Jue. 25 de Nov. de 2021

Gobierno - Telecomunicaciones. Memoria justificativa y proyecto de resolución sobre definición de topes del espectro electromagnético, publicada el 22 de noviembre.

En este documento se establece que el espectro, como recurso público y escaso, debe adecuarse a la evolución tecnológica para cubrir la demanda creciente y prestar el mejor servicio a los usuarios en servicios móviles en particular. Señala la recomendación de la OCDE en el sentido de la necesidad de promover la inversión a largo plazo en infraestructuras de banda ancha que garantice la ampliación de la expansión reduciendo el costo de despliegue.

La razón de ser de la propuesta de topes es satisfacer las necesidades establecidas en términos de promoción de la competencia, aumento en la asignación y tenencias del espectro, evitar la concentración del recurso escaso, seguridad jurídica y estimula la asignación del espectro remanente por debajo de las 3GHz y nuevas asignaciones en el rango entre 3GHz y 6GHz.

Estima que la adopción de las tecnologías 5G en América Latina se daría hacia mediados de la década, después de que se den mejoras significativas en las economías de escala de dispositivos e infraestructuras, esperando más de 62 millones de conexiones 5G para 2025.¹, y a nivel mundial se espera un crecimiento del mercado de infraestructura 5G del 118% compuesto anual entre 2018 y 2022, alcanzando 26 billones USD².

La fijación de topes es una herramienta que establece la máxima cantidad del espectro sobre el que pueden recaer los permisos asignados a una empresa prestadora de servicio, con el fin de incentivar el uso eficiente y evitar acaparamiento.

Para el caso de Colombia, se han aplicado los topes de tipo acumulativo, por grupos de bandas, que a la fecha están clasificadas como bajas y altas³. En Colombia, los topes de espectro vigentes se encuentran fijados a través del Decreto 1078 de 2015, modificado por el Decreto 2194 de 2017, que establece un tope de espectro de 90 MHz para bandas altas (entre 1710 MHz y 2690 MHz) y tope de espectro de 45 MHz para bandas bajas (entre 698 MHz y 960 MHz). Sin embargo, estos topes ya fueron alcanzados o están cerca de ser alcanzados por algunos de los principales PRST con tenencias de espectro IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales).

El desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas como Big Data, IoT, inteligencia artificial, entre otras, que tienen un gran potencial de desarrollo a través de las IMT⁴ permitirán el logro de las políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo para la transformación digital del país y los beneficios que conlleva, por lo cual una modificación de los topes de espectro, como condición de acceso al recurso es necesaria para tener en cuenta las características y requerimientos de estas nuevas tecnologías en cuanto a espectro.

Los topes de espectro en Colombia están definidos en el Decreto 1078 de 2015, y se actualizaron por última vez en 2017 mediante el Decreto 2194 del mismo año. En esta actualización se estableció que el tope para bandas bajas fuera de 45 MHz y en bandas altas de 90 MHZ.

Al realizar una revisión internacional, y según el estudio técnico realizado por la ANE, se encuentra que prevalecen seis (6) tipos de topes de espectro, como se muestra en la siguiente tabla:

En esta misma revisión internacional, se analizaron distintos países y se identificó que la tendencia prevalente es la fijación de topes por evento, por ejemplo, para una subasta y la fijación de topes acumulativos e independientes de los procesos de asignación. En el caso de Colombia el proyecto de decreto no contempla dentro de su alcance revisar el tipo de tope que se define en Colombia sino su actualización.

Las tenencias actuales en bandas bajas y altas son:

Luego de revisar los elementos técnicos, económicos y jurídicos, el Ministerio determinó la necesidad de actualizar los topes de espectro vigentes, así como la definición de nuevos topes de espectro para bandas de frecuencia por encima de los 3GHz y que no habían sido definidos anteriormente.

Los organismos internacionales clasifican las bandas de frecuencias en tres grandes grupos: bandas bajas menores a 1GHz, bandas medias entre 1 GHz y 6 GHz y bandas altas mayores a 6 GHz. Para preservar consistencia con los rangos definidos actualmente en el país se propone la subdivisión del rango de bandas medias en dos, uno comprendido entre 1 y 3 GHz y el otro entre 3 y 6 GHz para finalmente plantear los tres rangos de bandas que se presentan a continuación:

• Bandas bajas, aquellas inferiores a 1 GHz. Se cuenta con un bloque de 10 MHz en la banda de 700 MHz, el cual por las condiciones técnicas de la banda no se puede fraccionar en una cantidad menor., se propone un aumento de 5 MHz para esta clasificación, lo cual evita la concentración de espectro en este rango, genera tensión competitiva para su asignación y promueve la competencia. Esto quiere decir que la asignación mínima posible corresponde a la totalidad de estos 10 MHz.

• Bandas medias, aquellas entre 1 GHz y 3 GHz.se cuenta con una distribución de tenencias más amplia que la presentada en bandas bajas, además de contar con una cantidad mayor de espectro disponible. En este sentido, y partiendo de la premisa de que los topes no solo deben evitar el acaparamiento de este recurso escaso sino promover su asignación eficiente, se establece un aumento de 10 MHz, pasando a 100 MHz.

• Bandas medias altas, aquellas entre 3 GHz y 6 GHz. para este nuevo segmento se establece un tope de espectro con base en las recomendaciones técnicas para la explotación de la banda. Si bien la banda puede usarse con anchos de banda menores a los 80 MHz, es el rango de entre 80 MHz y 100 MHz el más indicado para ofrecer prestaciones técnicas óptimas en el contexto de IMT-2020. A partir de esto, y teniendo presente tanto la cantidad de operadores, el espectro disponible y el hecho fáctico de que no se presenta ninguna tenencia en esta nueva categoría, se define que el valor del tope sea de 80 MHz.

En atención a estas consideraciones, par parte resolutiva establece:

Artículo 1. Modificación del artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1078 de 2015. Modificar el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1078 de 2015, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 2.2.2.4.1. Tope de espectro por proveedor de redes y servicios. El tope máximo de espectro radioeléctrico para uso en servicios móviles terrestres (IMT) será de:

1. 50 MHz para las Bandas Bajas (entre 698 MHz y 960 MHz).
2. 100 MHz para las Banda Medias (entre 1710 MHz y 2690 MHz).
3. 80 MHz para las Bandas Medias Altas (entre 3300 MHz y 3700 MHz).

PARÁGRAFO. Para efectos de este capítulo, el tope máximo incluye el espectro radioeléctrico asignado en las respectivas concesiones o títulos habilitantes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, así como los permisos de uso del espectro radioeléctricos otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en aplicación de la Ley 1341 de 2009.”

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/195456:MINTIC-publica-para-comentarios-el-nuevo-proyecto-de-Decreto-que-actualiza-los-topes-de-espectro-y-habilita-la-asignacion-de-espectro-para-5G

Mié. 24 de Nov. de 2021

Gobierno - Energía-CREG. Rendición de cuentas 2020-2021 (1). 23 de Noviembre de 2021. Medidas tomadas en 2021 sobre energía en Generación.

En el sector energía la CREG se encarga de expedir las normas que aseguren la adecuada prestación de los servicios de energía eléctrica, gas natural, GLP y recientemente asumió también estas funciones para el caso los combustibles líquidos (Gasolina Motor, Diésel, Fuel Oil, Gasolina de aviación para motores de pistón Avigas, Combustible de aviación para motores tipo turbina Jet A1, Queroseno)

El comisionado Jose Fernando Prada destaca las decisiones más importantes que se han tomado este año en torno al mercado mayorista de energía y el cargo por confiabilidad.

1. Esquema de auditoría de información de costos de suministro y de transporte de combustibles declarados por los agentes generadores, que es importante para que los usuarios tengan certeza que lo que los usuarios pagana a la generación como costo de energía por la generación que a ellos se entrega por condiciones de seguridad del sistema corresponda al costo que ellos están asumiendo.

2. Propuesta de modernización el mercado mayorista. Es una de las reformas más importantes que ha tenido el mercado en los 25 años de funcionamiento para modernizar el mercado para que este listo para el futuro;

1.Integración de energías renovables,

2.Digitalización

3.Introducción de nuevas tecnologías y nuevos agentes, preparándonos para el mercado del futuro

Para esto se están actualizado y revisando de las reglas de funcionamiento del mercado de energía en tres aspectos:

2.1.Despacho vinculante

2.2.Mercados intradiarios

2.3.Servicios complementarios

Se está poniendo a punto la propuesta de modernización que será sometida a consulta del mercado la que va a ser resolución 143 de 2020.

3. Se adoptaron nuevas reglas para el registro de agentes ante la ASIC y el LAC que son los administradores del sistema de intercambios comerciales. Estas reglas definen condiciones para la suscripción de pagarés y la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo lo que es importante para asegurar el registro y el buen funcionamiento del mercado y evitar riesgos en la compra y venta de energía.

4. Se hicieron ajustes al CROM que es la capacidad de respaldo de las operaciones del mercado, mecanismo de cubrimiento de las transacciones a fin de que no haya riesgos financieros del mercado para que las transacciones de manera eficiente e ininterrumpida.

5. Interconexiones internacionales para exportaciones e importaciones de energía. Actualmente hay transacciones con Ecuador y ahora en el marco de la CAN se están haciendo nuevos acuerdos con Perú para tener un sistema de intercambios de un mercado de corto plazo día a día entre los tres países Ecuador, Perú y Colombia. Se trabaja también en las negociaciones de acuerdo de armonización regulatoria con Panamá con miras a desarrollar la interconexión eléctrica con este país lo que daría acceso al mercado de Centro América y establecer las reglas para realizar los intercambios de energía.

6.Cargo por confiabilidad. Esta criterio permite asegurar la disponibilidad de un parque de generación suficiente que permita cubrir la demanda futura. En los últimos años se han presentado retrasos en la construcción de plantas por diversos factores y para dar flexibilidad a esta problemática se estableció una opción para plantas en construcción con obligaciones de energía firme asignadas en el inicio del periodo de vigencia la obligación y que ese momento no van a alcanzar la capacidad de generación de energía neta declarada.

Con la resolución 194 de 2020 se da la posibilidad de que puedan empezar a cumplir sus obligaciones de energía firme y tengan una flexibilidad adicional para alcanzar a finalizar la construcción de las plantas.

7. Monitoreo constante de la oferta de energía para abastecer la demanda con los balances de energía. En este sentido se estableció la convocatoria para una subasta de reconfiguración para el período 2022-2023 (Resolución 170 de 2021), pensando en el abastecimiento del siguiente año. Todos los años ajustando las necesidades del sistema y ver si se requiere mas energía firme en el sistema o menos y se va ajustando con estas subastas. En diciembre se decidirá si se ajustan los compromisos para el período 2022-2023.

También se estableció con la resolución CREG 176 de 2021 una flexibilización de las reglas para la cesión de obligaciones de energía firme y la ampliación de los que pueden optar por un mecanismo adicional como el de tomadores de precio de cargo por confiabilidad. Esto hace que una planta necesite ceder ceder su obligación a otro agente del sistema o si quiere a ceder al sistema de tomadores de precio por cargo por confiabilidad tenga más posibilidad de hacerlo.

8. Se presentó para comentarios una propuesta de definición de una opción de obligaciones de energía en firme para a plantas existentes que se alimentan con gas natural, se requiere asegurar la disponibilidad de gas en GNL importado que se regasifica y esta opción va a ayudar a que siga teniendo suministro desde las plantas de regasificación y campos locales.

9. Asignación de obligaciones de energía a plantas existentes para pasar de un mecanismo administrado a un esquema competitivo que redundará en un mejor esquema de remuneración a plantas existentes y dar señal de mayor competitividad, propuesta en consulta para la industria.

10. Actuaciones administrativas relacionadas con declaraciones de parámetros de plantas térmicas e hidráulicas del cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad remunera energía en firme que se calcula con metodologías definidas por la CREG con base en parámetros que declaran la plantas. Para estar seguros que se remunera efectivamete lo que las plantas pueden suministrar se hacen auditorías y si hay inconsistencias se analizan si son válidas y se toman decisiones al respecto. Se han expedido 6 resoluciones particulares frente a plantas térmicas hay 21 actuaciones en curso sobre plantas hidroeléctrica para saber si se esta pagando por lo que las plantas efectivamente pueden ofrecer.

11. Los anillos de seguridad. Este es un componente adicional del cargo por confiabilidad y los anillos son diferentes mecanismos de respaldo para que si hay un problema con la operación de las plantas, falla o mantenimiento las plantas puedan cumplir sus obligaciones de energía firme cubriéndose con estos anillos de seguridad. Uno de esto anillos es la demanda desconectable voluntaria, con la posibilidad que podamos usar flexibilidad de la demanda, capacidad de reducir su consumo de energía para respaldar eventualmente necesidades y compromisos de energía firme.

Se revisó integralmente odas las reglas en este aspecto, se compiló la regulación viente y se simplificaron procedimientos como verificación y pruebas y se publicó la resolución 146 de 2021 con la nueva propuesta de las reglas de demanda desconectable voluntaria y la compilación de la regulación vigente de este anillo de seguridad muy importante por que es uno de los mecanismos de participación de la demanda que se tienen en el mercado de energía.

Se sigue trabajando en los temas de contratos, mecanismos de cubrimiento y mercado de energía de cargo por confiabilidad se avanza en estudios y distintos análisis tendientes a mejorar precios a los usuarios de energía.

Mar. 23 de Nov. de 2021

Gobierno-Salud- Hacienda. Proyecto de decreto Por el cual se modifican los artículos 3 y 12 del Decreto 2154 de 2019, en el sentido de ampliar los plazos para que las entidades territoriales presenten la última certificación de deuda e incorporen los recursos de cofinanciación en sus presupuestos

En sus consideraciones este proyecto señala que la ley del plan de desarrollo definió las reglas para el saneamiento definitivo de las cuentas de servicio y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC y en este contexto se emitió el Decreto 2154 de 2019 en el que se establecieron los términos y condiciones para la evaluación del esfuerzo fiscal de las entidades territoriales, a fin de determinar el monto de la cofinanciación de la Nación y las reglas para el giro respectivo.

Que en el marco de los decretos de la emergencia económica se adoptaron medidas para que en el caso del sector salud, se ampliara la autorización otorgada al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito, con el objeto de cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado hasta la vigencia 2021.

En la ley de presupuesto de 2022, se autorizó al gobierno a realizar operaciones de crédito durante el primer semestre de 2022 para cofinanciar el pago de las deudas por concepto de tecnologías en salud, señalando que las entidades territoriales deberán agotar de forma oportuna los trámites pertinentes.

Que el inciso del citado artículo establece que “Las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado que por efectos de la suspensión del término establecido en el artículo 21 del Decreto Ley 538 de 2020, se encuentren pendientes de ser radicados ante la Entidad Territorial, deberán surtir dicho trámite a más tardar el 28 de febrero de 2022”, para que los departamentos y distritos logren realizar los respectivos procesos de auditoria, conciliación y reconocimiento de los valores que se encontraban suspendidos con ocasión de la pandemia derivada por el Covid-19 y que le hayan sido radicados dentro de los términos legales.

Señala que para el cumplimiento de los anterior se requiere ampliar el plazo para presentar la certificación de deuda y tramitar la incorporación al presupuesto de los departamentos y distritos que requieran de los recursos de cofinanciación de la Nación para el saneamiento de las deudas certificadas, por parte de las asambleas departamentales y consejos distritales.

En atención a estas consideraciones, se establece:

“Artículo 3. Plan de saneamiento por fases. Cada entidad territorial definirá e informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como al Ministerio de Salud y Protección Social el Plan de Saneamiento, indicando las fechas de corte (fases) en las que adelantará el proceso de auditoría por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado y la fecha en que presentará cada una de las certificaciones establecidas en este decreto para la evaluación del esfuerzo fiscal por parte de la Nación.

Para efectos de la cofinanciación por parte de la Nación, el Plan de Saneamiento establecido por la entidad territorial, no podrá contener más de tres fases de certificación de deuda.

El plazo máximo para la presentación de la última certificación de deuda por parte de la entidad territorial será el 2 de mayo de 2022. Para cada una de las fases del Plan de Saneamiento, la entidad territorial deberá remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Salud y Protección Social las siguientes certificaciones, en los formatos que este último defina, las cuales deberán estar suscritas por el representante legal de la entidad territorial:

a) Deuda reconocida de acuerdo con el proceso de auditoría adelantado por la entidad territorial de los servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado, a la fecha de corte (fase) de la información contenida en la certificación.

b) Pagos realizados como resultado del reconocimiento de la deuda por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de corte (fase) de la información contenida en la certificación.

c) Las fuentes de recursos disponibles para el saneamiento de la deuda reconocida de que trata el literal a) del presente artículo. Una vez se implemente el Sistema de Información para el Saneamiento, la entidad territorial deberá cargar los formatos determinados en este artículo y los documentos establecidos en el artículo 5 del presente decreto.” Artículo 2. Modifíquese el artículo 12 del Decreto 2154 de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 12. Plazo para la incorporación de los recursos de cofinanciación por parte de la entidad territorial.

La incorporación de los recursos de cofinanciación en el presupuesto de la entidad territorial deberá efectuarse en un término no mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir del giro efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Proyecto%20de%20Decreto%20modificatorio.pdf

Lun. 22 de Nov. de 2021

Gobierno-Hacienda. Decreto 1510 del 19 de Noviembre de 2021. Adiciona unos capítulos al decreto único reglamentario del sector hacienda sobre gestión de propiedad estatal en empresas y sociedades receptoras.

En las consideraciones de este decreto se establecen las normativas de base para la gestión de las participaciones de entidades estatales, entre las que se encuentran los documentos CONPES que establecen la política genera ld propiedad e empresas estatales del orden nacional, el que adopta la estrategia de gestión del portafolio de empresas y participaciones accionarias de la Nación (EGE) para optimizar la administración del Estado y generar valor económico y social, además del que establece que el gobierno debe propender por mejorar el gobierno corporativo de las empresas estatales

Señala que la normativa establece que alas secretarías y departamentos administrativos les corresponde ejercer tutela sobre establecimiento público y empresa industriales del estado y que los representantes del gobierno departamental en los órganos directivos de las sociedades de economía mixta estarán encargado de velar por las actividades de estas se ajusten a la política y programas de la administración departamental. Que las entidades territoriales y sus descentralizadas estarán habilitadas para participar en las empresa de servicios públicos domiciliarios.

Establece también que el Minvivienda y la CRA impulsarán la adopción de reglas que ordenen el ejercicio de la propiedad del estado en los prestadores servicios para generar valor económico y social.

En la parte resolutiva se adicionan cinco nuevos capítulos al decreto 1068 de 2015, único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

El primer capítulo que se adiciona (capítulo 3) está relacionado con la gestión de la propiedad estatal en empresas y sociedades receptoras.

El tercer y restantes capítulos tienen como objeto establecer reglas para la gestión de la propiedad de la Nación y de las entidades territoriales en empresas y sociedades, con la finalidad de generar valor económico y social, garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos de inversión y fomentar mejores prácticas de gobierno corporativo. Serán aplicables a las entidades del orden nacional que tengan derechos de propiedad en empresas y sociedades, y serán optativas para las entidades territoriales y servirán de parámetros de buenas prácticas para las empresas y sociedades de las entidades descentralizadas, sin perjuicio de la autonomía de estas últimas para gestión.

Se definen en el capítulo 3 las definiciones asociadas a los administradores, empresa receptora, entidad propietaria, gestores de propiedad, valor económico y social.

En el capítulo 4 se establece el Código de Propiedad, un documento público de obligatoria adopción por parte de las Entidades Propietarias el cual contendrá criterios generales y específicos que guíen las decisiones que adopten estas Entidades, a través de los Gestores de Propiedad con el objetivo de que gestionen correctamente los recursos invertidos por éstas en las Empresas Receptoras, conforme a lo dispuesto en este Capítulo. Los gestores propenderán por que los criterios generales sean tenido sen cuenta en los cuerpos colegiados en los que participe.

Establece el los criterios de publicidad y divulgación de estos códigos de propiedad, así como de progresividad, en el cual los gestores de propiedad en relación con medidas tendientes a incrementar gradualmente sus objetivos de generación de valor económico y social en relación con sus inversiones en las Empresas Receptoras.

Los códigos de propiedad deberán tener como mínimo las secciones de gestión financiera, planificación, gestión de riesgo, política de sostenibilidad, gestión social y criterios de buen gobierno corporativo, definiendo cada uno en el texto del decreto.

El capítulo 5 establece la Política de Buen Gobierno Corporativo, en el cual se establecen la inducción y capacitación de los miembros de juntas y consejos directivos sobre: i) el rol que deberán desempeñar como miembros del correspondiente órgano, ii) el sector al que esta pertenece, y iii) la situación de la Empresa Receptora.

Los gestores de propiedad adelantarán acciones para que las asambleas generales de accionistas y las juntas de socios de las empresas receptoras tengan reglamentos internos, reglamento de junta directiva y se señalan las buenas prácticas para la conformación d ellas juntas o consejos directivos u otros órganos de Dirección y administración.

Los gestores de propiedad adalantarán acciones para adoptar el Código de Gobierno Corporativo, aprobado por la asamblea general de accionistas, presentando en el decreto de que deberá constar.

El capítulo 6 trata sobre Transparencia y conflictos de interés, señalando que las entidades propietarias a través de su gestor deberán propender por contar con políticas de transparencia y contratación, la revelación de potenciales conflictos de interés, un canal de denuncias, la divulgación oportuna de información.

En el capítulo 7 se establecen las formas de relación entre entidad propietaria y la empresa receptora registrando la relación de prestación entre la Entidad Propietaria y la Empresa Receptora, la relación de prestación entre la Entidad Propietaria y la Empresa Receptora.

Finalmente se norma sobre la relación de autoridad, estableciendo que “Cuando una Entidad Propietaria ejerza funciones regulatorias o de inspección, vigilancia y control sobre la Empresa Receptora, la Entidad Propietaria no podrá conferir trato preferencial a la Empresa Receptora ni imponerle cargas especiales distintas a las que corresponderían a cualquier otro agente económico puesto en igualdad de condiciones".

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201510%20DEL%2019%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202021.pdf