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Sectorial de la semana

 

Gasto público: el pulso entre necesidades e ingresos

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El informe de la comisión del gasto presentado en el primer trimestre de 2018 presenta un análisis de seis temas y sectores con impacto en la evolución y asignación de los recursos públicos. Los diagnósticos dan cuenta de la importancia de las inversiones requeridas, en un pulso cada vez mas fuerte con la necesidad de recursos para cubrirlas.

El informe presenta propuestas en temas transversales a varios sectores como los sistemas de información, la evaluación de impacto de los programas y del costo fiscal de los proyectos de ley y programas públicos, además de plantear la necesidad de reformar la ley 715 del sistema general de participaciones, la Ley 30 de educación superior, la reforma pensional y del sistema de regalías, entre otros.

 

Estas son las propuestas que serán la base de la discusión de las reformas en los próximos años:

 

Además de la necesidad de mejorar los niveles de formalidad y gestión del recaudo, identifica la necesidad de mejoras institucionales orientadas a la mejor asignación del gasto.

 

1. Proceso presupuestal. En cuanto al proceso presupuestal, señala la existencia de múltiples presupuestos, la proliferación de rentas de destinación específica y la ausencia de mecanismos técnicos eficaces de priorización del gasto. Entre las propuestas están el tránsito hacia un esquema de presupuestación por programas que exige integrar los sistemas de información de gestión presupuestal y dar mayor agilidad a ejecutores para que puedan hacer reasignaciones al interior de sus presupuestos de gasto, hacer una evaluación de las justificaciones de las rentas de destinación específica y gastos inflexibles, mediante los denominados fondos parafiscales.

 

Entre las soluciones a estas problemáticas propone una reforma al sistema general de regalías para integrar sus recursos con los de la nación y permitir que puedan financiar pagos de deudas territoriales. En segundo lugar, cuantificar con antelación los costos de las iniciativas de gasto contenidos en los proyectos de ley y la evaluación técnica de los proyectos inversión con criterios técnicos antes de su inclusión en el presupuesto. Las mejoras en el dimensionamiento del empleo público y su costo, derivadas de contratos de prestación de servicios y contratación directa en rubros como transferencias o inversión para eludir las restricciones al gasto establecidas.

 

En el sistema de compras y contratación pública, se enfatiza en la necesidad de mayor competencia con una menor complejidad en la regulación y el mejoramiento de capacidades de los actores del sistema de compra pública. En términos de procesos se propone eliminar la duplicidad de registro sobre potenciales oferentes, y mejorar el acceso a información, lo que facilita la integración de la información de los sistemas de registro RUP y SECOP, la ausencia de un sistema de precios de referencia, el uso de mecanismos de agregación de la demanda que promueve Colombia Compra Eficiente, que sea obligatorio cuando se ejecutan recursos del Gobierno Nacional y regalías.

 

2. Costo fiscal de litigios contra el estado. A junio de 2017, el informe registra que se tenían cercad e 230 mil litigios en curso contra 160 entidades del orden nacional. El costo fiscal de los litigios contra el estado tiene un peso elevado en el presupuesto y existen normativas que sobredimensionan el costo de estos fallos, como la tasa de interés de mora aplicable, la deuda acumulada de sentencias y conciliaciones que no se ha superado que asciende 3 billones.

 

3. Gasto en salud. En el gasto público en salud las propuestas están asociadas a los costos y las fuentes de financiación del sistema. Para lograr una reducción en los gastos, se propone el análisis de beneficios-costos en la aprobación de medicamentos no POS, avanzar en la definición de reglas claras y explícitas en torno al derecho a la salud, con la participación de la Corte Constitucional y la revisión del valor de la UPC y del sistema de recobros de los medicamentos. Desarrollo de mejores mecanismos para compra de medicamentos no UPC, pero no excluidos del SGSSS, con recursos asignados y aprobados mediante procedimientos aprobados, avanzando en esquemas de reaseguramiento.

 

Para cubrir el déficit de financiación del sistema, el documento propone ampliar el uso de copagos y cuotas moderadoras sin reducir el acceso de las personas de menor capacidad económica y con el debido análisis, el uso de los recursos de regalías, del SGP y de excedentes del FONPET para financiar el pago de deudas que se tienen con clínicas, hospitales, y EPS, reconociendo los valores reales y lograr el saneamiento de esta cartera.

 

Evaluar la posibilidad de redireccionar un punto de los aportes de las cajas al sistema de salud y avanzar en el proceso de formalización laboral para superar el 50% en torno al cual fluctúa este indicador. Utilizar mecanismos que coadyuven a la cotización a salud de dependientes del régimen contributivo con capacidad de pago, en el caso de rentistas de capital, o perceptores de otras rentas no laborales como arrendamientos, intereses o dividendos. Promulgar impuestos a las bebidas azucaradas y otros productos que generan externalidades negativas para la salud.

 

4. Pensiones. En el diagnóstico este documento identifica que el 24% de los adultos mayores de 65 años cuentan con pensión, cifra que está en torno al 50% si se incorporan los beneficiarios del programa Colombia Mayor, indicador menor al promedio de América Latina, del 65%.

 

Para mejorar estos indicadores la comisión plantea una reforma al sistema pensional, para superar la escasa cobertura del sistema de protección económica y moderar la magnitud del gasto público en pensiones en atención a corregir su regresividad.

 

Entre las propuestas están aumentar la edad de jubilación, utilizar para la el cálculo del ingreso base de liquidación de la pensión el promedio del salario toda la vida laboral, aumentar los porcentajes de cotización a 18% y reducir el tope que existe para pensiones del régimen de prima media, que se ubica en 25 salarios mínimos, establecer un gravamen para pensiones altas y realizar cambios en los regímenes especiales que tiendan a equiparar las condiciones con el resto del sistema pensional. Presenta las diferentes alternativas institucionales que van desde el “marchitamiento del régimen de prima media” o la opción de construcción de un sistema multipilar, con un pilar básico administrado por una entidad pública.

 

5. Educación. Garantizar con cargo a los recursos del presupuesto la financiación del gasto para la educación inicial y atención integral al a primera infancia, desligándolo de la evolución de impuestos específicos. Para mejorar el uso de los recursos se propone realizar mejoras en los sistemas de información y mecanismos de seguimiento y control a nivel regional en este programa, además de definir con precisión las competencias y la agencia rectora de estos programas y centralizar en el Ministerio de Educación la formulación de las políticas de educación inicial dejando al ICBF las políticas de familia y atención de niños menores de tres años.

 

En términos de educación básica y media, se reconocen los aumentos en cobertura, pero se identifica la necesidad de realizar mejoras en calidad y aspectos que generan algunas inflexibilidades en el gasto en educación. Propone para resolver estos problemas una reforma del sistema general de participaciones SGP (ley 715 de 2001), que permita hacer una distribución de los recursos más eficiente. Buscar mecanismos para lograr una mayor flexibilidad en la gestión de la nómina entre colegios y municipios, y premiar y promover a los colegios y docentes con mejores desempeños con más autonomía en términos de recursos.

 

En la formación para el trabajo, propone que el MEN asuma las políticas de formación para el trabajo y SENA pase de estar adscrito del ministerio del Trabajo al de Educación En educación superior, se reconocen los avances en cobertura sin lograr todavía niveles de acceso satisfactorios y con desafíos en calidad y un avance más lento de los procesos de acreditación. También de la ley 30 de 1992 en lo relativo al ajuste de los aportes a las universidades públicas, para lograr mayor eficiencia y eficacia.

De manera transversal, propone el informe la integración de los sistemas de información del sector para todos los niveles para facilitar la organización y seguimiento del sector, así como la creación de una Superintendencia de Educación, que garantice el buen uso de los recursos de la educación.

 

6. Subsidios. De acuerdo con el informe, los subsidios diferentes de salud, educación y pensiones son los orientados a la mitigación de la pobreza, vivienda, servicios públicos domiciliarios, mientras entre los dirigidos a las empresas son las exenciones a los impuestos corporativos y el incentivo a la capitalización rural de Finagro. La estimación del informe es que los subsidios a las personas tienen un peso del 1,6% del PIB mientras los dirigidos a empresas representan el 0,7%.

 

El informe señala las dificultades de medición, asociadas a la manera en la que se registra el gasto, la contabilización por imprecisa o inexistente y da como ejemplo los subsidios cruzados en servicios públicos. La escasa evaluación de impacto y costo eficiencia de los subsidios y su filtración hacia población no pobre, entre otras problemáticas. De manera transversal, proponen concentrar los recursos en pocos programas que resulten bien evaluados y la revisión de los mecanismos de focalización, entre otros.

 

Más allá del ajuste del gasto o la mejora de los ingresos, el informe realiza una evaluación de los sectores y dinámicas asociados al gasto público en busca de organizar mejor la asignación de los recursos en salud, pensiones, educación, empleo y contrataciones estatales.

 

Puede consultar o descargar el archivo PDF de referencia completo en el siguiente link:

Comisión gasto público 2017 sobre los sectores