Jue. 4 de Nov. de 2021

Energía. UPME. Retos en los siguientes años para el sector energético en el marco de la actividad de esta entidad.

Este informe aborda las actividades en cada uno de los temas del sector y los retos para los siguientes años:

Demanda y prospectiva energética. Publicar una proyección de demanda de a de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo y Complementar la información de la proyección de demanda nacional con mayor desagregación a nivel regional. El desafío de la desagregación regional se plantea también para el BECO (informe sobre el Balance Energético Colombiano). Así mismo, se propone continuar aumentando los indicadores, difusión y la creación de nuevas líneas de investigación en el observatorio de energía.

Movilidad sostenible. El costo incremental de la inversión en nuevas tecnologías aún es mayor que los ahorros energéticos y demás beneficios que se apropian privadamente, por lo que la sustitución de la flota hacia nuevas tecnologías puede verse limitado. Las barreras para el ascenso tecnológico en el transporte de carga van más allá del costo de los vehículos. De acuerdo con (UPME 2020c), otros limitantes son:

1. La falta de infraestructura de suministro de energéticos de cero y bajas emisiones
2. El restringido acceso a crédito por parte de los propietarios y conductores
3. La variabilidad en los ingresos
4. La propiedad atomizada, entre el 70% y el 80% del parque automotor de carga son pequeños propietarios, lo que dificulta la renovación a gran escala. La confianza en los vehículos de combustión interna, por lo que cuentan con respaldo técnico tanto para el vehículo como sus partes.
5. La falta de programas de formación en estas tecnologías.
6. Soporte, gestión de repuestos y partes y sitios especializados en el mantenimiento de estas tecnologías.

Programa de Uso Racional y eficiente de Energía. El PROURE, que fue presentado hace unas semanas, identifica lo que puede mejorar para lograr una aplicación más aacelerada de las propuestas que se realizan en términos de inversiones orientadas a reducir el aporte de emisiones de los distintos modos de uso de la energía.

Entre estas se encuentran remover las barreras a las inversiones en proyectos de esta naturaleza, que enfrentan varias fallas de mercado limitando su ejecución, a pesar de los potenciales beneficios de la eficiencia energética para la consecución de los objetivos de política pública.

Promover la reglamentación y definición de estándares, incentivos tributarios, difusión de información y mecanismos que permitan valorar externalidades, tales como la contaminación, entre otros. Dada la diversidad de fallas de mercado, la promoción de la eficiencia energética requiere la combinación de diferentes tipos de intervenciones del sector público.

Optimizar el consumo energético en todos los sectores y la sustitución de combustibles fósiles por energía eléctrica en el sector transporte, son estrategias de alto impacto en la consecución de los compromisos de reducción de emisiones que se ha trazado el país.

Implementar buenas prácticas operativas costos eficientes desde el punto de vista privado y promover la adopción de la norma ISO 50001 como estándar mínimo de operación y requisito para la mejora del desempeño energético de los sectores.

Adoptar un Sistema de Etiquetado Energético de Edificaciones, SEEE en Colombia, a partir del modelamiento energético de tipos de edificios, principalmente asociado a residencial y terciario, y considerando las particularidades de los diferentes pisos térmicos colombianos.

Incentivos tributarios para las fuentes de energía no convencionales y generación de energía eléctrica.

Dentro de los principales retos en esta temática se encuentra mantener los tiempos de respuesta frente a la alta demanda de solicitudes que necesariamente se verá incrementada debido a lo dispuesto en la Ley 2099 de 2021 (Ley de transición energética), pues en dicha ley se amplían los incentivos para GEE (se incluyen ahora los incentivos de exención de arancel y de depreciación acelerada) y se establecen incentivos para los proyectos de hidrógeno verde y azul.

Energía Electrica. En lo que respecta al Plan de Expansión de Generación los principales retos están en mejorar las simulaciones, la resolución temporal (preferiblemente a nivel horario) para análisis de recursos variables, el comportamiento de los recursos en zonas como La Guajira e identificación de necesidades de flexibilidad.

Para el Plan de Transmisión se tienen como retos la definición de nuevas obras, algunas hoy identificadas como posibilidades con el fin de mejorar la confiabilidad y habilitar capacidad para conectar nueva generación.

Así mismo, se tiene como meta próxima publicar el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura e iniciar uno nuevo seguidamente, con la meta de mejorar y precisar información.

En el tema de conexiones de generadores y grandes consumidores, los retos se concentran en finalizar las tareas de la transición, liberación de puntos de conexión según lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021, implementación de la ventanilla única, el nuevo procedimiento de evaluación y el algoritmo de asignación de capacidad de transporte.

Abastecimiento de combustibles líquidos. A 2030, Colombia se constituirá como un referente en la aplicación de una ruta integral para la sustitución del uso de leña y otros combustibles ineficientes utilizados para la cocción de alimentos, incorporando alternativas innovadoras, tecnológica y financieramente viables, sostenibles ambiental y socialmente, y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población nacional, bajo un enfoque territorial.

En este contexto, la UPME viene trabajando en el plan de sustitución de leña, que aborda la problemática para reemplazar los energéticos más ineficientes por unos que sean (i) más seguros para los usuarios y (ii) más eficientes desde el punto de vista energético.

Durante 2021 se realizó un análisis del uso de leña y otros energéticos altamente ineficientes, llegando a un diagnóstico del problema. Actualmente se encuentra en elaboración un plan que permita plantear soluciones a los distintos tipos de usuarios en las diversas condiciones en que se da el consumo en el territorio nacional.

Esta problemática fue planteada ya en el marco del Plan Energético Nacional – PEN – y en ese mismo sentido se adoptaron para el plan los cuatro pilares, estos hacen referencia a las áreas estratégicas en las que se espera sea aplicada la sustitución de energéticos ineficientes, con el fin de alcanzar la visión propuesta, estos son:

1. Seguridad y confiabilidad del abastecimiento de energéticos para la cocción de alimentos.

2. Mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático

3. Innovación y adaptación tecnológica para el uso de energéticos eficientes para la cocción.

4. Igualdad de género, protección de la salud y transformación cultural, asociados al uso de energéticos seguros para la cocción.

Para 2022 se espera consolidar la información tanto interna como externa para presentar el plan de sustitución de leña, que por su naturaleza incorpora de manera fundamental el análisis territorial y la valoración de externalidades en la cual se ha venido avanzando durante 2021.

https://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_de_gestion_2021.pdf

Mié. 3 de Nov. de 2021

Gobierno-Hacienda-Financiero. Proyecto de decreto sobre Open Finance. Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la regulación de las finanzas abiertas en Colombia y se dictan otras disposiciones

En sus consideraciones el decreto establece que en atención al proceso de transformación del sistema financiero las entidades financieras vienen ajustando sus modelos para distribuir productos y servicios en ecosistemas propios o de terceros y ampliar el portafolio con servicios de tecnología e infraestructura que les permite agregar valor y fortalecer su competitividad.

Que en los últimos años varios países han implementado iniciativas regulatorias que apuntan a la implementación de las finanzas abiertas, mediante la regulación del acceso a los datos del consumidor financiero y la creación de nuevas actividades como la de iniciación de pagos y la definición de estándares tecnológicos que promueven la digitalización financiera.

Se propone precisar las normas aplicables a la transferencia de datos del consumidor entre entidades financieras y fomentar el acceso a dicha información en favor del desarrollo de nuevos servicios y funcionalidades financieras, así como aclarar las reglas bajo las cuales las entidades pueden comercializar sus servicios financieros a través de plataformas electrónicas, incluyendo una mayor transparencia en las condiciones de dichas interfaces y los roles de quienes intervienen en la cadena del servicio.

Se propone también este decreto adicionar la iniciación de pagos como una actividad del sistema de pagos que podrá ser desarrollada por participantes de esta industria siguiendo reglas específicas que protegen al usuario y el adecuado funcionamiento del sistema.

En su parte resolutiva establece

1.Sobre tratamiento de la información, su comercialización, su seguridad y la reserva bancaria:

En cuanto al tratamiento de la información, las entidades vigiladas podrán tratar la información que los consumidores financieros autoricen expresamente cumpliendo lo establecido en las normativas de protección de datos y hábeas data. Si cumplen estas normas y cuentan con la autorización del titular podrán comercializar los datos en su uso, almacenamiento y circulación de datos personales objeto de tratamiento, pero no se modifica la obligación de la Superintendencia de mantener la reserva bancaria de sus usuarios.

2. Ecosistemas digitales.

En cuanto a los servicios ofrecidos por terceros en los canales de entidades bajo inspección de la Superfinanciera se establece que se podrá siempre y cuando el servicio tenga conexidad con sus operaciones autorizadas, definida como el ofrecimiento de productos o servicios de terceros que promuevan el uso de los productos o servicios de la entidad vigilada. Las entidades podrán cobrar una contraprestación a quienes ofrezcan sus productos a través de las plataformas electrónicas.

Sobre el uso de la red, señala que en el caso de que el tercero que ofrezca sus productos o servicios sea otra entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, les será aplicable la regulación de uso de red de que trata la normativa.

3. En cuanto al deber de información y alcance del ofrecimiento, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que ofrezcan en sus canales virtuales o presenciales productos y servicios de terceros, deberán exigir a todos los oferentes información que permita su identificación, para lo cual deberán contar con un registro en el que conste, como mínimo, el nombre o razón social, documento de identificación e información de contacto.

Esta información podrá ser consultada por el consumidor financiero que haya adquirido un producto o servicio con el fin de presentar una queja o reclamo y deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando esta lo solicite.

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia no podrán ser productores o proveedores de bienes o servicios distintos a los autorizados en su régimen legal.

En consecuencia, tomarán las medidas necesarias para que en el ofrecimiento de productos o servicios de terceros, en sus plataformas electrónicas, no se les considere productores o proveedores de estos bienes o servicios.

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que ofrezcan en sus canales virtuales o presenciales productos y servicios de terceros, deberán cumplir con las obligaciones y normas de la ley 1328 de 2009 y supletoriamente las normas establecidas en la ley 1480 de 2011.

4. Cuando las entidades ofrecen sus servicios en plataformas de terceros

En este caso, el tercero que lo permite será un corresponsal digital dela entidad vigilada y le será aplicable la regulación de ese canal, si la plataforma redirige al usuario a la de la entidad financiera y allí hacer uso de sus servicios, le será aplicable el régimen de banca móvil o internet, o los que lo modifiquen, según corresponda.

5. Sobre comercialización de tecnología e infraestructura a terceros

Sobre autorización de operaciones, podrán comercializar a terceros la tecnología e infraestructura que utilice la entidad vigilada para la prestación de sus servicios.

Sobre los corresponsales digitales, se adiciona un artículo al decreto 2555 de 2010 que establece que será corresponsal digital el tercero en en cuyas plataformas electrónicas, los corresponsales bancarios (artículo 2.36.9.1.1 del decreto 2555 de 2010) y las SEDPES, ofrezcan y presten sus servicios.

Al corresponsal digital le serán aplicables las normas del presente Título que sean compatibles con su naturaleza digital y además deberá:

1. Indicar en su plataforma electrónica, de manera clara para el usuario, la entidad financiera que presta los servicios financieros y su plena responsabilidad por los servicios prestados.

2. Exponer de forma visible la marca o signo distintivo de la entidad financiera que presta los servicios, desde la iniciación de la prestación del servicio financiero hasta su finalización. Lo anterior, sin perjuicio de que la marca o signo distintivo del corresponsal digital también sea expuesto.

3. El corresponsal digital deberá incluir en su plataforma electrónica un enlace a la información o la información de contacto de la entidad financiera, de forma que los usuarios pueda presentar consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante la entidad vigilada, el defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación.

4. En caso de recibir consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos de los usuarios, relacionadas con los servicios prestados por la entidad vigilada, el corresponsal digital deberá dirigirlas a la entidad vigilada en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, para su correspondiente atención y respuesta al usuario.

5. El corresponsal digital dispondrá de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales del usuario, de acuerdo con las normas relacionadas con protección de datos y habeas data.”

Sobre la utilización de la red por parte de estos corresponsales, se modifica un parágrafo:

Se adiciona al decreto la definición de la actividad de iniciación de pagos, estableceiendo que el iniciador de pagos es quien desarrolla esta actividad y adiciona a los deberes de las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor

Exigir a sus participantes contar con reglas y elevados estándares operativos, técnicos y de seguridad que permitan el desarrollo de sus operaciones y su participación dentro del sistema de pago de bajo valor en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia, y el mantenimiento de sistemas adecuados de administración de los riesgos inherentes a su actividad y aquellos asociados con su participación dentro del sistema de pago de bajo valor, entre otros, el riesgo de contraparte, operativo, de crédito y liquidez. Las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor podrán determinar estas reglas y estándares en su reglamento. En este caso, todos los participantes deberán cumplir con las reglas y estándares allí indicados.

6. Se adiciona al decreto 2555 un título completo (el 4) completo sobre la inciación de pagos. Se establece que podrá ser desarrollada a por los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electronicos –SEDPES– y por sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso, la iniciación de pagos requerirá de la autorización previa por parte del usuario. El iniciador de pagos, en ningún caso, podrá administrar o entrar en tenencia de los fondos del usuario.

El iniciador de pagos será participante de las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, aplicándole la normatividad de los participantes del sistema de pagos de bajo valor.

Dentro de las reglas que defina el administrador del sistema de pago de bajo valor en su reglamento para los iniciadores de pago, deberán incluirse, como mínimo, lo siguiente:

1. Los iniciadores de pagos no podrán iniciar órdenes de pago sin haber sido autorizados previamente por el usuario.

2. Cada orden de pago iniciada deberá ser autorizada por el usuario.

3. Las entidades emisoras deberán, en todos los casos, autenticar a sus usuarios antes de que las órdenes de pago sean tramitadas dentro del sistema de pagos. Esta autenticación deberá realizarse de acuerdo con las reglas de autenticación que dicte la Superintendencia Financiera de Colombia.

4. Los iniciadores de pagos no podrán solicitar a los usuarios más información de la estrictamente necesaria para iniciar la orden de pago o transferencia electrónica. En ningún caso podrán tener acceso a las claves, contraseñas o mecanismos de autenticación del usuario con su entidad emisora.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá impartir instrucciones a sus entidades vigiladas, con el fin de que las actividades desarrolladas por los iniciadores de pago se ejecuten en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia.

Finalmente establece lo relacionado con los conflictos de interés, que deberán se identificados, establecer políticas y las reglas para que la realización simultánea de actividades en el sistema de pago de bajo valor no dé lugar a situaciones de conflicto de interés, las reglas relativas a los flujos de información, y los mecanismos que informen a los participantes y actores del sistemas de pago sobre los conflictos de inteŕes la forma que son administrados por la entidad. Deberán las entidades contar con los mecanismos para que las áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones susceptibles de entrar en conflicto de interés, estén separadas decisoria, física y operativamente.

Finalmente, señala que Lo dispuesto en este artículo también aplicará a los proveedores de servicios de pago que envíen la orden de pago o transferencia electrónica a la entidad emisora a través de conexiones o tecnologías dispuestas bilateralmente entre las partes, cuya propiedad sea de una entidad administradora de sistemas de pago de bajo valor, o alguna de sus filiales, subsidiarias, controlantes o accionistas.”

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-180418%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Mar. 2 de Nov. de 2021

Gobierno-Hacienda-Financiero. Proyecto de decreto. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la emisión de bonos por parte de los fondos de inversión colectiva en el mercado de valores, y se dictan otras disposiciones.

En sus consideraciones el decreto establece que la industria de los fondos de inversión colectiva en Colombia tiene un potencial de desarrollo relevante en la región, y en este sentido promover un apalancamiento más eficiente de estos vehículos, habilitándoles la entrada al canal desintermediado, mediante la emisión de deuda, tiene un potencial efecto positivo en dicha industria, en los proyectos relacionados y en la economía local en general, contribuye a aumentar la oferta en el mercado de valores, aumentando las opciones para los inversionistas.

Que se establece que las operaciones se registren en una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, que actúe como administradora del sistema de registro de operaciónes, pueden ser compensadas y liquidadas en dichos sistemas, siempre que se realicen sobre productos que puedan ser transados en estas bolsas.

Que con el fin de continuar incentivando la celebración de las operaciones del mercado monetario no solo para fines de liquidez, y como un instrumento eficiente de fondeo en el corto y mediano plazo, se considera procedente permitir que las operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal de valores se puedan realizar a plazos superiores a un año, siempre que se realicen a través de una cámara de riesgo central de contraparte.

Que las emisiones realizadas en las plataformas de financiación colaborativa de proyectos productivos han demostrado ser una herramienta efectiva en la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación, especialmente para las PYMES, por lo cual resulta necesario permitir que los accionistas de entidades que realicen actividades de financiación colaborativa actúen como aportantes de conformidad con reglas particulares para el efecto.

En su parte resolutiva establece modificaciones al decreto 2555:

Se añade un parágrafo al artículo asociado a la compensación y liquidación de operaciones. Las operaciones que se registren en una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities en su calidad de administradora de un sistema de registro de operaciones podrán ser objeto de compensación y liquidación a través de una entidad legalmente autorizada para el efecto, siempre que se realicen sobre productos que puedan ser transados en dichas bolsas.

Se adiciona un parágrafo al artículo sobre operaciones simultáneas. “El plazo máximo de que trata el literal a) del presente artículo podrá ser superior a un (1) año cuando una Cámara de Riesgo Central de Contraparte se interponga como contraparte directa y administre la compensación y liquidación de las operaciones de que trata el presente artículo.”

Se añade un páragrafo al artículo sobre operaciones de transferencia temporal de valores. El plazo máximo de que trata el literal a) del presente artículo podrá ser superior a un (1) año cuando una Cámara de Riesgo Central de Contraparte se interponga como contraparte directa y administre la compensación y liquidación de las operaciones de que trata el presente artículo.

Se añade un parágrafo al artículo sobre prohibiciones en los casos de financiación colaborativa: Los accionistas que posean menos del 5% de la propiedad de la entidad que realiza la actividad de financiación colaborativa, cuando esta sea desarrollada por las bolsas de valores y los sistemas de negociación o registro de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, podrán actuar como aportantes en los proyectos que se promuevan o financien a través de la misma entidad. La entidad que realiza la actividad de financiación colaborativa deberá contar con políticas para administrar y gestionar el presente conflicto de interés.

Se adiciona un numeral 5 al artículo sobre calificación del Fondo de Inversión Colectiva. Para el caso de fondos de inversión colectiva que prevén en sus reglamentos la posibilidad de emitir bonos, la calificación del fondo y de la respectiva sociedad administradora del fondo serán obligatorios y se realizará de conformidad con las metodologías utilizadas por las calificadoras de riesgo para los fondos de inversión colectiva.

Al artículo sobre las operaciones de naturaleza apalancada en los fondos de inversión colectiva, añade las emisiones de bonos por parte de los fondos de inversión colectiva cerrados”

Complementa el artículo asociado a los criterios para la realización de operaciones apalancadas con lo que regirá para el caso de los fondos de inversión colectiva en cuanto a los recursos disponibles a mantener. Mantener recursos disponibles para atender oportuna y suficientemente los llamados al margen o el requerimiento de garantías. En el caso de la emisión de bonos por parte del fondo de inversión colectiva deberá mantener recursos disponibles para el pago del capital y los intereses correspondientes de conformidad con el reglamento de la emisión.

Adiciona un nuevo artículo a este decreto, que establece:

Emisión y oferta pública de bonos por parte de los fondos de inversión colectiva cerrados. Los fondos de inversión colectiva cerrados podrán emitir bonos para ser colocados mediante oferta pública, previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, y se entenderán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE una vez se haya efectuado dicha autorización. Para estas emisiones se deberán en cuenta lo siguiente:

1.El reglamento del fondo de inversión colectiva deberá contemplar expresamente la posibilidad de emitir bonos.

2. El Comité de inversiones del fondo de inversión colectiva deberá autorizar cada emisión de bonos que vaya a realizar el fondo.

3. El plazo de vencimiento de los bonos en ningún caso podrá ser superior al término de duración del fondo de inversión colectiva que lo emite, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5 del artículo 6.4.1.1.3 del presente decreto.

4. El deber establecido en el artículo 6.4.1.1.5 del presente decreto, así como las normas relacionadas con la asamblea general de tenedores de bonos serán aplicables a la emisión de bonos de que trata el presente artículo.

5. Durante la vigencia de la emisión de bonos, el fondo de inversión colectiva no podrá cambiar la política de inversión, ni la metodología de valoración del portafolio, redimir parcial o anticipadamente las participaciones, así como distribuir el mayor valor de los aportantes, salvo que el representante legal de los tenedores de bonos lo autorice.

6. Las obligaciones de revelación de información establecidas en el Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del presente decreto deberán ser cumplidas por parte de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva, o por parte del gestor, en caso de existir. Así mismo, deberá hacerse extensiva a los activos e inversiones que conforman el fondo de inversión colectiva.

7. Cuando se contemple la posibilidad de emitir bonos y proceda la liquidación del fondo de inversión colectiva, el reglamento deberá establecer mecanismos e instancias que permitan la satisfacción efectiva de los derechos de los tenedores de bonos.

8. Cuando se presente alguno de los eventos de fusión, escisión o cesión del fondo de inversión colectiva, la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva deberá comunicar tal situación a los tenedores de bonos, a través de los diferentes medios previstos en el reglamento y dentro de los plazos relevantes allí establecidos”

Parágrafo. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente artículo, las normas aplicables a los emisores de valores le serán aplicables a los fondos de inversión colectiva cuando estos tengan la calidad de emisores de bonos.”

Modifica unos numerales del decreto en lo atinente a las prohibiciones para los fondos de inversión colectiva asi:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-180416%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased