Jue. 25 de Feb. de 2021

Financiero. Open Banking y Portabilidad en Colombia, documento publicado en diciembre de 2020 por la unidad de Regulación y Análisis Financiero URF del Minhacienda -URF- (3). Implementación del modelo en Colombia, interrogantes y desafíos

El documento plantea que implementar este modelo dependerá de las soluciones que se den a cada uno de los siguientes interrogantes:

¿Qué tipo de entidades financieras pueden participar? Se deberá determinar cuáles entidades financieras compartirán la información de sus clientes. Normalmente el modelo de banca abierta aplica únicamente a entidades bancarias, pero esto no obsta para que la medida se haga extensible a otro tipo de entidades tales como administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, intermediarios del mercado de valores, entre otras. Este segundo escenario se denominaría modelo de Open Finance.

No obstante, incluso bajo un ámbito de aplicación estrictamente bancario, se debe considerar si la medida aplica para todos o solo para algunas entidades. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, donde la implementación del modelo de banca abierta se originó con base en una decisión de la autoridad de competencia, sólo los bancos con mayor participación en el mercado fueron los obligados a compartir la información de sus clientes. En otros casos, como en Brasil, solo los establecimientos bancarios que hacen parte de conglomerados están obligados a compartir su información, mientras los demás lo podrán hacer de forma voluntaria.

¿Qué información se compartirá? Igualmente se debe definir qué información será objeto de la medida y con qué nivel de detalle. En todo caso, la autorización para compartir la información específica de los clientes no se debe entender como una obligación para que las entidades financieras habiliten el acceso a toda la información, funciones, tecnología e infraestructura interna de la entidad.

De las experiencias regulatorias alrededor del mundo, se identifican 4 tipos de información: o Servicios de iniciación de pago: acceso a la información transaccional y posibilidad de modificar esta información a través de la iniciación de pagos. En este caso el TPP consulta y modifica la información. o Información transaccional: acceso a los datos transaccionales del consumidor, sin modificación de la información. o Datos de registro: acceso a la información personal del consumidor que sirvió como conocimiento del cliente. o Datos de productos y servicios: Datos agregados de las cuentas o productos que la persona tiene en el sistema financiero. El modelo debe especificar en qué tipo de información recae la aplicación del estándar. En el caso de México, por ejemplo, el open banking no comprende el servicio de iniciación de pagos, pero sí los otros tres (3) grupos de información.

¿Quiénes podrán tener acceso a esta información?

El hecho de que la información sea compartida por las entidades financieras no significa per se que cualquiera pueda tener acceso a ella. Los TPPs (terceros que acceden a la información de las entidades financieras para prestar servicio) deberán cumplir con requisitos y estándares de seguridad, bien sea por la entidad financiera que comparta la información o por el regulador –dependiendo del modelo implementado– así:

o Modelo centralizado (Ej.: Reino Unido): Se exige a los TPPs requisitos de operación establecidos por el regulador, los cuales son acreditados ante una entidad central creada para administrar este proceso y mantener un registro de TPPs autorizadas.

o Liderado por la entidad financiera (Ej.: Singapur): El TPP y la entidad financiera firman un contrato bilateral negociado entre las partes. Las entidades financieras realizan su propio análisis de riesgo y de evaluación de cada TPP.

o Mixto (Ej.: Hong Kong): El regulador propone un contrato modelo entre las entidades financieras y los TPPs abordando los aspectos y consideraciones generales del negocio, dejando en libertad a las partes de adoptar las medidas adicionales que consideren necesarias.

• ¿Cómo se compartirá la información? El open banking requiere que las instituciones financieras implementen una infraestructura tecnológica que permita compartir la información. Las APIs son la herramienta tecnológica adecuada para hacerlo, toda vez que permiten a dos o más softwares comunicarse entre ellos sin tener que entender cómo cada uno ha sido diseñado e implementado (Tesobe, 2019). No obstante, no existe un solo tipo de API, por lo que existen distintos modelos de implementación:

o API no estandarizado (Ej.: Unión Europa): Cada entidad financiera desarrolla un API individual, de tal forma que cada TPP deberá integrarse al API de cada entidad financiera.

o API estandarizado (Ej.: Reino Unido): La regulación o la industria optan por un modelo único de API que será utilizado por todas las entidades financieras y los TPP participantes del sistema. La adopción de un estándar único tiene las siguientes ventajas: i) Adoptar un estándar es menos costoso que desarrollar uno propio, ii) Permite que existan muchos TPPs que puedan tener acceso a las APIs, teniendo la posibilidad de crear más productos y servicios, maximizando la utilidad del open banking; iii) Atrae a una mayor cantidad de innovadores y TPPs.

¿Qué aproximaciones regulatorias se han adoptado?

Alrededor del mundo algunos países han optado por implementar el modelo de open banking de forma obligatoria para las entidades financieras, exigiendo la adopción de estándares comunes para que terceros que cumplan con los requisitos definidos puedan acceder a la información de los consumidores.

Esta aproximación es la utilizada por la Unión Europea y el Reino Unido, que son los casos más citados y que sirven como referente a nivel mundial. En el primer caso, el open banking se introdujo con la segunda directiva de pagos conocida como PSD2. En la cual, dentro de la regulación del mercado de pagos, se obliga a los bancos a dar acceso a terceros (TPPs) a las cuentas e información de sus usuarios. Estos terceros utilizan esta información para: i) iniciar pagos desde las cuentas de los usuarios, caso en el cual serán considerados proveedor de servicios de iniciación de pagos (PISP) ó ii) suministrar al consumidor un sitio único donde pueda consultar el estado de la totalidad de cuentas de su titularidad en el sistema financiero, caso en el cual será considerado un proveedor de servicios de información de cuentas.

Si bien la directiva PSD2 no obliga a la creación de estándares comunes de conectividad entre los bancos tradicionales y los TPPs, otras regulaciones –tales como las del Reino Unido– han ido más allá y han definido estándares de banca abierta que deben ser acogidos por las APIs de las entidades.

En esa jurisdicción, la obligación de implementar el open banking fue impuesta por la autoridad de competencia y en principio solo cobija a las principales entidades bancarias. No obstante, el estándar se ha ido escalando a otros participantes. Actualmente existen más de 300 fintech que han solicitado hacer parte del esquema y 100 establecimientos bancarios que ya han adoptado los estándares de APIs definidos. Aunque el modelo aún no tiene un uso masivo, se registra un crecimiento mensual de 30% en el número de consumidores que deciden participar, lo que denota la importancia que tiene para los consumidores este tipo de iniciativas.

En contraste, en otros países como Singapur, Nueva Zelanda y Hong Kong21, la adopción ha sido voluntaria pero las autoridades han facilitado la implementación del modelo definiendo una reglamentación específica para el modelo. Finalmente, existen países como Estados Unidos en donde la implementación del modelo ha sido impulsada desde la industria.

La aproximación regulatoria (voluntaria u obligatoria) no incide en otros aspectos del modelo de implementación a los que se ha hecho referencia en este documento. Por ejemplo, puede existir un modelo voluntario en donde se regule un estándar único de API para las entidades financieras que quieran implementar el open banking (Ej.: Nueva Zelanda), así como pueden existir modelos obligatorios donde no se regule un estándar único (Ej.: Unión Europea). El siguiente cuadro resume los diferentes modelos de banca abierta acogidos en una muestra de varios países:

Mié. 24 de Feb. de 2021

Cambios normativos varios sectores

Ministerio de Transporte. Nuevas acciones para fortalecer la movilidad eléctrica

https://www.pscp.tv/infopresidencia/1lDxLpRyZLkxm?t=3m39s

Decreto parqueadero para carros eléctricos

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20191%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf

Hidrocarburos. Debate Comisión V del Senado. Ecopetrol, compra de ISA e importación de gas

https://www.youtube.com/watch?v=3vqafaY0tF0

Superfinanciera autorizó la constitución de la Compañía de Seguros Colsanitas

https://www.dataifx.com/post/superfinanciera-autorizo-la-constitucion-de-la-compania-de-seguros-colsanitas

Energía. Planta de Regasificación del Pacífico.

El último hito en este proceso fue la respuesta UPMEfrente a observaciones recibidas entre el 16 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 a los documentos de selección del inversionista publicados el 29 de octubre de 2020 mediante Circular 044 de 2020.

https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx

Mar. 23 de Feb. de 2021

Financiero. Agenda regulatoria 2021. Unidad de Proyección Normativa y estudios de regulación financiera URF, temas seguridad, estabilidad financiera y acceso al sistema de pagos:

Discusión del estudio sobre grandes exposiciones: La última crisis financiera internacional evidenció que varias quiebras bancarias se caracterizaron por un inadecuado control sobre las exposiciones agregadas que estas entidades tenían respecto a un grupo de contrapartes que representan un factor de riesgo común1. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea señala que se requiere un marco de grandes exposiciones para complementar los requisitos de capital basados en riesgos, dado que estos últimos no están diseñados para proteger a la entidad de grandes pérdidas resultantes del incumplimiento de una sola contraparte.

Colombia implementó en 1993, con el Decreto 2360, incorporado en el Decreto 2555 de2010, un esquema que define cupos máximos para las operaciones activas de crédito y límites para la concentración de riesgos de los establecimientos de crédito. Sin embargo, un análisis del contexto actual del sistema financiero colombiano, junto con la evaluación adelantada en 2012 dentro del programa FSAP2y la comparación con el nuevo marco de grandes exposiciones emitido por el Comité de Basilea, revela que muchas de las disposiciones del marco normativo colombiano requieren una revisión y actualización.

Bajo este contexto, en 2021 se discutirá con la industria el estudio publicado a final del año 2020, el cual presenta los elementos necesarios y los posibles impactos de una eventual iniciativa regulatoria que atienda, entre otros, los siguientes propósitos:

1. Consolidar todas las exposiciones con las subordinadas locales;

2. Garantizar la aplicación clara y homogénea del concepto de grupos de contrapartes conectadas;

3. Simplificar el esquema con un menor número de límites;

4. Reducir la incidencia de excepciones que pueden generar arbitrajes y complejidades en la interpretación de la norma.

Regulación prudencial para administradores de activos de terceros: En el marco de convergencia a estándares internacionales se llevará a cabo una propuesta normativa enfocado en cerrar las brechas regulatorias en lo referente a las definiciones de patrimonio técnico y patrimonio adecuado para las sociedades administradores de fondos de pensiones y de cesantía, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión.

▪Estudio de diagnóstico para el sector de economía solidaria de ahorro y crédito, vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria: Durante los últimos cinco años, para este sector se ha desarrollado una agenda regulatoria en materia de fortalecimiento patrimonial, gobierno corporativo, administración de riesgo de liquidez e institucionalidad de la red de seguridad financiera, que le apuntan a preservar la estabilidad y solidez de las organizaciones. En esta etapa, resulta oportuno medir el impacto de la reglamentación expedida e identificar las brechas que pudieran existir entre esta, y las necesidades del sector y las experiencias internacionales de regulación. Con este propósito, la URF gestionará un estudio técnico con apoyo del Ministerio de Hacienda y de un externo calificado, que presente un diagnóstico de la eficiencia de la normatividad actual y una propuesta sobre los temas pendientes por regular con la correspondiente hoja de ruta para los próximos tres años.

En cuanto al impulso al acceso al sistema de pagos, este se identifica el engranaje que permite registrar, compensar y liquidar las transacciones en la economía de manera más eficiente, con menores costos y riesgos (BIS, 2012). También sirven como herramienta para promover la inclusión financiera y combatir la informalidad que se genera cuando las transacciones se realizan en efectivo4. Y resultan cruciales en un contexto de especial criticidad como el actual, en el cual cobran mayor relevancia algunos nichos específicos del ecosistema de pagos, como aquellos que realiza el Gobierno a las personas (G2P).

El Programa Ingreso Solidario adoptado por el Gobierno Nacional para contrarrestar los efectos económicos derivadas de la emergencia del COVID–19 logró modernizar y digitalizar la mecánica de las transferencias sociales y avanzar de manera significativa en la inclusión financiera de la población vulnerable. Dentro de los avances está: i) el uso de 1.2 millones de cuentas que ya existían en el sistema financiero, ii) la inclusión financiera –en el término de 3 meses –, de cerca de un millón de personas y, iii) los abonos directos en las cuentas de los beneficiarios.

El diseño del mecanismo de pago se dio en un contexto de emergencia. La vocación de permanencia de esta medida obliga a estandarizar y automatizar procesos para garantizar la sostenibilidad de la plataforma y mantener la inclusión financiera alcanzada. En línea con las prácticas internacionales, el modelo ideal de dispersión es aquel en el cual el beneficiario escoge el producto de pago de su preferencia.

La apropiación y usabilidad se elevan y se promueve una relación de largo plazo entre el beneficiario y la institución financiera, lo que a su vez facilita la inclusión financiera. Además, este es un esquema que reduce cargas y costos operativos para todos los actores involucrados en la cadena. Con base en todo lo anterior, se realizará un estudio sobre la digitalización de pagos y recaudos del gobierno (G2P–P2G), su instrumentalización, la educación y socialización que requiere, y los avances y desafíos de la digitalización de otros pagos masivos en la economía, como los aportes a la seguridad social, los pagos notariales, la dispersión de mesadas pensionales, entre otros. Igualmente se analizarán flujos relevantes de recaudos estatales que puedan ser objeto de un proceso de digitalización con miras a lograr una mayor trazabilidad y eficiencia en dichos pagos.

Lun. 22 de Feb. de 2021

Conpes Nuevo compromiso por Colombia. Recursos y proyectos Compromisos con pobreza y vulnerabilidad, el campo y la salud

Este programa de acuerdo con el Conpes publicado la semana pasada, comprende la inversión de 16 billones de pesos en 150 proyectos de escala municipal, departamental y también a nivel nacional dentro de las estrategias para superar la pobreza:

1. Transferencias monetarias

2. Acceso a servicios públicos y vivienda digna

3. Protección a la primera infancia

4. Educación.

Entre las entidades que llevarán a cabo estos proyectos están el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Compromiso con el campo y la paz con legalidad

Para este compromiso se han seleccionado más de 80 proyectos en distintas regiones sumando cerca de 4 billones de pesos que comprende, entre otros proyectos los de infraestructura social y productiva en los municipios PDET, la implementación de proyectos integradores, que buscan mejorar la competitividad y las dinámicas económicas regionales de territorios PDET, a través de una estrategia integral de producción, emprendimiento y mejora de vías para la comercialización de productos locales.

El catastro multipropósito es otro de los proyectos estratégicos que permitirá mejorar la gestión de la tierra y optimizar las finanzas municipales. Finalmente es el caso de agricultura por contrato, donde se espera vincular 300 mil productores a procesos de comercialización agropecuaria y reducir los riesgos en la venta agropecuaria.

Compromiso con la Salud

Para este sector se han definido cinco proyectos por un valor de 7.6 billones de pesos:

1. Adquisición de las vacunas y pruebas rápidas

2. Fortalecimiento de la infraestructura de laboratorios e insumos requeridos para hacerle frente a la crisis

3. Fortalecimiento de la oferta pública de servicios de salud

4. Adquisición de ventiladores

Estos cuatro proyectos abarcan el 92% de los recursos.