Sectorial de la semana

La transformación del sector energético en Colombia:

más allá de las energías renovables

La implementación de las nuevas energías renovables en Colombia implicará una transformación que va más allá de su aporte al equilibrio ambiental. El cambio institucional que generó la adjudicación de los proyectos de energías renovables permitirá modernizar el mercado y así lo plantea la misión de transformación energética publicada a finales de enero de este año.

Cuáles son los cambios que registrará el sector en los años venideros?

https://www.youtube.com/watch?v=QokYiIXrUV4

Al incorporar la generación distribuida se produce un cambio tecnológico de importancia para el sector donde generadores de distintas escalas productivas y niveles de tensión deberán convivir en el mercado para generar calidad y precios más competitivos y opciones para un consumidor activo que será un nuevo actor en el mercado y no un tomador de precios. 

Este cambio tecnológico se basa en la generación distribuida en la cual generación y distribución de la energía podrá realizarse en menores escalas y podrá estar ubicada en cualquier parte que pueda conectarse a la red de transmisión facilitando la concurrencia de muchos más agentes y una mayor facilidad de entrada al sector.

En este proceso hay que tener en cuenta varios aspectos: el primero es que parte de las empresas que participaron en la subasta energía son también parte de las grandes empresas que participan hoy en el sistema, con las sinergias y/o distintas tendencias regulatorias que de este proceso surjan.

En segundo lugar que las energías renovables tienen un gran potencial-desafío de desarrollo en las regiones y sus electrificadoras, que encuentran posibilidades de fortalecer su prestación en calidad y cantidad, así como su mercado en zonas donde la cobertura el servicio no es buena.

En tercer lugar, cuando termine el proceso de implementación de los proyectos contratados de energías renovables (2023) y empiecen a operar estos proyectos representarán el 12% del mercado, porcentaje que será de los más elevados en la región.

Pero el logro más importante será la transformación del mercado energético para lograr precios competitivos para los usuarios de los hogares y las industrias. La combinación de fuentes –oferentes traducida en menor precio y un consumidor que puede comenzar a decidir entre opciones de servicio de energía.

Se plantea entonces una convivencia-competencia entre fuentes de generación del servicio y en donde para solventar la demanda creciente del país todas las fuentes deben aumentar su capacidad de generación.

La misión de transformación energética plantea un cambio institucional que pretende organizar las entidades para que garanticen la participación de la demanda (nuevo), la mejor y más competitiva dinámica de los precios y la incorporación de tecnologías y sistemas de información al mercado de energía.

Garantizar el suministro de energía eficiente con la combinación de distintas fuentes tradicionales de nuestro país, las nuevas energías renovables y la generación térmica, cada una con distintas características en escalas, tecnologías y costos. Permitirá también generar una nueva cadena de proveeduría del sector donde se generarán servicios y bienes que podrán ser suministrados por nuevos actores.

Podrá dar mayor participación a todas las posibilidades tecnológicas del sector en menores escalas y menores costos para que pueda ampliarse la calidad del servicio y haya una mejor y mayor competencia en precios.

Desde el punto de vista institucional se plantean modificaciones en la dinámica de discusión y decisión en los temas regulatorios para que sea más expedita, cambios en los sistemas e instituciones para que el mercado mayorista de energía opere con mayor fluidez y se refleje en precios del mercado más eficientes.

Una de las novedades del nuevo modelo es la concurrencia directa y efectiva de los consumidores en el mercado y su papel en la determinación del precio.

En el plazo más cercano los cambios se proponen para el mercado regulado compuesto por los hogares evolucionando luego hacia las empresas, que conforman el mercado no regulado puedan vincularse como oferentes y demandantes más activos.

La elección de Colombia al fortalecer su matriz energética en renovables y la implementación exitosa de su proceso institucional generando cambios de eficiencia en el mercado de energía, traerá diversos logros de largo plazo: fortalecer la  contribución del país a la reducción de emisiones, mejorar la competitividad de las tarifas de energía, la calidad de los servicios prestados y el potencial de exportación sectorial, además de la mejora de la competitividad de la industria colombiana, sector en el cual la energía representa un costo significativo  y padece aún hoy en la tarifa los efectos del fenómeno del niño de 2016.

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Sectorial de la semana

La minería en el plan de desarrollo: potencial, metas y desafíos en las regiones

Para el sector minero, el plan de desarrollo tiene previstos cambios que van desde la prospección de la riqueza nacional con la expedición botánica 4.0, hasta la construcción de una dinámica institucional distinta que permita que la actividad minera promueva el desarrollo de las regiones, las poblaciones y los proyectos de inversión mineros más allá de la actividad de explotación, un desafío de la mayor importancia teniendo en cuenta que las consultas mineras fueron derogadas la semana pasada.

Propone cambios institucionales para una mayor fiscalización, formalización sectorial, y modificaciones trascendentales en la organización de las instancias de viabilidad, asignación, seguimiento y manejo de los proyectos-recursos de regalías.

¿Avanza la ley del plan en la construcción de un nuevo modelo de relacionamiento para la minería y las regiones? ¿Cuáles son las metas e inversiones previstas?

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Uno de los propósitos más destacados en el Plan Nacional de Desarrollo -PND- es la construcción de una dinámica que permita que la actividad minera promueva el desarrollo de las regiones, las poblaciones y los proyectos de inversión mineros más allá de la actividad de explotación.

Propone un nuevo modelo de relacionamiento entre nación y territorios, basado en principios de concurrencia y coordinación. Un acervo de información sectorial, del uso de las regalías distribuidas, información ambiental y del análisis de riesgo en toda la cadena productiva, que sea accesible a la población que facilite una mayor y más informada participación, así como la construcción de indicadores que midan los avances en esta nueva dinámica de relacionamiento entre instituciones y poblaciones.

Si bien el diagnóstico del plan contempla estos aspectos, en la propuesta de ley no se plantean aún normas que permitan avanzar en estos propósitos.

En segundo lugar, en el proyecto de ley del PND se derogan los mecanismos establecidos anteriormente para conformar los OCAD, que deciden sobre los proyectos de regalías, mientras Planeación Nacional dejará de ser la entidad encargada de viabilizar los proyectos del Fondo de Desarrollo Regional. Asigna esta nueva función a los ministerios, las entidades territoriales y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Teniendo en cuenta que la semana pasada fueron derogadas las consultas mineras, cambios tan importantes en la institucionalidad regional deben analizarse con detenimiento y promoverse un debate nacional.

En términos de prospectiva se presentan programas de interés dentro del PND como la nueva expedición botánica 4.0, que permitirá construir un acervo de información geológica, geoquímica y geofísica del subsuelo a fin de identificar los potenciales de desarrollo del país en distintos minerales. Estos procesos se han desarrollado desde hace una década en el sector de hidrocarburos, pero no en el sector minero.

Se proponen mejoras en aspectos que han sido desafíos desde años anteriores como la mayor idoneidad en los titulares y la titulación minera y el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización.

En esta vía se proponen varias modificaciones en la ley del plan, como las asociadas a la licencia ambiental para la formalización minera, los procedimientos para obras en áreas de servidumbre minera y una mayor definición de los requisitos para las actividades mineras de acuerdo con la etapa o estado jurídico en que se encuentren.

En materia de titulación, el plan señala que a septiembre de 2018 el país registraba 8.635 títulos mineros y estaban en estudio 9.450. Los títulos aprobados son en un 64 % por pequeña minería, 34 % mediana minería, y un 2%, gran minería.

Entre las metas propuestas para el sector de minas se propone:

• Inversión extranjera de 1.761 millones de dólares a 2022, lo que supone un aumento del 84% respecto a lo logrado en el período anterior.

• Se plantea un aumento en la producción de carbón de 86 a 92 millones de toneladas en el cuatrienio.

• Para oro se propone que la producción fiscalizada pase del 35% al 70% y que la oferta local en toneladas aumente de 42 a 60.

• A fin del cuatrienio se espera lograr pasar de 6 a 36 distritos con evaluación integral del potencial metalogénico.

Evolución sectorial

El sector minero colombiano registra un desarrollo continuo en el largo plazo, concentrado principalmente en el carbón, pero con un crecimiento y desarrollo paulatino en otros productos como el cobre, mineral de hierro, calizas, sal y esmeraldas.

Aunque 2018 fue mejor, las cifras de producción física revelan un buen comportamiento de largo plazo pero un ajuste en los últimos dos años de la producción minera. Comparado con las cifras de los noventa, la producción de carbón se ha cuadruplicado al pasar de 21,4 a 90 millones de toneladas en 2017, mientras la de cobre pasó de 1.151 a 9.355 toneladas. Desde 2011 los productos con mejor dinámica de producción física son el cobre, mineral de hierro, calizas para cemento, sal y esmeraldas.

Fuente: Economía Aplicada

El sector minero a nivel internacional pasa por una transición interesante. La incorporación de medidas de control medioambiental en China así como la reestructuración de su producción siderúrgica han generado una mayor demanda por mineral de hierro en vez de chatarra.

El país asiático lleva a cabo una reforma al sector del carbón que tiene como objetivo lograr en 2020 eliminar 800 millones de toneladas de capacidad desactualizada y agregar alrededor de 500 millones de producción avanzada. Colombia no es exportador o importador directo, pero recibirá el impacto de estos cambios por la vía de los precios en los mercados externos.

Estas dos tendencias, sumadas a los impactos que tendría en el principal productor de mineral de hierro la reciente tragedia de la represa de Brumadinho en el Brasil, tienen implicaciones en diferentes tiempos y direcciones que invitan a pensar en un diseño estratégico del sector para los próximos años. Tanto en mineral de hierro como en carbón metalúrgico el desarrollo de la capacidad exportadora en este sector está asociada principalmente a los costos de transporte, que hace menos competitiva en precio la oferta local.

Sectorial de la semana

Sector energético y cambio climático, el caso de Colombia

Los países en desarrollo viven la paradoja de contar con importantes activos en términos de fuentes de energías renovables y no renovables. En las primeras está el acervo hídrico, su biodiversidad y un potencial importante en generación de energía eólica, solar, biomasa y geotérmica y en las segundas está el carbón y el petróleo, que se exportan a los mercados mundiales.

¿Cómo se prepara Colombia para los cambios en la matriz energética global?

En el mercado mundial, el consumo de energía a partir de fuentes no renovables se concentra en los países más grandes, siendo también los mayores productores de emisiones de carbono.

Por los indicadores y las realidades que se perciben en el día a día de las personas en torno al cambio climático, poblaciones e instituciones en muchas partes del mundo convergen en la exigencia de medidas para reducir la generación de energía con fuentes contaminantes y promover y consolidar el uso de energías renovables.

La realidad de las cifras y los movimientos de presión comienzan a dar resultados en términos de medidas concretas por parte de los estados, que han asumido retos de control a la emisión de gases efecto invernadero.

Cada país cuenta con recursos, acervos y posibilidades de impacto en las cifras agregadas del efecto invernadero. Nuestros países cuentan el activo de biodiversidad, aportando a la producción de oxígeno y agua a nivel global como ninguna otra región en el planeta. Adicionalmente, nuestra contribución a la generación de gases efecto invernadero es mínima gracias a la importancia de nuestras fuentes hídricas en la generación de energía. Con el avance de las fuentes renovables en todo el mundo y las restricciones al uso de combustibles fósiles estos activos se valoran cada día más, pero aún no se reflejan en recursos para los países que los poseemos.

El mercado de emisiones es un mercado en construcción, con precios que se forman a partir de las restricciones en los pactos del clima y las normativas impuestas para la reducción del consumo de combustibles fósiles en los países desarrollados. Es el caso de Alemania, que anunció a mediados de septiembre la meta de generar a 2030 el 65% de su energía a partir de fuentes renovables, con una inversión en 54 mil millones de euros en 4 años, cifra que significa el 0,3% del PIB de este país. Crea un impuesto a la emisión de dióxido de carbono y el fomento a la generación de transporte eléctrico, férreo y medidas regulatorias para el uso de combustibles en el transporte aéreo.

Estas medidas, que continuarán produciéndose en el futuro, aumentarán el precio de las emisiones de carbono en el mercado y la producción de energía con combustibles fósiles aumentará sus costos, desestimulando su uso y haciendo viable un consumo cada vez mayor de energías renovables. Estos cambios ya se están observando en el carbón, por cuenta de su drástica reducción del consumo en China y la sustitución que se está gestando con el paso del tiempo por otras fuentes de generación.

Nuestro país enfrenta varios desafíos. En este momento las exportaciones de petróleo y carbón son parte vital de los ingresos de divisas y financiadores importantes del gasto del gobierno.  Después de la crisis de precios del petróleo los países productores como el nuestro aumentaron su capacidad de producción para mantenerse en el mercado que presentó cambios estructurales de gran importancia (ascenso de Estados Unidos como primer productor global, nuevas tecnologías de extracción, entre otros) y compensar el fuerte ajuste en el precio. Esta tendencia continúa en el mediano plazo como una manera de defenderse ante los ciclos de precios. Para nuestro país los ingresos provenientes del petróleo representan el 10% de los ingresos del gobierno nacional central y el 40% de nuestros ingresos de exportación.

Varios estudios pronostican que las restricciones normativas y el giro de los países desarrollados hacia el consumo de renovables y la electro-movilidad podrían en los próximos 25 años generar una menor demanda de petróleo y ya está afectando el consumo de carbón.

Como lo es para los países desarrollados un desafío a 20 o 30 años reducir drásticamente su consumo de combustibles fósiles, para los nuestros, productores de estas materias primas es un imperativo de política pública desarrollar sus sustitutos y aunque cuenta la producción y consumo locales el aporte no es tan grande porque somos un país pequeño. Nuestro desafío está en la generación de nuevas fuentes de ingresos de exportación basadas en energías renovables.

Un avance que se trabaja en el país hace varios años es el de las exportaciones de energía de nuestras hidroeléctricas, con infraestructuras y estrategias de largo aliento. Pero la consolidación de nuestra participación en los mercados de energía y la valoración y construcción de una cadena de valor en torno a los activos de la biodiversidad si están en un incipiente grado de desarrollo y son una prioridad en los planes de desarrollo, las normas y las acciones institucionales del futuro, pues de su cuidado dependerán, no sólo nuestros ingresos y desarrollo sino el futuro del planeta.

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El plan de desarrollo y el sector hidrocarburos

Uno de los objetivos macroeconómicos consignados en el Plan de Desarrollo es el fortalecimiento del ahorro interno y externo por medio de mayores ingresos tributarios y la inversión extranjera. Mientras los ingresos de Ecopetrol (tributarios y dividendos) representan el 1% del PIB y cerca del 7% del total de ingresos del Gobierno Nacional Central, la IED en el sector de Hidrocarburos representó el 26% del total.

Para aumentar esta participación se plantea un aumento en la producción y las reservas petroleras y gasíferas además de varios proyectos de transporte, almacenamiento y distribución.

¿Qué proyectos e inversiones prevé el plan de desarrollo para los próximos cuatro años? ¿Cuáles serán los énfasis?

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En materia de hidrocarburos, el plan de desarrollo presenta como objetivo primordial aumentar las reservas[1] y la producción de hidrocarburos por medio de la mayor exploración de yacimientos convencionales con un mayor factor de recobro, nuevos incentivos fiscales que continuarán estudiándose y términos contractuales que permitan atraer inversión al sector de hidrocarburos además de aumentar la cantidad de áreas en exploración.

Manteniendo su producción en torno a los 850 mil barriles diarios, en los últimos años de crisis de precios del petróleo, Colombia logró mejores resultados cuando se compara con el promedio de los países pequeños productores, que no solo no lograron mantener su nivel de producción, sino que perdieron mercado rápidamente con la menor demanda y la expansión de los grandes productores como Estados Unidos, Rusia y China.

Este logro se consiguió con inversiones en el logro de mayor factor de recobro de los campos existentes y la reposición de las reservas utilizadas, pero el mayor esfuerzo de producción y las condiciones del mercado petrolero global que no permitieron un mayor crecimiento de las reservas, una tendencia que se presentó en un buen número de países.

Fuente: Elaboración EA con base en cifras OPEP

Para revertir esta tendencia, se plantea un proceso más dinámico de inversión, pero en las áreas ya existentes, proyectando un aumento en el número de pozos perforados de 46 a 207 al final del cuatrienio y en sísmica de 1.107 a 6.900 Km, aunque no se establecen aún las metas de aumento de reservas o producción de petróleo.

De lograrse estas metas, se duplicaría el número de pozos respecto a los años de mayor actividad y se lograría un avance importante en sísmica respecto a los últimos dos años (933 KM) pero se estaría aún lejos de los indicadores   que se alcanzaron hasta 2016, cuando el total de kilómetros en sísmica fue mayora 39 mil km.

En yacimientos no convencionales (fraking), en la versión presentada la primera semana de febrero se señala que es necesario “adelantar un diálogo nacional con la participación de expertos de alto nivel y realizar investigaciones y exploraciones piloto, con el fin de identificar los principales riesgos asociados con el desarrollo de estos recursos y determinar si la regulación e institucionalidad actuales pueden garantizar su explotación de una manera responsable con el medio ambiente y las comunidades”. Así mismo, se señala que se implementarán medidas para del uso de las mejores prácticas de sostenibilidad para la explotación del sector.

En proyectos Costa Afuera se trabajará en un marco normativo para estas actividades y la ejecución de proyectos de obtención de información geológica en áreas costa afuera, para aumentar el conocimiento el subsuelo de las cuencas sedimentarias del país que permitan seleccionar las áreas a considerar en futuros procesos de inversión.

El desarrollo de la cadena de abastecimiento continúa, con el diseño por parte de la UPME de la nueva infraestructura de transporte que permita la incorporación de recursos continentales, costa afuera e importados.

Se reconfigurará la red de transporte y se tiene previsto diseñar mecanismos de remuneración y tarifas distintas para el transporte de gas y GLP buscando dar incentivos al transporte de gas por ductos.

Otra de las inversiones previstas es la construcción de nueva infraestructura de almacenamiento de combustibles líquidos y gas desde el diseño, ubicación, capacidad y condiciones. La CREG diseñará un marco normativo que permita impulsar la participación de distintos agentes en la prestación de los servicios.

Uno de los objetivos del plan es el asociado al tema de refinación. La UPME proyecta que para 2.040 el país estaría importando el 40% de la gasolina y el 35% del ACPM.

Teniendo en cuenta que el plan establece que el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada evaluará las características y capacidad de refinación e importación requerida por el país, sería importante incorporar la consideración del costo de oportunidad de los recursos entre importación de combustibles y procesamiento local, dado el impacto de las condiciones macroeconómicas (tasa de cambio) y el costo fiscal a través de la importación vía Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles -FEPC-, que a la fecha presenta un déficit superior a los 10 billones de pesos.

En términos de costo de oportunidad de los recursos, resulta de interés considerar la ampliación de la capacidad de refinación que, por ejemplo, en el caso de la refinería de Barrancabermeja se había establecido en una cifra cercana a los 6 billones de pesos.

En el sector gas resulta de interés realizar un mejor análisis de las cifras de toda la cadena de abastecimiento, dado que se encuentran aspectos contrastantes. Mientras en el plan se registra que en 2017 se proyectaron reservas para 11,7 años, también se menciona que podría haber un déficit en 2023 y por lo tanto se requiere la construcción de la planta de regasificación del Pacífico, que conecta desde Buenaventura con la red de gasoductos para el transporte de combustibles importados.

Se plantea también la meta de duplicar las reservas probadas de gas de 3,8 a 7,5 TPC, pero se estima que la producción de gas pasará de 389 a 366,41 GPC al final del cuatrienio. De igual forma, en el plan de expansión energética vigente actualmente, se establece una reducción de la participación del gas como fuente de generación energética de 21% a 14,7% en 2030.

Estas metas deberían analizarse en mayor detalle teniendo en cuenta el déficit de generación energética que debe solventarse en los próximos 10 años[2], las cualidades como combustible de menor emisión de gases y su potencial de consumo dada la facilidad de transporte para consumo en la industria y los hogares frente a otras fuentes energéticas. Incluso, en 2017 y 2018, se consideró como alternativa al desarrollo de las actividades de fracking, por su menor carga de emisiones contaminantes y menores riesgos ambientales en general.

Las condiciones económicas externas hacen prever que el cambio de tendencia de la tasa de cambio que inició en 2016 se mantendrá en los años venideros. Al igual que en las empresas, para reducir el efecto de la devaluación en las cuentas fiscales se hace necesario un proceso de sustitución de importaciones. En el caso del sector hidrocarburos, debería considerarse la importación de combustibles sólo como una circunstancia de fuerza mayor y propender por el abastecimiento local en mayor medida.

[1]Se estima que las reservas actuales están previstas para 5,7 años

[2] Ver nuestro sectorial de la semana pasada: http://www.economiaaplicada.co/index.php/10-noticias/1466-el-plan-de-desarrollo-y-el-sector-minero-energetico-i