Jue. 26 de May. de 2022

Gobierno-Agropecuario. SAC. Documento El Campo le Habla al Nuevo Presidente.24 de Mayo de 2022.

En este documento se identifican cuatro factores de impacto en el sector en los últimos dos años:

1. Los efectos de la Pandemia,

2. Los efectos del paro nacional de mayo de 2021,

3.La crisis en las cadenas de suministro y

4. el inicio de la invasión de Rusia a Ukrania.

Estos factores impactaron el consumo de alimentos, restringieron la oferta generando inflación, aumentaron en los costos de producción y generaron serias preocupaciones en torno al riesgo la seguridad alimentaria global.

Como un factor estructural se menciona la ausencia de una visión de largo plazo en materia de política agropecuaria que debe adelantarse por parte de gobierno y congreso. La propuesta de la SAC se divide en tres bloques: Seguridad alimentaria y sus habilitantes, Dotación de bienes públicos sectoriales y presupuesto y política rural de largo plazo e institucionalidad agropecuaria.

Seguridad alimentaria y sus habitantes: se propone que debe ser parte integral de la estrategia de seguridad Nacional , desarrollando elementos habilitantes como la seguridad jurídica de la propiedad rural, el crédito y aseguramiento agropecuario y una política nacional de insumos agropecuarios. Que el estado garantice que los recursos y el diseño e implementación de políticas públicas tengan como eje central la producción rentable y sostenible de alimentos.

En cuanto a la seguridad jurídica, se establece que dada la frontera agropecuaria de 40 millones de hectáreas, el gobierno debe finalizar el inventario de baldíos de la nación, programas sólidos de titulación de tierras a pequeños productores, materialización del catastro multipropósito, garantías para evitar la invasión de tierras y mecanismos para garantizar la seguridad jurídica que contribuyan a la estabilidad y crecimiento de las inversiones agropecuarias existentes.

En esta vía se propone tramitar la Ley de Tierras PL 003 de 2018 que cuenta con consulta previa y aborda los vacíos jurídicos y cuellos de botella en cuanto a la estabilidad, regularización y propiedad de la tierra legítimamente adquirida.

La coyuntura actual fortalece la necesidad de diseñar e implementar estrategias sostenibles en el tiempo para que, en el marco de una economía de mercado, productores agrícolas y pecuarios cuenten con las herramientas necesarias para garantizar la oferta competitiva de alimentos en el corto y largo plazo, y que contribuyan a minimizar el impacto negativo de choques externos en la dinámica de producción de alimentos de nuestro país.

Fomentar la empresarización de los pequeños, medianos y grandes productores, dignifique al trabajador rural,fortalezca e integre las cadenas de valor y garantice la seguridad en sus 3 dimensiones: disponibilidad, acceso y consumo.

El 86% de los trabajadores del sector rural se encuentran en condiciones de informalidad laboral y el 75 % devengan menos de un salario mínimo. Se proponen ajustes a la normativa que promuevan es -quemas de contratación laboral que se adecuen a la estacionalidad y dinámicas diferenciadas de las actividades productivas
del sector rural a la par que se generen esquemas de garantía y cobertura a la seguridad social, la protección de riesgos laborales y protección de la vejez, para lo que se propone un Contrato de Trabajo Agropecuario que propone un “Jornal Rural integral” que cubre y liquida todas las prestaciones sociales.

En cuanto a crédito, se propone subsidiar la tasa de interés para pequeños y medianos productores que permita consolidar al campo y la actividad productiva, fortaleciendo las líneas de crédito para mujeres jóvenes rurales y la asociatividad, integración vertical, obtención de certificaciones para acceder a mercados internacionales, la bioseguridad e inocuidad en la producción de alimentos. Señala que los 115 mil millones de pesos anuales para 10 líneas son insuficientes

El aumento del acceso a financiamiento de los más pequeños, en condiciones de fomento, implica también la revisión de las ponderaciones de sustitución dispuestas por el Banco de la República y que privilegien la colocación de recursos propios de los intermediarios en los productores más vulnerables. Sumado a ello se deben promover otras estrategias como el financiamiento no bancario.

En cuanto al esquema de garantías, se propone que el Fondo de Garantías Agropecuarias (FAG), para mejorar la inclusión y la sostenibilidad financiera, se sugiere que se adicione una tarea específica para evaluar la ampliación a un sistema de garantías que incluya garantías mobiliarias y flexibles, que permitan cubrir las obligaciones financieras con el flujo de caja esperado de los proyectos productivos, entre otros elementos. Todo esto,sin perjuicio de proteger presupuestal y operativamente al fondo.

Se propone fortalecer la política de seguro agropecuario, como una herramienta de mitigación y prevención de riesgos que afectan de diversas formas el bienestar de los productores. Se recomienda contemplar medidas de aseguramiento entre los entes territoriales y el gobier -no nacional para la protección de zonas específicas a través de la modalidad de seguros paramétricos o por índice, que permitan cubrir no sólo riesgos biológicos, climáticos y sanitarios, sino riesgos de mercado para solventar los problemas de inestabilidad en los ingresos de los productores.

Esto implica consolidar un presupuesto suficiente para atender la demanda de seguro a través del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), que actualmente permite al sector acceder a este importante instrumento. En la actualidad el monto del ISA es de 69 mil millones de pesos que solo alcanza para asegurar aproximadamente 266 mil hectáreas de cultivos y 30 mil animales, cifras que no se compadecen con las necesidades del sector.

En cuanto a Insumos agropecuarios e inflación, se señala que la disrupción en las cadenas de suministro en 2021 y la invasión de Rusia a Ucrania que han generado un impacto significativo en el costo de los insumos para los productores agropecuarios y la reducción de áreas sembradas de algunos cultivos de ciclo corto.

Evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de producción nacional competitiva de insumos, así como la creación de sólidos mecanismos de mitigación de impactos como los que se han presentado desde junio del año pasado. Las herramientas de corto, mediano y largo plazo son:

• Fortalecimiento adicional de transferencias económicas para la compra de alimentos a los consumidores en mayor condición de vulnerabilidad.

• Gestión diplomática y comercial para asegurar suministro de volúmenes de insumos y materias primas.

• Fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento,transporte y distribución de insumos y productos agropecuarios y de las compras públicas de alimentos e insumos.

• Generación de incentivos para impulsar la inversión en producción e innovación nacional de materias primas y fertilizantes según la viabilidad técnica y económica, el potencial de mercado y las características de sus cadenas de valor y relación con otros sectores de la economía nacional.

• Apoyo económico a productores para amortiguar el costo de sus insumos, líneas de crédito de capital de trabajo diseñadas específicamente para atender esta situación con enfoque en sólido subsidio a la tasa de interés y periodos de gracia.

• Mecanismos de priorización de beneficiarios en función de la contribución sectorial a la nutrición de los colombianos, del peso de los alimentos en el gasto de los hogares particularmente de los de menores ingresos, y de la generación de empleo.

• Seguimiento a los canales de comercialización para evitar fenómenos especulativos.

https://sac.org.co/wp-content/uploads/2022/05/El-campo-le-habla-al-proximo-Presidente.pdf

Mié. 25 de May. de 2022

Energía. Programa piloto para la transformación de la flota oficial de orden nacional

Se presenta el ascenso tecnológico a cero y bajas emisiones en la flota oficial del orden nacional y los vehículos que hacen parte de las entidades.

En los antecedentes a este programa está el documento de 2019 que caracteriza la flota oficial a nivel nacional y buscaba saber bajo que condiciones estaba esta flota así como sus oportunidades de ascenso tecnológico en estas características, sobre la flota oficial del país y la ley 1964 artículo 8 que establece que las entidades territoriales y nacionales con respecto a la flota que va adquirir, tercerizar y reemplazar incluyendo un 30% de vehículos eléctricos.

Esta fue la primera fase, en 2020-2022 se desarrolló la segunda fase que tenía por objetivo brindar todas las herramientas que las entidades requieran para lograr conocer cual es su flota, que tipo de flota pueden reemplazar y por que flota la pueden reemplazar. Esto se define como una hoja de ruta, manuales, planes de desintegración y compra y una guía metodológica que es la que se presenta en este informe.

El objetivo era estructurar este programa piloto definiendo un procedimiento de compra de vehículos de cero y bajas emisiones con dos criterios: la eficiencia económica y la racionalidad del gasto.

Apoyar al gobierno nacional para cumplir las metas del artículo 8 de la ley 1964 que establece metas al 2025 en adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones con el 30% de la flota operativas, con toda la familia de los vehículos en toda la gama: híbridos, enchufables, eléctricos a batería, y vehículos a hidrógeno.

Se trabajó con 33 entidades de las cuales 18 pudieron participar en talleres para realizar la herramienta de sustitución vehicular para la planificación en los próximos años, una guía metodológica. Se realizó un monitoreo por 9 semanas de registro de datos 8 vehículos híbridos obteniendo un 4% de mejora en eficiencia en los vehículos.

El trabajo realizado con las entidades territoriales tuvo los siguientes hitos:

Estos hitos ya fueron concluidos, mapeando 33 entidades que representaron una flota base de 1080 vehículos de los cuales 200 pueden ser reemplazadas en los plazos del piloto y el 70% de los vehículos son livianos (automóviles).

Con estos resultados se fue a las entidades para sensibilizar, a capacitar 18 entidades en el suso de la herramienta de sustitución vehicular haciendo modelaciones en conjunto, en 13 entidades se apoyó el análisis se identificando un potencial de recambio de 19 vehículos híbridos 40 vehículos híbridos a batería y un vehículo híbrido enchufable.

En la fase práctica se pretendía entrar a la fase práctica que era apoyar la adquisición de los vehículos, pero que se impactaba en 4 vehículos en total.

Los resultados muestran un logro de trabajar con 1 entidad que logró cambiar una flota de dos vehículos sin alcanzar los plazos para hacerle el seguimiento:

Se presenta como producto una hoja de ruta que tiene como propósito tener implementado al 2025 el 30% de la flota vehicular con tecnología eléctrica con la continuidad del proyecto y promoviendo la colaboración entre actores públicos y privados en antención a logra las metas de descarbonización del país.

Las entidades tengan que tener ya identificados y visibilizados los líderes que se harán cargo del cumplimiento de esta ley.

En adelante, el cronograma de la hoja de ruta establece 5 ejes hasta el 2025:

El objetivo es lograr la apropiación de las medidas, de los modelos que respaldan las decisiones de compra, el proceso de adquisición y el monitoreo, para lo que se asignaron lideres de cada proceso.

Cada entidad debe entender su plan estratégico propio, por que cada entidad tiene flotas diferentes las metas son distintas y la transición también lo es. La idea es estimular el mercado por que no hay oferta y modelos que estén ofertados a través de Colombia Compra Eficiente.

En este video se presenta el detalle de la herramienta de sustitución vehicular que han de usar las entidades territoriales y el manual de usuario se presenta así como una guía metodológica para las entidades y para documentarse sobre la tecnología de vehículos de cero y bajas emisiones.

https://www.youtube.com/watch?v=4lWXr62S-pk

Mar. 24 de May. de 2022

Gobierno-Energía. CREG. Resolución 701 002 de 2022, por la cual se definen los procedimientos para las subastas del Cargo por Confiabilidad en el mercado mayorista de energía.

En el año 2019, la CREG contrató un estudio con la firma Undernet de Colombia, con el fin de analizar e identificar, por un tercero independiente, lecciones aprendidas en las subastas del Cargo por Confiabilidad realizadas, con propuestas que en esta resolución se materializan en ajustes normativos a la regulación vigente del proceso de asignación de Obligaciones de energía firme del Cargo por confiabilidad.

El objeto de esta resolución es definir, organizar y centralizar los procedimientos y adoptar otras disposiciones para la realización de las subastas del Cargo por Confiabilidad.

En esta resolución se definen las normas que aplican a quienes participen en subastas del cargo por confiabilidad, quienes podrán participar.

Se define un sistema único de información para los procesos de subastas del Cargo por Confiabilidad SUICC, será el único mecanismo que los participantes de la subasta podrán utilizar para presentar documentación que será administrado por el ASIC y deberá permitir el registro y trazabilidad de toda la información asociada a las subastas.

Define las responsabilidades del ASIC y la Adminsitración del SUICC, que tendrán

como responsabilidad recibir y almacenar la información que establezca la CREG en esta resolución.

Se definen unos protocolos de comunicación entre Participantes y el ASIC, un proceso de registro de participantes en el SUICC, notificaciones sobre el proceso de subasta, criterios para la publicidad de la información reportada en el SUICC.

En el capítulo sobre convocatoria a la subasta, se establece que la CREG podrá convorcar la subasta en elmomento que considere, cuando para cuando para un año t+p la suma de la ENFICC de cada una de las plantas y/o unidades de generación sea menor o igual a la Demanda Objetivo y/o cuando, a partir del análisis de riesgos que realice la Comisión, se requiera una subasta para asegurar las condiciones de prestación del servicio en el mediano y largo plazo en el Sistema Interconectado Nacional.

SE define un período de planeación como tiempo que transcurre entre la fecha de ejecución de la subasta y la fecha de inicio del Período de Vigencia de la Obligación asignada en dicha subasta

Para el efecto, la CREG fijará, mediante resolución, la oportunidad en que el ASIC debe llevar a cabo la subasta. Así mismo, en dicha resolución definirá el cronograma de las actividades que deben ejecutarse durante los Períodos de Precalificación y de Planeación de la Subasta, o las fechas máximas de ejecución de las actividades asociadas al mecanismo de asignación, según sea el caso.

Se definen los procedimientos de participación , con unas etapas de registro, de declaración e información de retiro, declaración de interés, de oferta y verificación de ENFICC y garantía de participación, conforme al artículo 22 de esta resolución.

Establece las formulaciones para los períodos de vigencia de la obligación, la declaración de parámetros para el Cálculo de la ENFICC, la oportunidad de para las declaraciones de interés y de parámetros.

En el caso de plantas de generación térmica, norma sobre el cálculo de los Costos Promedio de Referencia por Combustible (CPC). Los participantes de la subasta que representen plantas o unidades de generación térmicas nuevas, especiales o existentes con obras que deseen tener asignaciones de obligaciones de energía firme, deberán reportar al ASIC, usando el SUICC, sus costos variables de combustible estimados, CVCE, para respaldar dicha obligación.

Sólo podrán participar en los procesos de subasta aquellos participantes con costos variables de combustible estimados que no superen el Precio de Escasez Parte Combustible definido con la metodología del Anexo 1 de la Resolución CREG 071 de 2006, vigente en el mes para el cual se hace el cálculo del CVCE, ni el precio marginal de escasez descontando los OCV y COM definidos en el artículo 1 de la Resolución 034 de 2001 o aquellas que la modifiquen o sustituyan, determinados para el mismo mes de cálculo del CVCE.

Establece la información y protocolos que deben entregar-seguir los participantes de las subastas de energía en firme. Entre estos se contempla la entrega de una garantía para amparar la participación en la subasta de acuerdo con lo definido en el Capítulo 3 de la Resolución CREG 061 de 2007.

El plazo para la entrega de esta garantía por parte de los participantes de la subasta será en los mismos tiempos definidos en el artículo 23 de esta resolución que habla sobre la oportunidad de oferta de energía firme. En el Reglamento de Garantías se establece la forma de calcular el valor de la cobertura de la garantía que habla este numeral, junto con las demás condiciones requeridas. En todo caso, la garantía deberá estar vigente ininterrumpidamente, desde la fecha de su presentación hasta el día D más ciento cincuenta (150) días hábiles.

Los participantes de la subasta que aspiren a tener asignaciones de energía firme tendrán hasta el día D más cien (100) días hábiles para declarar toda la información de la que habla el artículo 22 de esta resolución. Para la declaración de esta información se utilizarán los protocolos de comunicación descritos en el artículo 7 de esta resolución. El ASIC tendrá un plazo máximo hasta el día D más ciento y cinco (105) días hábiles, para realizar solicitudes de aclaración sobre estas declaraciones y hasta el día D más ciento quince (115) días hábiles para comunicar individualmente a los participantes si la garantía que ampara la participación de la subasta cumple con los requerimientos dispuestos en la regulación vigente.

Se establece el procedimiento para la realización de la subasta, que inicial con la entrega por parte de la CREG de la información para la construcción de la función de demanda.

Se establece un período de recepción de ofertas, la actualización del costo del entrante, definida como que el administrador de la subasta tendrá en cuenta la actualización del Costo del Entrante, CE, el cual será el 70% del CE de la última Subasta, más el 30% del Precio de Cierre de la misma.

Establece que la subasta se realizará en el día D más ciento veinte (120) días hábiles entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m (hora Colombia).

El capítulo VI establece las Garantías, Adjudicaciones y Certificaciones de Obligaciones de Energía Firme, señalando que exclusivamente para efectos de respaldar las obligaciones asociadas al Cargo por Confiabilidad, se exigirán, según sea el caso, las siguientes garantías:

30.1.Garantía por la energía firme incremental referente a una declaración de energía firme superior a la ENFICC Base, para el caso de plantas hidráulicas.

30.2. Garantía por la construcción y puesta en operación de plantas y/o unidades de generación nuevas y especiales.

30.3. Garantía por la energía firme asociada al primer año de operación de una unidad nueva de acuerdo con el IHF empleado para el cálculo de la ENFICC.

30.4. Garantía por el incremento futuro de ENFICC debido a la mejora en el índice IHF de una planta o unidad de generación.

30.5. Garantía de continuidad de los contratos de suministro y transporte de combustibles, cuando la duración de los mismos es inferior al Período de Vigencia de la Obligación.

30.6. Garantías que amparen la construcción y operación de una planta o unidad de generación que traiga su propio combustible, así como las que amparen la construcción y operación de su infraestructura de importación, según lo dispuesto en el Anexo 1 de esta resolución.

30.7. Cualquier otro evento que se derive de lo ordenado en la presente resolución.

El plazo máximo de entrega de las garantías y contratos de las que habla este artículo deberá ser en el día D más ciento y treinta (130) días hábiles.

Adicionalmente, el artículo 32 señala que todos los agentes generadores con plantas y/o unidades de generación térmica que requieran del desarrollo de infraestructura de combustibles para respaldar obligaciones de energía firme, deberán enviar una garantía de construcción de esta infraestructura al ASIC antes del vencimiento de la garantía de seriedad de que trata el artículo 31 de esta resolución, conforme a la regulación vigente. El plazo máximo de entrega de las garantías y contratos de las que habla este artículo deberá ser en el día D más ciento y treinta (130) días hábiles.

Establece los requerimientos de la contratación de combustible durante el períodos planeación para el caso de plantas térmicas.

El ASIC entregará los certificados OEF a cada uno de los participantes de la subasta que resultaron con obligaciones de energía firme en un plazo máximo hasta el día D más ciento cincuenta (150) días hábiles.

Se establecen auditorías para los participantes con Asignaciones de OEF, los procedimientos y cambios de los OEF, como los mecanismos de verificación de la EF y condiciones de ajuste de estas OEF.

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/4c72d8f5568911d105258848006adc73/$FILE/Creg701%20002A.pdf

Lun. 23 de May. de 2022

CONPES 4085. Política de Internacionalización para el Desarrollo Productivo Regional

Entre sus principales conclusiones de diagnóstico, se establece que Colombia tiene una relativa desconexión en materia tecnológica con el resto del mundo, especialmente en los centros de producción donde se genera la mayor cantidad de tecnología y conocimiento y esto se refleja en una baja productividad en comparación internacional.

A pesar de que el país viene cerrando una serie de brechas en diferentes aspectos económicos y sociales, se mantiene una brecha en materia de ingreso per cápita, debido a que permanece una brecha tecnológica frente a los líderes mundiales por la baja capacidad que tiene el país para adoptar y adaptar nuevas tecnologías de producción.

Este documento se basa en las recomendaciones de la misión de internacionalización, que consisten en adoptar y adapptar constantemente la
tecnología a partir de las conexiones que tenga el país con el mundo, así como, integrar la Colombia en los flujos globales de conocimiento, para acceder a la adopción tecnológica,transformación productiva, participación con eslabones de mayor valor agregado en las Cadenas Globales de Valor (CGV) y empoderamiento de las personas que pueden conectar con mayor rapidez a las empresas e instituciones con las oportunidades globales y flujos de producción de bienes y servicios.

Se busca avanzar hacia el cierre de la brecha tecnológica con un trabajo entre departamentos y nación para internacionalizar las actividades productivas de las regiones y aumentar la productividad, las exportaciones y la inversión que redunda en la prosperidad de todos mediante la conexión del país y sus regiones a los flujos de conocimiento y producción de bienes y servicios que apoyan la tecnología moderna.

Las acciones propuestas en este documento se basan en acciones que promuevan la internacionalización en cinco ejes estratégicos:

(i) Facilitar la interacción del aparato productivo con extranjeros y colombianos residentes en el exterior para la adopción, adaptación y creación de nuevas tecnologías.

(ii) Promover el cierre de la brecha tecnológica de las empresas colombianas y el aumento de su productividad a través de esfuerzos de extensionismo tecnológico para su inserción en CGV y la atracción de IED estratégica a nivel nacional y departamental.

(iii) Mejorar las condiciones para que fluya el comercio exterior de bienes y servicios como medio para el cierre de la brecha tecnológica del país.

(iv) Fortalecer el papel del ecosistema de innovación en la adopción y adaptación de la tecnología para incrementar la productividad y el desarrollo de nuevos mercados y productos.

(v) Fortalecer los marcos institucionales para la internacionalización mediante la consolidación del diálogo región/departamento con el Gobierno nacional, y entre las diferentes entidades del orden nacional.