Jue.Jul.16 Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías, las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías, las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones

En las consideraciones de este decreto se regisra la recomendación de la OCDE en la cual se requiere ajustar la normativa para no limitar la adecuada diversificación de los portafolios de inversión que impidan la gestión para el calce del balance, (asset-liability matching) o establecer regulaciones que impidan el uso de técnicas aceptadas para el manejo de los riesgos de portafolios de inversión, así como las del del Banco Mundial sobre la importancia de contar con un conjunto amplio de herramientas para la construcción de portafolio y las señaladas por la Misión del Mercado de Capitales en atención al principio de persona prudente en cuanto a la regulación de estos regímenes de inversión.

Adicionalmente, se ha identificado la necesidad de generar una propuesta normativa que flexibilice los regímenes de inversión y contenga criterios de gestión encaminados para lograr mejores retornos para los afiliados.

Que el tamaño, niveles de diversificación y el desarrollo de la industria de los administradores de activos permite que se dé mayor autonomía en el manejo de los límites establecidos en reglamentaciones anteriores.

En atención a estas consideraciones, el decreto establece que las inversiones de capital privado que tengan por finalidad:

Invertir en empresas o proyectos productivos en los términos previstos en la Parte 3 del presente decreto o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, incluidos los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de fondos” y los fondos de capital privado inmobiliarios.

El nuevo decreto adiciona una segunda finalidad de las inversiones de los fondos de capital privado: invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, en los términos previstos en la Parte 3 de este decreto, incoporando los como “fondos de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada.

Otro de los cambios establecidos está asociado a las inversiones en infraestructura, señlando que cuando se trate de inversiones en fondos de capital privado que destinen al menos (2/3) partes a invertir o financiar proyectos de infraestructura, dichas inversiones deberán ser aprobadas por la junta directiva de la AFP garantizando que el gerente del fondo cuando haga las veces de gestor profesional y los miembros del comité de inversiones y las entidades que conforman su mismo conglomerado financiero tengan la calidad de independientes respecto a la AFP y las entidades. Si es una persona jurídica no deberá ser vinculada a la AFP.

La suma de la participación de los fondos administrados habrá de ser menor al 50% del valor del patrimonio del fondo de capital privado definido como los compromisos de capital y aportes al mismo.

Que en la financiación del proyecto de infraestructura participen establecimientos de crédito, entidades multilaterales de crédito sometidas a vigilancia por parte de una jurisdicción que sea miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Que la estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de crédito por la SFC, entidades multilaterales de crédito, internacionales y/o la Financiera de Desarrollo Nacional.

Se establece también que la Superintendencia Financiera de Colombia podrá definir, conforme a la pertinencia de los proyectos de que trata el presente numeral, condiciones adicionales a las contenidas, tales como niveles mínimos para las calificaciones de riesgo efectuadas por sociedades calificadoras autorizadas por dicha Superintendencia, entre otras.”

Las AFP pueden invertir en participaciones en fondos de capital privados constituidos en el exterior, conocidos como “fondos de fondos” incluyendo a los fondos de deuda privada (nuevo) y los fondos de capital privado inmobiliarios. Las AFP podrán adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o condición.

En cuanto a los requisitos de calificación para las inversiones admisibles se establece que la suma de los títulos representativos de deuda de emisores del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva, según su reglamento, que no cuenten con el requisito de calificación, deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites en inversiones restringidas.

Lo anterior se establece también para los fondos de inversión colectiva, salvo fondos representativos de índices de renta fija, en cuanto a los fondos balanceados del artículo del presente decreto, que no cuenten con el requisito de calificación deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites en inversiones restringidas.

En cuanto a los límites globales de inversión para el Fondo Moderado, se pasa del 10% al 15% para la suma de los activos ubicados en el exterior que pueden adquirir los fondos o esquemas de inversión, considerando exterior como todos aquellos activos cuyo domicilio o ubicación no se encuentra en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico.

Luego de establecer un límite de hasta un 20% para la suma de activos alternativos[1], señala que corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en este numeral.

En cuanto a los límites globales de inversión para el Fondo de Mayor Riesgo, se aumenta del 15% al 17,5% para la suma de los activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos o esquemas de inversión, considerando exterior como todos aquellos activos cuyo domicilio o ubicación no se encuentra en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico.

Luego de establecer en este caso un límite de hasta un 25% para la suma de activos alternativos se adiciona que corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en este numeral.

En cuanto a los límites globales de inversión para el Portafolio de Largo Plazo del Fondo de Cesantías, la aumenta hasta el 15% para la suma de activos ubicados en el exterior que pueden invertir en este portafolio, considerando exterior como todos aquellos activos cuyo domicilio o ubicación no se encuentra en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico.

Luego de establecer un límite de hasta un 20% para la suma de inversión en activos alternativos, señala que corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en este numeral.

Se modifican los límites máximos de inversión por emisión, donde ya no se establece un porcentaje específico (era del 30% de cualquier emisión de títulos) sino que no se podrá invertir un mayor porcentaje del fijado por la Junta directiva como límite máximo para procesos de emisión en la Política de Inversión, junta que deberá contar con las recomendaciones del comité de riesgos de inversiones, con las excepciones que ya habían sido señaladas en el decreto previo. Se añade que lo dispuesto en este inciso aplica para las operaciones efectuadas tanto en el mercado primario como secundario.

También deja de establecerse un porcentaje específico en el caso de la inversión en fondos de inversión colectiva cerrados (antes era de máximo el 50%), sino que no se podrá invertir un mayor porcentaje del fijado por la Junta directiva como límite máximo para procesos de emisión en la Política de inversión, junta que deberá contar con las recomendaciones del comité de riesgos y de inversiones.

Se incorpora la disposición anterior también para los Fondos de Capital Privado, es decir, la AFP, con la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias, no podrá mantener una participación que exceda el porcentaje fijado como límite por la Junta Directiva en la Política de Inversión y deberá seguir las recomendaciones del Comité de riesgos y de inversiones.

En cuanto al límite de concentración de propiedad accionaria, si bien mantiene hasta el 10% la restricción a invertir en acciones de una sociedad, ya no establece porcentajes específicos para el caso de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, (BOCEAS), señalando que esta no podrá invertir en los BOCEAS en circulación de una sociedad, un mayor porcentaje que el fijado como límite por la Junta Directiva en la Política de Inversión y deberá seguir las recomendaciones del Comité de riesgos y de inversiones.

En cuanto a los límites globales de inversión para el Fondo Especial de Retiro Programado, se establece hasta un 10% para la suma de los activos alternativos pero corresponde a la Junta Directiva de cada AFP determinar en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en la norma.

En cuanto a las inversiones restringidas son los títulos representativos de deuda de emisores del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva descritos en los subnumerales que no cumplan con el requisito de del presente decreto.”

En cuanto a las inversiones admisibles de las reservas técnicas, se establece la posibilidad de invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, en los términos previstos en la Parte 3 de este decreto, adicionando los conocidos como “fondos de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada.”

Específica, para el caso de infraestructura, que cuando se trate de inversiones en fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a invertir o financiar proyectos de infraestructura, dichas inversiones en los fondos de capital privado deberán ser aprobadas por la Junta Directiva de la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, órgano que al momento de realizar la inversión y durante la vigencia de la misma deberá garantizar los requisitos establecidos en esta resolución garantizando que:

1. El gerente del fondo de capital privado cuando haga las veces de gestor profesional, o el gestor profesional, según sea el caso, y los miembros del comité de inversiones tengan la calidad de independientes respecto de la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, y las entidades que conforman su mismo conglomerado financiero.En los casos en los que el gestor profesional sea una persona jurídica, el mismo no deberá ser vinculado a la entidad aseguradora o sociedad de capitalización.

2. La suma de las participaciones de las reservas técnicas y recursos propios de la entidad aseguradora o de la sociedad de capitalización sea menor al cincuenta por ciento (50%) del valor del patrimonio del fondo de capital privado. Para la aplicación de este límite deberá tenerse en cuenta la definición de vinculado contenida en el artículo  del presente decreto y entenderse como patrimonio del fondo de capital privado el valor total de los compromisos de capital y los aportes al mismo.

3. Que participen en la financiación del proyecto de infraestructura establecimientos de crédito, entidades multilaterales de crédito y/o entidades de crédito internacionales, estos últimos estén sometidos a vigilancia comprensiva y consolidada por parte de una jurisdicción que sea miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

4. Que la estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades multilaterales de crédito, entidades de crédito internacionales y/o Financiera de Desarrollo Nacional.

A diferencia de lo establecido en el decreto 2555, estas exigencias se precisan para las reservas técnicas y recursos propios de la entidad aseguradora y se precisa que los proyectos de infraestructura que hagan parte de estas inversiones deben contar con la financiación de establecimientos de crédito, entidades multilaterales y/o de crédito internacionales y que la estructuración financiera del crédito haya sido llevada a cabo por parte de establecimientos de crédito vigilados por Superfinaciera, Multilaterales o la FDN.

Para la inversión de las reservas técnicas, se adicionan además de los fondos de fondos y los fondos de capital privado inmobiliario, los fondos de deuda privada.

Finalmente, se establecen los requisitos de calificación para las inversiones admisibles, en los casos de fondos de inversión colectiva, activos en el exterior, activos alternativos, y cambios en los límites globales para compañías de seguros generales y sociedades de capitalización en el caso de inversiones en exterior y activos alternativos. Establece los límites máximos de inversión por emisión, de concentración de la propiedad accionaria que generan estas inversiones.

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-135471%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

[1] SE definen como fondos de inversión, empresas de capital de riesgo, bienes inmuebles, materias primas y acciones de empresas no cotizadas

Mié.Jul.15 Salud. Proyecto de decreto publicado el 7 de julio para comentarios “Por medio del cual se reglamenta el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020” 

Salud. Proyecto de decreto publicado el 7 de julio para comentarios “Por medio del cual se reglamenta el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020”

En las consideraciones del decreto se establece que en atención a las funciones de la ADRES, el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 237 del Plan de Desarrollo sobre los acuerdos de pago en el sector salud y su posterior reglamentación en el decreto 521 de 2020 (presentado en tres de nuestros boletines anteriores), la resolución 618 del Minprotección, todos asociados a criterios y plazos asociados al saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con el sector no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo.

En particular, el PND establece que para financiar los valores aprobados en el mecanismo de saneamiento definitivo, estos serán reconocidos como deuda pública y podrán ser pagados con cargo al servicio de deuda pública del PGN o mediante operaciones de crédito público.

Que en el marco de la emergencia económica, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Minsalud y Protección Social, las entidades recobrantes y la ADRES podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro que cumplan los requisitos establecidos en las normativas mencionadas.

Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, plazos y condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago entre la ADRES y las EPS para su posterior reconocimiento y pago como deuda pública por parte de la Nación-Minhacienda.

El decreto aplica para el Minprotección, la ADRES, las EPS, IPS y proveedores, estableciendo unas reglas para la suscripción de acuerdos de pago parcial:

• Los acuerdos de pago parcial celebrados con entidades recobrantes que manifiesten su voluntad para el efecto, contemplarán la obligación de culminar el proceso de saneamiento definitivo y firmar el contrato de transacción en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 521 de 2020.
• El acuerdo de pago parcial entre las partes deberá especificar que las obligaciones de pago por parte de la ADRES serán exigibles una vez se cumplan con los plazos y condiciones establecidas en este decreto.
• El valor de los acuerdos correspondiente al 25% del valor radicado será consolidado mediante uno o varios actos administrativos expedidos por ADRES, quien certificará el valor recobrado por cada EPS y el pago equivalente al 25%.
• La ADRES tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría posterior para la verificación de la información proporcionada.
• Las resoluciones que reconocerán el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como deuda pública serán expedidas por Minhacienda-DGTCP-.
• En caso de que se presente un exceso en el valor girado a la EPS este deberá ser reintegrado a la ADRES en los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del resultado de la auditoría.
• El valor de los acuerdos será registrado como un pasivo en la Contabilidad de la ADRES.

Plazos y condiciones para el reconocimiento como deuda pública por parte de la Nación-Minihacienda:

1. Las EPS deberán allegar los soportes para realización y distribución del giro directo de los recursos al beneficiario final dentro de los 2 días siguientes al cierre de la radicación del mecanismo de saneamiento.
2. La ADRES podrá suscribir acuerdos de pago parcial para atender el pago hasta el último día hábil de cada mes.
3. Los actos administrativos que consoliden los acuerdos de pago serán expedidos y comunicados por la ADRES al Minhacienda-DGCTN- dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior.
4. El Minhacienda-DGCTN- expedirá las resoluciones de reconocimiento de deuda pública y girará los recursos a la ADRES.
5. La ADRES una vez reciba los recursos y dentro de los 5 días siguientes a la expedición de reconocimiento realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos.
6. Si hay excedentes entre el valor de lo girado por la ADRES y lo girado por Minhacienda, estos se reintegrarán a la DGGTN en los cinco días hábiles al recibo de los recursos a la cuenta.

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-136850%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Mar.Jul.14 Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2)  

Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2)

Resultado fiscal de las entidades regionales y locales

El documento establece que en “2020 se estima que en conjunto las administraciones centrales de las entidades territoriales y el sistema general de regalías SGR presenten un resultado fiscal deficitario de 0,9% del PIB, producido por un doble choque en ingreso y gasto tras la emergencia actual”. En el cuadro se observa que el déficit pasaría de 4,2 a 9 billones de pesos lo que representa un cambio del -0.4% del PIB al -0,9.

Se proyecta que al igual que el nivel central, las administraciones locales sufrirán un doble choque debido a la emergencia sanitaria y económica, con una caída del 17% en los ingresos tributarios (30% de los totales) a consecuencia de la caída de la actividad económica (menor recaudo de ICA, predial, combustibles y licores) y las posibles reducciones en tarifas y diferimientos de impuestos territoriales generadas en los decretos 461 y 678 de 2020 (reseñados en nuestros boletines normativos).

Señala el documento que la caída hubiera sido mayor de no ser por la cesión del 100% del recaudo de la sobretasa de ACPM durante la mitad de 2020 y 2021. Si bien es estima una contracción en el gasto por ser el primer año de las administraciones locales, la caída será menor a la tradicionalmente tendencia de superávit observada en los años anteriores.

El Ministerio de hacienda proyecta una caída del recaudo de regalías del 28% frente a 2019 y un nivel de gasto ligeramente menor al de 2019, lo cual redunda en un déficit del SGR de 332mm. Esta caída se explica por la reducción en precio y producción estimados para el petróleo, que llevará a ubicarse a este rubro en 0,6% del PIB.

Proyecta una caída del 7% de los ingresos totales de regionales y locales en 2020 atenuada por un incremento en las transferencias del GNC a las ET, que aumentarán en 5,1% vía transferencias del Sistema General de Participaciones SGP).

Se espera que los ingresos de capital se mantengan relativamente estables por los retiros del Fonpet de 1,8 billones autorizados para las entidades territoriales, cuyo pasivo pensional representará, a finales de 2019 una cobertura igual o superior al 80%), lo que compensará los menores ingresos financieros producto de menores tasas de interés, y reducciones de las transferencias de excedentes financieros como medida de las empresas territoriales ante eventuales deterioros en su liquidez.

El documento destaca que pese a la ampliación del déficit fiscal de 0.5pp del PIB frente al 201, la disciplina fiscal de las ET en las últimas dos décadas les permitirá a los gobiernos locales enfrentar la emergencia en una posición fiscal sólida.

Estas entidades presentan una importante tenencia de activos financieros líquidos internos del 2,6% del PIB, de estos los que no están respaldando ningún tipo de compromiso o exigibilidad previa son el 0,7% del PIB, a los que se suma el superávit fiscal de caja histórico del SGR que en 2019 acumulaba niveles superiores al 2% del PIB, sin considerar los recursos del FAE. Estos activos líquidos financieros han sido acumulados por las entidades territoriales gracias al a generación de superávits primarios constantes en los últimos años. Estos recursos son una fuente de financiamiento no convencional de menor costo y no respaldan obligaciones que deban ser cubiertas en el corto plazo.

Se espera que las entidades realicen alguna desacumulación de activos y adquieran financiamiento con el sistema financiero local y entidades multilaterales. El decreto 678 de 2020 prevé la suspensión de las reglas fiscales de las entidades territoriales asociadas a los límites de gastos de funcionamiento, así como de los indicadores para la contratación de deuda pública incluidas en las normas.

El Decreto Legislativo 678 de 2020 indica que, para efectos de ejecutar proyectos de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica, las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito público durante las vigencias 2020 y 2021, siempre que su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere el 100%. Adicionalmente, que, para estos efectos, no será necesario verificar el cumplimiento de la relación intereses/ahorro operacional contemplada en el
artículo 2 de la Ley 358 de 1997.

En cuanto a las empresas del orden territorial, se estima que con la reducción en los ingresos totales del 7,1% en este subsector sea parcialmente compensada por una caída en los pagos de capital, asociado al ciclo político de las ET y al aplazamiento de la ejecución de obras como consecuencia de la coyuntura.

Se espera que las necesidades adicionales de liquidez sean cubiertas por la línea de crédito directo, establecida por el Gobierno Nacional a través de Findeter, para el acceso al crédito de las empresas de servicios públicos domiciliarios con tasas de interés subsidiadas, por lo que no se estima un incremento en gastos financieros por dicho concepto.

Respecto a la dinámica para 2021, se espera una mejora notoria en el balance pro el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios y las regalías frente a 2020, que contribuirá a reducir el déficit en el sector de regionales y locales y a su vez el agregado del balance del Sector Público no Financiero -SPNF-.

El menor retiro de ahorros en 2021 respecto a 2020 contribuirá positivamente a reducir el déficit en sectores como el de seguridad social. En particular se espera que aumenten los rendimientos del portafolio del Fonpet y menores retiros.

Las entidades territoriales partirán de una base afectada por los resultados de 2020 y en 2021 los ingresos de las entidades territoriales caerán como proporción del PIB. Sin embargo, Se espera un crecimiento de los ingresos tributarios del 15,2% mientras las regalías crecerían 12,2%, por la mayor actividad empresarial y la recuperación de los precios de petróleo. Serán ingresos adicionales el porcentaje que el gobierno central cedió del recaudo del ACPM que estará vigente también en 2021. Se espera crecimiento de las transferencias del SGP, pero una reducción de los ingresos de capital por las menores utilidades de las empresas propiedad de las entidades territoriales en 2020.

Todas estas tendencias de ingreso resultan en un crecimiento del ingreso total del 7.5% anual, generando una reducción de 0.3pp de los ingresos como proporción del PIB.

Para los años siguientes al 2021, el MFMPL estima que el balance de las administraciones locales será deficitario hasta 2023 (en cerca del 0.3% del PIB) y superavitario desde 2024 y se registrará un cambio en los balances de las entidades territoriales derivado del acto legislativo que modificó el sistema de regalías -SGR- en 2019.

Este Acto Legislativo determina que de los ingresos corrientes del SGR, se destinarán 25%, para las entidades territoriales productoras, de los cuales 5% exclusivamente para municipios; 15% para los municipios más pobres del país; 34% para los proyectos de inversión regional; 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas; 10% para la CTeI; 2% para el funcionamiento; 1% para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control; y el restante para transferencias al Fonpet y el ahorro del sistema en el FAE.

Lun.Jul.13 Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (1)

Gobierno- Las entidades territoriales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (1)

Teniendo en cuenta que las entidades territoriales reciben y aportan recursos a la ejecución de los planes de desarrollo y la financiación del déficit, y que una parte de las decisiones que se están tomando durante la coyuntura Covid 19 cambian la dinámica, utilización o transfieren recursos a las regiones, presentamos algunos aspectos asociados a las entidades territoriales que tienen impacto en los balances sectoriales y generales del gobierno y que se analizan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En cuanto al balance fiscal 2019, el MFMPL registra que el déficit fiscal del Sector Público Consolidado (SPC) fue del 2,9%, cifra en la que contrasta la mejora del balance en el Gobierno Nacional Central y el Banco de la República con el del sector de regionales y locales, que tuvo un deterioro del resultado fiscal del 0.9pp del PIB frente al 2018 al pasar de ser el 0.6% del PIB en 2018 a -0,4% en 2019. Este deterioro se explicó en el aumento de la inversión por el último año de las administraciones locales. En el siguiente cuadro se observa el Balance Fiscal del Gobierno General -GG-.

Así mismo, mientras el Gobierno Central logró consolidar en 2019 una senda decreciente de su déficit fiscal, el balance fiscal de las entidades territoriales se deterioró como consecuencia de la aceleración del gasto de las entidades territoriales 2016-2019. El cuadro revela que mientras en 2018 se registró un superávit de 5,4 billones de pesos, en 2019 esta cifra se redujo a un déficit de 3,8 billones en 2019.

La aceleración del gasto se vio tanto en los gastos de capital, como en los gastos operativos de inversión social (en 51,7% y 12,7% respectivamente). Los ingresos nominales crecieron 8,4% situando el déficit en niveles cercanos a los de 2015 (fin de administraciones anteriores) cuando se ubicó en 0,5% del PIB.

En el sector de seguridad social, por cuenta del Fondo de Pensiones Territoriales Fonpet y el rendimiento de su portafolio el saldo al cierre de 2019 correspondió al 5,2% del PIB.

Señala que la deuda bruta del GNC y regionales y locales creció en conjunto 1 punto del PIB, señalando una reducción en los activos totales como resultado del proceso por que fueron utilizados para cubrir el déficit en las entidades territoriales.

En lo asociado a la participación de las entidades territoriales en el Sector público no financiero SPNF, se destaca que EPM presentó una ligera disminución de su deuda emitida en bonos internos en 246,3 mm.

En cuanto al balance fiscal 2020, el documento estima que el gasto del Gobierno crecerá 4.1% contribuyendo con 0.6pp al crecimiento del PIB, por la ampliación esperada del déficit del GNC y de las entidades territoriales, las que experimentaran un deterioro en su balance fiscal.

Con el fin de garantizar la prestación de los servicios requeridos para la atención de la emergencia sanitaria, se incrementó sustancialmente el total de recursos destinados al sistema de salud en esta vigencia. Este aumento se financiará con los recursos del FOME (Fondo Creado para financiar los gastos de la contingencia COVID-19 y financiado con recursos del FAE, el FONPET y los TDS).

Los recursos del FOME para el Sector Salud ascienden a 7,3 billones de pesos, 5,6 para el componente de aseguramiento (mayores gastos por atención en salud e incapacidades) y 1,7 billones destinados a la ampliación de la oferta de servicios de salud así como 45 mil millones para el fortalecimiento de la salud pública e institucional entre estos los laboratorios en las entidades territoriales.

Entre las medidas establecidas en el marco de la emergencia también se facultó a las entidades territoriales para establecer alivios tributarios sobre los impuestos administrados por los gobiernos departamentales y municipales.

Uno de los hechos que ha generado la sobreviniente necesidad de recursos generada en la contingencia Covid-19 es la utilización de los recursos de fondos de entidades territoriales y de la seguridad social que no están respaldando obligaciones en el corto plazo. En particular, parte de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE-, del Sistema General de Regalías -SGR- y del Fondo de pensiones de entidades territoriales, fueron prestados al gobierno central para financiar los gastos en salud, los apoyos a la población vulnerable y los subsidios a la nómina que se han establecido. En el siguiente cuadro se registran los recursos entregados como financiación al GNC provenientes de fuentes del sector territorial.

En relación con esta financiación el MFMPL establece que “Los préstamos del GNC con los fondos públicos no comprometen su sostenibilidad ni la posibilidad de honrar sus compromisos, y sí le permiten al país reducir el costo neto de financiamiento de la emergencia.

El FAE tiene como objeto la estabilización de la inversión realizada por las regiones con cargo a las regalías provenientes de la extracción de hidrocarburos y minerales.

La legislación actual prevé que el FAE puede desahorrar máximo 10% del saldo al cierre del año anterior. En caso de que se requiera estabilización de la inversión del SGR con cargo al FAE, el fondo Los préstamos del GNC con los fondos públicos no comprometen su sostenibilidad ni la posibilidad de honrar sus compromisos, y sí le permiten al país reducir el costo neto de financiamiento de la emergencia.

En caso de que se requiera estabilización de la inversión del SGR con cargo al FAE, el fondo cuenta con el 20% de recursos frente al saldo con corte a 8 de abril de 2020 el préstamo al GNC fue del 80% del saldo). Las amortizaciones del préstamo del FAE al GNC inician en 2023, y así se asegura la articulación de potenciales necesidades de desahorro y de recursos líquidos del mismo.

En relación con el Fonpet, este fondo acumulaba $55,2 billones (5,2% del PIB) a cierre de 2019. El préstamo del GNC al Fonpet corresponde a recursos pendientes o por distribuir durante la vigencia actual administrados por el Tesoro nacional o su patrimonio autónomo, junto con sus rendimientos.

En este sentido, las obligaciones que deben honrar las entidades territoriales con cargo al Fonpet no se verán comprometidas, dado que la estructura poblacional permite prever que el Fondo no tendrá retiros importantes en los próximos años y, por el contrario, el saldo del Fondo, se proyecta, se incremente en el largo plazo.

En el balance de seguridad social se señala que se presentará un incremento extraordinario en el monto de retiros de Fonpet hacia las entidades territoriales para atender la emergencia.