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Sectorial de la semana

 

Los sectores en el marco fiscal de mediano plazo

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Que se espera para los sectores asociados al gasto del gobierno en el Marco Fiscal de los próximos años?

 

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Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

 

La información del DANE revela la evolución del gasto del gobierno por componentes entre 2009 y 2016. Mientras que en términos nominales en total el gasto del gobierno creció a una tasa del 9,4% promedio anual en el período 2010-2015, en 2016 esta tasa fue del 4,2%, con la mayor participación en sectores como protección social, salud, educación y asuntos económicos.

 

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Fuente: DANE, Cálculos EA con base en cuentas nacionales

 

Si además de su participación se toma en cuenta su variación promedio anual en el período 2010-2015, se encuentra que los de mayor contribución al crecimiento fueron protección social, educación, asuntos económicos, salud y administración pública y se priorizó en crecimiento el gasto de vivienda. Sectores de menor participación en la inversión como recreación, cultura y deporte y medio ambiente tuvieron una tasa de crecimiento dinámica en los primeros años de la década. En 2016 el gasto público presenta una tasa de crecimiento mucho menor a la de los años precedentes (4,2%), con un menor crecimiento en todos los rubros pero mejor dinámica en protección social, educación, salud, administración pública, defensa y orden público. 

 

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Fuente: DANE, Cálculos EA con base en cuentas nacionales

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo presenta la evolución de la financiación del gasto en los últimos meses en diverso sectores, destacando los siguientes aspectos:

 

1. Transporte-Infraestructura. Gran parte de la recuperación de la economía está basada en el sector de infraestructura, por cuenta de la aceleración de la ejecución de los proyectos APP, que se espera genere cerca de 313 mil empleos. De los proyectos actuales el documento destaca que 17 de los 20 proyectos APP adjudicados presentan cierre financiero.

En el marco fiscal las principales proyecciones de recursos son las asociadas a las vigencias futuras que garanticen la financiación de la infraestructura. El 82,8% de las vigencias futuras autorizadas para el período 2018 – 2040 están asignadas al sector transporte (carreteras y sistemas de transporte masivo) siendo los recursos de 2018 equivalentes al 0,3% del PIB y aumentando hasta llegar a un pico anual del 0,4% del PIB en 2021.

 

Petróleo. Las metas de crecimiento en este sector están basadas en el sostenimiento de los precios del petróleo, representando los ingresos provenientes de Ecopetrol un 0,2% del PIB en 2018 y 0,3% en los años posteriores. Para la estimación de estos ingresos se definió un precio promedio de 51 dólares el barril en 2017 y 60 dólares en 2018. La producción bajaría a 840 mil barriles diarios en 2017.

En el mediano plazo el documento proyecta un precio spot de 70 dólares el barril y una producción en torno a los 800 mil barriles diarios. El fondo de estabilización de precios de los combustibles presenta un déficit en 2018 por cuenta de la diferencia entre el precio internacional y el ingreso del productor local, basándose en una recuperación de los precios del petróleo. El FEPC registra un déficit por los subsidios al consumo de gasolina en la zona de frontera y los intereses por la emisión de deuda soberana. Del mismo modo, la mejora proyectada en los precios promoverá la mayor inversión en exploración y explotación de los operadores privados, aumentando los ingresos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-, que logrará un superávit por el cuenta de los mayores ingresos provenientes de tasas, multas y contribuciones, que representan el 85% del total.

En 2018 se espera que los recursos del fondo de estabilización petrolera (FAEP, anterior al FEPC) registre un déficit levemente menor al de 2017, de 323,49 mil millones de pesos, lo que estaría e línea con la meta de liquidación del fondo en 2019[1].

 

Salud. Aunque el MFMP registra un superávit en 2018 en el sector de seguridad social (salud y pensiones) gracias al superávit de pensiones, registra un déficit en el sector salud en 2018, pasando de un superávit del 0,1% a un déficit de -0,1%.

El déficit de este sector, señala el documento, se explica en una reducción de los aportes de la nación como consecuencia de la eliminación del Cree y de un aumento en los gastos de funcionamiento destinados a cubrir la UPC (unidad de pago por capitación), que es la tarifa que financia los gastos del servicio de salud. Aunque se crearon otras fuentes de ingreso como el medio punto del incremento del impuesto ICA y el impuesto de licores y tabaco y los 4,4 puntos de la renta de las personas jurídicas, el Ministerio de Hacienda proyecta que estas fuentes son insuficientes y por tanto se proyecta una caída en los ingresos del 8,4%.

El gobierno anuncia en el documento que en el marco de la ley estatutaria de la salud, tomará medidas para garantizar la prestación de los servicios de salud y la sostenibilidad del sistema[2].

Las pensiones, en contraste, muestran superávit por que están en periodo de acumulación de fondos para el pago de pensiones futuras.

 

Educación. En 2017 el sector educación se beneficia de una adición presupuestal de 1.196 billones de pesos, donde el componente de educación se destinará a los programas ser pilo paga, infraestructura educativa y alimentación escolar. El programa de jornada única será el pilar de las inversiones en los próximos años, con la construcción y dotación de nuevas aulas.

En este sector se establecen los canales de inversión por medio de la ejecución de los recursos del gobierno nacional central, las transferencias del sistema general de participaciones y los recursos asociados al proceso de paz. En este último, se estimaron los recursos que cubran tanto el valor de la matrícula rural como de la alimentación escolar.

En educación las vigencias futuras serán importantes y de acuerdo con el MFMP “los proyectos pertenecientes a los sectores Educación, Presidencia, Cultura y Hacienda se encuentran en etapa de factibilidad y próximamente serán presentados ante el CONFIS con el fin de recibir la aprobación del monto de vigencias futuras requeridos para el desarrollo de los mismos”.

 

Electricidad, gas. En este sector, compuesto por las electrificadoras regionales, se espera que en el 2018 genere un déficit de -256 mil millones de pesos, mejor que de 2017 cuando fue de -377 mil millones de pesos, correspondiendo al 0,5% del PIB. El menor déficit se debe a se debe a que se dará en 2018 un crecimiento de la demanda de energía lo que deberá mejorar los ingresos en 4,5%, tasa mayor a la de los gastos, que está previsto crezcan en 2,1% por cuenta de los pagos de gastos de comercialización de la electrificadora Gecelca. Sin embargo, estos resultados deberán compensar el desbalance de 2017, cuando se proyecta al cierre un crecimiento de los ingresos del 5% frente a uno de los gastos del 12%.

 

Acuerdo de paz, importantes inversiones para el desarrollo del sector agrícola. Las inversiones asociadas al cumplimiento del acuerdo de paz se realizaran en un horizonte de 15 años y tendrán un costo de 129 billones de pesos a pesos constantes de 2016, monto similar al proyectado para inversión en infraestructura en los próximos 10 años y que se invertirá en un 85% en el sector agropecurio con la reforma rural integral, el 6,4% a la solución del problema de las drogas ilícitas, seguidos de participación política y víctimas, con un 3,3% cada uno. Finalmente, los aspectos asociados a la implementación del fin del conflicto cobijarán el 1,5%. Se espera que el PGN sea la principal fuente de recursos para la implementación del Acuerdo, al proveer el 36% del total de recursos necesarios, un total de $46,7 billones para el total de 15 años.

 

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                                              Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo

 

El punto de reforma rural integral costará 110 billones de pesos en todo el periodo y las inversiones se concentraran en los procesos de restitución y formalización de tierras, acompañados de asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelo, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción. El segundo aspecto se basa en cerrar la brecha de pobreza entre campo y ciudad, con una meta de reducir la pobreza rural en un 50% en todas sus dimensiones. El tercer lugar se basa en brindar la seguridad alimentaria y nutricional a la población rural para garantizar el derecho a la alimentación.

Las inversiones están asociadas a los puntos establecidos en el acuerdo y se dividen en aquellas dirigidas a los municipios priorizados por ser los más afectados con el conflicto (mejoramiento de acceso a a energía eléctrica, acueductos, vías terciarlas, vivienda, asistencia a primera infancia y adultos mayores) y estrategias asociadas a puntos del acuerdo pero que son transversales a todo el territorio (catastro multipropósito, la formalización de las tierras, la constitución del fondo de tierras, la entrega de 3 millones de hectáreas y la construcción de sistemas de riego).

El punto del acuerdo relacionado con las drogas ilícitas tendrá un costo de 8,3 billones de pesos, abarcando los programas de sustitución de cultivos ilícitos, brindando asistencia alimentaria y financiación a proyectos productivos. Se adelantaran los programas de desminado y un censo de consumidores de drogas ilícitas.

La financiación de estos puntos se estima que estará a cargo del presupuesto general de la nación, el Sistema General de Participaciónes -SGP-, sistema general de regalías -SGR-, recursos propios de las entidades territoriales, la cooperación internacional y la inversión privada.


[1] http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/decreto_1849_2013.htm

[2] MFMP 2017, pg 162