Jue.Mar.26 Decreto 466 del 23 de Marzo de 2020, cambios en el Fondo Nacional de Garantías 

Decreto 466 del 23 de Marzo de 2020, cambios en el Fondo Nacional de Garantías

Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Fondo Nacional de Garantías.

El objeto del FNG es garantizar el acceso el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de garantías en operaciones de crediticio realizadas por personas naturales jurídicas con establecimientos crédito, entidades cooperativas, fundaciones, cajas de compensación, patrimonios autónomos y demás entidades legamente autorizadas para realizar este tipo de operaciones.

Entre sus justificaciones el decreto establece el decreto 2555 de 2010 que para los activos, exposiciones y contingencia sujetos a riesgo de crédito frente a las mipyme o personas naturales se utilizará un porcentaje de ponderación del setenta y cinco por ciento, salvo en las excepciones que allí se establecen.

En su artículo 1, este decreto establece que la relación mínima de solvencia del fondo será del 9% (estaba en 11%).

El artículo 2 establece que el cumplimiento de la relación de solvencia se efectuará con base en el patrimonio técnico, el cual comprenderá el capital suscrito y pagado en acciones, el valor de los dividendos decretados en acciones, la prima en colocación de acciones, la reserva legal constituida por apropiaciones de utilidades líquidas, las utilidades retenidas y otras reservas, las utilidades del ejercicio en curso y el valor total de otros resultados integrales.

Se deducirán del patrimonio técnico las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, el valor de las inversiones de capital, el impuesto de renta, el valor del crédito mercantil y de los activos intangibles, el valor no amortizado del cálculo actuarial del pasivo pensional y el valor de la revalorización de los activos.El decreto 2555 también se modifica en cuanto a la Clasificación y ponderación de activos y contingencias así:

En los parágrafos que se adicionan a este artículo, establece que los activos que se deduzcan para calcular el patrimonio técnico no conmutarán para determinar el valor total de los activos y contingencias ponderadas por nivel de riesgo. Y establece la definición de exposición neta en operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, como el monto resultante de restar la posición deudora de la acreedora que ostenta la entidad en cada operación, entre otras disposiciones asociadas a estas operaciones, a la exposición crediticia en instrumentos financieros derivados o productos estructurados.

Finalmente, establece que la focalización de las garantías otorgadas por el Fondo en sectores so segmentos deberán contar con el voto favorable del Minhacienda.

Texto del decreto

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20466%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Mié.Mar.25 Fondo de Mitigación de Emergencias FOME - Decreto 444 21 de marzo de 2020

Fondo de Mitigación de Emergencias FOME-Decreto 444 21 de marzo de 2020

En su justificación, el decreto 444 de creación del FOME define sus fuentes de financiación:

Una de ellas es el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías, creado por el artículo 361 de la Constitución Política y regulado por la Ley 1530 de 2012. Cuenta con recursos disponibles, cuyo uso puede ser viabilizado a título de préstamo como fuente de financiamiento para servir al exclusivo propósito de atender transitoriamente a las necesidades económicas y sociales derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

El decreto establece que la Nación no dispondrá de la totalidad de los recursos por lo que no se afectará el cumplimiento de las obligaciones del mismo ni del propósito para el que fue concebido. Garantiza que en el futuro se contará con estos recursos.

La segunda de las fuentes es el FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), administrado por Minhacienda. En su justificación el decreto establece que el FONPET tiene acumulados recursos para cubrir el 80% del pasivo pensional de las entidades territoriales, recursos con los que es posible cumplir con las obligaciones pensionales por al menos 20 años.

Por esta razón estos recursos pueden ser utilizados a título de préstamo como fuente de financiamiento para que la Nación pueda responder en esta contingencia y podrá pagarlos a las entidades territoriales en un plazo que no afecte el flujo de pagos. Se establece también que la Nación podrá hacer uso de los recursos a cargo de la Nación asociados al FONPET para los años 2020, 2021 y 2022 como fuente de financiamiento para servir al exclusivo propósito de esta emergencia.

Otra de las fuentes de recursos será el FRECH, que es el Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria porque se hace necesario ampliar los mecanismos de apoyo de liquidez que cualmente se encuentran previstos bajo este fondo con el fin de facilitar a las entidades financieras autorizadas el acceso a títulos admisibles en las operaciones de liquidez del Banco de la República.

En los artículos del decreto se establece:

1. El FOME es una cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tendrá como objeto financiar las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos en la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

2. Las fuentes de financiación del FOME serán los recursos del FAE, del FONPET, los asignados del Presupuesto General de la Nación, los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos y los demás que determine el Gobierno Nacional.

3. Estos recursos serán administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Minhacienda en un portafolio independiente para garantizar su disponibilidad y serán recursos de este fondo los rendimientos financieros que se generen.

4. El artículo 4 establece los usos de los recursos:

a. Atender necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del PGN

b. Pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME

c. Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo entre otras.

d. Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos, y/o recompra, entre otras.

e. Proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional.

f. Proveer liquidez a la nación únicamente cuando los efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinaria.

El parágrafo anexo a este artículo establece que debido a la circunstancia inédita estos usos serán evaluados como parte de una política integral de solventar necesidades sociales y económicas y “podrán efectuar operaciones aún cuando al momento de su realización se esperan resultados financieros adversos o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos”.

En este decreto se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para proveer financiamiento directo a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional.

El artículo 8 establece que las operaciones de transferencia temporal de valores, asociadas a las de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero por transferencia temporal de valores, se podrá admitir como colateral los títulos representativos de cartera comercial, de vivienda, de consumo y/o Leasing financiero, emitidos por un establecimiento de crédito.

El artículo 9 establece las operaciones de apoyo de liquidez a los depósitos que con los recursos del FOME efectúe la DGCPTN a las bancas estatales de primer y segundo piso. Dichos depósitos se llevarán a cabo en moneda legal y su plazo será hasta 12 meses, únicamente para solventar necesidades sociales y económicas del sector empresarial ocasionadas por esta emergencia.

El capítulo II de este decreto expedido en el marco de la Emergencia Económica, establece que el FAE prestará a la Nación hasta el 80% de los recursos ahorrados en dicho Fondo en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME, operación que se materializará por medio de pagarés emitidos por la Nación-Minhacienda los que podrán estar desmaterializados en el Depósito Central de Valores del Banrepública en desarrollo del contrato de agencia fiscal y se autoriza al Banrepública realizar las operaciones que requiera y transferir estos recursos con la mayor celeridad posible.

Estos préstamos serán denominados en dólares y remunerados a una tasa de interés de 0% iniciando su amortización desde 2023 en cuotas en dólares por el equivalente a un billón de pesos anuales liquidado a la TRM del mercado vigente a cada pago. Los pagarés podrán redimirse anticipadamente en caso de faltantes en el desahorro del FAE.

El artículo 12, contenido en este capítulo establece las condiciones del préstamo con recursos provenientes del FONPET. En particular precisa las fuentes de financiación del FONPET, como el recaudo del impuesto de timbre nacional pendiente de distribuir en el FONPET a 31 de diciembre de 2019 y el de la presente vigencia. El valor pendiente de distribuir en el FONPET por concepto de privatizaciones a 31 de diciembre de 2019 y la vigencia 2020. Finalmente, el valor pendiente de distribuir del Fonpet por concepto de capitalizaciones a 31 de diciembre de 2019 y sus rendimientos. Los préstamos que otorgue el FONPET serán remunerados a tasas de interés del mercado y se pagarán dentro de los 10 años siguientes al desembolso de dichos recursos, pagos de obligaciones que se realizarán con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.

El artículo 15 establece el fortalecimiento patrimonial. El gobierno nacional podrá invertir en instrumentos de capital y/o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra, entre otras.

Al igual que en el artículo 4 se establece que debido a la circunstancia inédita estos usos serán evaluados como parte de una política integral de solventar necesidades sociales y económicas y “podrán efectuar operaciones aun cuando al momento de su realización se esperan resultados financieros adversos o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos”.

Texto del decreto:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20444%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Mar.Mar.24 Resultados consultas al Minenergía sobre energía, gas y petróleo   

Resultados consultas al Minenergía sobre energía, gas y petróleo

En el proceso de elaboración de los boletines normativos anteriores, nos han surgido preguntas que hemos trasladado al ministerio de minas y energía recibiendo respuesta en los últimos días.

Bloque 1 de preguntas:

1. Quisiéramos saber qué proyectos de resoluciones, decretos, leyes u otros actos jurídicos está previsto presentar en consideración a las instancias respectivas durante 2020 para:

•        Energía Eléctrica
•        Gas
•        Hidrocarburos


2. Que proyectos de inversión se iniciarán o se convocarán para su desarrollo en 2020 y 2021.


3. En atención a las discusiones de la Misión de Transformación Energética, quisiéramos conocer los comentarios que se han realizado a estos documentos en el proceso de convocatoria abierta que se ha realizado. Si en torno a la misión y el plan energético nacional se hará un evento o un foro nos gustaría asistir.

4. Que actividades del Plan de Movilidad Eléctrica se tiene previsto realizar en 2020 y 2021 y cuales implican cambios normativos.

Las respuestas pueden consultarse en el siguiente archivo anexo, los links mencionados en este anexo ya los hemos venido consultando y registrando en nuestros informes anteriores.

Puede consultar o descargar el archivo PDF completo en el siguiente link: 2_2020_005615_3

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Bloque 2 de preguntas: reglamentación de proyectos Costa Afuera

Las inquietudes enviadas al Minenergía fueron:

1.Que entidades intervienen en este proceso de diseño normativo

2.Lineas generales de lo que se va a desarrollar

3.Que decretos o aspectos deben reglamentarse o normarse o construir decretos o leyes o actos jurídicos.

4.Cual es el cronograma o la agenda normativa de este proceso

5. Pueden desarrollarse actualmente estos procesos con qué condiciones o limitaciones mientras se consolida el marco normativo anunciado?

6. Que inversiones se han realizado en proyectos costa afuera hasta el momento?

Las respuestas 1 a 5 pueden consultarse en el siguiente anexo, mientras la 6 fue trasladada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y esperamos respuesta.

Puede consultar o descargar el archivo PDF completo en el siguiente link: 2-2020-0056-36-2

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Tercer bloque de preguntas: Planta regasificadora del pacífico

Las preguntas enviadas fueron

En el plan de desarrollo y el plan de abastecimiento de gas natural se establece la necesidad de construir la Planta de Regasificación del Pacífico. Quisiéramos saber el estado de este proceso y cuando se publicarán los términos definitivos para el desarrollo y contratación de este proyecto.

La respuesta puede ser consultada en el siguiente anexo

Puede consultar o descargar el archivo PDF completo en el siguiente link: Archivo digitalizado

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Iva para vehículos Eléctricos

Las preguntas enviadas fueron

Buenas Tardes, la consulta consiste en que al buscar en el estatuto tributario los vehículos eléctricos aparecen con 5% de IVA pero he visto varias notas de prensa que dicen que es el 0%. Por esta razón quisiéramos precisar con ustedes cual es la cifra correcta y si hay una norma en donde esté establecido este cambio.

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el siguiente anexo:

Puede consultar o descargar el archivo PDF completo en el siguiente link: Resp DP

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Otras consultas

Enviamos a la UPME consultas asociadas al plan de abastecimiento de gas natural. Se incluirá en las respuestas a los comentarios cuando se publique la versión definitiva del plan.

Jue.Mar.19 Hidrocarburos: plan de abastecimiento y almacenamiento de combustibles líquidos (2)    

Hidrocarburos: plan de abastecimiento y almacenamiento de combustibles líquidos (2)

Se encuentra en desarrollo el decreto que establece criterios para la distribución y lineamientos para regular los requisitos, obligaciones y normas de comportamiento aplicables a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, biocombustibles y sus mezclas, excepto del GLP, así como reglar sus actividades.

Después de establecer los objetivos criterios y actividades que deberá desarrollar la UPME (informe del día 17 de marzo), el documento establece los tipos de almacenamiento de combustibles líquidos y los requisitos mínimos para obtener la calidad de distribuidor mayorista.

El Minenergía o la entidad que delegue expedirá los instrumentos regulatorios que incentiven la implementación del plan de continuidad adoptado. Podrá determinar también los mecanismos de remuneración y los usuarios o agentes que deberán pagar los costos de esta infraestructura, así como al forma en que se les trasladarán dichos costos, el tiempo de recuperación e la inversión inicial y de las nuevas inversiones.

Tipos de almacenamiento de combustibles líquidos y sus mezclas:

Otras disposiciones:

1.El proyecto de decreto plantea que el Minenergía tendrá la facultad de ajustar temporalmente los niveles de mezcla de biocombustibles a nivel nacional o regional para propender por la prestación continua, segura y oportuna del servicio púbico de distribución de combustibles siempre que no se supere el nivel máximo de mezcla obligatoria vigente.

2. Para generar condiciones mínimas operativas y de seguridad en el abastecimiento y garantizar continuidad y calidad en el servicio el Minenergía podrá hacer exigible la presentación de contratos de suministro, disponibilidad de capacidad de almacenamiento, transporte, entre otros según corresponda por la actividad que desarrollen los agentes de la cadena, así como un requisito de autorización y operación de conformidad con la regulación la cual incluirá una transitoriedad para los agentes que ya estén autorizados por la dirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

3. Establece la normatividad aplicable a la estaciones de servicio de aviación atendidas parcial o totalmente desde un poliducto.

Finalmente establece los requisitos de almacenamiento para que un interesado pueda obtener la calidad de Distribuidor Mayorista. Establece que hasta que el Ministerio de Minas y Energía no expida la regulación a la que se refiere este artículo, el Distribuidor Mayorista deberá disponer, en todo momento, de una capacidad mínima de almacenamiento correspondiente al 30% del volumen mensual de despachos de cada planta de abastecimiento en la que se encuentra autorizado. Esta capacidad estará constituida por la capacidad nominal de cada uno de los tanques del distribuidor en su planta de abastecimiento, así como la que pueda arrendar de otras plantas de abastecimiento que cumplan con ciertos requisitos como estar conectado a la red de transporte de poliductos, entre otras.

Se espera la promulgación del decreto definitivo pues el 16 de marzo se cerró el período de comentarios

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24180039/PROYDECR_Liquidos_DEC1073+de+2015_v20200302_expr.pdf/e060eac8-0f1c-4701-90ed-e4352bfe30ab

Mié.Mar.18  Emergencia Económica 

Emergencia Económica

El artículo 215 de la constitución[1] establece que cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, el presidente con la firma de todos los ministros declarar el Estado de emergencia por períodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada el Presidente podrá, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

La constitución señala, además de lo anterior, que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estad de emergencia y podrán en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Estas medidas dejarán de regir en el término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente les otorgue carácter permanente.

El Gobierno señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias de este artículos y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

El congreso examinará hasta por 30 días prorrogables por acuerdo de las dos cámaras el informe motivado que le presente le Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de emergencia y las medidas adoptadas y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicional los decretos a que se refiere este artículo en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno y podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. Si no fuere convocado se reunirá por derecho propio en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso y por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultados asociadas. Finalmente, el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

La última emergencia económica fue declarada por el Presidente Santos en 2016 con motivo del desbordamiento de varios ríos y afluentes que dejó más de 300 muertos en Mocoa - Putumayo. 2010, con motivo de los efectos del fenómeno de la Niña en todo el país, también cuando se afrontaron medidas en la frontera con Venezuela por la crisis de dicho país.

Estas normativas permiten no solo decretar de manera transitoria cambios en el régimen tributario sino permitir una mayor agilidad en los procesos presupuestales para realizar las inversiones urgentes que se requieren a fin de pasar esta contingencia.

[1] El artículo 215 de la constitución establece la emergencia económica, social y ambiental, mientras los artículos 2012 y 2013 hacen referencia a estados de excepción asociados a estados de guerra y conmoción interior.

Mar.Mar.17  Hidrocarburos: plan de abastecimiento y almacenamiento de combustibles líquidos 

Hidrocarburos: plan de abastecimiento y almacenamiento de combustibles líquidos

Se encuentra en desarrollo el decreto que establece criterios para la distribución y lineamientos para regular los requisitos, obligaciones y normas de comportamiento aplicables a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, biocombustibles y sus mezclas, excepto del GLP, así como reglar sus actividades.

Entre los principales aspectos contemplados en este decreto está la realización de un plan indicativo de abastecimiento para el sector de combustibles líquidos, así como la definición de los esquemas de almacenamiento para el sector.

Criterios:

1. Asegurar, preservar y promover la seguridad energética nacional
2. Prestar de manera continua e ininterrumpida la distribución de estos combustibles y demás actividades de la cadena productiva
3. Asegurar estándares mínimos de calidad, seguridad, confiablidad y continuidad, sostenibilidad ambiental, buenas prácticas, en la cadena de distribución de combustibles y los biocombustibles
4. Incentivar y promover la eficiencia a innovación tecnológica
5. Promover e incentivar la creación de mecanismos contractuales entre agentes de la cadena que permitan la firmeza de los compromisos, la garantía del despacho y de suministro de los combustibles y biocombustibles y la prestación continua del servicio de distribución.
6. Garantizar un marco tarifario y de remuneración idóneo de actividades desarrollada en la cadena de distribución, orientado en función del costo de oportunidad de los agentes, la eficiencia económica y de las señales de un mercado en competencia.
7. Asegurar, preservar y promover la respuesta ágil, oportuna y suficiente de los reguladores, gentes y demás actores relevantes en la cadena de distribución ante contingencias diversas.
8. Crear las instancias, organismos y demás cuerpos que permitan la articulación de los agentes públicos y privados que intervienen en el sector.

Toda la cadena de almacenamiento, transporte y distribución de los combustibles líquidos, biocombustibles y sus mezclas son considerados como un servicio público.

Este decreto aplica en el caso de combustibles líquidos derivados del petróleo y biocombustibles a los siguientes actores: productor de biocombustibles, refinador, importador, almacenador, distribuidor mayorista, transportador, distribuidor minorista y gran consumidor.

EL Ministerio de Minas y Energía podrá adoptar total o parcialmente los proyectos propuestos por la UPME definidos en el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos que contendrá: el listado de proyectos y servicios elegibles y requeridos para asegurar el abastecimiento la confiabilidad de la cadena de combustibles líquidos en el costo de mediano y largo plazo así como los tiempos requeridos para su planeación y puesta en operación.

Para la elaboración de este plan indicativo de abastecimiento la UPME deberá tener en cuenta:

1. Proyecciones de oferta y demanda de combustibles líquidos y biocombustibles por regiones o mercados en corto, mediano y largo plazo
2. Proyecciones de precios del crudo, combustibles líquidos, de otros refinados asociados, así como de sus sustitutos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.
3. Proyecciones sobre volumen y precios de importaciones y exportaciones de crudo, combustibles líquidos y biocombustibles y de otros refinados relevantes en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.
4. Proyectos de infraestructura planeados o ya en desarrollo por los agentes o infraestructura vigente según su estado y capacidad operativa
5. Costos aproximados de cada proyecto
6. Indicación de beneficiarios directos e indirectos de cada proyecto servicios, considerando su disposición a pagar, su nivel de consumo y capacidad de sustitución por otros energéticos.
7. Esquemas tarifarios y de remuneración para la infraestructura actual
8. Análisis de sensibilidad respecto de los impactos operativos, logísticos, de precios y asignación de volúmenes y mercados

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24180039/PROYDECR_Liquidos_DEC1073+de+2015_v20200302_expr.pdf/e060eac8-0f1c-4701-90ed-e4352bfe30ab

Lun.Mar.16  El sector salud en el Plan de Desarrollo (2)

El sector salud en el Plan de Desarrollo (2)

6. Piso de protección social para personas con ingresos menores a un salario mínimo. Las personas que tengan relación contractual por tiempo parcial y por ello perciba menos de un salario mínimo mensual vigente deberán vincularse al piso de protección social que estará integrado por el RSSS, los BEPS y el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral cubiertas por BEPS. El aporte será asumido por el empleador y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista.

7. Competencias en salud por parte de la nación. El artículo 231 establece que la nación financiará, verificará, controlará y pagará los servicios y tecnologías en salud financiadas con cargo a la UPC. La ADRES asumirá desde el año 2020 la verificación, control y pago de las cuentas de servicios y tecnologías de salud no financiados con la UPC-S.

8. Competencias de los departamentos en la prestación de servicios de salud. Con recursos del SGP y propios de la entidad territorial, se deberá garantizar la contratación y seguimiento del subsidio a la oferta (regiones apartadas), además de realizar la verificación, control pago de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC-S de su jurisdicción hasta el 31 de diciembre de 2019. Finalmente, los departamentos estarán encargados de ejecutar los recursos que la Nación asigne para atención a los migrantes.

9. Sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en salud. El artículo 237 del PND establece un proceso para el saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo, luego de cumplir una serie de requisitos, como que hayan sido prestados antes de esta ley y después de la ley 1753 de 2015, que la obligación derivada no se encuentra afectada por caducidad o prescripción, entre otros. Estas cuentas una vez cumplidos los anteriores requisitos pasan a la ADRES, que será la encargada de realizar el reconocimiento y pago respectivo una vez se cumplan los respectivos requisitos.

10. Ley de punto final. El plan de desarrollo aprobado a finales de mayo establece que, en el marco del acuerdo de punto final, el Gobierno nacional desarrollará un estrategia de conciliación de diferencias relacionada con el reconocimiento y pago de los servicios prestados financiados con cargo a la UPC, que lleva a un saneamiento entre los agentes tanto de orden nacional como territorial.

Estas acciones estarán asociadas a la adopción de reformas en el reconocimiento y pago asociado a estas tecnologías que promuevan mayor eficiencia en el gasto de salud.

Asociado a este tema el artículo 245 del plan establece que de manera transitoria la ADRES podrá suscribir acuerdos de pago con las EPS, para atender el pago previo y/o acreencias por servicios tecnologías en salud no incluidas en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC, que se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES y se reconocerán como deuda pública que podrá ser atendida con cargo al servicio de la deuda del PGN o con operaciones de crédito público.

Puede consultar o descargar el archivo pdf completo en el siguiente link: Decreto1350

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11. Giros directos de la ADRES. La ADRES, en nombre de las EPS y otras obligadas a compensar, realizara el giro directo de los recursos de la UPC de contributivo y subsidiado, a todas las instituciones y entidades que presten dichos servicios, o provena tecnologías incluidas en el plan de beneficios así como a los proveedores. Transitoriamente se aplica este giro directo al pago de Tecnologías y servicios en salud n financiados con recursos de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado. Este proceso será efecto de seguimiento por la Supersalud.

12. Contribución de no pobres al sistema de salud. El artículo 242 del plan establece que bajo el principio de solidaridad los afiliados al subsidiado que sean clasificados por el SISBEN como no pobres o no vulnerables deberán contribuir solidariamente al sistema, de acuerdo con su capacidad de pago parcial que será definida por el SIBEN. Las alcaldías locales deberán garantizar que los afiliados cumplan con los requisitos para pertenecer al RSS.

13. Seguro de subsistencia en momentos de enfermedad. Los afiliados al régimen de salud podrán adquirir un seguro para proteger su ingreso de subsistencia en momentos de enfermedad, según las condiciones que defina el Minsalud.

14. Otras reformas contempladas en la ley del PND. Entre otras se establecen incentivos a la calidad en la prestación de los servicios de salud. Se crean de dos agentes nuevos en el sistema de seguridad social: Operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, actores que estarán sujetos a los requisitos financieros y de operación determinados por el MinProtección. Los trabajadores independientes cotizarán mes vencido al sistema de seguridad social, sobre una base mínima del 40% de cotización. También se establece la creación de un mecanismo electrónico de interoperabilidad de las historias clínicas, que significa que todos los operadores del sistema podrán compartir los datos vitales para dar continuidad a la atención en salud.

Jue.Mar.12  El sector salud en el Plan de Desarrollo (1)

El sector salud en el Plan de Desarrollo (1)

El sector salud es el que registra uno de los mayores cambios normativos en el plan de desarrollo, ley 1955 del 25 de mayo de 2019:

1. Cambio en la distribución del sistema general de participaciones -SGP-. El artículo 233 del plan cambió la distribución del SGP para salud, aumentando de 80% a 87% la participación del componente de aseguramiento en salud para el régimen subsidiado mantuvo en 10% el componente de salud pública y redujo al 3% el destinado a subsidio a la oferta.

2. El artículo 234 modifica también la metodología para el cálculo de los recursos del componente de aseguramiento en salud del subsidiado, al establecer que se dividirá por el total de la población pobre afiliada (en vez de atendida como estaba en la ley 715) al subsidiado del país en la vigencia anterior para elaborar un per cápita nacional que se multiplique por la población pobre afiliada al RSS en cada ente territorial. También se modifica la metodología de distribución de los recursos del componente de salud pública en el artículo 235.

3. Revisión del sistema general de participaciones -SGP-. El artículo 188 del plan establece la creación de una comisión que se instalará antes de finalizar julio y operará por 6 meses, para elaborar una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del SGP, liderada por MinHacienda, DNP y de la cual harán parte el Mineducación, Minsalud, MinVivienda, entre otras asociadas a las transferencias de este sistema.

4. Inversión en infraestructura del sector salud. El plan de desarrollo propone desarrollar la Ley 1508 de 2012 en salud, aprovechando sus ventajas para megaproyectos de asociación público privada (APP) relacionados con infraestructura y dotación integral en salud. Esto implica:

(1) fortalecer capacidades del nivel nacional y territorial en salud en la estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de APP en salud; 

(2) apoyar y hacer seguimiento al avance de las experiencias que está desarrollando Bogotá D.C. y retroalimentar la regulación en lo que se requiera;

(3) establecer un sistema nacional de seguimiento y monitoreo a las experiencias de APP en salud que se desarrollen, articulado al plan cuatrienal de inversiones. Incluso, se podrán utilizar otros esquemas basados en resultados para atraer inversionistas privados al sector.

En el Plan de desarrollo no existe una meta puntual asociada al desarrollo de infraestructuras hospitalarias, pero si existen     iniciativas a desarrollar en las regiones,   como en el caso de los proyectos con recursos de regalías: hay 47 proyectos de      infraestructuras ya definidos por las regiones a financiar, además de otras 123 iniciativas de inversión con estos recursos. En     total, los 171 proyectos suman 569 mil millones de pesos y han sido presentados para ser desarrollado desde 2018 hasta     2021. Los proyectos se pueden consultar en la ficha aspectos presupuestales.

Este proceso de inversión hospitalaria apenas inicia teniendo en cuenta el importante rezago en infraestructuras del sector    salud. Es por esto que el objetivo 4 del plan de desarrollo se propone implementar un plan de acción inmediato para los     hospitales públicos, con el fin de identificar las necesidades en infraestructura, dotación, calidad, talento humano y   sostenibilidad. Se aplicará un modelo diferencial de acuerdo con las necesidades identificadas y la priorización que defina   MinSalud.

Es necesario mejorar y ampliar la oferta de servicios en zonas rurales, con énfasis en las necesidades del territorio. Para ello, se propone articular incentivos con entidades territoriales y sector privado. Lo anterior implica:

        (1) Incentivar, desde el presupuesto general de la Nación (PGN), la  cofinanciación enfocada a reinversión e inversión en zonas rurales, incluso priorizados en el SGR;

(2) desarrollar el uso de instrumentos de obras por impuestos;(3) definir excepciones impositivas a privados que quieran invertir en estas zonas;

(3) promover el uso y adaptación de proyectos para infraestructura básica de primer nivel o prestadores básicos (para el SGR y otras fuentes);

(4) crear una reglamentación que garantice la operación, en el contexto de los requerimientos de oferta en zonas rurales o    con población dispersa, incluyendo la integración vertical excepcional; y

(5) desarrolla e implementar una oferta de servicios de salud móvil, centros médicos y hospitales móviles, y fortalecer una estrategia de telemedicina dirigida a poblaciones apartadas.

Con la finalidad de hacer más fácil la apropiación y desarrollo de infraestructura en salud, reconociendo su especialidad, se propone:

(1) revisar, consolidar y simplificar la normatividad requerida para el desarrollo e infraestructura en salud;

(2) promover convenios con universidades para retroalimentar la regulación, discusión y actualización sobre infraestructura en salud, acorde a las tendencias mundiales; y

(3) desarrollar lineamientos para la incorporación y apropiación de dotación de tecnologías en salud para efectos relacionados con y sin control especial.

Para poder retroalimentar y tener un diagnóstico consolidado de las necesidades y prioridades de infraestructura y dotación en salud a cargo de la red pública, se propone modificar el marco legal para ampliar el alcance del Plan Bienal de Inversiones para que sea definido para cuatro años en línea con el periodo de planeación de las administraciones locales; y para incluir el seguimiento, monitoreo y consolidación de la inversión en etapas de ejecución.

Con base en lo anterior, el Plan contaría con un programa de inversiones en salud consolidado, hacia el cual puedan dirigirse los esfuerzos estratégicos del sector, evitando así la fragmentación de las iniciativas y recursos

3. Saneamiento financiero de las ESE. En el artículo 77 se establece un programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE categorizadas en riesgo medio o alto para restablecer la solidez económica y financiera de estas empresas, siguiendo los parámetros y viabilidad que determinará el Ministerio de Hacienda, quien remitirá estas empresas a la Supersalud. El acompañamiento de estos programas estará a cargo de la dirección departamental o distrital de salud.

4. Saneamiento financiero del sector en las entidades territoriales. En el artículo 238 se establece que para lograr el saneamiento definitivo de las cuentas de servicios y tecnologías en salud de las entidades territoriales no financiadas por la UPC-S se deberá, entre otros, realizar un proceso de auditoria que determine si es procedente el pago, no tener en cuenta para este proceso las obligaciones caducadas o prescritas y establece las fuentes recursos de las cuales pueden partir para realzar este reconocimiento. Estas medidas aplican para los servicios-tecnologías prestados antes del 31 de diciembre de 2019.

La entidad territorial deberá crear un fondo al cual deberá transferir los recursos mencionados en el anterior numeral para financiar las obligaciones de que trata el presente artículo.

También deberá ajustar su Marco Fiscal de Mediano Plazo a fin de incorporar una propuesta de ingresos y gastos que permita cumplir con este proceso de saneamiento.

Se establece también que la nación podrá cofinanciar estos pagos cuando se cumplan una serie de requisitos establecidos en esta ley. Para efectuar estos pagos se autoriza al gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020, recursos que se administrarán en una cuenta independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago originadas en este artículo.

5. Aprobación para venta de participación en EPS. El artículo 75 establece que la adquisición directa o indirecta del 10% o más de una EPS estará sujeta aprobación de la Superintendencia de Salud, verificando que el adquiriente, entre otros el conocimiento del origen de los recursos objeto del negocio, patrimonio de por lo menos 1,3 veces el capital que se compromete y que por lo menos una tercera parte de los recursos sean propios y no producto de operaciones de endeudamiento u otras análogas. Estos y otros aspectos serán tenidos en cuenta para esta circunstancia y también para adaptar las normas vigentes de habilitación permanencia de las EPS.

Se crea una contribución para el funcionamiento de la superintendencia de máximo el 0.2%, de los ingresos operacionales de los vigilados del sector, excepto los hospitales universitarios, profesionales independientes del sector, EPS e IPS indígenas, ESE sociales del estado acreditadas y los recursos que administran la ADRES-Indumil.

Mié.Mar.11  Contexto Normativo: Petróleo, gas y el Plan de desarrollo

Petróleo, gas y el Plan de desarrollo

Aunque en la ley del plan de desarrollo no se presentan tantos artículos asociados al sector hidrocarburos o petróleo, los principales desarrollos con impacto en este sector están consignados en los diagnósticos y objetivos y metas del PND, que son parte integral del texto de la ley y se dan en varios frentes:

1. Desarrollo de la explotación de hidrocarburos de fuentes no convencionales YNC.

2. Los derivados de la transformación energética asociados a la transformación del sector transporte y sus combustibles por fuentes de menores emisiones.

3. El mayor desarrollo del sector de Gas Natural Licuado, producto que soporta las proyecciones de crecimiento del plan de abastecimiento de gas natural de la UPME.

4. La ampliación del gas licuado de petróleo GLP en usos de generación térmica de energía para zonas no interconectadas, como sustituto al consumo de leña en los hogares y como gas vehicular fuente de menor emisión de gases.

5. La construcción de la planta de regasificación del pacífico

6. Los cambios que se esperan para el Fondo de estabilización de precios de los combustibles FEPC.

7. Otros cambios que se reflejan en la agenda normativa del segmento como los asociados a las metodologías de determinación de precios del ACPM en cuanto a cálculos del ingreso al productor.

En cuanto al articulado del PND se encuentra:

El artículo 33 establece que en el funcionamiento del fondo de estabilización de los precios de los combustibles FEPC el Minhacienda como administrador podrá realizar directamente o a través de entidades especializadas el diseño, gestión, adquisición y/o celebración de contratos de cobertura financiera sobre los pecios del petróleo. Las obligaciones del FEPC se entienden por extintas a partir del 31 de diciembre de 2019. El artículo 295 establece que se hará una revisión a este fondo para establecer una metodología que posibilite una estructura con sostenibilidad fiscal a largo plazo.

El artículo 35 establece que el Minhacienda o la entidad delegada establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a esta remuneración de la cadena de transporte, logística y comercialización y distribución, así como adoptar el mecanismo de estabilización desde de los precios de referencia de venta al público.

El artículo 267 establece que la nación a través del Minenergía podrá reconocer el costo de los combustibles líquidos derivados del petróleo que se suministre desde las plantas de abastecimiento ubicadas en el departamento de Nariño.

El artículo 294 establece que el Minenergía dirigirá la forma en que se podrán gestionar los recursos que sociedades decidan aportar para extender el uso del gas natural distribuido por redes a cabeceras municipales que no cuenten con el servicio respectivo, depositando los recursos en una fiducia especial creada para tal fin.

El artículo 295 establece que los subsidios a nivel nacional para los combustibles líquidos, biocombustibles y gas combustible se revisarán con el fin de establecer una metodología eficiente que garantice un precio competitivo y la mejor señal de consumo para los usuarios y la sostenibilidad fiscal.

Así mismo en el texto del Plan de Desarrollo, que es parte integral de la ley, se establece que:

La ANH adelantará análisis adicionales a los que se deriven de los PPI (decreto 328 del 28 de febrero). Esta entidad establecerá las zonas para la exploración y producción de los yacimientos no convencionales.

Minambiente establecerá los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental sobre el par la explotación de yacimientos no convencionales

Mar.Mar.10  Contexto Normativo Hidrocarburos, decreto Proyectos Piloto de Investigación Integral PPI sobre Yacimientos No Convencionales -Fracking- (2)

Decreto Proyectos Piloto de Investigación Integral PPI sobre Yacimientos No Convencionales -Fracking- (2)

El decreto que reglamenta los proyectos de Fracking define distintos comités y actores que participarán en la construcción de la información requerida, su evaluación y discusión, así como el apoyo a la consolidación de estos procesos. Se destacan el Comité técnico y científico, el comité evaluador, las mesas territoriales de díalogo y seguimiento y la Comisión intersectorial de acompañamiento técnico y científico.

El Minminas establecerá:

Término durante el cual deberá adelantarse el dimensionamiento del yacimiento para proceder a la evaluación

La muestra de los PPI con los cuales deberá llevarse a cabo la evaluación

El comité evaluador deberá conformarse 45 días después de la aprobación del reglamento para la elección por parte de la comisión intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico.

Estará conformado por:

a. Ministros de Hacienda, Salud, Minas y energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible o sus delegados en cada caso.

b. Un representante externo en temas ambientales y otro en temas de hidrocarburos vinculados a una universidad acreditada designado por la comunidad académica o un cuerpo consultivo del gobierno designado por la comunidad académica.

c.Un representante de las asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales de la sociedad civil designado por asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales.

El comité evaluador deberá

     1. Analizar la información de los pilotos

     2. Recomendar las acciones que se deberán adelantar por todos los actores con los PPII en caso de que se decida proseguir de acuerdo con el resultado de la evaluación.

    3. Definir si cada uno de los PPII cumplieron con los requisitos y condiciones establecidas por el Comité Evaluador a fin de recomendar el tratamiento que debe dárseles después de la evaluación

    4. Llevar a cabo una evaluación y análisis de riesgos de la aplicación de la técnica

    5. Recibir en sesión plenaria a los delegados que designe cada una de las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, quienes podrán rendir un informe sobre el desarrollo de los PPII.

Los criterios ambientales a evaluar son:

       1. Recurso hídrico superficial

       2. Recurso hídrico subterráneo

       3. Ecosistemas y biodiversidad

      4. Posibles impactos que puedan generarse a partir de sismicidad inducidas por la actividad y que tengan consecuencias más allá de     los lineamientos permitidos en la marco de las reglamentaciones del Servicio Geológico Colombiano.

Los PPII mantendrán esta condición mientras que las autoridades competentes adoptan las determinaciones necesarias en relación con éstos.

El decreto establece un capítulo de transparencia y participación ciudadana, que establece que dentro de todas las etapas de los PPII se deberá asegurar la transparencia y el debido acceso a la información pública, en cumplimiento de Ley 1712 de 2014 así:

Etapa de condiciones Previas: divulgar, a través de la página web de cada entidad competente y en el Centro de Transparencia.

Etapa concomitante: cumplir suministrando información sobre el desarrollo de los proyectos entregada por los contratistas. Las entidades competentes y las mes territoriales deberán enviar los informes de monitoreo a la secretaría del subcomité intersectorial técnico y científico y al centro de transparencia, de acuerdo con la periodicidad y requisitos. Este subcomité realizará un programa de apropiación social del conocimiento científico dirigido a las comunidades y autoridades públicas, construyendo con lenguaje claro y con metodologías apropiadas:

           1. La industria de los hidrocarburos

           2. La técnica del Fracking

          3. La geología, la biodiversidad y el sistema hidrológico del as áreas de los PPII

          4. La gestión social del riesgo

Los subcomités intersectoriales técnicos y científicos deberán analizar y reportar la información a la que se refieren los numerales 1 y 2 del presente artículo. Estos comités deberán estar informados de cualquier hecho o evento extraordinario que afecte el normal desarrollo de los proyectos.

En la etapa de evaluación el comité evaluador deberá publicar los resultados de la evaluación del centro de transparencia.

El centro de transparencia será creado por el Minminas con una página web donde se publicará y divulgará la información relacionada con el desarrollo de los PPII.

Se convocarán diálogos territoriales entre contratistas de los PPII, las comunidades y el estado en 3 momentos específicos con participación de comunidades de zonas de influencia, autoridades locales y empresas operadoras. Se dará un escenario de participación en cada una de las etapas de las PPII.

Finalmente, en su capítulo 4 el decreto establece la creación de:

Comisión intersectorial de acompañamiento técnico y científico, que se encargará de orientar y coordinar el seguimiento a los cronogramas y ejecución de los PPII con base en la información y alertas que se reciban de los Subcomités intersectoriales técnicos y científicos. Estará conformada por los viceministros de salud, conocimiento innovación y productividad, participación e igualdad de derechos, el presidente de la ANH, el director de la ANLA, el director del instituto Alexander Von Humboldt y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

Se crean las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, cuyo objeto es el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los PPII conformadas por los actores sociales e institucionales que viven y desarrollan actividades en las áreas de influencia.

Se conforman los Subcomités Intersectoriales Técnicos y científicos en las áreas de salud, sismicidad, hidrogeología y normatividad técnica, aguas superficiales, ecosistemas y biodiversidad y temas sociales y de transparencia.

Decreto Número 328 de 29 de Febrero de 2020

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20328%20DEL%2028%20DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf

Lun.Mar.09  Contexto Normativo Hidrocarburos, decreto sobre Yacimientos No Convencionales - Fracking (1)

Decreto Proyectos Piloto de Investigación Integral PPI sobre Yacimientos No Convencionales -Fracking- (1)

Decreto Número 328 de 29 de Febrero de 2020

“Por el cual se fijan lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral PPI sobre Yacimientos No Convencionales - YNC de hidrocarburos con la utilización e la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal -FH-PH y se dictan otras disposiciones”.

Entre las motivaciones a la expedición de este decreto se señala que La Comisión Interdisciplinaria independiente creada en 2019 recomendó al Gobierno Nacional realizar Proyectos Piloto de investigación integral – PPII, de naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control y de naturaleza temporal. Podrán ser suspendidos en cualquier momento por orden de la autoridad competente y tener efectos potenciales limitados en su alcance y en el tiempo[1]."

El decreto establece:

Los PPII son procesos experimentales, científicos y técnicos que se desarrollan en un polígono específico y buscan:

1. Recopilar información social, ambiental, técnica, operacional y de dimensionamiento de los Yacimiento No Convencionales -YNC- que requieran el uso del Fracking.

2. Generar conocimiento

3. Evaluar los efectos de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal

Los PPII podrán ser desarrollados por personas jurídicas, que deberán solicitarlos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para lo cual deberán cumplir con los requisitos que dicha agencia establezca para este propósito, entidad que también determinará los mecanismos contractuales o las modificaciones a los mismos según corresponda.

Los requisitos técnicos serán publicados por el Minenergía, atendiendo las normas internacionales para el desarrollo de hidrocarburos en YNC. El decreto establece que los PPII deberán llevarse a cabo con tecnologías de mínimo impacto y estarán sujetos a licencia ambiental que deberá ser otorgada en los plazos definidos por la normativa vigente.

Las instituciones realizarán un diagnóstico de su capacidad institucional en la gestión de los PPII e identificarán los ajustes institucionales que deban realizar para el desarrollo de los YNC.

Los proyectos se realizarán en tres etapas:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20328%20DEL%2028%20DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf

[1] El decreto define el Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH es la técnica usada en la extracción gas o petróleo en Yacimientos No Convencionales - YNC, como lutitas y carbonatos apretados de baja porosidad y permeabilidad, mediante la cual se inyecta en una o varias etapas, un fluido compuesto por agua, propante y aditivos a presiones controladas con el objetivo de generar canales que faciliten el flujo de los fluidos de la formación productora al pozo perforado horizontalmente. Esta técnica difiere de las técnicas utilizadas en los yacimientos convencionales en los que se utiliza el Fracturamiento hidráulico y en los Yacimientos No Convencionales - YNC de gas metano asociado a los mantos de carbón y las arenas bituminosas.