Jue. 29 de Sep. de 2022

Gobierno –Agropecuario. Reforma Rural. Comisión Quinta del Senado, 20 de Septiembre 2022. Ministra de Agricultura Cecilia López y senadores (1)

Uno de los anuncios más importantes de la Ministra es que el presupuesto del Minagricultura pasará de 2 a 4 billones de pesos, lo que ahora plantea el desafío de cómo se van a ejecutar, es un reto gigantesco.

La Ministra señala cinco áreas en torno al desarrollo del campo. La primera es la Reforma Rural Integral para la paz total para convertir a Colombia en potencia agro alimentaria y la reforma agraria es el punto central. En segundo lugar los grupos étnicos como el eje central para la transformación con un estado con roll protagónico. El tercero son temas ecológicos y la regeneración de los ecosistemas con la agricultura para la vida y un tema que toma cada vez mas importancia que es el ordenamiento en torno al agua.

Sobre el agua, la Ministra señala que vivienda pasó del ministerio de agricultura al Minvivienda, hay problemas de baja ejecución de los recursos una plata que se ha perdido, unas deudas que no han funcionado hay que acordar con este ministerio.

El cuarto es el asociado a las cadenas productivas, donde se juntan todos los sectores, el tema de innovación, infraestructura, extensión agropecuaria, crédito y manejo de tierras y el tema central de este gobierno que es el enfoque territorial.

En reforma agraria se han priorizado las tres áreas que lo componen. Se van pronto a hacer anuncios sobre el tema de formalización, acceso y restitución de tierras.

Sobre redistribución de tierras extintas, se ha trabajado fuertemente con la SAE en conjunto con la unidad de distribución de tierras.

En catastro multipropósito también se ha trabajado y avanzado pero los resultados comenzarán a verse en este orden de temas. Considera que el catastro diseñado como el actual no es aplicable en el corto plazo. Se trata de avanzar en pilotos en tierras sutilizadas, para medir las herramientas en términos de proporcionar al individuo herramientas para tomar soluciones de si sigue con su tierra productiva, si busca formas mas productivas de producir o si va al mercado de tierras. No se expropia son decisiones son de mercado, se señalarán áreas piloto para hacerlo para que sea pronto y efectivo.

En cuanto a la mujer rural y el tema de la economía del cuidado. Para hacer de la mujer de la mujer un eje, se requiere organizar mejor por que el ministerio tiene muchos proyectos piloto, pero se va mas bien a identificar tres o cuatro líneas asociadas a las prioridades entre estas la mujer rural para quitarle el peso del cuidado no remunerado a las mujeres campesinas con los pilares del cuidado. A través de unas encuestas en los sitios donde hay gran demanda de mano de obra femenina frenada por que el cuidado les ocupa el tiempo que deberían dedicar a actividades productivas, se sacan estas actividades, como el cuidado de los niños, la educación de medio tiempo dando espacio a las mujeres par que puedan dedicarse a las actividades productivas. Se va a hacer un piloto en varias regiones.

La economía del cuidado representa el 20% del PIB, una cuenta satélite que no se incorporó en el calculo total del PIB. Las mujeres terminan con jornadas de 14 o 15 horas, se les quitará este peso para que contribuyan a la recuperación del campo.

En la frontera agrícola, la tierra que puede ser productiva no hay sino 2,4 millones de hectáreas de las 33,2 millones de hectáreas que tienen los indígenas. El 92,7, 30,8 millones de hectáreas son bosques naturales. En cuanto a comunidades negras, la frontera agrícola, es de 475 mil hs son productivas de los 5 millones de hectáreas que tienen y el 91,7% son bosques naturales.

La pregunta es: se han apoyado, tienen asistencia técnica?,vías? es suficiente los 2 millones de hectáreas productivas para la dimensión de las poblaciones indígenas?. No tienen posiblidad de explotar la tierra productivamente.

El 75,7% del área en frontera agrícola de los territorios étnicos está en 4 departamentos, pero el grueso del cuidado de los bosques está en manos de los indígenas y la población afrodescendientes.

En cadenas productivas, donde se ha empezado con maíz y soya, cacao, bases para leche, estan llamando a ganadería seguirá porcicultura y pesca. Hay potencial en apicultura para exportación, un mercado que ha perdido chile y ha perdido y donde hay muchas mujeres. Otra es el fique, que se abandonó sin crear el fondo del fique y que está asociado a fibras naturales.

En las cadenas productivas se junta la gran agricultura con la mediana y la pequeña. Esto se ve en la cadena de maíz y soya, Es vital para sustituir las importaciones y en este año podrán sustituirse muy alto con 400 mil hs se tienen 100 mil no más hoy. El tamaño mínimo que se necesita para sustituir importaciones de maíz con alta productividad es de 20 hs. Cuantos campesinos hay que unir en un modelo cooperativo, como incluirlos para que se beneficien de la tecnología.

El senador César Pachón, describe un proceso de trabajo conjunto entre gran empresa y resguardos indígenas en la Altillanura. La Fazenda siembra maíz, soya, porcicultura, ganadería de leche, sistema de rotación mejorando suelos, han aumentado la productividad del suelo en maíz de 4 toneladas por hectárea a a 7,5 ton/ha. Ellos requerían mas tierra por lo que hablaron con los resguardos indígenas que aportaron la parte de tierras productivas que no estaba en reserva y la industria colocó maquinaria y asistécnica se hizo un convenio logrando sembrar 20 mil hectáreas más que estaban dentro de las zonas indígenas en compañía, crearon una fundación que trabaja en temas poblacionales como mujer, adulto mayor, etc. En estas tierras se puede sembrar y este ejemplo se ve.

Hay que mejorar cadenas productivas en cuanto a que limita la participación de las asociaciones campesinas se limitaba a un solo producto la siembra se sugiere limitar para permitir la participación en varios cultivos.

En ganadería la Ministra ha recibido propuestas de reducir espacios de tierra ganadera, para volverla mas eficiente y sostenible, de los mismos ganaderos que están haciendo ofertas interesantes.

https://www.youtube.com/watch?v=4BwPuMY1s4k

Mié. 28 de Sep. de 2022

Gobierno - Telecomunicaciones. Directora Comisión de Regulación de Comunicaciones Paola Bonilla. Comisión Sexta del Senado, 21 de Septiembre

En la reunión de Empalme, se destacan tres elementos específicos como recomendación para el regulador. Economía Digital, Actualización de la regulación TIC y simplificación regulatoria.

Economía Digital. Incluir dentro de las competencicas de la CRC la regulación de este sector. Actualmetne se tiene factultades de regulación en televisión, postales y de radio. Sin embargo, actualmente no tiene facultades para regular, estudiar o requerir información para los agentes que están surigiendo en la cadena de valor de la economía digital como los OTT o aquellos servicios que se prestan sobre plataformas que son por ejemplo las plataformas, que pueden llegar a generar presiones cuando compiten en un mismo mercado con los servicios tradicionales. Sin embargo la CRC no tiene factultad en este momento para requierirles información para analizar la competencia. Sin embargao, dentro de la órbita de las competencias si se ha hecho estudios de consumo de estos servicios y se han comparado contra los tradicionales.

Actualización regulación TIC. Incorporar últimas técnicas de análisis como analítica de datos y también las mejores prácticas en materia de competencia. La comisión tiene ya acciones importantes, con un estudio que derivó en una batería de indicadores para medir la competencia de los mercados, que viene acompañada con tres manuales de uso para explicar a la industria e interesados cómo se hacen estos cálculos y cómo se mide la competencia en los mercados. Está pblicada en el portal postdata. En datos abiertos está la información actualizada y transparente de los mercados que se regulan que está sin costo para consulta.

Simplificación regulatoria con énfasis en digitalización de los trámites. En 2019 la comisión hizo una simplificación del marco normativo, logrando simplificar el 25% de la regulación expedida hasta este año, en atención a duplicidad de normas, avances del mercado y tecnológicos.

El de la digitalización, donde hay una resolución de 2021 que incorporó elementos importantes para digitalizar las interacciones entre los usuarios y los operadores de servicios de comunicaciones, donde se hicieron esfuerzos para fortalecer canales con los usuarios entre otras.

Prioridades legislativas

Las prioridades son tres

1. Ampliar las competencias del regulador a las OTT para tener información de estos mercados y servicios y analizar la cadena de valor.

2. Actualización del modelo regulatorio en televisión y postal. La ley 1341 le dio un importante enfoque al regulador para pasar de la clasificación legal de los servicios a una por mercados y analiza mirando el mercado completo aún existen restricciones de clasificación legal de los servicios tanto en televisión como postal como de televisión.

Está también la eliminación de la tarifa mínima postal para el servicio de mensajería expresa, porque genera asimetrías regulatorias al incluir un piso a un servicio y no a los demás que están en el mismo mercado y compiten.

El espectro radioeléctrico hay que abrir el debate económico como lo indicó la OCDE en 2014 y 2017, sobre que el regulador pueda tener facultades en materia de espectro como principal variable de la competencia del mercado y poder revisar las variable de competencia en los mercados.

https://www.youtube.com/watch?v=HRjpKWhMJZA

Mar. 27 de Sep. de 2022

Gobierno-Energía. CREG sobre medición inteligente. Resolución 701-011 del 30 Junio 2022

En las consideraciones se establece que en la ley 2099 de 2021 se establece que

“Artículo 56: Las empresas prestadoras del servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente ley De ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio.” Sin embargo este articulo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en junio pasado. Aunque la CREG, antes de la ley había emitido una normativa sobre este tema, había perdido validez por lo aprobado en esta, perdiendo nuevamente vigencia con la decisión de la Corte.

Por lo tanto, la parte resolutiva de esta resolución modifica el artículo 6 y se adiciona el artículo 7A en el título II, deberes y derechos de los usuarios, de la Resolución CREG 101 001 de 2022, así:

Artículo 6. Propiedad de los equipos de medida avanzada. El equipo de medida será de propiedad de quien lo hubiere pagado, lo que se deberá efectuar de alguna de las siguientes formas, según la elección del usuario:

a) Adquirir su propio medidor avanzado. El usuario tendrá la oportunidad de escoger, adquirir y coordinar con el OR la instalación del medidor avanzado, según las disposiciones establecidas en los contratos de condiciones uniformes de los comercializadores que atienden en el mercado de comercialización respectivo. En los contratos de condiciones uniformes, los comercializadores deben incluir las condiciones técnicas definidas por el OR para que el usuario pueda adquirir, dentro de las opciones de mercado, aquellos interoperables con la solución del OR.

Para este efecto, el usuario que figure como suscriptor o propietario del inmueble informará que quiere acogerse a este procedimiento de manera expresa y escrita al comercializador que lo atiende, de conformidad con el formato que este último establezca para tal fin. Una vez determinado que el usuario se acoge a esta alternativa, el comercializador elegido por el usuario informará al OR respectivo para que se realice la instalación con esta condición. En este caso, el usuario asumirá los costos de adquisición e instalación del medidor avanzado. El OR deberá entregar el medidor tradicional que desinstale al usuario que figure como usuario titular del servicio asociado con dicho medidor, o al tercero que figure como propietario. Los medidores incluidos en los contratos serán aquellos interoperables con la infraestructura de medición avanzada dispuesta por el OR.

b) Reemplazar el medidor tradicional por un medidor avanzado por parte del OR. En el evento en que el usuario no acuda a la alternativa del literal anterior, el OR asumirá la responsabilidad y la totalidad de los costos de instalación del medidor avanzado y reemplazo del medidor tradicional. En esta opción, el propietario del medidor avanzado será el OR, y deberá entregar el medidor tradicional que desinstale al usuario que figure como usuario titular del servicio asociado con dicho medidor, o a quien figure como propietario.

El usuario deberá facilitar el cambio del medidor. En caso contrario, se entenderá que se justificará la suspensión del servicio en los términos del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. El OR deberá informar a los usuarios sobre los mecanismos existentes para llevar a cabo la disposición final de los equipos tradicionales en el marco de lo establecido en la Ley 1672 de 2013 y el Decreto 1076 de 2015, y hará parte de las actividades que se deben llevar a cabo dentro del plazo previsto en el artículo 7.

La resolución establece lo necesario para organizar los planes de despliegue para instalación de estos medidores, indicando que antes de llevarse a cabo deberán contar un un análisis de eficiencia económica, divulgación al público, empoderamiento al usuario y competencia y no abuso de posición dominante.

Para la elaboración del plan de implementación de AMI, señalando lo que debe contener este plan, como las características del mercado de comercialización, resultados del plan piloto, estrategias, cronogramas de divulgación analis de riesgos y estrategias de mitigacion, análisis beneficio costo para el mercado y para cada uno de los segmentos en que el OR subdividió el sistema con su respectivo esquema de financiación, sujeto a lo establecido en el literal b del artículo 4 y el artículo 33.

La resolución establece unos requisitos del análisis beneficio costo. El OR deberá realizar un análisis beneficio costo para establecer la viabilidad del despliegue de AMI en su mercado. Este análisis podrá ser realizado respecto de la totalidad de un mercado de comercialización o según los segmentos de mercado en los que el OR lo subdivida, a su discreción, con un periodo de análisis de 15 años, con el siguiente contenido mínimo:

1. Identificación de las partes interesadas: a) Usuarios (residencial/no residencial, regulados/no regulados, autogenerador a pequeña escala, nivel de consumo, urbano/rural, nivel de riesgo). b) Agentes (comercializadores, distribuidores, generadores, ASIC, LAC, CND, GIDI). c) Otras partes interesadas (sector de telecomunicaciones, gestión de información, SIC, Icontec, autoridades de control y supervisión, regulación, entidades gubernamentales, otros).

2. Identificación de costos: de elementos físicos del despliegue, de software, gestión de información resultante de la implementación de AMI, de divulgación y estrategias de empoderamiento del usuario.

Estructura de financiación. En esta identificación no se incluyen costos de sistemas de medición que estén siendo remunerados a una empresa mediante cualquier otro componente de costo en el Costo Unitario de Prestación del Servicio.

3. Identificación de beneficios aspectos técnicos de la red (monitoreo en tiempo real, disminución de tiempos de respuesta en fallas, planeación de la red, aplazamiento de inversiones, optimización de la operación), en gestión de cartera, en lectura remota, en facturación, en conexión/desconexión remota, en gestión de pérdidas, en la competencia en la actividad de comercialización.

h) Para la prestación del servicio al usuario. i) Para las autoridades de vigilancia y control. j) En aspectos tributarios. k) Otros beneficios identificados. 4. Supuestos necesarios para el análisis beneficio-costo: a) Etapas de implementación. b) Tasa de descuento de las inversiones. c) Costos de las inversiones y gastos en la operación, administración y mantenimiento. d) Condiciones o características de los mercados de comercialización. e) Características de software y hardware asociados a la implementación (Vida útil, tasas de falla de equipos, modelos de actualización). f) Otros supuestos que se requieran para las valoraciones de costos y beneficios.

La resolución, entre otros aspectos, define dos fases de despliegue:

Fase I: tendrá una duración máxima de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de inicio del plan donde se priorizarán los medidores de usuarios regulados con fronteras comerciales sin reporte al ASIC con consumos promedio, de los seis meses anteriores al de presentación del plan, iguales o superiores a 1.000 kWh-mes, los medidores de los autogeneradores a pequeña escala conectados a la fecha de presentación del plan y el cambio de los medidores de fronteras de agentes y usuarios de que trata el artículo 7A.

Fase II: tendrá una duración máxima de sesenta (60) meses, contados a partir de la fecha de inicio del plan, donde se deben instalar el 100% de los medidores definidos para dicho período en el plan aprobado. Este plazo podrá ser ampliado en la medida que se efectúen revisiones al plan.

Se establece un costo máxio del plan. El plan a presentar deberá considerar un costo anual máximo igual al 15% del costo base de comercialización aprobado para el respectivo mercado de comercialización, multiplicado por el número de facturas anuales correctamente expedidas por todos los comercializadores que atienden usuarios regulados en el mercado.

Estos recursos estarán disponibles a partir de la actualización de los cargos aprobados para el mercado de comercialización y hasta diciembre de 2030, como consecuencia de la aplicación de la metodología que reemplace la establecida en la Resolución CREG 180 de 2014.

El costo anual máximo podrá ser modificado por la Comisión con base en los resultados de la actualización de los cargos aprobados para el mercado de comercialización y podrá dar lugar al ajuste de los planes aprobados para modificar las metas, siempre y cuando no implique aumento del costo de comercialización que enfrentaba un usuario antes de la actualización.

En un mercado de comercialización con más de 150.000 usuarios al que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 0, se podrá mantener la remuneración de que trata este artículo durante un período de dos meses adicionales por cada OR de menos de 150.000 usuarios con el que desarrolle conjuntamente AMI y respecto del cual no tengan relación de control el OR de dicho mercado.

Los ingresos adicionales recaudados deberán ser destinados a aumentar la cobertura del despliegue de AMI en el OR con más de 150.000 usuarios.

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/11be18fe16763acd052588980078f827/$FILE/Creg701%20011.pdf

Lun. 26 de Sep. de 2022

Gobierno-Salud. Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo. Sobre el estado de la salud y reforma (1)

El sistema de salud en la prestación es un sistema mixto, es fuerte y destacado en la región. En Colombia hay 11490 IPS, de las cuales 10474 son de naturaleza privada y las demás de naturaleza pública. Entidades con internación hay 2000 instituciones hospitalarias, la mitad públicas y mitad privadas, el 68% de las camas hospitalarias son privadas en particular las de alta complejidad. La pandemia pudo ser solventada por la fuerte expansión del sector en los últimos años.

Este sector se solventa con el concurso de actores públicos y privados. Plantea 4 grupos de ideas que se presentan del documento ruta lógica de la Salud:

1. Doble aceptación.

Aceptar avances y dificultades y retos que deben enfrentarse:

1.1 Cobertura como el aspecto de mayor evolución del sistema pero lo que tiene en preocupación del sistema es la eficacia de la cobertura, donde falta continuidad y coordinación. Número de personas que están cubiertas, los recursos que la soportan y el paquete de beneficios. En estos aspectos hay un tema de desigualdad

2. Gasto sanitario, se está gastando entre el 7 y 8% del PIB desde el 2% antes de la reforma a la salud de los años noventa, 86 billones de pesos. El 80% es gasto público (35 billones de pesos son gastos fiscales, parafiscales 22 billones de pesos y 13 billones provenientes del fome) y el 20% gasto privado (9,8 gastados en seguros voluntarios y los 13 de gastos de bolsillos suman los 86 billones).

Se plantea una cartera importante en el sistema de salud, en los estudios de cartera de esta asociación para 210 grandes instituciones la cifra de cartera 12 billones de pesos con 58% de cartera vencida, mayor a 60 días. Hay enormes dificultades en el movimiento de los recursos que no se mueven, no llegan, etc.

De las EPS solamente nueve cumplen plenamente los indicadores de permanencia mientras el patrimonio adecuado, que había sido declarada una amnistía en 2015 sobre un indicador negativo de 4 billones de pesos a hoy esta está en 2 billones de pesos.

Hay mucho dinero en el sistema pero no fluye adecuadamente, se acumulan las carteras, no se cumplen los indicadores, lo que no permite cumplir con los compromisos del sistema de aseguramiento.

3. Sobre indicadores de salud. La tendencia de los indicadores de salud es positiva a pesar del impacto de la pandemia, como la tasa de mortalidad infantil, materna vienen mejorando. Sin embargo, cuando se mira por otro tipo de variables como las regiones, por niveles de ingreso, genero encuentra una gran desigualdad para estos indicadores. No se vive en el agregado nacional, hay que puntualizar en las regiones.

4. Percepción que se tiene sobre el sistema. El 96% de los colombianos conformes con los traslados de EPS, pero cuando se ven las tutelas son un problema que se viene acumulando, en donde un porcentaje importante son por servicios del POS.

https://www.youtube.com/watch?v=GD2CpGuEE1c&t=5s