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Mar. 23 de Mar. de 2021
10 estrategias 2021 en el sector energético. Dinámica normativa y acciones de política del sector energético en 2021. Viceministro de Minas y Energía en el Congreso, 9 de marzo
En esta presentación realizada a la plenaria del Senado en el marco del lanzamiento del proyecto de Ley transformación energética, se destacan 10 áreas de acción con sus hitos en este año:
En particular se destacan los siguientes hitos:
1. ENERGIAS RENOVABLES
1.Flexibilizar la regulación de conexiones que implica liberar capacidad de transporte de las redes de transmisión, con la resolución CREG 233 de 2020. Este cambio se hace para superar el obstáculo de contar con capacidad de transporte limitada de energía en el sector de cara a la entrada en operación de los proyectos de energía renovable.
2. Tercera subasta de FNCER 80% solar con inversiones donde ya están publicadas las reglas de participación y se tienen aprobados por la UPME un potencial de generación de 7260 MW en el país junto con la normativa que establece la obligación de los comercializadores incluir en su portafolio renovables no convencionales.
3. Puesta en marcha de los proyectos en la Guajira. Trabajo en la mesa interinstitucional para habilitar todo lo que se requiera para que los proyectos eólicos puedan de esta región puedan entrar en operación.
2. EXPANSION BATERIAS ALMACENAMIENTO A GRAN ESCALA
Este proyecto está en etapa de convocatoria y se espera entre en operación entre 2022 y 2023 con una generación de 50 MW, con baterías de ION litio de 7 MW y 4 MWh que ayuda a eliminar restricciones en la red. Otros esfuerzos como la participación de Enel con su propia instalación de un sistema de baterías que ya está listo y operando en la planta de Termozipa.
3. MISION DE TRANSFORMACIÓN ENERGETICA
Señala el viceministro la sintonía entre las recomendaciones y acciones derivadas de la misión con el proyecto de ley que se discute en el congreso.
4. MEDICION AVANZADA
La meta en este campo es que a 2030 75% de los consumidores de energía, lo que se está poniendo en marcha con la resolución CREG 219 de 2020 y donde se define una hoja de ruta para el despliegue, unos planes de implementación, la responsabilidad de los datos y la reglamentación del GIDI.
5.NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Se tiene previsto para abril la publicación de la versión final del decreto sobre geotermia, en julio la publicación de los términos de referencia de impacto ambiental y el agosto la publicación del reglamento técnico.
En el caso del hidrógeno verde y azul, se presentó la estructuración de la estrategia para el país y el Kick-off de consultoría con la hoja de ruta, su socialización en el mes de mayor y la implementación de acciones de corto plazo en el segundo semestre del año.
En tercer lugar, está el tema de la generación de energía eólica Off Shore, donde para el segundo semestre se tiene prevista una mesa de trabajo UPME-MME para la definición de la hoja de ruta, a la concesión de guas y definir los términos ambientales y otros aspectos asociados.
6.ALCANZAR 100 MIL NUEVOS USUARIOS A 2022. Este aumento de cobertura suma el 50% a 2021, tanto en usuarios en la red de interconexión como con páneles solares. En gas combustible se tiene la meta de llegar a 250 mil usuarios.
7.MOVILIDAD SOSTENIBLE.
La meta a 2030 es contar con 600 mil vehículos eléctricos. Se está trabajando en procesos como la estandarización, las estaciones de carga, en marcha la regulación del auto-GLP y se tendrán las mezclas a B12 para el 31 de marzo de 2021. Las mezclas de biodiesel al 20% cuenta con un piloto con volqueteros en el Valle de Aburrá.
8. HIDROCARBUROS
En materia de hidrocarburos, los ejes estratégicos son el desarrollo de la exploración y producción costa afuera, la promoción a la exploración de yacimientos continentales, tecnologías de recobro mejorado y yacimientos no convencionales, contando en este momento con reservas para 6.3 años.
9.MASIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y AUTOGENERACIÓN
Se está desarrollando un CONPES y se están desarrollando varios incentivos que se están desarrollando y cambiarán la forma en que se distribuye la energía, para capitalizar sus beneficios por medio del uso de la medición avanzada, de la autogeneración, los cambios en el comportamiento del consumo de energía, optimizar el uso de recursos energéticos, la utilización de vehículos eléctricos como estrategias de movilidad y la habilitación de una red digital.
10. POLÍTICA PUBLICA DE TRANSFORMACION ENERGÉTICA
En esta política se están analizando propuestas para dinamizar los mercados y aumentar la calidad de vida con la misión de transformación energética
Esta misión se concentra en el análisis y diseño de mecanismos que permitan mayor participación e información en el mercado, con acciones para garantizar el abastecimiento de energía, mejoras en el mercado de corto y mediano plazo con despacho intradiario, nodales y MAES, sofisticar el diseño de la tarifa para dar señales a todos los usuarios del sistema, evolución de la red de distribución en una plataforma eficiente con acceso abierto para nuevos recursos y tecnologías, la participación de nuevos recursos en la bolsa de energía y los mercados de largo plazo.
Otros de los objetivos son los asociados al suministro de gas la planeación eléctrica, la centralización de fondos, las estrategias para la focalización de subsidios a la población, nuevos agentes, servicios y modelos de negocio, así como el fortalecimiento de las entidades de supervisión.
https://www.youtube.com/watch?v=S56yH3G_YcI&t=2860s
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Mar. 23 de Mar. de 2021
Primera sesión convocada por el MME con una propuesta de reglas asociadas a la subasta de energías renovables 2021, 15 de marzo 2021.
Hay un proyecto de resolución que realiza ajustes al mecanismo de subasta de contratación de Largo Plazo, que se espera se haya realizado al cierre del año.
Se presentan los incentivos del plan Nacional de Desarrollo, donde se modificaron los incentivos de la ley 1715 para el fomento a las FNCER con ejemplos como la extensión de la deducción del IVA de 5 a 15 años por que en los primeros cinco años no se lograba materializar este beneficio.
El 10% de las compras que realicen los comercializadores de energía deben provenir de energía renovable, y que fue confirmado por la corte constitucional en febrero pasado. SE eliminó el Diagnóstico Ambiental de Alternativas lo que hace mas expedita la obtención de la licencia ambiental. En términos de proyectos en el siguiente grafico se presenta el balance:
A finales de este año y durante 2022 entrarán en operación 14 proyectos de energía renovable:
Se realizará la materialización de varios proyectos que están en la UPME y esperan la subasta para su materialización. Las razones para una nueva subasta es que los precios promedio de las anteriores subastas fueron competitivos y atractivos para los comercializadores, de 95,65 pesos por Kw/h en voluntario y de 106,66 en el complementarios, un 40% inferiores al mercado eléctrico colombiano. En segundo lugar contribuye a los objetivos del decreto 570 de 2018 en torno a la resiliencia de la matriz energética mediante la diversificación de la matriz de generación, aumentar la eficiencia en la formación de los precios por la contratación de largo plazo, el tercero es mitigar los efectos del cambio climático y el cuarto es fortalecer la sostenibilidad energética regional y reducir emisiones de gases efecto invernadero. En tercer lugar está el desarrollo del artículo 296 del PND, orientada a permitir a los comercializadores que no han logrado completar el 10% de energía renovable reglamentaria o adquirir más.
Otro de los objetivos de la subasta es contribuir a la reactivación económica por medio de la creación de 2.78 empleos por cada MW con una inversión de 3.700 millones de pesos mientras en la solar 6.67 empleos y una inversión de 3.500 millones de pesos.
Lo que se propone son las nuevas reglas de la subasta 2021, donde se incluye la nueva reglamentación sobre compras de comercializadores, donde las compras de los comercializadores sin importar el mercado al que se dirijan deben estar cubiertas en este tipo de contratos con fuentes de energía renovable. Contar con contratos de largo plazo permite a los generadores contar los cierres financieros y contar con financiación para la ejecución de sus proyectos.
Según el reporte de solicitudes de conexión de la UPME hay 99 proyectos con fecha de puesta en operación está entre octubre de 2021 y diciembre de 2022 la mayoría solares (96) y una capacidad de 4656 y un proyecto de biomasa con 25 MW. Estos son proyectos que no han sido adjudicatarios en ninguna de las subastas de 2019:
En el país, donde el mercado regulado es el 70% de la demanda (hogares y pequeños comercios), la gráfica muestra que para el 2025 se presentan porcentajes muy bajos de contratación, se resalta la importancia la importancia de contratar a largo plazo para generar una prestación eficiente del servicio. Los porcentajes de contratación para la demanda no regulada son mayores que los de la demanda regulada, por lo que hay potencial en este segmento teniendo en cuenta que los precios por Kw/h son mayores a los de la demanda no regulada, y que actualmente son contratos a 5 años es importante lograr plazos mayores de contratación en este segmento para impulsar la eficiencia en términos de precios y favoreciendo los cierres financieros de los proyectos.
Respecto al potencial de demanda en la nueva subasta se estima que se podría estar en una participación entre el 15 y 20 de la demanda no regulada y entre el 15 t el 45% de la regulada, que esta gráfica muestra que estarían sin cubrir en 2025 y están entre las líneas rojas de la siguiente gráfica:
Los cambios en la subasta se dan por que se dio una baja asignación en el bloque 3 (entre las 6 pm y las 12 am) bloque horario donde se concentra la mayor demanda del sistema en un horario donde los precios son más altos. Como lograr que el mecanismo promueva una mayor asignación en el bloque 3.
Algunos participantes tuvieron dificultados para constituir las garantías de seriedad bancarias, en esta subasta se facilita este proceso para incentivar la participación de compradores y vendedores.
En la ruta de incentivar la inversión y generación de empleo calificado y no calificado para lograr la reactivación económica se encontró una serie de proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables que aún no han tenido asignación de obligaciones de energía en ninguna de las subastas tanto en cargo por confiabilidad como de contratación de largo plazo y podrían apalancarse con los contratos a largo plazo resultantes de esta subasta.
Los conceptos aprobados por la UPME que entrarían en operación entre octubre de 2012 y dic 2022, en naranjas los conceptos que no dependen de la expansión de la red y en naranja oscuro los que están supeditados a algún tipo de expansión de red. Hay 3800 MW de energía solar fotovoltáica que podrían estarse apalancando con esta subasta.
Propuestas de mejora en consideración desde el 3 de marzo
Garantía de seriedad podrá provenir también del mercado asegurador en la próxima subasta de energías renovables, a realizarse en 2021 en el siguiente cronograma que consta de modificación de las reglas, cronograma y adjudicación en octubre de 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=BBr1TSLBq1I&t=115s
Coyuntura normativa
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Mar. 23 de Mar. de 2021
Cronograma de la próxima subasta de energías renovables Primera sesión convocada por el MME con una propuesta de reglas asociadas a la subasta de energías renovables 2021, 15 de Marzo 2021.
La resolución que está en comentarios quedará en firme a finales de abril, donde se definirán aspectos como la fecha de suministro, el plazo de los contratos, la demanda objetivo y la opción de mecanismo complementario. La propuesta de convocatoria quedaría en el mes de junio, pero queda sujeta a la aprobación de la resolución mientas la adjudicación quedará asignada en octubre.
Las condiciones generales de la subasta son:
https://www.youtube.com/watch?v=BBr1TSLBq1I&t=115s
Toda la documentación de la tercera subasta de energías renovables 2021:
https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/1332?idNoticia=24277306
Mar.15-Mar.18 de 2021
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Lun. 15 de Mar. de 2021
Gobierno. Infraestructura. Sobre peajes y concesiones. Debate CCI. Sobre APP, Luis Fernando Mejía Fedesarrollo, Sergio Clavijo exdirector ANIF y Carlos Mario Gutierrez, gerente general de Vitransa, empresa de transporte.
Cámara Colombiana de la Infraestructura - PEAJES Y CONCESIONES EN COLOMBIA | Facebook
En los 9 proyectos de la primera ola de APP los recaudos de peajes se estiman en 19 billones de pesos y las vigencias futuras de 21 billones en vigencias futuras. Una reforma tributaria recauda en promedio entre 6 a 7 billones de pesos, lo que da cuenta la magnitud e importancia de los peajes, que se han convertido en un instrumento vital para los cierres financieros de los proyectos.
La inversión en infraestructura era del 1% del PIB principalmente pública antes de las concesiones por APP y cuando estas arrancan, la participación privada en estas concesiones permitió aumentar al 3% del PIB que se observó en la década anterior.
El plan financiero anunciado por el gobierno la semana pasada establece que el déficit fiscal en 2021 será del 8%, equivalente a 86 billones de pesos, lo que da cuenta del impacto que tendría sobre las finanzas públicas si el estado tuviera que aportar los 19 billones de pesos que hoy aportan los peajes.
Sergio Clavijo señala que, si se analiza de forma comparada, los mejores resultados en la infraestructura aérea. Se ha avanzado, pero en menor dinámica en la infraestructura vial, mientras se observa retroceso en la infraestructura portuaria, con estancamiento en la Costa Pacífica y avances en la Costa Atlántica. En el modo férreo estamos prácticamente de últimos en la región. El país se destaca a nivel mundial en el diseño de esquemas de financiación a la infraestructura según The Economist.
El impacto de Odebrecht retrasó el impacto de la infraestructura en el PIB, que se estimaba para 2019 en 0,7 puntos. Este impacto se ha postergado a los años siguientes y se proyecta ahora menor que entonces. La primera ola de concesiones 4G está teniendo un impacto de 0.14, la segunda ola de 0.13.
Involucra ahora las segunda y tercera ola de las concesiones, que incluye las concesiones para las vías secundarias y terciarias. El desafío es no dejar rezagar la segunda y la tercera ola. La ley de hierro de la infraestructura señala los tiempos en el mundo se multiplican por tres y los presupuestos se multiplican por dos. Las necesidades de financiamiento de infraestructura son muy grandes.
Son temas muy demandantes que exigen financiamiento e ingeniería de detalle. Las necesidades del mundo emergente en materia de financiamiento son monumentales. China e India invierten entre el 5 y 8% del PIB para infraestructura de todo tipo frente a Colombia con 2 puntos al debe. Se observa como China se autofinancia mientras Colombia hace estas inversiones con financiamiento.
Señala que en la primera ola de las 4G la mezcla de financiamiento estaba dando resultados con el 47% de financiamiento provenía de la banca local pero que tuvo el impacto de Odebretch.
En la segunda fase de 5G hasta 2025 será mas bien el mercado de capitales internacional y el local, los llamados a continuar aportando dado que los bancos locales habían señalado antes del Covid que su aporte nos sería superior al 30% frente al 47% de la primera ola. Hay que rehacer los números y mirar en el conglomerado internacional las disponibilidades de financiamiento. Identifica riesgos de financiamiento por lo que las concesiones son una alternativa al financiamiento público.
Del sector transportador, Carlos Mario Gutierrez, gerente general de Vitransa, señala que de momento se ha ganado en tiempos de viaje en los tramos terminados, pero por el momento esta ganancia en eficiencia no se logra aprovechar por que en los tramos en obra los pare y siga retrasan los tiempos de viaje. La infraestructura de servicios complementarios al transporte es una necesidad del sector con puntos de descanso para los trabajadores y aprovechando su potencial en términos de generación de actividades económicas.
Los peajes electrónicos es otro de los temas, de los 15 peajes de Bogotá a la costa, las paradas en el peaje y reductores representan cerca de dos horas para los vehículos. Mejora en la señalización de vías y programación y difusión mas anticipada de los cierres. Sería importante que los modelos financieros sean más dinámicos, los costos de peajes son el 12% de los 99 peajes que administra la ANI 4 crecieron en sus tarifas por encima del IPC.
Fedesarrollo señala la importante relación entre los índices de calidad de vida, desarrollo e infraestructura, por que generan inversión, por su encadenamiento con otros sectores, aumenta la demanda. Con base en un trabajo entregado el año pasado en donde se evaluó el estado y necesidades de los 28 proyectos que habían sido priorizados del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Los perfiles de inversión de estos proyectos en 2022, 2023 y 2024, hacer esta inversión podría generar aumentos de la inversión cercanos a 1% PIB con 60% de contribución del sector público.
Cada punto del PIB de inversión en infraestructura aumenta en 1.5 puntos porcentuales el crecimiento económico y una reducción de la tasa de desempleo de 0.6 puntos porcentuales cerca de 150 mil empleos, con un pico en 2023 y 2024 con 280 mil empleos generados por cuenta de este tipo de inversiones.
Para Sergio Clavijo, el tema de peajes, las empresas hacen inversiones en 5 a 10 años que sean inversiones con rentabilidad equivalente a una TIR del 12%, siendo la forma de cristalizar esta rentabilidad los peajes y la cobertura del mantenimiento de las vías.
Con la unidad de evaluación de riesgos, se elaboraron unos cuadros que ilustraran riesgos operacionales y contractuales detrás de la primera ola de las 4G. Los riesgos operacionales equivalen a 4 puntos del PIB de un total de 12 puntos del PIB en materia de vigencias futuras relacionadas con infraestructura. De estos cuatro puntos 1% es considerado a contingentes (por ejemplo la garantía de tráfico mínimo vehicular establecido en las concesiones).
Las tarifas de peaje pueden llegar a tener un riesgo cercano a 1% del PIB si no se reajustan al ritmo del IPC.
El tercer riesgo es cambiario, parte del financiamiento fue con recursos del exterior para atraer estos recursos se garantizó que la devaluación no estaría jugando en contra del financiamiento externo, esta cobertura dada por el Minhacienda representa el 10% de las vigencias futuras.
En términos del presupuesto, encuentra que el 0.4% del PIB son estas garantías asociadas a las vigencias futuras. Hay un margen muy estrecho para acomodar nuevas inversiones, por que ya está comprometido de un total de sector público de un total de 2% ya está jugado 0,4% en estas vigencias futuras de carácter operacional. Un aspecto del riesgo que no fue posible cuantificar por la incertidumbre es a los riesgos contractuales.
Para reducir el riesgo, los fondos de pensiones plantearon entrar a las concesiones proponiendo que ingresaban al proyecto cuando ya estuviera en operación para titularizar los peajes. Sin embargo, finamente ingresaron durante la fase de construcción exigiendo una prima de riesgo que se manifestara bajo un retorno superior al promedio.
Ellos cuentan con información de cada concesión y cálculos de VPN y si los peajes no se ajustan de la manera acordada en las concesiones estos pueden exigir les devuelvan sus recursos, quedando el estado con la problemática de ajustar peajes que no hacen viable una inversión que requiere una TIR del 12%.
Las vigencias futuras han representado entre el 7,1 y 9,5% del PIB. Para los años siguientes, Santos le dejó a la administración Duque un gasto del orden de 2,4% del presupuesto que representa en 4 años el 0,6% del PIB, por lo que la Administración Duque se encuentra comprometida debido a las vigencias futuras están comprometidas.
Las vigencias futuras han garantizado la construcción de las obras, pero que dado que el recaudo ha disminuido de 14 a 13% del PIB y que urge la reforma tributaria para aumentar en dos puntos el recaudo para responder por estas vigencias futuras que desborda en 2,4% el PGN. Es decir, el total de gasto público del país estaría bordeando 20% del PIB de los cuales 14 provendrían de tributación más 2.4% del gasto social. El impacto de las vigencias futuras se come la mitad de la asignación presupuestal en inversión.
https://www.facebook.com/203423276357478/videos/476701066707687
Mar.8-Mar.11 de 2021
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Mié. 10 de Mar. de 2021
Gobierno Infraestructura. Conpes 4025. Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por USD15 Millones o su equivalente en otras monedas destinado a financiar el programa para la consolidación de esquemas de participación privada en infraestructura. Indicadores del sector y aspectos generales.
En atención a consolidar las capacidades del Gobierno para promover esquemas de participación privada, el presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el concepto favorable a la Nación para contratar una operación de destinación específica de crédito externo con la banca multilateral hasta por USD 15 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar el Programa para la Consolidación de Esquemas de Participación Privada en Infraestructura, que será ejecutado por el DNP, con una operación de crédito que prevé un periodo de ejecución de cinco años que inician en el segundo semestre de 2021 hasta el primer semestre de 2026.
El documento establece que para alcanzar un nivel competitivo en infraestructura se requieren logar valores de inversión en el sector superiores al 7 % del PIB en los próximos 10 años, cifra superior a la del período 1993 – 2018, de 5.44%.
Programa para la Consolidación de Esquemas de Participación Privada en Infraestructura para Colombia tendrá tres componentes:
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Fomento de la participación privada;
-
Fortalecimiento de entidades públicas potencialmente concedentes; y
-
Fortalecimiento técnico e institucional del DNP.
El documento destaca el resultado de las más recientes evaluaciones efectuadas por organismos internacionales, como la de The Economist Intelligence Unit con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que evaluó en 2019 el entorno para las APP en América Latina y el Caribe (Infrascope), en donde Colombia obtuvo el mayor puntaje entre los países evaluados en materia regulatoria y la evaluación de 2018 del Banco Mundial en la cual se midieron las condiciones en 135 países para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de APP, y en donde Colombia ocupó el segundo lugar, después de un empate del primer lugar entre Reino Unido y Australia.
Pero señala también que a pesar de los grandes resultados en sectores como el de transporte, con el Programa de la Cuarta Generación de Concesiones (4G) y el Programa de una Quinta Generación (5G) en estructuración, otros sectores, especialmente los sociales, como salud, educación, primera infancia, justicia, agua potable, entre otros, han presentado pocos avances, aun existiendo en ellos una gran brecha de inversión en infraestructura.
De hecho, según el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas (RUAPP), a diciembre de 2020 en el país se han adjudicado 37 proyectos bajo esquema APP, de los cuales 34 corresponden al sector de transporte, 1 a salud, y 2 a edificaciones públicas y renovación urbana. Esta disparidad se mantiene también a nivel de proyectos en evaluación (308), en donde el 42,5 % corresponden al sector transporte, el 19 % a renovación urbana, menos del 12 % a agua potable y saneamiento básico y el restante 26,5 % se distribuye en otros sectores como educación, salud, turismo, deporte, agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, entre otros, en proporciones inferiores al 5 % cada uno.
Aún en infraestructura las inversiones se requieren para nuevos proyectos y el mejoramiento de la calidad de la infraestructura. Con 8.639 km de carreteras pavimentadas en Colombia, de las cuales sólo el 54,14 % se encuentran en buen estado, mientras que 2.246 km de carreteras se encuentran sin pavimentar y solo el 7,61 % son consideradas buenas carreteras (Instituto Nacional de Vías, 2019).
Lo anterior, sumado a las dificultades con la gestión predial, social y ambiental, que retrasan los proyectos en ejecución, y a las necesidades de nuevas fuentes de pago, ubican al país por debajo de países como Brasil y Perú (Emis, 2020) en temas de calidad de infraestructura carretera.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4024.pdf
Sector de la semana
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Mié. 10 de Mar. de 2021
Gobierno Infraestructura. Conpes 4025. Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por USD15 Millones o su equivalente en otras monedas destinado a financiar el programa para la consolidación de esquemas de participación privada en infraestructura. Justificación técnica, rezagos por sector.
Se argumentan tres razones, asociadas los rezagos en infraestructura, la baja capacidad institucional y la falta de capacidad del DNP para el cumplimiento de sus obligaciones normativas.
En el primero, los rezagos en infraestructura, se realiza un balance de la infraestructura en varios sectores:
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Salud |
Agua potable y saneamiento básico |
Justicia |
Educación |
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Baja capacidad instalada en camas de 1.8 frente a 1.9 del promedio de América Latina, el 3.3 en el promedio mundial y 4.7 en la OCDE. La inversión requerida para aumentar la capacidad de 87.800 camas que existen actualmente a unas 162.300 camas y llegar al promedio mundial y mejorar la red existente, |
En el sector urbano las coberturas están cerca al 98% en acueducto y del 92,4% en alcantarillado. Pero en sector rural son de 75% en acueducto y alcantarillado y de 45% en aseo. * 12 % de la población total con servicio en el país, es decir unas 3.800.000 personas, aún reciben agua con algún nivel de riesgo, es decir agua no apta para el consumo. Pérdidas de agua del 40%. El tratamiento de aguas residuales está en torno al 42,6%, aunque reporta una mejora desde 2004 cuando era del 9,4%. Solo existen esquemas de aprovechamiento de residuos en 53 municipios del país incluidas las 19 ciudades capitales. |
Hacinamiento carcelario se encuentra en el 50%. Con poca capacidad y obsolescencia de la infraestructura. |
Meta del plan de desarrollo de construir 25 mil aulas e implementación de jornada única del 100%. |
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Transporte Urbano |
Transporte y logística |
Fluvial y Férreo |
Agropecuario |
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Disminución de la demanda principalmente por falta de cobertura, aumento en tiempos de espera, ilegalidad y motorización: Con el fin de dar respuesta a estos requerimientos y de minimizar la congestión, contaminación y siniestralidad generados por los sistemas de transporte masivo, el Gobierno nacional ha comprometido 49,4 billones de pesos (2017) para la implementación de siete SITM, ocho SETP y dos sistemas férreos repartidos por territorio. |
El impacto del Programa de concesiones viales 4G ha contribuido con la reducción de la brecha, sin embargo, dado su reciente desarrollo y que no se ha concluido su construcción, su impacto económico no se ha materializado completamente y Colombia aún presenta rezagos en indicadores de calidad de infraestructura en todos los modos de transporte. |
La red férrea que cuenta con más de 3.300 km no ha obtenido aun los recursos suficientes para su reactivación integral. De igual forma, los 18.225 km de red fluvial navegable son subutilizados, debido a la baja inversión pública (DNP). |
Ocde recomienda reevaluación de las inversiones públicas en el sector, para que incluyan perspectivas de financiación a más largo plazo, I+D en el sector, mejor uso de las TIC y otras como la biotecnología, la nanotecnología. |
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Turismo |
Vivienda |
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Insuficiente desarrollo de la infraestructura terrestre, portuaria y ambiente de negocios. Insuficiente conectividad aérea. Escasa capacidad de las regiones para contar con infraestructura que apoye el manejo hídrico, sanitario y ambiental requerido para soportar la dinámica turística. |
En 2017 el déficit habitacional alcanzó un total de 1,68 millones de hogares urbanos y 1,59 millones de hogares rurales. En el sector rural del déficit cualitativo de vivienda asciende al 48,5% mientras en cuantitativo al 3,1%. El déficit cualitativo de vivienda urbana es el 9,8% y 5,2% el cuantitativo. |
En cuanto a la baja capacidad institucional, se menciona que aunque hay un marco regulatorio para las APP no se ha logrado extender su utilización a otros sectores, lo que se debe a la baja capacidad institucional, la alta rotación en los equipos del gobierno y a que las entidades no cuentan con los equipos técnicos adecuados para la formulación y seguimiento de proyectos que se estructuran bajo esquemas APP.
Con ello, se observa que aún existen desafíos para el desarrollo de APP, principalmente en el ámbito territorial en sectores distintos a vías; desafíos relacionados con:
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Preparación de planes maestros de inversión con enfoque de red;
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Desconocimiento de procesos de reinversión;
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Baja capacidad institucional en materia de estructuración;
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Baja calidad de diseños técnicos y gestión de proyectos;
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Falta de mecanismos que generen sostenibilidad financiera y garantías frente a los riesgos;
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Compromisos de pago de las entidades promotoras de proyectos, siendo este último punto uno de los más críticos y aquel en donde se requiere mayor compromiso por parte del sector público.
El DNP, que es una de las entidades que tiene dicho rol para los proyectos APP, no cuenta con la capacidad institucional para atender tales requerimientos no existe un equipo de planta que tenga el conocimiento y la experiencia para la atención de estas, ni ha sido viable hasta la fecha instaurarlo dentro de su estructura organizacional. Hasta el momento, estas obligaciones han sido suplidas por el equipo técnico del PAPP, programa que finaliza en el año 2021.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4024.pdf
Mar.1-Mar.4 de 2021
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Mié. 3 de Mar. de 2021
Energía-Gas. Entre el desarrollo de oferta de gas en Colombia y la planta de regasificación del pacífico. Intervención comisión V del Senado Christian Jaramillo. Presidente de la UPME. 23 de febrero de 2021.
A raíz de la presentación de Ecopetrol frente al desarrollo de la oferta de gas fuente local y la construcción de la planta de regasificación del pacífico, el director de la UPME realiza consideraciones basadas en estudios publicados a finales de 2020.
Trata de responder dos temas. La planta de regasificación y que está viendo la UPME sobre reservas. Analiza la preocupación sobre el efecto en precios de la importación de gas y en que medida beneficia el proyecto. Trata de responder una tercera pregunta sobre el análisis frente a la apuesta de gas importado sobre nacional.
La curva de color verde de arriba es la del gas que se espera sea puesto en los hogares en los próximos años. Hay que sumarle la oferta de la planta de regasificación en el norte, donde aunque el funcionamiento parece finalizar en 2026 la UPME considera que la planta seguirá mas allá.
Los escenarios de demanda de gas son la línea rosada del gráfico siguiente son la demanda usual del mercado de gas de la industria que es el 70% de la usual más el consumo pyme y hogares. En total esto da entre 1.000 y 1.100 GBTDU de consumo en el país. Pero cuando hay fenómeno del niño se suma una demanda adicional 450 GBTU casi el 50% más.
Si hay niño y no hay gas se acude a combustibles líquidos para evitar racionamiento lo que es altamente contaminante.
En cuanto a las reservas de gas, se plantean tres escenario de baja, media o alta oferta de gas local:
El escenario bajo es considerado como prudente por la UPME donde están las reservas de gas que es posible explotar en el corto-mediano plazo.
En el escenario medio se encuentran en el mercado (área verde) la materialización de las reservas contingentes de gas.
En el escenario alto, se materializan todas las posibilidades de gas pero que hay que asegurar primero que son viables de sacar. Entre los tres escenarios, la UPME opta por el escenario prudente.
Sobre la oferta y fuentes de gas concretas en el corto plazo.
Actualmente el transporte de gas se da por Cartagena, la Guajira y el llano. Para llegar a la Costa Atlántica es de la Guajira que está en declinación y al sur del país baja desde el Llano o desde la Costa son vías que son solo de bajada en el transporte de gas, con un costo de 4 dólares.
Si se construye la planta la demanda de gas de la región pacífica y centro puede ser abastecida de manera mas económica al no tener que transportarla desde la costa. El balance de gas se puede atender más gas en la costa atlántica con 5 dólares al precio o con la planta de regasificación y se ahorran estos costos de transporte. El gas importado es mas caro que el nacional off shore, pero no mas caro que el actual que vale 5 dólares transportarlo.
Si bien este es el ejercicio prudencial, el gobierno está haciendo esfuerzos en impulsar yacimientos no convencionales y Ecopetrol en la materialización del Off Shore y hay empresas que anuncian que tienen gas en el piedemonte llanero y en Córdoba y Sucre pero aún no comprometen este gas para salir a venderlo en el mercado por lo que si las empresas aún no están seguras de comprometer este gas para la UPME aún no puede contar con esta oferta y actúa previendo el escenario mas prudente. El mensaje de la UPME es que su responsabilidad es el abastecimiento de gas.
En términos de la preferencia gas nacional o importado el nacional es más barato pero por ahora no hay autoabastecimiento por lo que mientras se desarrollan las fuentes y se materializan en oferta clara y de corto plazo hay que importar.
UPME dice que por el momento las incertidumbres del gas off shore son las del costo de su extracción y en el gas on shore está claro el costo, pero hay incertidumbres jurídicas que no se resuelven aún. En todo caso, UPME considera que independiente de la fuente si tendría el mismo precio.
La planta de regasificación tiene un costo, pero hay ahorros importantes en costos de transporte y permite solventar las incertidumbres de corto plazo en términos de abastecimiento a hogares e industrias.
Mar. 2 de Mar. de 2021
Energía. Oferta no vinculante de Ecopetrol por ISA. Intervención comisión V del Senado Felipe Bayón Presidente de la compañía. 23 de febrero de 2021.
La transición energética debe ser ordenada, el negocio central de Ecopetrol de transporte, refinación y comercialización no se va a acabar. Por que la demanda global de energía continuará siendo el 35% de la demanda total en 2050 frente al 40% actual en Colombia.
Señala que la transmisión y distribución de electricidad es el protagonista en la transición energética, lo que demandará el 14% de las inversiones que harán los países en el mundo para lograr cumplir con las metas de reducción del calentamiento global. En el siguiente gráfico se presenta la estructura de las inversiones requeridas en todos los segmentos asociados al cumplimiento de estas metas.
Ecopetrol no va a dejar de invertir en petróleo y gas, se tiene un plan ambicioso plan de inversiones entre 3.500 y 4.000 millones de dólares entre 12 y 14 billones de pesos, 80% en el país para producir mas hidrocarburos y ser autosuficientes con las reservas. Tampoco va a vender activos o Cenit para financiar esta transacción.
Inversiones de USD 300 millones para gas, USD 150 millones para descarbonización y USD 200 millones de eficiencia energética, la nueva meta de incorporación de renovables a 2023 es de 400 MW y lograr ampliar la meta de reducción de emisiones a 3 millones de toneladas al 2023. Se están implementando 8 ecoparques que permitirán reducir las emisiones en 1,1 millones de dólares.
En cuanto a la transición energética de Ecopetrol es necesario incrementar la competitividad para evitar activos atrapados (reservas que nunca se exploten), la diversificación sin perder el foco petróleo y gas, acelerar la descarbonización y aspectos tecnológicos.
La oferta no vinculante para adquirir el 51,4% de la participación del ISA en el estado colombiano, lo que llevaría a Ecopetrol integrado en upstream y downstream a una compañía con que con ISA tendrá transmisión de energía a nivel regional y oportunidades de infraestructura, una empresa que es muy eficiente y trabaja muy bien.
Empresa con potencial de crecimiento muy importante con presencia en Chile, Perú y Brasil, tiene buen desempeño financiero, tiene resiliencia a la volatilidad del crudo. Se puede utilizar como plataforma de crecimiento y tiene un negocio de bajas emisiones pues ISA es carbono neutral o carbono negativa.
Uno de los factores positivos de ISA una vez sería adquirida por Ecopetrol está asociada a la combinación de un negocio con un marco estable en el tiempo para mitigar la evolución de uno mas dependiente de los precios del petróleo que fluctúan mucho en el tiempo, contribuyendo al mindstream entre el 40% y 60%, dando más estabilidad a Ecopetrol hacia adelante.
Ecopetrol tiene mecanismos para financiar la operación de compra de ISA, la empresa está haciendo una Due Diligence y el Minhacienda también está haciendo la valoración. Contempla para financiar la operación tres alternativas:
- Emisión de acciones
- Emisión de deuda
- Beneficios
En cuanto a la emisión de acciones, para Ecopetrol implica bajar la participación del 88% al 80% se conserva como mínimo el 80% y si el precio es de 14 billones podrían recibirse entre 1500 y 2500 millones de dólares.
También pueden salir a buscar deuda, el desapalancamiento de la empresa después de la coyuntura 2020 ha sido más rápida de lo esperado. Con un plan de inversiones entre 12 y 14 billones de pesos que no se afecta por la operación pues el presupuesto de 2021 se hizo con un supuesto de 45 dólares el barril Brent y hoy esta en torno a 66 dólares, excedente que permite dar ingresos adicionales para Ecopetrol dando más flexibilidad y solidez se puede financiar el programa de inversiones mencionado.
Sobre la capitalización hace un balance de la empresa después de las capitalizaciones y su efecto en la empresa. Estos ingresos han permitido aumentar reservas de petróleo y gas, los pozos en desarrollo, la producción de 385 mil a 725 mil barriles.
La carga de las refinerías pasó de 315 mil a 376 mil y se está ampliando la refinería de Cartagena para acompañar el crecimiento del país, para tener crudos en el país para refinar cada vez más gasolina y exportar. En el siguiente diagrama compara las características de Ecopetrol en los últimos años.
En cuanto al gas se considera que el potencial de producción es muy importante y puede cubrir la demanda.
Por año hasta el 2023 se invertirán en gas entre 300 y 400 millones de dólares, con actividades en el Off Shore, en la Guajira, Guaoff y Col 5 y se fortalecen los activos de la guajira y e invertir en el piedemonte llanero en Cusiana y Cupiagua porque es el área de donde viene el 60% del gas del país.
Lun. 1 de Mar. de 2021
Gobierno. Procesos de insolvencia en 2020. Cifras, empresas y conclusiones (1). Tendencias generales.
El nueve de febrero pasado la Supersociedades publicó el informe de insolvencia del año completo 2020, presentando varios aspectos de interés.
El primero es que si bien en el agregado de solicitudes comparado con los años anteriores el número de empresas que entraron en insolvencia solo aumentó en 20 cuando se había proyectado solamente desde junio hasta diciembre un promedio de 200 empresas mensuales, al procesar la base de datos suministrada por empresas por la SuperSociedades se encuentra que el número de procesos en curso estuvo cerca de duplicarse en 2020 frente a 2019.
Resultados del agregado
En el agregado del año, 1292 empresas entraron en insolvencia frente a 1272 de 2019. También se observa un crecimiento moderado de las solicitudes de reorganización (997 a 1002 en 2020) y de liquidación (27 a 290 en 2020).
La segunda conclusión es sobre Bogotá, en donde se registraron más solicitudes de insolvencia en 2019 (664) que en 2020 (630) , una tendencia que también se observó en las solicitudes de reorganización (498 en 2019 vs 484 en 2020) y de liquidación (166 en 2019 vs 146 en 2020).
En el total nacional, 895 solicitudes de las 1292 fueron de personas jurídicas, concentradas en Bogotá y Medellín con 483 y 147, mientras se registraron 84 en Cali.
También del agregado país, fueron admitidas 692 solicitudes, de las cuales 353 fueron de Bogotá, 121 de Medellín y 61 de Cali.
Aumenta número de sociedades en reorganización, en particular en Bogotá. La cifra que si registró un cambio importante de 2019 a 2020 fue la del número de sociedades admitidas en reorganización, que pasó de 486 en 2019 a 822 mientras se redujo el número de las admitidas a liquidación.
La mayor contribución a este aumento de las empresas en reorganización se dio en Bogotá, donde aumentó en 67% al pasar de 262 a 438 sociedades y a diferencia del promedio del país el número de las admitidas en liquidación creció de 78 a 107.
En el acumulado de los años, se registran 3465 sociedades de procesos de insolvencia ante la Supersociedades, de las cuales 1073 están en trámite de reorganización, 230 están solicitando llevar a cabo el mecanismo de reorganización abreviada y 94 el mecanismo NEAR1.
La generación de la solicitud de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) requiere de la intervención de varios actores de la persona natural o la sociedad solicitante, según corresponda, antes de la radicación ante la Superintendencia de Sociedades.
La solicitud podrá ser preparada por la persona natural, el representante legal, un apoderado o un asistente administrativo encargado para tal fin, posteriormente el contador de la persona natural o sociedades deberá revisar y aprobar la solicitud previamente preparada. Si la sociedad tiene revisor fiscal, este también deberá hacer la revisión y aprobación. Finalmente, la persona natural o el representante legal de la sociedad, deberá aprobar la solicitud y oficializar la radicación ante la Superintendencia de Sociedades. Todas las aprobaciones por parte de los diferentes intervinientes serán objeto de validaciones biométricas con SignApp.
Si se observa el agregado de los años por estado de la solicitud, se encuentra que de las 3465 están en reorganización 1397, en ejecución 1387, en judicial 515 y en adjudicación 146.De este agregado 1673 solicitudes se encuentran en Bogotá.
En la actualidad hay 1387 procesos en ejecución, 230 en reorganización abreviada y 1093 en trámite.
Las 3465 empresas de todos los años que en este momento se encuentran en proceso de insolvencia, representan un activo de 61 billones de pesos, un pasivo de 55 billones, y más de 161 mil empleos.
El detalle de los datos muestra un mayor impacto sobre las empresas
Como se comentó en la sección de contexto normativo, al procesar la base de datos suministrada por la SuperSociedades a nivel de empresa se encuentra que el número de procesos en curso estuvo cerca de duplicarse en 2020 frente a 2019 al pasar de 347 a 647. Esta cifra, afortunadamente, estuvo muy por debajo de la estimada por la misma Supersociedades, pero evidencia el impacto de corto plazo de las restricciones a la actividad económica impuestas a las empresas.
Este resultado se explica porque 123 empresas se acogieron al proceso de reorganización abreviada y las 31 de negociación de emergencia, mecanismos creados en el marco de la emergencia económica decretada durante la pandemia.
Aumentó también el número de empresas en liquidación judicial, que pasó de 37 en 2019 a 94 en 2020, además de las que se encuentran en liquidación simplificada, otra nueva modalidad a la que se acogieron 68 empresas.
Fuente: Cálculos EA con base en BD Supersociedades
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Lun. 1 de Mar. de 2021
Gobierno. Procesos de insolvencia en 2020. Cifras, empresas y conclusiones (2). Cifras económicas de los procesos de insolvencia.
En el siguiente gráfico se observa la evolución del número de empresas, los empleos, los activos y los pasivos comprometidos en los procesos de insolvencia en los últimos cuatro años. En el balance 2020/2019 el número de empresas pasó de 347 a 647, el de empleos de 29 mil a 33 mil, los activos de 10,4 a 21,7 billones y los pasivos de 11,2 a 19,6 billones.
Fuente: Elaboración EA con base en cifras base de datos suministrada por SuperSociedades.
En principio, estos resultados muestran que el impacto de la pandemia en el corto plazo en el empleo ha sido relativamente moderado por cuenta de los apoyos del gobierno, pero también que el tamaño de las empresas que entraron en estos procesos en 2020 fue mayor, conclusiones que se obtiene al comparar el cambio de 2019 a 2020 con el de los años anteriores.
Estos resultados llevan a realizar algunas observaciones para discusión. La primera es que el proceso inédito del PAEF permitió en el corto plazo que las empresas conservaran algunos moderando el impacto en los empleos, mas no en los activos o los pasivos.
Como se observa en el gráfico, mientras entre 2018 y 2019 estaban comprometidos más de 12 mil empleos en las empresas en procesos de insolvencia, entre 2019 y 2020 esta cifra fue de 4 mil puestos de trabajo.
En efecto, el análisis de estas cifras muestra un proceso de ajuste que ya venía gestándose en un grupo de empresas del país a raíz de la lenta dinámica de la economía global y local en la segunda parte de la década pasada.
Si se comparan las cifras de 2019 con las del período 2017-2018 y 2019, se encuentran cambios importantes en el número de empresas, empleos y activos comprometidos en los procesos de insolvencia.
Estas cifras estarían recogiendo el impacto de la desaceleración de la economía después del boom petrolero 2011-2015, con mayor efecto en el empleo que en el volumen de activos o pasivos y que evidencia el impacto de la desaceleración de la dinámica de la economía en el empleo, en particular del precario crecimiento de la economía en 2017.
Pero la diferencia con el fenómeno registrado en 2020 está en el tamaño de las empresas comprometidas en estos procesos: mientras en 2019 el promedio de activos por empleado fue de 2 mil doscientos millones de pesos, en 2020 este promedio fue de 5 mil seiscientos millones.
Las cifras de los años anteriores muestran que hay efectos que continuarán viéndose en los años siguientes, como los que se visibilizaron en 2019 a consecuencia de tres años regulares de desempeño económico global y local 2016-2018.
Estas cifras confirman lo observado anteriormente en otros análisis donde los efectos de ajustes económicos fuertes se observan a lo largo de los dos años siguientes, siendo algo más prologados en las empresas pequeñas, lo que hace pertinente continuar con el seguimiento a estas cifras en los meses venideros a fin de identificar esquemas o soluciones que puedan ser aplicadas hacia el futuro.
En lo que sigue de 2021, dos variables tendrán impacto en la exposición de las empresas a tener que entrar en estos procesos. Una tendencia positiva, asociada a la consolidación de la vacunación y la recuperación de la dinámica económica, pero una para observar asociada al impacto sobre las empresas cuando termine el PAEF.
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
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Mar. 2 de Mar. de 2021
Anuncios sector infraestructura y proyectos SECOP.
26 de febrero. Gobierno nacional recibe ocho ofertas para la construcción de la primera Concesión del Bicentenario Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali y Palmira.
Navegabilidad del Río Magdalena. El proyecto para la recuperación de la navegabilidad entre Puerto Salgar y Barrancabermeja tiente 3 fases:
- Estudios de campo y diseño del canal del estiaje
- Labores de dragado en el río
- Estructuración y ejecución de la II fase del proyecto APP
El gobierno Nacional, a través de Cormagdalena entregó los estudios que determinan intervenciones de dragado sobre el cauce del río requeridas.
Proyectos Secop asociados al sector infraestructura publicados últimas dos semanas
Lun. 1 de Mar. de 2021
Gobierno. Procesos de insolvencia en 2020. Cifras, empresas y conclusiones (3). Empresas en proceso de insolvencia 2020.
En el archivo de Excel anexo a este boletín se presentan en hojas separadas las empresas que entraron en proceso de insolvencia desde 2018 hasta 2020.
De la información 2020 y de manera general, se observa que 545 empresas con activos menores a 30 mil millones de pesos ingresaron en estos procesos, 63 reportan activos entre 50 mil y 100 mil millones de pesos y 36 registraron activos mayores a 100 mil millones de pesos.
En el grupo de las más grandes están la concesionaria Ruta del Sol por los procesos ya conocidos, pero también se encuentran Easyfly, Transtel, Recaudo Bogotá, empresas de construcción, Bioenergy, Aluminio Nacional, Sipwak edificadora, Pollo Andino, Procinal, Internacional de vehículos y John Restrepo.
Fuente: Base de datos Supersociedades corte a diciembre 2020.
En el siguiente cuadro se observa el número de empresas por sector y escala de los activos. De las 647 empresas en proceso consignadas en la base de datos de SuperSociedades, se encuentra que el 20% son empresas del sector comercio (127), 15% de la industria manufacturera (99) y 11% del sector educación (71%)
Entre los sectores que llevan más tiempo con los efectos del confinamiento como hoteles y restaurantes se registran 38 empresas (6%) y en entretenimiento solicitaron estos procedimientos 11 empresas (2%), mientras sectores como el de la salud registran 3 empresas (0, 5%).
Fuente: Elaboración EA con base en base de datos Supersociedades
Para consultar el detalle de la base puede descargar el siguiente archivo.
