Boletín Normativo Sectorial
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Contexto Normativo
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Jue. 05 de May. de 2022
Gobierno-Salud. Minsalud. Proyecto de decreto en relación con los requisitos financieros y de operación de los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos de tecnologías en salud
En sus consideraciones este proyecto de decreto señala el artículo 243 de la Ley 1955 de 2019, donde se incluyen los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y los Gestores Farmacéuticos como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, señalando que se reglamentarán los requisitos financieros y de operación de estos integrantes.
Así mismo, la ley 1966 de 2019 establece que los gestores farmacéuticos podrán ser los operadores logísticos, cadenas de droguerías, cajas de compensación y/o establecimientos de comercio, entre otros, cuando relación la dispensación ambulatoria en establecimientos farmacéuticos los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud por encargo contractual de las EPS, IPS y de otros actores del sistema.
En atención a estas consideraciones la parte resolutiva modifica y adiciona el decreto 780 de 2016:
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Decreto 786 de 2016 |
Proyecto de decreto |
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Artículo 2.2.3.10.2. Campo de aplicación.
Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en las normas vigentes, a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos o dispositivos médicos, en relación con el o los procesos para los que esté autorizado y a toda entidad o persona que realice una o más actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico.
Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo a los laboratorios farmacéuticos cuyo funcionamiento continuará regido por las normas vigentes sobre la materia. |
Modifica artículo 2.2.3.10.2.
Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en las normas vigentes, a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos o dispositivos médicos en relación con el o los procesos para los que esté autorizado iii) los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos de tecnologías en salud definidos en el artículo 2,5,3,11,3 del presente decreto y a toda entidad o persona que realice una o más actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico.
Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo a los laboratorios farmacéuticos cuyo funcionamiento continuará regido por las normas vigentes sobre la materia. |
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Artículo 2.2.3.10.3. Definiciones Atención farmacéutica. Es la asistencia a un paciente o grupos de pacientes, por
Estudios de utilización de medicamentos. Son aquellas investigaciones que se Evento adverso. Es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse
Farmacoepidemiología. Es el estudio del uso y efecto de los medicamentos en un
Es característica
Perfil farmacoterapéutico. Es la relación de los datos referentes a un paciente, su
Servicio de información de medicamentos. Es el conjunto de actividades
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Artículo 2.2.3.10.3. Se modifican las siguientes definiciones:
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Obligaciones del dispensador. Son obligaciones del dispensador:
1. Verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud competente y autorizado y que cumpla con las características y contenido de la prescripción, establecidos en el presente Capítulo.
2. Verificar que las preparaciones: magistrales, extemporáneas, estériles; nutrición parenteral; y, mezclas de medicamentos oncológicos, contengan en el rótulo o etiquetas la información sobre el paciente hospitalizado o ambulatorio, según el caso; de la preparación o de la mezcla; y, la firma del responsable.
3. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda "Venta Bajo Fórmula Médica".
4. No dispensar y consultar al prescriptor cuando identifique en una prescripción posibles errores, con el fin de no incurrir en falta contra la ética profesional.
5. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos.
6. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como: condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidados debe tener en la administración, interacciones con alimentos y otros medicamentos, advertencias sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia. Cuando la dirección técnica de la Droguería, esté a cargo de persona que no ostente título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la información que debe ofrecer al paciente está señalada en el artículo 2.5.3.10.3 del presente decreto.
7. Brindar a los usuarios pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción facultativa o de venta libre. 8. Recibir la capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores del Sector Salud y/o capacitarse continuamente en los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el ejercicio del cargo u oficio, a fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales. |
Modifica el artículo Artículo 2.5.3.10.18. Obligaciones del dispensador. Se modifican las obligaciones número 6,:
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Se adiciona a este decreto el capítulo 11 sobre los gestores farmacéuticos y operadores logísticos en tecnologías en salud:
El objeto de este capítulo es regular los requisitos operativos y financieros de los Gestores Farmacéuticos y los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud:
Aplica a los Gestores Farmacéuticos y los Operadores logísticos de Tecnologías en Salud, en relación con los requisitos de capacidad técnico administrativa, logística, tecnológica y financiera.
Se definen en el decreto que son los gestores farmacéuticos, los operadores logísticos de Tecnologías en Salud, requisitos de operación, capacidad técnico – administrativa, logística, tecnológica y requisitos financieros.
Los requisitos mínimos de operación de los gestores farmacéuticos son capacidad técnico adminstrativa, logística y tecnológica, de acuerdo con la reglamentación que expida el Minsalud y Protección Social, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
Mié. 04 de May. de 2022
Gobierno-Energía. Respuesta de la demanda, factor clave para el éxito (1). Aspectos generales, beneficios y marco regulatorio vigente. Panel Colombia Genera. CREG. José Fernando Prada
La respuesta a la demanda son los cambios en los patrones de consumo de energía eléctrica en respuesta a una señal de precio o incentivo económico. Se plantea entonces la necesidad de medir este cambio respecto al patrón normal y como reaccionar al incentivo o señal de precio desconectando o aplazando a otra hora el consumo.
Este aspecto define la flexibilidad que tienen los usuarios para producir un beneficio económico a partir de estos incentivos o señales. Se distinguen dos tipos de respuesta a la demanda los basados en precio y los basados en incentivos:
La respuesta a la demanda se organiza por medio de programas a diferentes plazos y etapas de la planeación y operación del sistema eléctrico, empezando desde la planeación del sistema con años de anticipación hasta la planeación operativa del despacho diario o en tiempo real.
Se hace una distinción de lo que es eficiencia energética y respuesta de la demanda. La eficiencia energética es cuando los usuarios capturan inmediatamente los ahorros que representa un menor consumo de energía conocido mas bien como gestión de la demanda.
Hay otro tipo de programas que si son respuesta a la demanda como aquellos basados en señales de precios o de incentivos. Pueden utilizarse como recursos de mercado (operación de área en el despacho), cómo recursos de confiabilidad (experiencia colombiana) y dependiendo del servicio que se presta, de la temporalidad, se definen los atributos y requisitos donde puede ser presentar unas ofertas hasta servicios muy controlados como el operador que tiene un control directo de su consumo variándolo en plazos muy cortos de incluso 10 o 15 minutos.
Hay beneficios que se esperan capturar como una mejor formación de precios, mayor eficiencia y confiabilidad en el funcionamiento el mercado eléctrico, optimización del tema operativo y la planeación como en el beneficio de desplazar los tipos de consumo a los valles, permite optimizar las inversiones aplazándolas hasta cuando sea realmente necesario
Empoderamiento de los usuarios y su toma de decisiones respecto al consumo de energía, con más herramientas a los usuarios o consumidores con un mayor conocimiento de como funciona el mercado y ser más activos en la gestión de su demanda.
Nuevas tecnologías conocidas bajo el tema de redes inteligentes, siendo apoyo y habilitador de la respuesta de la demanda
Oportunidad económica para usuarios con flexibilidad de consumo
En Colombia el desarrollo de este tema se ha construido un marco institucional desde la ley 142 y 143 con el principio de disponibilidad energía eficiente y propiciar la competencia, con otras normativas que se precisan definitivamente en la ley 1715 donde se destaca un programa de respuesta diario con condiciones específicas.
En esta normativa se trabaja en varios aspectos entre los que se encuentra el establecimiento de una línea de base de consumo y avanzar en la introducción de señales de precio dentro de la estructura tarifaria que reflejen diferencias temporales o señales diferenciadas en el tiempo.
En Colombia en la normativa tienen definidos dos clases de programas de respuesta a la demanda basados en incentivos y en precios, siendo el de mayor evolución el de demanda desconectarle voluntaria -DDV-, donde se ha venido avanzando en pruebas de la verificación y en 2020 en medio de la pandemia que se tuvo un desafío en el tema de fronteras de DDV se tuvo que tomar medidas especiales para poder retomar en 2021 y 2022.
En 2021 se empezó a revisar la resolución de las reglas de DDV, la 146 de 2021, que se esta revisando y se promulgará durante este primer semestre. Se elaboró una hoja de ruta con el trabajo que debe realizarse en los próximos tres años.
Sector de la semana
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Mié. 04 de May. de 2022
Gobierno-Energía. Respuesta de la demanda, factor clave para el éxito (2). Hoja de ruta y modernización del mercado energético hasta 2024 . Panel Colombia Genera. CREG. José Fernando Prada
La CREG señala que se quiere pasar de una planeación de año a año para tener un programa plurianual. Para el caso de respuesta a la demanda RD, se aspira a que sea utilizado este programa no solo como recurso de confiabilidad sino que sean programas de uso permanente, con dinámicas que aplicarían a la operación del mercado mayorista de energía.
La anterior es una de las propuestas que estarán incluidas en una gran propuesta de modernización del mercado de energía mayorista que tendrá otros elementos en despachos vinculante, mercados complementarios, mercados intradiarios y respuesta a la demanda.
También se está trabajando en programas que hagan parte del mercado minorista y que aprovechando la flexibilidad de consumo de los usuarios puedan basarse en opciones descentralizadas que no necesiten pasar por operador del mercado que puedan hacerse directamente con o sin señales deprecio pero con esquema descentralización de las transacciones que sea activa en el mercado minorista.
Estos programas pueden tener cabida en tres áreas: participación de la demanda en el mercado mayorista de energía, mecanismos de respuesta a la demanda RD y transacciones en el mercado minorista.
En cuanto a la participación de la demanda en el mercado mayorista y minorista, con una demanda activa (no pasiva como hoy) en el mercado mayorista y en el nuevo mundo del mercado minorista donde hay varias posibilidades como los recursos energéticos distribuidos, posibilidad de prestar servicios complementarios en redes de baja tensión, potencial de nuevos negocios en comunidades energéticas, microrredes, energía transactiva, entre otros.
Se trabajará en la construcción de la curva de demanda agregada, una curva elástica activa que participará en el mercado mayorista, profundizar la participación de la demanda en los mercados intradiarios, que va en la propuesta de modernización del mercado. Avanzar en un tema que ha estado que es la regulación de los usuarios en los mercados de corto plazo o analizar el nivel en que un usuario puede optar por ser no regulado y esto lo habilite parta contar con mas herramientas estar en el mercado. La posibilidad e analizar la figura de agregador de demanda que sea necesario como intermediarios o sea útil o que establezca estos recursos y los pueda comercializar en el mercado.
Se estudiará la posibilidad de los usuarios de participar en el MEM era una barrera normativo en el mercado pero que se cambió en la ley de transición energética.
Respecto a mecanismos de RD vía precios o tarifas, se trabajará en el desarrollo de los estudios de 2020 mas la revisión de las fórmulas de costo unitario y varios componentes de la metodología tarifaria y varios que se agreguen para definir el costo del servicio. SE realizará un estudio sobre como definir la actividad de agregación de demanda en el mercado de energía, de este otro aspecto de la comercialización definir cuales son los beneficios, requisitos.
Hay que analizar de estos nuevos conceptos de negocio, se requieren análisis de impacto, factibilidad técnica, económica, de estos nuevos modelos de negocio se puede apropiar y aplicar en nuestro mercado.
En la siguiente diapositiva se presenta la hoja de ruta regulatoria hasta 2024
Lun. 02 de May. de 2022
Gobierno-Financiero. Instrucciones para promover la reactivación crediticia de manera sostenible. Circular número 009 de abril 29 de 2022
La Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de promover la reactivación crediticia de manera sostenible mediante el acceso al crédito de los deudores y diferentes sectores de la economía que tengan obligaciones castigadas, considera necesario adicionar las instrucciones vigentes en materia de gestión de riesgo crediticio.
En virtud de lo anterior, esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades, en especial las conferidas en los literales a. de los numerales 3 y 5 del artículo 326, el numeral 5 del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y en los numerales 4 y 5 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 imparte las siguientes instrucciones:
PRIMERA: Modificar el literal c del subnumeral 1.3.2.3.1, literal b. del subnumeral 1.3.3.1, subnumerales 2.2, 2.2.3, 2.3.1.1 y numeral 4, todos del Capítulo II “Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio” de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) en materia de otorgamiento de crédito a deudores con obligaciones castigadas.
En el anexo modificatorio, incorpora las modificaciones resaltadas en amarillo:
La base de capital sobre la cual se aplicará la tasa de interés.
- Tasa de interés de mora.
- Las comisiones y recargos que se aplicarán.
- El plazo del préstamo (períodos muertos, de gracia, etc.).
- Condiciones de prepago.
- Los derechos de la entidad acreedora en caso de incumplimiento por parte del deudor.
- Los derechos del deudor, en particular los que se refieren al acceso a la información sobre la calificación de riesgo de sus obligaciones con la entidad acreedora, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.4.4 de este capítulo.
- En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio.
b. Selección de variables y segmentación de portafolios
En el proceso de otorgamiento se deben establecer, para cada uno de los portafolios identificados, las variables que con mayor significancia permitan discriminar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo de la entidad. La selección de estas variables de discriminación y la importancia relativa que se dé a cada una de ellas debe ser un elemento determinante tanto en el otorgamiento como en el seguimiento de los créditos de cada portafolio. En tal sentido, la metodología implantada debe considerar la combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, de acuerdo con la experiencia y las políticas estratégicas de la entidad. Esta metodología debe ser evaluada como mínimo dos (2) veces al año, al finalizar los meses de mayo y noviembre, con el fin de verificar su idoneidad, al igual que la relevancia de las variables.
Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, deben servir de base para su calificación. De igual forma, las metodologías y procedimientos implantados en el proceso de otorgamiento deben permitir monitorear y controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios, así como la del portafolio agregado, de conformidad con los límites establecidos por la junta directiva o el consejo de administración. Se deben señalar criterios sobre la forma como se orienta y diversifica el portafolio de crédito de la entidad, evitando una excesiva concentración del crédito por deudor, sector económico, grupo económico, factor de riesgo, etc.
c. Capacidad de pago del deudor
La evaluación de la capacidad de pago esperada de un deudor o proyecto a financiar es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del respectivo crédito. Para estos efectos, debe entenderse que el mismo análisis debe hacérsele a los codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en general, a cualquier persona natural o jurídica que resulte o pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago de los créditos. Para evaluar esta capacidad de pago la entidad prestamista debe analizar al menos la siguiente información, sin perjuicio de las variables de riesgo adicionales que establezca la entidad:
- Los flujos de ingresos y egresos, así como el flujo de caja del deudor y/o del proyecto financiado o a financiar.
- La solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto.
- Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor. La atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose como tales: cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda (capital, intereses, o cualquier otro). Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente de centrales de riesgo, calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier otra fuente que resulte relevante.
- En la evaluación de la capacidad de pago de entidades públicas territoriales, las entidades vigiladas deberán verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000, y de las demás normas que las reglamenten o modifiquen.
- Los posibles efectos de los riesgos financieros a los que está expuesto el flujo de caja del deudor y/o del proyecto a financiar, considerando distintos escenarios en función de variables económicas (tasas de interés, tasas de cambio, crecimiento de los mercados, etc.) que puedan afectar el negocio o la capacida
Igualmente se considera incumplimiento las situaciones que a continuación se describen:
- Cuando el deudor registre obligaciones castigadas con la entidad o en el sistema, de acuerdo con la información proveniente de las centrales de riesgo o de cualquier otra fuente. Cuando se trate de nuevos créditos otorgados a deudores con obligaciones castigadas y se efectúe el desembolso del valor del crédito aprobado, no serán considerados como incumplidos. En todo caso la calificación que se asigne deberá atender lo dispuesto en el subnumeral 2.2 del presente Capítulo.
La información histórica de los modelos internos que sometan las entidades a consideración de la SFC deberá estar actualizada al momento de su presentación.
Para efectos de una adecuada administración del riesgo de crédito, es deber de las entidades conservar la información de las bases de datos de años anteriores a los mínimos exigidos para la presentación de los modelos internos. La SFC adelantará visitas de carácter especial para verificar el cumplimiento de la anterior obligación.
La estimación de la pérdida esperada en el marco del SARC resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:
PÉRDIDA ESPERADA=
[Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo] x [Pérdida esperada de valor del activo dado el incumplimiento]
De acuerdo con la metodología que se adopte, las pérdidas esperadas aumentarán en función del monto del crédito o exposición crediticia y de la probabilidad de deterioro de cada activo. Las pérdidas serán menores entre más alta sea la tasa de recuperación esperada.
Por lo tanto, el modelo o modelos que se adopten deben permitir, respecto de cada portafolio, determinar los componentes de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:
- La probabilidad de incumplimiento de los deudores. Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses éstos incurran en incumplimiento.
- Se entiende por incumplimiento, sin perjuicio de que la entidad establezca criterios adicionales más exigentes, el evento en el cual una operación de crédito cumple por lo menos con alguna de las siguientes condiciones:
- Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual a 150 días, o que siendo reestructurados incurran en mora mayor o igual a 60 días.
- Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 días, o que siendo reestructurados incurran en mora mayor o igual a 60 días.
- Créditos de vivienda que se encuentren en mora mayor o igual a 180 días.
- Microcréditos que se encuentren en mora mayor o igual a 30 días.
No obstante, para efectos de los reportes de endeudamiento a la SFC y a las centrales de riesgo las entidades deben clasificar los créditos y homologarlos observando las reglas previstas en el numeral 2.2 del presente capítulo.
Igualmente se considera incumplimiento las situaciones que a continuación se describen:
- Cuando el deudor registre obligaciones castigadas con la entidad o en el sistema, de acuerdo con la información proveniente de las centrales de riesgo o de cualquier otra fuente. Cuando se trate de nuevos créditos otorgados a deudores con obligaciones castigadas y se efectúe el desembolso del valor del crédito aprobado, no serán considerados como incumplidos. En todo caso la calificación que se asigne deberá atender lo dispuesto en el subnumeral 2.2 del presente Capítulo.
- Cuando el deudor se encuentre en un proceso concursal o cualquier clase de proceso judicial o administrativo que pueda conllevar la imposibilidad de pago de la obligación o su aplazamiento, excepto en el caso de los créditos de Ley 1116 de 2006 y de los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, los cuales se regirán por las instrucciones del Anexo 2 del Capítulo II de la CBCF.
CUARTA: Actualizar las instrucciones del subnumeral 2.1.3. del Capítulo II “Reglas relativas a la gestión del riesgo de crediticio” de la CBCF, para atender lo dispuesto en la Ley 2079 de 2021 y lo dispuesto en el Decreto 257 de 2021, incorporado en el Decreto 1077 de 2015; así como actualizar el código 2908 del subnumeral 2.3.1.1 del mencionado Capítulo.
2.1.3. Créditos de vivienda
Para los efectos del presente capítulo, son créditos de vivienda, independientemente del monto, aquéllos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, la reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento de vivienda usada, o a la construcción de vivienda propia.
De acuerdo con la Ley 546 de 1999, estos créditos deben tener las siguientes características:
2.1.3.1 Estar denominados en UVR o en moneda legal.
2.1.3.2 Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda financiada.
2.1.3.3 El plazo de amortización deberá atender lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
2.1.3.4 Tener una tasa de interés remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o en moneda legal, respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden capitalizarse.
2.1.3.5 El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el del precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del préstamo podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble.
2.1.3.6 La primera cuota del crédito no podrá representar más del porcentaje de los ingresos familiares atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015.
2.1.3.7 Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.
2.1.3.8 Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto.
2.1.4. Microcrédito
Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad.
Para los efectos previstos en este capítulo, el saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.
Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones normativas vigentes.
2.2. Reglas sobre calificación y recalificación
La asignación y ajuste de la calificación de los deudores debe responder al análisis de riesgo en virtud de lo establecido en el literal c) del subnumeral 1.3.2.3.1., así como al análisis de variables complementarias, tales como: i) si el deudor ha tenido créditos reestructurados y las características de estas reestructuraciones, y ii) si el deudor registra obligaciones castigadas y las características de estos castigos, tales como: i) el monto, ii) si la obligación fue recuperada total o parcialmente y iii) la antigüedad del castigo, entendida como el tiempo transcurrido entre la fecha del castigo y la evaluación.
a. Para efectos de homologar las probabilidades de incumplimiento de modelos internos no objetados por la SFC en calificaciones de riesgo, las entidades deberán aplicar la siguiente tabla:
2.1.3. Créditos de vivienda
Para los efectos del presente capítulo, son créditos de vivienda, independientemente del monto, aquéllos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, la reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento de vivienda usada, o a la construcción de vivienda propia.
De acuerdo con la Ley 546 de 1999, estos créditos deben tener las siguientes características:
2.1.3.1 Estar denominados en UVR o en moneda legal.
2.1.3.2 Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda financiada.
2.1.3.3 El plazo de amortización deberá atender lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
2.1.3.4 Tener una tasa de interés remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o en moneda legal, respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden capitalizarse.
2.1.3.5 El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el del precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del préstamo podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble.
2.1.3.6 La primera cuota del crédito no podrá representar más del porcentaje de los ingresos familiares atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015.
2.1.3.7 Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.
2.1.3.8 Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto.
2.1.4. Microcrédito
Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad.
Para los efectos previstos en este capítulo, el saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.
Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones normativas vigentes.
2.2. Reglas sobre calificación y recalificación
La asignación y ajuste de la calificación de los deudores debe responder al análisis de riesgo en virtud de lo establecido en el literal c) del subnumeral 1.3.2.3.1., así como al análisis de variables complementarias, tales como: i) si el deudor ha tenido créditos reestructurados y las características de estas reestructuraciones, y ii) si el deudor registra obligaciones castigadas y las características de estos castigos, tales como: i) el monto, ii) si la obligación fue recuperada total o parcialmente y iii) la antigüedad del castigo, entendida como el tiempo transcurrido entre la fecha del castigo y la evaluación.
a. Para efectos de homologar las probabilidades de incumplimiento de modelos internos no objetados por la SFC en calificaciones de riesgo, las entidades deberán aplicar la siguiente tabla:
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Año de presentación del modelo interno. |
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|
CARTERA |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 en adelante |
|
Comercial |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
Consumo |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Vivienda |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Microcrédito |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2.3. Aspectos contables
2.3.1. Contabilización de intereses
2.3.1.1. Suspensión de la causación de intereses
Dejarán de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos cuando un crédito presente la mora indicada en el siguiente cuadro:
-
MODALIDAD DE CREDITO
mora superior a
Comercial
3 meses
Consumo
2 meses
Vivienda
2 meses
Microcrédito
1 mes
Por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. La SFC podrá ordenar la suspensión de la causación de estos ingresos cuando un crédito haya sido reestructurado más de una vez.
En aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo, se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada incluidos capital, intereses y otros conceptos, se contabilizarán como abono diferido en el código 2908, y su amortización al estado de resultados se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados.
2.3.1.2. Sistema de contabilización para créditos que al menos una vez hayan dejado de causar intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos
Aquellos créditos que entren en mora y que alguna vez hayan dejado de causar intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos, dejarán de causar dichos ingresos desde el primer día de mora. Una vez se pongan al día podrán volver a causar. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se llevará por cuentas de orden.
Para que en estos eventos proceda la suspensión de causación de intereses y demás conceptos, se requiere que se presenten simultáneamente dos situaciones: que el crédito se encuentre por lo menos en un día de mora y que con anterioridad a tal situación, el respectivo crédito hubiere dejado de causar intereses.
Lo previsto en este numeral sólo es aplicable a los créditos a los que se les haya suspendido la causación de intereses y demás conceptos a partir de marzo de 2002.
2.3.1.3. Regla especial de provisión de cuentas por cobrar (Intereses, corrección monetaria, cánones, ajuste en cambio y otros conceptos)
Cuando se deba suspender la causación de rendimientos, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos, se debe provisionar la totalidad de lo causado y no recaudado correspondiente a tales conceptos. Tratándose de cánones de arrendamiento financiero se debe provisionar el ingreso financiero correspondiente.
En todo caso las entidades que tengan modelos internos no objetados o que hayan implementado el modelo de referencia adoptado por la SFC, no podrán constituir provisiones que superen el cien por ciento (100%) del valor de esas cuentas.
2.3.1.4. Provisión sobre bienes restituidos que originalmente se hubieran dado en leasing
En estos casos las provisiones correspondientes se calcularán utilizando la metodología establecida en el capítulo III de esta circular sobre bienes recibidos en dación en pago, según la naturaleza del activo recuperado.
En cumplimiento de la función consagrada en el numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio, corresponde al revisor fiscal presentar oportunamente los informes a la administración o a la asamblea de las entidades vigiladas acerca de las desviaciones en el cumplimiento de los instructivos externos e internos, de las deficiencias en los controles internos sobre esta materia, así como de las irregularidades encontradas, que surjan como resultado del examen del SARC. Estos aspectos deberán quedar suficientemente documentados en los papeles de trabajo y en los informes presentados.
En el informe que presente a la asamblea general de accionistas o asociados, el revisor fiscal deberá dejar constancia de aquellas debilidades e irregularidades que tienen una incidencia importante en el funcionamiento del SARC subsanadas o no por la administración de la entidad vigilada a la fecha de corte del ejercicio respecto del cual el revisor fiscal presenta el informe de cumplimiento y de control interno al que hace referencia el artículo 209 del Código de Comercio.
La revisoría fiscal informará a la SBC, en desarrollo de su deber de colaboración indicado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, sobre todos los aspectos informados a la administración en relación con el SARC, indicando el grado de incidencia en que estaría afectándose el cumplimiento de los instructivos de la SBC sobre esta materia. Este informe se presentará, al menos, dos veces al año, el 31 de julio y el 31 de enero, y en él se indicará cuáles fueron las pruebas aplicadas, los resultados alcanzados, las acciones seguidas y la respuesta de la entidad frente a sus observaciones, así como las correcciones que en su entender realizó la entidad.
4. SUPERVISIÓN DEL SARC POR PARTE DE LA SFC
En ejercicio de sus facultades de supervisión, y sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo, la SBC velará por la ejecución de las políticas de administración del SARC.
Igualmente, en ejercicio de sus facultades de supervisión, y en especial de acuerdo con el objetivo previsto en el literal c) del artículo 325 del EOSF, la SBC evaluará las políticas de administración del SARC, para efectos de la no objeción prevista en el literal f) del numeral 1.3.3.2 del presente capítulo y la ejecución de éstas, y con base en dicha evaluación adoptará las medidas a que haya lugar, incluyendo, entre otras, la inadmisión, la no objeción del modelo o alguna de las previstas en el numeral 3. del presente capítulo.
La SBC identifica como práctica de gestión que puede poner en peligro la situación de solvencia o liquidez de las entidades, las fallas en la administración del RC. En este sentido, la inobservancia del presente instructivo puede dar lugar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 del artículo 2 y en el artículo 4 del Decreto 2817 de 2000, a la iniciación de un programa de recuperación en los términos de dicho decreto. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas administrativas y en particular, de las sanciones institucionales y personales que de acuerdo con la ley se deban imponer.
Cuando en ejercicio de la facultad contemplada en el literal a) del numeral 5 del artículo 326 del EOSF, la SBC considere que en la gestión del RC se haya incurrido en prácticas no autorizadas o inseguras, se emitirán las órdenes pertinentes.
Constituye práctica insegura y en consecuencia no autorizada, reversar provisiones y/o mejorar la calificación de los deudores sin observar las metodologías derivadas del modelo aplicable o sin el cumplimiento y plena verificación de los criterios y requisitos mínimos establecidos en el presente capítulo, en particular lo señalado en el subnumeral 2.2, así como realizar reestructuraciones o aplicar las modificaciones establecidas en el numeral 1.3.2.3.2.1. de este Capítulo sin un análisis de viabilidad financiera del deudor.
Entre otras medidas, la SBC podrá ordenar la suspensión inmediata de la aplicación de modelos internos no objetados, orden que conllevará la aplicación inmediata del modelo de referencia de la SBC, hasta tanto se subsanen, a satisfacción de este organismo, las irregularidades o deficiencias observadas.
TERCERA: Modificar los subnumerales 2.3.2.1.3., 2.3.2.2., y 2.5 de la parte II, literal a. del subnumeral 2.3.1 y el subnumeral 2.4. de la parte III del “Capítulo XXXI Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)” de la CBCF, de conformidad con las instrucciones incorporadas en la presente Circular Externa:
Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles clientes para otorgarle crédito deben servir de base para su calificación. De igual forma, las metodologías y procedimientos implantados en el proceso de otorgamiento deben permitir monitorear y controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios, así como la del portafolio agregado, de conformidad con los límites establecidos por la JD. Se deben definir criterios sobre la forma como se orienta y diversifica el portafolio de crédito de la entidad, evitando una excesiva concentración del crédito por deudor, sector económico, grupo económico, factor de riesgo, entre otros.
2.3.2.1.3. Capacidad de pago del deudor
Realizar una evaluación comprensiva de la capacidad de pago del deudor o proyecto a financiar, la cual es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del respectivo crédito. Para estos efectos, debe entenderse que el mismo análisis debe hacerse para los codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en general, a cualquier persona natural o jurídica que resulte o pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago de los créditos.
Para evaluar esta capacidad de pago, la entidad debe analizar, al menos, la siguiente información, sin perjuicio de las variables de riesgo adicionales que establezca la entidad:
- Los flujos de ingresos y egresos, así como el flujo de caja del deudor y/o del proyecto financiado o a financiar.
- La solvencia del deudor, la cual se puede conocer a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, capacidad patrimonial y contingencias del deudor y/o del proyecto.
- La información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor. La atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendidos como cualquier pago derivado de una operación de crédito, que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda (capital, intereses, garantías otorgadas, compromisos en firme de financiación o cualquier otro). Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente de los operadores de información, calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier otra fuente que resulte relevante.
- Para el caso de las entidades públicas territoriales, las entidades deben verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000, 1116 de 2006, y de las demás normas que las reglamenten o modifiquen.
- Los posibles efectos de la materialización de los riesgos a los que está expuesto el flujo de caja del deudor y/o del proyecto a financiar, considerando distintos escenarios en función de variables económicas (tasas de interés, tipos de cambio, crecimiento económico, comportamiento de los mercados, entre otros) que puedan afectar el negocio o la capacidad de pago del deudor, según sea el caso. Igualmente, se debe examinar la calidad de los flujos de caja teniendo en cuenta la volatilidad de estos. Dentro de estos riesgos se deben analizar, según resulten relevantes:
- Posibles descalces de monedas, plazos y tasas de interés en la estructura de balance y en operaciones fuera de balance, como por ejemplo la incidencia de los derivados financieros en el posible calce de las posiciones.
- Para aquellos créditos con tasa de interés variable o indexado a la UVR, IPC, IBR o cualquier otro índice, proyecciones y escenarios posibles de la evolución de las cuotas según el comportamiento esperado de las tasas de interés, del tipo de cambio, la inflación y otras variables que puedan afectar directamente el servicio de la deuda.
- Para créditos denominados en moneda extranjera, el riesgo de tasa de cambio y su posible impacto sobre la capacidad de pago del deudor. En el caso de operaciones de crédito con el exterior, análisis propios y del mercado sobre el riesgo del país en el cual está domiciliado el deudor, con el objeto de identificar los riesgos de transferencia y soberano. Para este análisis se debe tener en cuenta como mínimo los criterios señalados en los subnumerales que van del 6.3.1.2.1 y 6.3.1.2.2 de la presente Parte.ara efectos de lo dispuesto en el presente numeral, se entiende como avalúo técnico aquél que atienda, como mínimo, los criterios y contenidos establecidos en las normas vigentes que rigen la actividad de los avaluadores.
- Control y monitoreo
La entidad debe tener un sistema de control y monitoreo del riesgo de crédito de los diferentes portafolios, lo cual supone una continua clasificación y recalificación de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento y cuando haya nuevos análisis o información que justifique dichos cambios. Las políticas deben precisar la frecuencia del monitoreo y señalar los criterios de calificación.
La entidad debe contar con un sistema de control y monitoreo efectivo que le permita medir el riesgo de crédito inherente a una operación crediticia y la modificación de las calificaciones y de las condiciones del servicio dichas operaciones cuando la entidad cuente con información suficiente que justifique dicho cambio, ateniendo las políticas establecidas por cada entidad, así como lo dispuesto en las etapas de gestión del riesgo de crédito descritas en los subnumerales anteriores.
Las metodologías y las prácticas que se utilicen para el cumplimiento de esta obligación deben fundamentarse, entre otros criterios, en: (i) el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos, (ii) las características particulares del deudor, sus créditos y las garantías que los respalden, (iii) el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades, particularmente, si al momento de la evaluación el deudor registra obligaciones reestructuradas o castigadas, de acuerdo con la información proveniente de las centrales de riesgo o de cualquier otra fuente, así como la información financiera de éste o información alternativa que permita conocer adecuadamente su situación financiera y (iv) las variables sectoriales y macroeconómicas que afecten el normal desarrollo de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe realizar la evaluación o recalificación de la cartera de crédito en los siguientes casos:
- Cuando los créditos incurran en mora después de haber sido modificados en los términos señalados en el subnumeral 2.3.2.2.1. de la presente Parte o reestructurados, evento en el cual deben recalificarse inmediatamente.
- Como mínimo en los meses de mayo y noviembre, deben registrar los resultados de la evaluación y recalificación a la que hubiere lugar al cierre del mes siguiente.
- Cuando se tenga conocimiento de que el deudor se encuentra en un proceso concursal o cualquier clase de proceso judicial o administrativo que pueda afectar su capacidad de pago. La entidad debe documentar los resultados de la evaluación y tenerlos a disposición de la SFC.
En el caso de microcréditos, el continuo monitoreo y calificación de las operaciones crediticias se debe realizar considerando como mínimo los aspectos evaluados en el proceso de otorgamiento, perfil del deudor, plazo de la operación y frecuencia de los pagos.
Los modelos internos que se desarrollen deben determinar la pérdida esperada por la exposición al riesgo de crédito. La información que resulte de estos modelos debe ser almacenada como insumo para el afinamiento y retroalimentación de los mismos.
Las metodologías utilizadas para el control y monitoreo deben ser evaluadas como mínimo 2 veces al año, a más tardar en mayo y en noviembre, para establecer la idoneidad de las mismas, al igual que la relevancia de las variables seleccionadas para cada una de ellas. Igualmente, estas metodologías deben ser probadas en escenarios y condiciones extremas y se debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas frente a las pérdidas efectivamente observadas. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentados por el representante legal principal, a la JD o al consejo de administración, y estar a disposición de la SFC junto con las conclusiones de su análisis.
2.3.2.2.1. Modificaciones de las condiciones pactadas no consideradas como reestructurados
Con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, la entidad podrá modificar las condiciones originalmente pactadas de los créditos sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración en los términos del subnumeral 2.3.2.3.1. de la presente Parte, siempre y cuando durante los últimos 6 meses el crédito no haya alcanzado una mora mayor a 60 días para microcrédito y consumo; y 90 días para comercial y vivienda. Estas modificaciones podrán efectuarse a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad, previo acuerdo con el deudor. Estos créditos tendrán las siguientes características:
Cuando en ejercicio de la facultad contemplada en el literal a) del numeral 5 del artículo 326 del EOSF, la SFC considere que en la gestión del riesgo de crédito se haya incurrido en prácticas no autorizadas o inseguras, se emitirán las órdenes pertinentes.
Constituye práctica insegura y en consecuencia no autorizada, reversar provisiones y/o mejorar la calificación de los deudores sin observar las metodologías derivadas del modelo aplicable o sin el cumplimiento y plena verificación de los criterios y requisitos mínimos establecidos en el presente Capítulo, en particular lo señalado en el subnumeral 2.4, así como realizar reestructuraciones o aplicar las modificaciones establecidas en el subnumeral 2.3.2.2.1. de la presente Parte sin un análisis de viabilidad financiera del deudor.
Entre otras medidas, la SFC podrá ordenar la suspensión inmediata de la aplicación de modelos internos no objetados, orden que conllevará la aplicación inmediata del modelo de referencia de la SFC, hasta tanto se subsanen, a satisfacción de este organismo, las irregularidades o deficiencias observadas.
En donde:
La PI corresponde a la probabilidad de que en un periodo de 12 meses el deudor incumpla sus obligaciones.
Se entiende por incumplimiento, sin perjuicio de que la entidad establezca criterios adicionales más exigentes, el evento en el cual una operación de crédito cumpla por lo menos con alguna de las siguientes condiciones:
- Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual a 150 días, o que siendo reestructurados incurran en mora mayor o igual a 60 días.
- Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 días, o que siendo reestructurados incurran en mora mayor o igual a 60 días.
- Créditos de vivienda que se encuentren en mora mayor o igual a 180 días.
- Microcréditos que se encuentren en mora mayor o igual a 30 días.
Para efectos de los reportes de endeudamiento a la SFC y a las centrales de riesgo las entidades deben clasificar los créditos y homologarlos observando las reglas previstas en el subnumeral 2.4. de la presente Parte.
Igualmente se considera incumplimiento las situaciones que a continuación se describen:
- Cuando el deudor registre obligaciones castigadas con la entidad o en el sistema, de acuerdo con la información proveniente de los operadores de información o de cualquier otra fuente. Cuando se trate de nuevos créditos otorgados a deudores con obligaciones castigadas y se efectué el desembolso del valor del crédito aprobado, no serán considerados como incumplidos. En todo caso la calificación que se asigne deberá atender lo dispuesto en el subnumeral 2.4 del presente Capítulo.
- Cuando el deudor esté en un proceso concursal o cualquier clase de proceso judicial o administrativo que pueda conllevar la imposibilidad de pago de la obligación o su aplazamiento, excepto en el caso de los créditos de Ley 1116 de 2006 y de los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, los cuales se regirán por las instrucciones del Anexo 4 del presente Capítulo.
La ExA, se entiende como el saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida esperada, esto es, capital, intereses, cuentas por cobrar de intereses y otras cuentas por cobrar.
Finalmente, la PDI se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento listadas en el presente subnumeral. Para su cuantificación se deben tener en cuenta como mínimo:
- Las recuperaciones realizadas en efectivo sobre el conjunto de créditos incumplidos.
- Los créditos incumplidos durante por lo menos los últimos 3 años.
- La existencia e idoneidad de las garantías que respaldan los créditos.
Adicionalmente el modelo de pérdida esperada debe incorporar ajustes contracíclicos de manera que en los períodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de las que serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían constituirse en períodos de deterioro en la calidad crediticia.
Para el cálculo de las variables utilizadas para la estimación de la pérdida esperada la entidad debe considerar los parámetros anteriormente señalados y aplicar los modelos de referencia de acuerdo con las instrucciones del Anexo 1 del presente Capítulo o los modelos internos de la entidad que cuenten con un pronunciamiento de no objeción por parte de la SFC, en los términos establecidos en el subnumeral 2.3.1.1. de la presente Parte.
Para portafolio del consumo, en adición a la estimación de la pérdida esperada conforme al modelo de referencia, la entidad debe constituir la provisión individual adicional sobre la cartera de consumo señalada en el Anexo 1.
2.3.1.1. Modelos internos para no objeción de la SFC
Los modelos internos corresponden a estructuras cuantitativas para la estimación de la pérdida esperada a la que se refiere el subnumeral 2.3.1.de la presente Parte y que pueden sustituir los modelos de referencia siempre que reciban la no objeción de la SFC.
2.3.1.1.2. Modelo no objetado
La entidad cuyo modelo interno presentado reciba un pronunciamiento de no objeción por parte de la SFC, a partir del mes siguiente de dicho pronunciamiento, debe aplicar su modelo interno para el cálculo de pérdidas esperadas y la constitución de provisiones. A solicitud de la entidad, la SFC puede autorizar un plazo no mayor de 24 meses para la constitución de las provisiones adicionales que resulten de aplicar el modelo interno, en el caso que haya lugar a ellas. Si por la aplicación del modelo interno el nivel de provisiones resulta inferior, la SFC puede establecer un plazo para su reversión.
El modelo debe ser evaluado como mínimo 2 veces al año, a más tardar en mayo y en noviembre, para establecer la idoneidad de los mismos, al igual que la relevancia de las variables seleccionadas para el modelo. Estas metodologías deben ser probadas en escenarios y condiciones extremas (pruebas de estrés) y se debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas frente a las pérdidas efectivamente observadas. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentados por el representante legal principal a la JD y estar a disposición de la SFC junto con las conclusiones de su análisis.
En todo caso, la información que resulte de la aplicación de estos modelos debe ser almacenada como insumo para el afinamiento y retroalimentación de los mismos.
2.3.1.1.3. Inadmisión, objeción o suspensión de los modelos
En caso de inadmisión, objeción o suspensión, la SFC expondrá a la entidad las razones de su decisión y en el caso de suspensión la entidad debe proceder dentro del mes siguiente a la fecha de tal pronunciamiento a la constitución de las provisiones de acuerdo con lo previsto en los modelos de referencia del Anexo 1 del presente Capítulo.
La entidad que desee someter los modelos nuevamente a evaluación debe presentar una nueva solicitud acompañada de una explicación clara y completa de la forma como se han subsanado las deficiencias que dieron lugar a cualquiera de los pronunciamientos anteriores. En caso de que la entidad desista del trámite debe informar a la SFC las razones de dicha decisión. Para todos los eventos anteriores, la nueva solicitud sólo puede presentarse una vez transcurrido un año contado a partir del pronunciamiento respectivo de la solicitud inicial o la fecha de desistimiento y su evaluación está subordinada al trámite previo en la SFC de los modelos presentados por otras entidades.
El término de un año antes indicado no aplica en el caso de modelos internos presentados y que sean inadmitidos, objetados o suspendidos por la SFC o cuando la entidad desista del trámite de aprobación antes de tal fecha.
- Modelo determinístico de provisiones
Los modelos determinísticos de pérdida corresponden a estructuras de cálculo que miden la pérdida mediante la aplicación de porcentajes determinados por la SFC los cuales se desarrollan en el Anexo 2 del presente Capítulo.
- Orden de constitución de provisiones
La entidad cuyos modelos internos no sean objetados por la SFC debe emplearlos para el cálculo y constitución de provisiones para el respectivo portafolio. Sin perjuicio de lo anterior, con el propósito de asegurar la confianza pública en el sistema y velar por la solidez económica de las entidades, la SFC podrá, en ejercicio de la facultad contemplada en el literal l) del numeral 2 del artículo 326 del EOSF, ordenar en cualquier momento y respecto de cualquier entidad, un nivel de provisiones diferente, para lo cual, entre otros criterios, se tendrá como parámetro el modelo de referencia de la SFC, así como la evaluación del adecuado funcionamiento de los elementos para la gestión del riesgo de crédito.
- Reglas sobre calificación y recalificación
La asignación y ajuste de la calificación de los deudores debe responder al análisis de riesgo en virtud de lo establecido en el subnumeral 2.3.2.1.3., así como al análisis de variables complementarias, tales como: i) si el deudor ha tenido créditos reestructurados y las características de estas reestructuraciones, y ii) si el deudor registra obligaciones castigadas y las características de estos castigos, tales como: i) el monto, ii) si la obligación fue recuperada total o parcialmente y iii) la antigüedad del castigo, entendida como el tiempo transcurrido entre la fecha del castigo y la evaluación.
- Homologación de las calificaciones de riesgo
Con el fin de contar con una única calificación para propósitos de los reportes a los operadores de información, los reportes de endeudamiento de crédito y el registro en los estados financieros, la entidad debe homologar las calificaciones que resulten de la implementación de los modelos relacionados en el subnumeral 2.3.1. de la presente Parte, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- Homologación de las probabilidades de incumplimiento de los modelos internos no objetados a los que hace referencia el subnumeral 2.3.1.1. de la presente Parte.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10110493
Coyuntura normativa
Coyuntura normativa
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Jue. 05 de May. de 2022
Gobierno – Energía. Hoja de ruta de implementación de la energía costa afuera.
El gobierno nacional presentó esta semana la hoja de ruta para la implementación de la hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia, desarrollada por Renewables Consultng Group y ERM.
Identifica dos posibles escenarios de despliegue para el país: Se han previsto dos posibles escenarios de despliegue para la industria eólica costa afuera de Colombia, uno deno intervención y donde Colombia tendría que recurrir a otras tecnologías y el escenario "alto", que representa un crecimiento alcanzable, pero acelerado del desarrollo de la energía eólica costa afuera, en el que el gobierno ha seguido algunas de las recomendaciones clave de este informe y por ello la energía eólica costa afuera se posiciona como la tecnología para apoyar sus ambiciones de energías renovables. En este escenario, para 2050 muchos de los retos actuales del trilema energético al que se enfrenta Colombia se resuelven con el despliegue a gran escala de la energía eólica costa afuera.
Las principales características de los escenarios de discusión descritos en esta sección son:
1. Escenario “bajo”: El escenario bajo asume que la energía eólica costa afuera se desarrolla y adquiere en situaciones específicas de forma individual, en proyectos de menor tamaño (por ejemplo, <500MW) y sin el establecimiento específico de una estrategia nacional prospectiva y un programa de adquisiciones específico para la energía eólica costa afuera. Se presume que el escenario bajo se puede lograr sin un plan de expansión de transmisión dedicado, aprovechando tanto los refuerzos normales durante el período, como concentrando el despliegue más cerca de los centros de carga de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. a. El escenario bajo prevé 200 MW para 2030, 500 MW para 2040 y 1,5 GW para 2050, sobre una base acumulativa.
2. Escenario “alto”: El escenario del caso alto supone que la energía eólica costa afuera se desarrolla a escala comercial (incluidos proyectos a nivel de 1 GW), a través de un programa de adquisiciones específico de tecnología dedicado. Para lograr el objetivo de 2030, será necesario evaluar e implementar mejoras y proyectos de transmisión adicionales, que actualmente se están considerando. Para lograr los volúmenes significativos en el período 2030-40, y especialmente en el período 2040-50, será necesario emprender un programa significativo para construir la capacidad de transmisión necesaria. a. El escenario alto prevé 1 GW para 2030, 3 GW para 2040 y 9 GW para 2050, sobre una base acumulativa.
Metodología - Volúmenes de capacidad
A diferencia de los planes de recursos integrados, incluidos los desarrollados y modelados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y Ministerio de Minas y Energía (MME o Minenergia) en el Plan Nacional de Energía, este informe de hoja de ruta no realiza una evaluación dinámica del despacho económico, sino que sugiere rangos y tasas de despliegue de la capacidad eólica costa afuera. Esto, en el contexto de una caracterización completa de las áreas de desarrollo más probables y sin restricciones, y los niveles probables de esfuerzo requeridos para inyectar volúmenes de energía eólica costa afuera adyacentes a estas ubicaciones.
Una de las limitaciones más desafiantes para el despliegue de energía eólica costa afuera a escala comercial en Colombia, es la disponibilidad limitada de capacidad de transmisión de alto voltaje cerca de las áreas de recursos eólicos más importantes, esto es, cerca de la Guajira y el Magdalena. En espacios de diálogo con grupos de interés realizados en 2021, la UPME informó que la capacidad existente es muy limitada y no hay ubicaciones en la región de Costa-Caribe, donde se encuentra el recurso eólico, que actualmente puedan aceptar volúmenes de inyección a escala comercial. A mediano plazo, este problema se puede mejorar construyendo una nueva transmisión de alto voltaje, probablemente por tierra, y utilizando los derechos de paso existentes. Como parte de los planes de expansión de la UPME, dos nuevas subestaciones a 500 kV (Colectora 2 y 3) están consideradas para 2027, las cuales interconectarán la Alta Guajira con la región central en Colombia a través de una línea HVDC, efectivamente desbloqueando el desarrollo de proyectos en esta región oriental4 . Para desbloquear los altos niveles de capacidad eólica costa afuera previstos en el escenario de caso alto, se espera que se requieran importantes inversiones dirigidas al sistema de transmisión.
Definición del área de exploración Se llevó a cabo un proceso holístico de recopilación y caracterización de datos en alta mar para identificar zonas de exploración técnicamente atractivas que eviten grandes limitaciones, como el tráfico marítimo en alta mar (véase un análisis más detallado en la Sección 4). Imagen 3 Áreas de exploración inicial para eólica costa afuera fija y flotante (rojo = fijo, azul = flotante)
Dadas las limitaciones de transmisión se espera que los proyectos en el Escenario Bajo sean potencialmente de tamaños modestos, de 200-500MW, con el fin de evitar la necesidad de mejoras importantes en la transmisión. En la Zona Oriental, especialmente en el extremo oriental de La Guajira, existe un enorme potencial de desarrollo para la energía eólica de cimentación fija, que incluye mucho más de lo que se incluyó en el Escenario Alto. Al igual que otras energías renovables terrestres a gran escala en esta zona, se requiere la construcción de nuevas líneas de transmisión de alta tensión para desbloquear este recurso. El almacenamiento de energía podría usarse en tierra, para reducir los requisitos de restricción y actualización de la transmisión, aunque esto no se consideró en el cálculo de costos y, en casi todos los casos, se espera que sean necesarias algunas actualizaciones locales. Además, la generación de electricidad de un parque eólico costa afuera puede utilizarse para producir hidrógeno verde. Esta posible vía de acceso al mercado, combinada con el uso compartido de infraestructuras para ambas tecnologías, da lugar a interesantes sinergias con la recientemente aprobada Hoja de Ruta del Hidrógeno para Colombia5 , que habrá que evaluar. Aunque este estudio no considera el uso de la energía eólica costa afuera para la producción de hidrógeno, éste puede ser otro uso viable para el potencial energético de esta región.
2.4 Escenario de alto crecimiento
El escenario alto, asume que la energía eólica costa afuera se desarrolla a escala comercial a través de una licitación o proceso competitivo específico de tecnología dedicada.
Para lograr volúmenes significativos en el período 2040-2050, se supone que se debe llevar a cabo un programa importante para construir la capacidad de transmisión necesaria. La imagen 5 muestra el posible calendario de aplicación de políticas y desarrollo de proyectos que sería necesario para cumplir el escenario alto. Esto demuestra la necesidad de establecer los "componentes del marco regulatorio" antes de que, tanto los proyectos de adopción temprana, como los proyectos comerciales, se desarrollen de manera eficiente y oportuna.
Los plazos de desarrollo de aproximadamente entre 5 a 7 años son generalmente alcanzables en mercados emergentes. Hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia The Renewables Consulting Group & ERM 29 Imagen 5 Cronograma de aplicación y desarrollo de políticas para el escenario alto
En 2030, la capacidad aumentará en comparación con el escenario de caso bajo de 200 MW a 1 GW, lo que indica un primer proyecto único más grande o un segundo proyecto de tamaño mediano. Para 2040, se lograrán 3 GW, bajo el supuesto de que un proyecto de escala comercial (1 GW) y dos proyectos más pequeños (0.5 GW), o una combinación similar, logren una operación comercial. Se requerirán actualizaciones de transmisión dedicadas. Para 2050, el objetivo aumenta entre 6GW a 9GW en total.
Este aumento sustancial supone que se persigue un programa de adquisiciones significativo, requiriendo un desarrollo coordinado de transmisión con posiblemente más proyectos flotantes conectados a través de líneas radiales en las zonas occidental y central.
El siguiente gráfico muestra cómo puede desarrollarse este escenario de acumulación en la realidad, para los calendarios de instalación. La diferencia clave entre el escenario bajo y el escenario alto en cuanto a la tasa de instalación es que, a mediados de la década de 2030, se habrá establecido un impulso suficiente en el mercado para permitir una tasa de instalación más consistente, con la posibilidad de alcanzar un pico en el año 2050.
Un escenario de alto crecimiento, donde se prevé que el volumen del mercado alcance varios gigavatios, puede alentar orgánicamente más inversiones en la cadena de suministro para la fabricación local de componentes principales. - Para entregar mayores volúmenes de capacidad, se prevé que se requerirán actualizaciones de puertos dedicados para expandir la capacidad de preparación y pre-ensamblaje. - Sin embargo, la ubicación de las principales instalaciones de fabricación de componentes de Nivel 1 en Colombia no es segura incluso en el escenario de alto crecimiento, y puede requerir más incentivos o requerimientos del gobierno durante procesos de adquisiciones/subastas, o en el desarrollo del mercado regional en países cercanos fuera del control de Colombia. -
Si a partir de 2030 se pudiera alcanzar un ritmo de construcción de un proyecto de tamaño comercial (500 MW+) por año, esto podría justificar la inversión en buques especializados dedicados al mercado colombiano. - Los análisis de la sección 11.2.3.1 estiman un impacto de ~1.000 años FTE para 2030 y que aumentará a ~26.000 en 2050 a medida que se desarrolle una capacidad adicional significativa en la última década. En cuanto a la producción económica bruta en Colombia, el análisis estima en ~100 millones de dólares 2021 para 2030 y ~3.000 millones de dólares 2021 para 2050 - Para entonces, también se podría anticipar que otros mercados eólicos costa afuera de la región estarían madurando, y en el escenario alto Colombia podría ser una parte clave de un centro de la cadena de suministro regional.
El escenario de alto crecimiento podría contemplarse si se establece un marco regulador y de permisos eficaz que fomente y facilite la aprobación eficiente de los principales proyectos eólicos costa afuera. - En este escenario, se establece un marco específico de energía renovable marina o eólica costa afuera en alta mar para finales de esta década, con el fin de facilitar el desarrollo de al menos 500 MW de proyectos al año para el inicio de la década de 2030. - El desarrollo de 9 GW de proyectos de energía eólica costa afuera en las zonas de mayor velocidad del viento, dará lugar a beneficios de reducción de costos tanto globales como locales, con un desarrollo suficiente para que surtan efecto las economías de escala regionales. En este escenario, la energía eólica costa afuera se considera, potencialmente, una solución de energía renovable costo eficiente para la región con un LCoE de 53 USD/MWh actualmente esperado para 2040 (ver sección 11.1.3.2).
- En el escenario de alto crecimiento, se habrá logrado una importante diversificación del suministro de electricidad en Colombia, con la contribución de la energía hidroeléctrica, otras energías renovables como la eólica terrestre y la solar, y la eólica costa afuera. Esto tendría el efecto de mejorar la seguridad energética y la resistencia a los grandes fenómenos meteorológicos. - Dado el aumento del espacio necesario en el medio marino para este escenario de construcción, habrá un mayor riesgo de impactos ambientales marinos como los de las aves o los mamíferos marinos. Un sistema eficaz de MSP y de concesión de permisos garantizará que estos impactos se evalúen y mitiguen adecuadamente.
Las recomendaciones del informe se orientan al logro de 8 objetivos:
1. Objetivos de volumen y visión
2. Objetivos de Planeación, Concesiones y Permisos
3. Conexión a la red y planificación de la transmisión
4. Infraestructura Portuaria
5. Desarrollo de la cadena de suministro
6. Financiación
7. Ingresos
8. Salud,Seguridad y Educación
Se señalan algunas consideraciones de implementación técnica en cada uno de los escenarios:
