaudo como consecuencia del Covid-19.

Señala también que existen actualmente esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentran en curso, los cuales se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria y requieren por lo tanto del apoyo del Fondo Empresarial para garantizar no solo la viabilidad de dicho esquema sino la prestación del servicio público.

Reseña que el artículo 146 de la ley 2010 de 2019 creó el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) como un patrimonio autónomo adscrito al Minhancienda, con el fin exclusivo de garantizar la continuidad de la prestación de energía en la Costa Caribe, por lo que se torna en el vehículo adecuado para dotar de recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios para atender las necesidades de las necesidades ya señaladas.

En atención a estas consideraciones, el decreto establece:

Créditos del fondo de sostenibilidad financiera del sector eléctrico (FONSE) al fondo Empresarial de la Superfinanciera de Servicios Públicos Domiciliarios. Hasta el 31 de diciembre de 2020 el FONSE, creado por el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019, podrá otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, para solventar las necesidades de recursos asociadas al implementación de esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso, las cuales se hayan sido afectadas por la situación de emergencia sanitaria.

El artículo 2 define las condiciones de los créditos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre las que se encuentran la posibilidad de definir una tasa cero y la obligación de regirse por lo dispuesto en el artículo 2.2.9.4.8 del decreto 1082 de 2015. Adicionado por el decreto 2223 de 2019, que establece que “Las operaciones de crédito público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las anteriores, con excepción de los sobregiros que celebre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como medidas de sostenibilidad financiera tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe, requerirán la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la adquisición de sobregiros bancarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de tales recursos”.

En tercer lugar establece que el Fondo Empresarial de la Superservicios garantizará los créditos otorgados por el FONSE con los ingresos provenientes del sobretasa por KW/hora consumido de que tata el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y con la contribución adicional regulada por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 en los términos del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, lo que determina que estas operaciones no contarán la garantía de la Nación.

Se establece además que los montos de los créditos que contrate el Fondo Empresarial de la Superservicios serán determinados por esta.

El artículo 3 establece las Fuentes de Financiación al Fondo de Sostenibilidad Financiera del sector eléctrico (FONSE). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá otorgar créditos de tesorería al (FONSE), en los montos que éste requiera, para proveer los préstamos a los que hace referencia el artículo 1 de este decreto, financiación que tendrá las siguientes condiciones:

Se establece que hasta el 31 de diciembre de 2020 estarán exentas del gravamen  a los movimientos financieros GMF los traslados de recursos por parte del FONSE al Fondo empresarial de la Superservicios, sobre los recursos de que trata el presente Decreto, así como los traslados de recursos del Fondo empresarial de la Superservicios al tercero beneficiario de este decreto sobre estos recursos.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20809%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Mar.Jun.09  Energía. Decreto 799 del 4 de junio de 2020 por el cual se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Energía. Decreto 799 del 4 de junio de 2020 por el cual se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Este decreto adiciona un parágrafo transitorio al artículo 211 del Estatuto tributario, que establece la suspensión transitoria hasta el 31 de diciembre de 2020 del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el parágrafo 2 de este artículo para los prestadores de servicios turísticos con inscripción activa en el registro nacional de turismo y que desarrollen como actividad económica principal las descritas en el siguiente cuadro:

Para la aplicación este beneficio, el usuario prestador de servicios turísticos deberá desarrollar la actividad turística en establecimientos de comercio abierto al público, debidamente acreditado mediante su inscripción en el Registro Mercantil.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20799%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Lun.Jun.08 Sector Financiero Asegurador: Decreto número 1349 del 26 de Julio de 2019, que modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de las entidades aseguradoras y se dictan otras disposiciones (2)

Sector Financiero Asegurador: Decreto número 1349 del 26 de Julio de 2019, que modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de las entidades aseguradoras y se dictan otras disposiciones (2)

El artículo 3 modifica uno de los artículos del decreto 2555 de 2010, acerca de las deducciones del patrimonio básico ordinario, ampliando los conceptos que pueden ser sujeto de deducción como las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, el valor total de la suma de las inversiones de capital, de las inversiones en bonos opcional u obligatoriamente convertibles en acciones, bonos subordinados, instrumentos de deuda subordinada con entidades vigiladas por Superfinanciera o del exterior que superen el 10% del Patrimonio Básico Ordinario una vez realizadas las deducciones establecidas en este decreto.

Se exceptúan de esta deducción las inversiones realizadas en entidades para las cuales la entidad aseguradora sea la consolidante a afectos de la presentación de información financiera, en caso de las consolidantes no sean entidades de seguros de vida y sociedades de capitalización.

Entre estas excepciones se contemplan también las inversiones efectuadas en otra institución financiera vigilada por la Superfinanciera para adelantar un proceso de adquisición de los que trata el artículo 63 del estatuto orgánico del sistema financiero, durante los plazos establecidos en el inciso 2 del numeral 2 o en el parágrafo 2 del mismo artículo. Las inversiones realizadas por las entidades de seguros en entidades vigiladas por la Superfinanciera, que sean consolidadas por otra entidad vigilada, cuando dichas participaciones no puedan ser consideradas como interés minoritario por el consolidante.

Además de las pérdidas acumuladas y las inversiones de capital se podrá deducir el valor del impuesto a la renta diferido neto cuando sea positivo. Para el efecto, no se tendrán en cuenta los provenientes de los otros conceptos deducidos en virtud del presente artículo., para tal efecto no se tendrán en cuenta los provenientes de los otros conceptos deducidos en virtud del presente artículo. El 100% del valor del crédito mercantil o plusvalía y de los activos intangibles y el valor no amortizado del cálculo actuarial del pasivo pensional, así como el valor de la revalorización de los activos.

El artículo 4 modifica otro de los artículos en este decreto, asociado al patrimonio básico adicional y patrimonio adicional, de las entidades aseguradoras, que comprenderá el capital suscrito y pagado en acciones de la Superfinanciera de Colombia clasifique como parte del patrimonio básico adicional, el valor de los dividendos decretados en acciones referidas en este párrafo, los instrumentos de deuda que la Superfinanciera clasifique como parte del patrimonio básico adicional en cumplimiento del numeral 2. Su reconocimiento en el patrimonio básico será amortizado anualmente por el método de línea recta. El valor en exceso del que trata el parágrafo 1 y la prima en colocación de acciones

El patrimonio adicional de las entidades aseguradoras comprenderá el capital suscrito y pagado en acciones privilegiadas que la Superfinanciera clasifique como parte del patrimonio adicional, el valor de los dividendos decretados en acciones referidas en el este párrafo, la prima en colocación de acciones privilegiadas. Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones que sean efectivamente colocados y pagados de los que trata el Estatuto del sistema financiero, los instrumentos de deuda que la Superfinanciera clasifique como parte del patrimonio adicional en cumplimiento del numeral 3. Su reconocimiento en el patrimonio adicional será amortizado anualmente por el método de línea recta en los cinco años anteriores a su vencimiento, así como el impuesto de renta diferido neto cuando sea positivo.

Para efectos del cálculo del patrimonio técnico el valor máximo computable de la suma del valor del patrimonio básico adicional y el patrimonio adicional es del 50% del patrimonio del patrimonio adecuado y el valor máximo computable del patrimonio adicional es del 15% del patrimonio adecuado.

El artículo 5 modifica otro de los artículos del decreto 2555 del 2010, asociado al riesgo de suscripción en las entidades de seguros generales:

En las entidades de seguros generales el riesgo de suscripción se calculará como el monto que resulte más elevado entre los siguientes procedimientos:

1. Riesgo de suscripción en función del monto de las primas emitidas y aceptadas en reaseguro en los últimos 12 meses:

1. Por concepto de primas se toman tanto las emitidas durante el período de los doce (12) meses como como las aceptadas en reaseguro en el mismo período.
2. Hasta 41 millones de UVR vigentes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, de los montos así establecidos, se aplicará un porcentaje del dieciocho por ciento (18%) y al exceso, si lo hubiere un porcentaje del 16% sumándose ambos resultados.
3. La cuantía que se obtenga según lo dispuesto en el subnumeral anterior se multiplica por la relación existente, en el ejercicio que sirve de base para el cálculo, entre el monto de los siniestros brutos, sin que tal relación pueda ser inferior en ningún caso, al 50%.

2. Riesgo de suscripción en función de la siniestralidad de los últimos 36 meses, el cual se establece de la siguiente manera:

En la cuantificación de los siniestros se deben incluir los liquidados (pagados durante el período de los treinta y seis meses (36) finalizados en la fecha para la que se realiza el cálculo sin deducción por reaseguros), los siniestros pagados por aceptaciones en reaseguros (en los últimos treinta y seis meses (36)) y las reservas para siniestros avisados por liquidar, cuenta compañía y reaseguradores, constituidas al final del período contemplado.

Al saldo que arroje la suma de los factores indicadores en el subnumeral anterior se debe deducir el importe de los recobros y los salvamentos liquidados y realizados por siniestros efectuados en el mismo período al que se refiere el mencionado en el subnumeral, así como el monto de la reserva para siniestros avisados por liquidar registrada en el primer día de los treinta y seis (36) meses contemplados, tanto para negocios directos como por aceptaciones.

La cifra que resulte del subnumeral anterior debe dividirse por 3, hasta venticinco millones de unidades del valor real UVR vigentes al 31 de diciembre el año inmediatamente anterior de este resultado, se multiplicará por un porcentaje del veintisiete por ciento (27%) y el exceso si no hubiere por un porcentaje del 24%, sumándose ambos resultados.

La cuantía así obtenida se multiplica por la relación existente en el ejercicio que sirve de base para el cálculo entre el importe de los siniestros brutos descontados los reembolsos de siniestros y el importe bruto de estos siniestros, sin que esta relación pueda ser inferior, en ningún caso, al cincuenta por ciento (50%).

Cuando dentro de los últimos treinta y seis meses (36) se observen siniestros extremos liquidados y/o siniestros extremos pagados por aceptaciones de reaseguro, la cuantía correspondiente al riesgo de suscripción en función de la siniestralidad se determinará como la suma de los montos obtenidos y su división en dos montos con condiciones particulares definidas en este decreto, siendo el primero correspondiente a los siniestros liquidados excepto los correspondientes a aceptaciones en reaseguro y los salvamentos y recobros liquidados y realizados deben excluir los montos correspondientes a siniestros extremos, mientras el segundo teniendo en cuenta las aceptaciones por reaseguro y los siniestros extremos.

La Superfinanciera determinará los criterios estadísticos y actuariales para la identificación de los siniestros extremos:

El artículo 6 de este decreto modifica otro de los del decreto 2555 asociado al riesgo de activo, cuyo valor las entidades aseguradoras deberán clasificar las primas por cobrar, las cuentas por cobrar con reaseguradores del exterior, las cuentas por cobrar por contratos de coaseguro, el activo que contabiliza las contingencias a cargo del reasegurador netas de deterioro y los activos que respaldan las reservas técnicas netas, dentro de una de las siguientes categorías dependiendo de su naturaleza.

El artículo 7 adiciona el numeral 5 en los siguientes términos como los activos de las contingencias a cargo del reasegurador, cuando cuenten con una calificación vigente de grado de inversión otorgada por una sociedad reconocida internacionales, se ponderarán por la probabilidad de incumplimiento de la entidad reaseguradora en un año, de acuerdo con las matrices de transmisión más recientes publicadas por dichas sociedades calificadoras, entre otras disposiciones.

El artículo 8 modifica otro artículo de este decreto 2555 al establecer que las cuentas por cobrar con reaseguradoras, netas del depósito de reserva a reaseguradoras en el exterior, cuando cuenten con una calificación vigente de grado de inversión otorgada por una sociedad calificadora reconocida internacionalmente, se ponderarán por la probabilidad de incumplimiento de la entidad reaseguradora en un año, de acuerdo con las matrices de transición más recientes publicadas, entre otras disposiciones.

El artículo 9 modifica otra de los artículos de este decreto que se deduzcan para efectuar el cálculo del patrimonio básico ordinario, no se computarán para efectos de determinar el valor total de los activos ponderados por nivel de riesgo de activo de las entidades aseguradoras.

El artículo 10 establece el plan de ajuste ente el incumplimiento del patrimonio adecuado, señalando que en el evento que la entidad aseguradora no cumpla con la condición establecida en el primer inciso del artículo 2.31.1.2.1 del presente decreto, la entidad deberá informarlo de manera inmediata a sus accionistas o asociados y poner esta comunicación en conocimiento de la Superfinanciera. Lo anterior sin perjuicio del régimen sancionatorio aplicable.

El artículo 11 establece que respecto a la transición, las disposiciones previstas en el presente decreto podrán aplicarse a partir de la publicación de las instrucciones que para su desarrollo imparta la Superfinanciera dentro de los (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto y que en todo caso lo dispuesto en el presente decreto deberá aplicarse a más tardar dentro de los 12 meses contados a partir de su publicación.

En el caso de las siguientes deducciones o reconocimientos, una vez surgido el plazo de 12 meses de que trata el inciso anterior, se dará una implementación gradual hasta llegar a la aplicación plena de un término de (5) años conforme a la tabla que se presenta a continuación:

Las deducciones son:

1. La deducción de la parte del valor de las inversiones de capital en entidades de seguros generales, de vida y sociedades de capitalización correspondiente a las valorizaciones.

2. Las deducciones previstas en el numeral 2 del artículo 2.31.1.2.3 del Decreto 2555 de 2010, salvo el valor de las inversiones de capital efectuadas en entidades de seguros generales de vida y sociedades de capitalización sin incluir valorizaciones y desvalorizaciones y neto de provisiones.

3. La deducción prevista en el numeral 3 del artículo mencionado exceptuando aquellas excluidas en dicha disposición.

4. Los activos de que trata el numeral 4 de este artículo registrados antes de la entrada en vigencia del presente decreto.

5. El reconocimiento de que trata el numeral 2,6 del artículo 2.14.1.2.4 del decreto 2555 de 2010.

Lo dispuesto en el presente decreto se aplicará sin perjuicio de los planes de ajuste que las entidades aseguradoras tengan con la Superintendencia Financiera de Colombia al momento de entrar en vigencia el presente decreto.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201349%20DEL%2026%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/10083580

Jue.Jun.04  Financiero-Asegurador: Decreto número 1349 del 26 de Julio de 2019, que modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de las entidades aseguradoras y se dictan otras disposiciones (1)

Financiero-Asegurador: Decreto número 1349 del 26 de Julio de 2019, que modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de las entidades aseguradoras y se dictan otras disposiciones (1)

En sus consideraciones el decreto establece que el gobierno nacional, dentro de su facultad de establecer normas para que las entidades objeto de intervención mantengan niveles de patrimonio técnico y adecuado y capital de mejor calidad que respalde las operaciones de las entidades aseguradoras y establecer mecanismos de regulación prudencial que cumplan con los más altos estándares internacionales y determinar de manera general los indicadores patrimoniales que permitan identificar las condiciones financieras de las entidades.

Que las directivas del Parlamento Europeo han establecido desde 2009 normativas asociadas a la protección de los tomadores y beneficiarios de seguros, la estabilidad financiera en un marco de equidad y dotar a las aseguradoras de un marco normativo específico que les permita operar reduciendo sus riesgos.

Que en desarrollo de esta normativa el Gobierno nacional ha determinado la convergencia de las entidades locales hacia dicho marco internacional, acreditando un patrimonio técnico mayor o igual al patrimonio adecuado y consistente con los riesgos que asume en su operación en aras de reducir la probabilidad y severidad de pérdidas inesperadas que afecten el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguro.

En atención a estas consideraciones, el decreto establece:

Patrimonio Técnico: este corresponde a la suma del patrimonio básico ordinario neto de deducciones, el patrimonio básico adicional y el patrimonio adicional, calculados en los términos que se señalan en esta resolución. El decreto establece unos criterios de pertenencia de cada uno de estos rubros.

Para el mayor detalle de estos criterios puede consultarse el texto de la resolución.

Patrimonio básico ordinario. Este patrimonio comprenderá

1. El capital suscrito y pagado en acciones que la Supefinanciera clasifique como parte del patrimonio básico ordinario
2. El valor de los dividendos decretados en acciones a las que se refiere el numeral uno de este artículo
3. Instrumentos de deuda que la Supefinanciera clasifique como parte del patrimonio básico ordinario
4. Prima en colocación de acciones
5. Reserva legal constituida por apropiaciones de utilidades líquidas
6. Anticipos destinados a incrementar el capital por un término de 4 meses contados a partir de la fecha de ingreso de los recursos al balance
7. Utilidades del ejercicio en curso
8. Valor total de los resultados integrales ORI
9. Las utilidades retenidas, reservas ocasionales y estatutarias
10. Reserva de protección de los aportes sociales
11. El monto mínimo de aportes no deducibles en los estatutos
12. El fondo no susceptible de repartición constituido para   registrar los excedentes que se obtengan por la prestación de servicios a no afiliados.
    
13. Aportes sociales amortizados o readquiridos por la entidad  cooperativa en exceso del que esté determinado en los estatutos como monto mínimo de aportes sociales no reducibles
    
14. Fondo de amortización o readquisición de aportes
15. Los excedentes del ejercicio en curso

En el próximo informe se presentará la segunda parte de este decreto

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201349%20DEL%2026%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

Mié.Jun.03 Gobierno. Decreto 761 del 29 de Mayo de 2020, sobre la subcapitalización (deducción de intereses) y cálculo de impuesto sobre la renta  

Gobierno. Decreto 761 del 29 de Mayo de 2020, sobre la subcapitalización (deducción de intereses) y cálculo de impuesto sobre la renta

La reforma tributaria de 2019 dispuso la Subcapitalización, definida como que son deducibles, bajo cumplimiento de requisitos, los intereses por deudas durante el respectivo período gravable. Cuando las deudas sean contraídas a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros, los contribuyentes del impuesto sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de tales deudas en cuanto al monto total promedio de las mismas, durante el correspondiente año gravable no exceda el patrimonio líquido del contribuyente a 31 de diciembre del año gravable anterior. No será deducible la proporción de intereses que exceda el límite a que se refiere este artículo.

En los demás casos el contribuyente deberá demostrar que el crédito o los créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas mediante un aval back-to-back. Las entidades del exterior o que se encuentran en el país que cohonesten cualquier operación que pretenda cubrir al acreedor real serán responsables solidarias con el deudor.

Las deudas que incluye este inciso son las que generen intereses e incluyen las que hayan contraído con vinculados económicos por conducto de intermediaros no vinculados del exterior que no se encuentren en el país.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a proyectos de infraestructura de transporte, de servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial.

Las anteriores consideraciones las cita el decreto para establecer que se requiere precisar que estas disposiciones serán el criterio para determinar la vinculación económica para efectos de lo dispuesto en el artículo 118-1 del estatuto tributario precisando conceptos de Aval, las características asociadas a otras operaciones en las que sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras e incluye nuevas definiciones como la de acreedor real, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de servicio de transporte de la siguiente manera:

Aval: El aval es una garantía mediante la cual un vinculado económico respalda una operación de endeudamiento tomada por su vinculado con un tercero independiente, cuando de esa garantía se derive que el acreedor real es el vinculado económico mencionado en primer lugar.

Cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras: Corresponde a cualquier otro tipo de operación, independientemente de su denominación, mediante la cual el acreedor real es un vinculado económico del deudor.

Infraestructura de servicio de transporte. Se entiende por infraestructura de servicios de transporte todos aquellos proyectos encaminados a la optimización del servicio para el sector transporte en áreas relacionadas con la red vial, férrea, fluvial, marítima, aérea y urbana, sometida a la regulación del Estado y bajo su control y/o vigilancia y que propenda por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.

Acreedor real. El acreedor real es aquel vinculado económico que pese a no figurar formalmente como acreedor del deudor, es quien en sustancia, actúa total o parcialmente como acreedor.

Infraestructura de servicios públicos. Se entiende por infraestructura de servicios públicos todo conjunto de bienes organizados en forma permanente y estable que sean necesarios para la prestación de servicios públicos, sometida a la regulación del Estado y bajo su control y/o vigilancia, y que propenda por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.

El patrimonio líquido se determinará de acuerdo con lo dispuesto del Estatuto Tributario y el monto total de las deudas se determinará identificando para cada una la permanencia, el valor del capital principal de la deuda sobre la que se liquidan los intereses, la deuda parcial y total y el monto total del promedio total de las deudas.

Se establece un procedimiento para la determinación de los intereses no deducibles ni capitalizables, estableciendo un monto máximo a partir del patrimonio líquido determinado a 31 de diciembre del año gravable del año anterior y multiplicándolo por 2. El exceso de endeudamiento se determinará tomando el monto máximo de endeudamiento determinado conforme con lo previsto en el numeral 3 del artículo de este decreto cuando a ello haya lugar.

Se establece la proporción de intereses no deducibles ni capitalizables, dividiendo el exceso de endeudamiento determinado por el monto total promedio de las deudas con vinculados económicos, mientras los intereses deducibles y no capitalizables del período gravable se determinarán aplicando la proporción de intereses al total de los intereses pagados o abonados en cuenta durante el año fiscal.

Para establecer la procedencia de las deducciones o capitalizaciones y contenido de la certificación de que trata el parágrafo 1 del artículo 118-1 del Estatuto Tributario, el acreedor deberá expedir al deudor una certificación con anterioridad el vencimiento de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable objeto de deducción o capitalización. Esta será expedida por el representante legal de la entidad acreedora o quien tenga la autorización legal para suscribirla sin perjuicio de responsabilidad solidaria y sanciones penales. Cuando el acreedor no sea residente en Colombia deberá aportar el original del documento equivalente al certificado de existencia y representación legal de la empresa. Esta certificación cambiará cuando se presenten cambios en las condiciones del crédito.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20761%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Mar.Jun.02 Decreto 766 del 29 de Mayo de 2020, que modifica el decreto único en materia tributaria reduciendo el porcentaje de anticipo de impuesto a la renta del año 2020 para algunos grupos de sectores y contribuyentes 

Decreto 766 del 29 de Mayo de 2020, que modifica el decreto único en materia tributaria reduciendo el porcentaje de anticipo de impuesto a la renta del año 2020 para algunos grupos de sectores y contribuyentes 

Se reduce el anticipo de impuesto a la renta del 75% al 25% para algunos sectores y se especifican cuales

El artículo 1 modifica el decreto 1625 de 2016, determinando para los grandes contribuyentes que pertenezcan a las zonas fronterizas en los sectores establecidos en el artículo 1 de este decreto, se aplicará un porcentaje del 25% para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta del año 2020. El listado de sectores puede consultarse en la página 8 del presente decreto.

Para los sectores o contribuyentes no incluidos en este listado aplicará lo dispuesto en el artículo 807 del estatuto tributario, que establece que los contribuyentes de impuesto a la renta están obligados a pagar un 75% a título de anticipo del año siguiente al gravable.

El artículo 2 establece esta misma disposición para las personas jurídicas y demás contribuyentes en el caso de las empresas micro, pequeñas y medianas, en atención a la segunda cuota del impuesto de renta.

El artículo 3 establece una disposición similar para las personas naturales y sucesiones ilíquidas, pero acotada a los sujetos que pertenecen a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto y Popayán.

Entre los sectores beneficiados están: Para un grupo de sectores que no tengan calidad de gran contribuyente extracción y refinación de petróleo, minería, tabaco, sector textil-confección-calzado y cuero, madera, toda la cadena metalmecánica, maquinaria eléctrica y no eléctrica, informática y vehículos, muebles, construcción obras civiles, talleres, cine y televisión, electrodomésticos, joyería, enseres domésticos, mantenimiento y reparaciones, organización de eventos, transporte aéreo de pasajeros, alojamiento, servicios de comidas y bebidas, agencias de viajes, creativas, artísticas y de entretenimiento, bibliotecas, deportivas, juegos de azar, entre otros.

Puede consultar el listado de actividades en cada caso y su CIIU se puede consultar en el decreto en el siguiente link:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20766%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Lun.Jun.01 Entidades Territoriales y Planes de Desarrollo 

Decreto legislativo 683 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el período constitucional 2020-2023 en el marco del estado de Emergencia

La normatividad establece que los departamentos y municipios en los cuatro primeros meses después de la posesión del Alcalde o gobernador, deberán presentar el Plan de Desarrollo a los concejos o asambleas para aprobación antes del último día de mayo.

De la aprobación de este plan se desprenden las metas y proyectos de inversión de cada municpio, departamento o distrito, y por lo tanto de allí se derivan documentos como los planes de acción, los Planes Operativos Anuales de Inversiones Municipales POAIM , los Planes financieros y los Marcos Fiscales de Mediano plazo, insumos que determinarán el presupuesto de cada año.

Todo este proceso se ha visto alterado por las circunstancias de la contingencia Covid 19 en atención a las normas y restricciones del confinamiento y las circunstancias sobrevientes, la gran mayoria de municipios y departamentos radicaron sus planes de desarrollo pero algunos no han podido terminar la fase de preparación de estos planes y otros que los presentaron a tiempo no han podido llevar de manera fluída la discusión y se encontraban a la espera de los inconvenientes normativos que la virrtualidad pudiera tener en los procesos de aprobación o la validez de las normas hacia el futuro.

Es por esto que en las consideraciones de este decreto se establece que en el proceso de la contingencia se emitieron circulares encaminadas a reglamentar la realización de sesiones virtuales o por medios electrónicos en los concejos Municipales o distritales a fin de garantizar el aislamiento y se establece como norma el teletrabajo para las actividades de servidores públicos que no estén asociadas a prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria.

Esta dinámica excepcional llevó a que faltando menos de 15 días para terminar el plazo de aprobación solamente 5 de los 1102 municipios del territorio nacional y 1 departamento de los 32 del país, han presentado para aprobación sus Planes de Desarrollo Territorial a las corporaciones públicas por las dificultades que tanto las asambleas como los concejos municipales y distritales han tenido para adecuar sus sesiones a las normas de orden público y subsanar los inconvenientes que se han presentado.

Bajo estas premisas el decreto establece nuevos plazos para la presentación de los proyectos de Planes de Desarrollo Territoriales así como su preparación y planeación o ajustes.

Se decreta entonces que los Planes de desarrollo territoriales para el período constitucional 2020 2023 que no fueron presentados oportunamente, se podrán someter por parte de los gobernadores y alcaldes a consideración respectiva o concejo hasta el día 15 de junio de 2020.

De igual manera, establece que los Planes de Desarrollo Territoriales en trámite que y fueron presentados a las respetivas asambleas y concejos al 30 de abril de 2020 podrán ser objeto de modificaciones por los gobernadores y alcaldes con motivo de los efectos derivados del Covid-19 hasta el 15 de Junio.

Solamente si el gobernador o alcalde respectivo se acoge a alguno de los plazos previstos en los artículos precedentes, la asamblea o concejo deberá decidir sobre los Planes de Desarrollo hasta el 15 de julio de 2020, para estos efectos el respectivo mandatario convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente asamblea o concejo. Si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el gobernador o alcalde podrá adoptarlos mediante decreto.